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22nov13
Un tribunal federal administrativo pide perdón a índigenas otomíes
En una decisión que se puede calificar como histórica, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ha emitido una sentencia favorable para las mujeres hñähño (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González. Se trata de un caso donde estaba en juego la reparación del daño.
A pesar de ser un tribunal administrativo y fiscal que no tiene la vocación original de hacer tal tarea, el fallo es sumamente relevante, pues genera precedentes en materia de reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Estas dos mujeres fueron acusadas de manera injusta de haber secuestrado a seis elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el estado de Querétaro, de donde son originarias, en el año 2006. Ambas fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.
El mensaje que acaba de trasmitir el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son consideradas culpables debido a la irregular actuación de las autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica.
Acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, es de fundamental importancia que se asuma y se ejerza efectivamente la obligación que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, proteger, garantizar, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la actuación de los servidores públicos.
Es importante destacar que el sentido que tiene la reparación integral del daño en el derecho internacional de los derechos humanos contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición. Esto implica no sólo el pago de una indemnización monetaria, sino de medidas que van más allá y que ordenan a las autoridades del Estado ofrecer una disculpa pública; garantizar mediante medidas provenientes desde la propia autoridad que violaciones de la misma naturaleza no se repitan e investigar y sancionar a las personas responsables de cometer tales violaciones, entre otras. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no cumple con estas obligaciones de manera integral.
Sin embargo, la determinación del Pleno de la Sala Superior de dicho Tribunal Federal luego de más de siete años de exigir justicia y verdad para Alberta Alcántara y Teresa González desde que fueron injustamente encarceladas, marca un hito en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas el derecho a una indemnización por la actividad irregular del Estado. Para una reparación integral de daño, el Estado debe establecer un mecanismo adecuado.
Cabe destacar que el TFJFA también consideró el juicio de reparación de Jacinta Francisco Marcial, quien permaneció privada de su libertad acusada injustamente del mismo delito que Alberta y Teresa, aunque su caso se llevó de forma separada, pues el perjuicio que sufrió fue diferente.
Ahora, habrá que esperar a que se revisen otros muchos casos, como el de Patishtán y una larga lista de indígenas que han sufrido cárcel por haber sido denunciados y condenados injustamente. La mayoría de las veces se trata de acusaciones amañadas, y arregladas con testigos comprados.
[Fuente: Erbol, La Paz, 22nov13]
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