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06sep15
Dejan en libertad al periodista Farfán
El viernes fue apresado el periodista radicado en Yacuiba, Esteban Farfán Romero, por orden del juez Víctor Fabián Gareca. Ordenó la detención por encontrar a Farfán Romero en franca "rebeldía", ya que no había comparecido ante los magistrados para prestar declaración en las dos causas que concursan en su contra.
Una de ellas es por la aparente compra de bienes muebles con sobreprecio mientras trabajaba en la ex Prefectura de Tarija, y la otra es por difamación, calumnias e injurias contra varios dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre los que se destaca Carlos Brú, quien fuera candidato a la alcaldía de Yacuiba.
Farfán es un reconocido tribuno del anti-masismo, que imperialista o no, tiene su derecho de expresarse conforme a la Declaración de los Derechos Humanos realizada por la Unesco en 1.948. Allí se define al derecho a la comunicación como un derecho humano, por ende, vituperarlo es equivalente a un delito de lesa-humanidad.
Finalmente, luego de permanecer un día demorado en las instalaciones de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc), el periodista fue liberado en la mañana de ayer tras verse exhortado a prestar declaración para engrosar los sumarios de sus causas. Al momento de ser aprehendido, él referente de la prensa yacuibeña estaba presto a solidarizarse con dos compañeros radialistas que vienen siendo marginados de todas las frecuencias del éter chaqueño.
A estos casos, el de los dos radialistas y el de Farfán Romero se suma además las recientes amenazas que denunció la también yacuibeña conductora televisiva Nataly Herrera, quien difundió como allegados del MAS "bromeaban" con darle una "violadita" para que escarmentase en sus embates contra los gobiernos oficialistas.
El giro judicial contra Farfán abre interrogantes sobre el comportamiento que tiene el MAS con la disidencia, pero también concita reflexiones ineludibles del rol de los periodistas en la sociedad y de las figuras legales que sirven para condensar las labores de los reporteros. Por razones de extensión sólo nos concentraremos en este último aspecto, sin ahondar en los factores que dispararon las causas que acusan Farfán, o en el tenor de sus denuncias.
La difamación, calumnia e injuria
Para hacerlo de forma ordenada vamos a optar por definir esos conceptos por separado. En primer lugar la difamación, es comprendida como aquella divulgación de un descrédito sobre alguien, que perfectamente puede provenir de una visión sesgada de quien hace la divulgación. Es, básicamente, difundir una mala opinión sobre alguien.
La calumnia es la acción de atribuir intencionadamente a alguien un delito que no ha cometido. Es condición de la calumnia en primer lugar que lo que se endilgue al otro sea un delito, pero además que quien calumnie sepa fehacientemente que el acusado no ha cometido tal cosa. Es, básicamente, un acto de mala intención.
Por su parte la injuria es el agravio o acusación a alguien en perjuicio de su estima y buen nombre; en este caso puede decirse una verdad sobre alguien, pero si esa verdad va en menoscabo de su capital social pues entonces se incurre en una injuria. Es, básicamente, una cuestión de moral y "buenas" costumbres.
Lo que se ve es que tanto la difamación, como las calumnias e injurias, son instrumentos jurídicos para la censura ulterior, que además de sancionar a quien las comete, tienen la ventaja de dar un mensaje. Lo que le sucedió a Farfán entre el viernes y ayer es un enunciado que el poder de turno hace para todo aquel que osara dañar su buen nombre, atribuirle alguna complicidad o responsabilidad en un delito, o desacreditarlo por sus acciones, tenga reparos temerarios.
Este marco legal represivo y reduccionista en cuanto a su concepción de la libertad de expresión, ase de elementos vituperantes a los poderes fácticos de una sociedad, tanto a los económicos como a los políticos y religiosos.
En ese sentido tanto el MAS, como el resto de agentes sociales que timonean esos poderes, son una miscelánea magma de opresión para los periodistas en primera instancia, pero para toda la ciudadanía en general, que debe resguardarse de no divulgar opiniones difamatorias, acusaciones potenciales con asidero en indicios, o datos que dañen el buen nombre de alguna familia tradicional.
Así las cosas, a pesar de sus vociferantes declamaciones progresistas, en la sociedad boliviana la libertad de expresión no se respeta, y además se vapulea abiertamente un derecho humano tal como es la comunicación.
[Fuente: Por Franco Hessling, Bolinfo, Salta, El Periódico, Tarija, 06sep15]
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