24jul11
El “oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo
(O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal)
Índice
I. ¿Nada cambió en la economía de Bolivia?
La pobreza y la desigualdad disminuyen y le llegan más recursos a la población más vulnerable del país
Gasolina y mafias económicasII. La nacionalización de los hidrocarburos
El ataque privatizador en contra de YPFB
Primera mentira: la nacionalización "no fue real ni efectiva"
Segunda mentira: las indemnizaciones que se están pagando son "leoninas"
Tercera mentira: "costos recuperables" en "beneficio y control" de las petroleras
Cuarta mentira: el 2010 el Estado sólo recibió 888 millones de dólares por la nacionalización de los hidrocarburos
Quinta mentira: no se tiene la capacidad de invertir el crédito del BCBIII. Economía y salto industrioso
Las Reservas Internacionales y su uso
El supuesto "déficit fiscal"
La deuda: el ataque oligárquicoIV. Democracia y estado
Desracializando la justicia y desmontando el régimen judicial neoliberal-patrimonial
Descolonizando el Estado
Participación social en la construcción del Estado Plurinacional
La Defensa de la Madre Tierra
EL "OENEGISMO", ENFERMEDAD INFANTIL DEL DERECHISMO
(O cómo la "reconducción" del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal)Días atrás, un grupo de personas de distinta procedencia política firmó un Documento proponiendo "la recuperación del Proceso de Cambio". Algunos de los firmantes estuvieron en funciones de Gobierno y abandonaron sus actividades en medio de críticas de las organizaciones sociales debido a una deficiente gestión, y forman parte de lo que podríamos denominar un grupo de "resentidos" políticos, por su paso o cercanía al Proceso de Cambio liderizado por el movimiento indígena-campesino y popular, al que con el tiempo abandonaron o desertaron por algún tipo de desavenencia, enojo o malestar. Es el caso de Alejandro Almaraz, ex Viceministro de Tierras; Raúl Prada, ex constituyente, ex Director General de Normas y Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y ex Viceministro de Planificación Estratégica; Gustavo Guzmán, ex Embajador de Bolivia en los Estados Unidos, Víctor Hugo Sainz, ex Superintendente de Hidrocarburos. También firma Óscar Olivera, que si bien no fue funcionario público, estuvo a punto de ser congresista del MAS el 2002, de no ser por su exigencia para tener su propia plancha de diputados.
Además se adhieren al Documento otras personas que, junto con los primeros, presentan dos características. La primera: su cercanía o simpatía siempre fría y formal con el MAS y las organizaciones sociales indígenas-campesinas y populares que gobiernan el país, una cercanía cargada de un pudor de clase media cuidadosa de no impregnarse del olor y las luchas reales de los indígenas, y de precautelar sus imágenes personales y su prestigio social.
Impulsados no por la convicción ni el empeño, sino por la fuerza de los hechos, a observar las sublevaciones populares, mantuvieron esa simpatía forzada a las movilizaciones sociales que cuestionaban el viejo orden neoliberal. Pero cuando se tuvo que pasar a la construcción práctica de las nuevas estructuras de poder que materializaran la fuerza de la sociedad sublevada, en ese momento se replegaron al origen de clase del que provinieron, o al compromiso y expectativa de clase para el que se formaron, y no sólo exhibieron una extraordinaria impotencia intelectual para convertir sus discursos de adhesión "formal" a la causa popular, en acciones de implementación práctica de sus propuestas, sino que hoy, ya fuera del Gobierno, critican lo que antes hicieron, lo que antes les parecía bien cuando estaban adentro, lo que no quisieron hacer cuando tuvieron la posibilidad.
Peor aún, con cierta dosis de señorialismo, denigran el dificultoso aprendizaje y los reiterados esfuerzos, retrocesos y nuevos avances de gestión, propios de un Gobierno compuesto por personas de distinto origen social popular, que no fueron educadas como "profesionales" del poder, y que tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, corrigiendo errores en el camino, enderezando acciones a cada momento, pero siempre teniendo como objetivo supremo orientador el de convertir en materia estatal, en logros consolidados, las victorias alcanzadas en las calles por el movimiento social.
Al parecer, los firmantes del Documento se horrorizaron ante la sola posibilidad de que la fuerza popular sublevada dejara de ser una simple voz de protesta y de denuncia testimonial (redituable para acceder a financiamientos por asesorías, padrinazgos y estudios de ONG's), y se esforzara para buscar convertirse en poder, en un Estado a cargo de campesinos, indígenas y trabajadores, en el que por supuesto, las asesorías y los padrinazgos externos no tienen cabida.
Precisamente este es el segundo común denominador de una parte importante de los firmantes: pertenecen, dirigen o están largamente vinculados al trabajo de fundaciones y ONGs. Y ese no sería un problema si no fuera que se trata de ONGs, que durante años, crearon una relación prebendal y de neo-colonización mental hacia diversas organizaciones sociales y principalmente hacia algunos dirigentes.
Por supuesto que existen ONGs que apoyan a las organizaciones sociales, subordinándose a sus decisiones, pero otras simplemente buscan suplantar el pensamiento y acción organizativa de los sectores populares indígenas y campesinos, y a través del uso discrecional y selectivo del dinero, financian los viajes de los dirigentes, elaboran documentos a nombre de las organizaciones sociales, dirigen las propias reuniones de estos sectores y promueven pequeñas marchas en oposición al Gobierno para sacar fotos y luego pedir con ello mayor financiamiento en el extranjero.
Varias de esas ONGs son ventrílocuas, es decir usan la voz oficiosa de algún dirigente o asesor a nombre de los trabajadores y de los indígenas, pero en realidad hablan por sí mismas, por sus intereses particulares de instituciones financiadas, camufladas en la voz comprada de ese "dirigente" o "consultor".
En algunos casos, estas ONG's actúan como brazos operativos de intereses transnacionales y al oponerse, por ejemplo a la construcción de carreteras o a las inversiones tecnológicas reivindicadas por las propias organizaciones indígenas, en realidad se oponen tenazmente a la satisfacción de necesidades básicas de la población laboriosa. Lo que ellas quieren son unas "comunidades" congeladas en sus carencias y con relaciones de subordinación a patrones e intermediarios, porque claro, a sus funcionarios no les falta luz ni agua potable, tienen movilidades, pueden viajar en avión, y ganan salarios en dólares.
Pues bien, buena parte de los que firman este Documento pertenecen a este tipo de ONG's y han absorbido y sistematizado esa forma de pensamiento suplantadora de la sociedad, practicando una lógica prebendal de colonización de las dirigencias sociales. Por ello no es extraño que permanentemente ataquen a las organizaciones del Pacto de Unidad (CSUTCB, CNMCIOB "BS", CSCIB, CIDOB y CONAMAQ), que son las que preservan su capacidad autónoma de movilización, construcción discursiva y pensamiento político.
Pero este activismo oenegista, reproductor de lógicas de dominación colonial sobre las organizaciones populares, no sólo es impulsor de una práctica de patronazgo mercantil y padrinazgo ideológico sobre algunos dirigentes sociales, sino que también recoge y amplifica a plenitud y sin rubor alguno, las falacias, mentiras e infamias con las que la derecha neoliberal y la derecha empresarial mediática atacan al Gobierno de los Movimientos Sociales encabezado por el Presidente Evo.
Analicemos punto por punto las falsedades de este Documento.
I. ¿Nada cambió en la economía de Bolivia?
El Documento inicia sus ataques señalando que el pueblo boliviano "se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre" |1|
Que el prófugo Marinkovic haga estas afirmaciones es comprensible, pues se trata de un enemigo jurado de los trabajadores del país que se propone la restauración del viejo sistema de dominación y explotación de clase, casta y estirpe, que estuvo vigente en Bolivia desde 1925 hasta el 2005. Pero que semejante falacia la sostengan supuestos "académicos", más que una deshonestidad intelectual, que también lo es, es una infamia política que busca ocultar los significativos avances del Proceso de Cambio en la lucha contra la desigualdad y las profundas acciones para redistribuir la riqueza social.
Cuando el Presidente Evo y los Movimientos Sociales indígena-campesinos y populares se hicieron cargo del Gobierno, el porcentaje de la población boliviana que vivía en la pobreza moderada, es decir con menos de dos dólares por día, era del 60%, en tanto que la que se hallaba en la extrema pobreza, es decir que tenía como ingreso menos de un dólar por día, era el 37% del total.
Ese fue el país que recibimos. Un país cuya extrema pobreza en sus ciudades alcanzaba al 24,3% de su población, mientras que en el campo llegaba al 63%, lo que evidencia que la coloniali-dad no es simplemente un tema de artificios verbales con los que ciertos "académicos" se llenan la boca, sino que por encima de todo es un tema material de indianización pues es la población indígena-campesina la que principalmente sufre de pobreza y exclusión.
En 5 años (del 2005 al 2010), el Gobierno del Presidente Evo redujo la pobreza moderada del 60,6% al 49,6%, y la pobreza extrema del 38% al 25% de la población boliviana, lo que significa que alrededor de 1 millón de personas han superado esa condición. Más aún, la tasa de reducción de la pobreza en esos años de nuestro Gobierno supera en casi el triple a lo que se venía haciendo hasta acá. Y esta reducción acelerada es aún mayor en el caso de la población indígena-campesina, pues la pobreza extrema en el área rural cae del 63% al 44,7% en los últimos 5 años.
CUADRO 1
BOLIVIA: POBREZA EXTREMA Y MODERADA
SEGÚN AREA DE RESIDENCIA
(en porcentaje y miles de personas
DETALLE
2000
2005
2010(e)
POBREZA MODERADA
Nacional
Porcentaje(%)
66,4
60,6
49,6
Miles de personas
5.638
5.708
5.166
Urbana
Porcentaje(%)
54,5
51,5
41,7
Miles de personas
2.837
3.091
2.886
Rural
Porcentaje(%)
87.0
77,6
65,1
Miles de personas
2.801
2.616
2.280
POBREZA EXTREMA
Nacional
Porcentaje(%)
45,2
38,2
25,4
Miles de personas
3.869
3.592
2.637
Urbana
Porcentaje(%)
27,9
24,3
15,5
Miles de personas
1.455
1.471
1.071
Rural
Porcentaje(%)
75.0
62,9
44,7
Miles de personas
2.415
2.121
1.566
Fuente: UDAPE, en base a Encuesta de Hogares (INE)
En la última década, la población ubicada en el estrato de ingresos medios aumentó del 30% al 36%, es decir 1 millón de personas pasaron de la condición de pobres a la de personas con ingresos medios |2|.
GRÁFICO 1
POBLACIÓN BOLIVIANA
SEGÚN ESTRATOS DE INGRESO PER-CÁPITA DEL HOGAR
Fuente: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, 2010. PNUD.
Hace 5 años, el 10% más rico del país tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre, ubicándonos entre las sociedades más desiguales del mundo. Para el año 2009, esa diferencia ya se había reducido a 60 veces y continúa cayendo. En el área rural la brecha era aún más acentuada, pues el 2005, el 10% más rico tenía 157 veces más ingresos que el 10% más pobre, acortándose esta diferencia a 76 veces para el 2009, con una tendencia a continuar disminuyendo.
GRÁFICO 2
RELACIÓN DE INGRESOS DEL 10% MÁS
RICO VS. EL 10% MÁS POBRE
Fuente: UDAPE. En base a Encuestas de Hogares (INE)
Estos resultados sorprendentes han sido fruto de una agresiva política de concentración social del excedente económico a través de las nacionalizaciones, que le han permito al Estado pasar del control del 17% del PIB al 34%, y de una expansiva política de redistribución de ese excedente económico a través de rentas y bonos hacia los sectores más pobres y vulnerables.
En el contexto latinoamericano, Bolivia es el Estado que más esfuerzos realiza para transferir recursos a su población necesitada. Según el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), nuestro país transfiere el 2,5% del PIB a su población vulnerable, frente al 1,7% del Brasil, el 0,8% del Ecuador o el 0,3% del Perú.
GRÁFICO 3
AMÉRICA LATINA: TRANSFERENCIAS DE INGRESOS A
HOGARES/PERSONAS EN PORCENTAJE DEL PIB, 2009
(en porcentaje)
Sólo el año 2010, con el Bono Juancito Pinto, se entregaron USD 51,9 millones a más de 1.8 millones de niños y niñas. Con la Renta Dignidad, USD 240 millones a 600.000 ancianos y ancianas; y con el Bono Juana Azurduy, USD 13,4 millones a 208.000 madres y 341.000 niños menores de un año. Con este tipo de programas sociales, no sólo se está consiguiendo reducir la pobreza de manera nunca antes vista, sino que además se está haciendo un esfuerzo sistemático por mejorar aceleradamente la calidad de vida de poblaciones que conservan sus mismas condiciones materiales de vida desde hace tiempos coloniales. La población boliviana ha pasado de tener un ingreso promedio de USD 950 por año, el 2004, a uno de USD 1.833 el 2010 |3|.
GRÁFICO 4
BOLIVIA: TRANSFERENCIAS DE BONOS
(Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy)
(En millones de USD y en % del PIB)
Por ello, ¿cómo se puede afirmar que "nada ha cambiado", cuando en los últimos 5 años, 942.000 bolivianos más acceden a los servicios de agua potable y 700.000 a servicios de alcantarillado |4|? ¿Cómo se puede decir que "todo sigue igual" si la mortalidad infantil cayó de 55 a 45 niños por cada mil nacidos |5|, si la desnutrición crónica en menores de 2 años fue reducida a la mitad, si 570.000 personas fueron operadas gratuitamente de la vista, si se venció el analfabetismo mucho antes que en otros países del continente?
¿Es acaso pura ilusión que 5 de cada 10 hogares en el campo (familias campesinas) hoy tengan luz, cuando hace pocos años eran solamente 2 de cada 10 las que accedían a electricidad? ¿Y qué decir del hecho de que se hayan entregado 900 kilómetros de carreteras pavimentadas y se estén construyendo 2.700 kilómetros |6| más a lo largo y ancho de los nueve departamentos, integrando poblaciones, acercando comunidades y actividades de las personas?
¿Y seguirán en los mismos niveles la atención a las necesidades básicas de la población por parte de los municipios y gobernaciones, cuando en vez de recibir los Bs. 17.000 millones de años anteriores (periodo 2001-2005), éstos se beneficiaron durante los años de nuestro Gobierno con casi Bs. 51.000 millones |7|? O sea, tanto municipios como gobernaciones acceden hoy al doble de recursos que hace 5 años atrás, y esto sin tomar en cuenta el programa Evo Cumple que permitió triplicar los ingresos en numerosos municipios rurales.
GRÁFICO 5
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS
MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES
(en millones de bs.)
La nacionalización de los hidrocarburos, la electricidad, las telecomunicaciones, la minería, en conjunto, han permitido al Estado pasar de una inversión pública de USD 600 millones el año 2005, a USD 3.200 millones el 2011, es decir un monto 5 veces mayor de recursos que antes para uso público |8|. Gracias a las nacionalizaciones, el dinero que anteriormente se iba a manos de empresas extranjeras, ahora se queda para el beneficio del pueblo boliviano.
En el caso de las áreas rurales, donde se halla la población más vulnerable y pobre del país (con la que nuestra Patria tiene una deuda histórica), la inversión pública ejecutada pasó de USD 474 millones el 2005, a USD 867 millones el año 2010, representando en promedio para todo el periodo el 66% del total. Y si se toma en cuenta que a nivel sectorial, la inversión ejecutada en infraestructura (principalmente en carreteras que permiten la integración y benefician a la población agraria) representa alrededor del 50% del total, se puede decir que la inversión pública ejecutada ha tenido un fuerte impacto en beneficio de la población del campo, que es la que presenta los mayores niveles de pobreza y exclusión.
GRÁFICO 6
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL
PROMEDIO 2001-2005, 2006-2010, 2011 PPTO.
(en millones de USD)
Entonces, tenemos que en 5 años, la inversión del Estado para beneficio de la sociedad ha crecido en 5 veces; las Reservas Internacionales que son el ahorro del país, se han incrementado en casi 6 veces; y la totalidad de la riqueza generada, el Producto Interno Bruto (PIB), aumentó de USD 9.500 millones a USD 19.781 millones |9|, lo que significa que lo que tardó en generarse como riqueza en 180 años, nosotros lo hicimos en 5, y lo más importante, que mientras antes la distribución de esa riqueza se quedaba en pocas manos, ahora se democratiza a cada hogar boliviano.
Si el neoliberalismo fue por sobre todo la privatización extranjerizada de los recursos públicos, el Gobierno del Presidente Evo detuvo y revirtió esa externalización de la propiedad y el excedente económico. Hoy, el Estado participa con el 34% de la generación de valor agregado, cuando hace 5 años su participación apenas llegaba al 18%. Y si tomamos en cuenta que el PIB se más que duplicó en ese tiempo, resulta que el control del Estado sobre la economía, en términos monetarios se ha multiplicado por 4 veces en relación a 5 años atrás.
Decir por tanto que "todo sigue igual" y que "nada ha cambiado", es una sinvergüensura intelectual, una mentira económica y una frivolidad política reaccionaria, que en última instancia son la tónica que caracteriza todo el Documento.
¿Es suficiente ya lo que se ha hecho? No, de acuerdo.
¿Se pueden hacer más cosas y hacerlas más rápidamente para reducir la pobreza? Sí, de acuerdo.
¿Se puede mejorar la política de beneficio a los más pobres? Por supuesto.
Pero todo eso no se logra ni con mentiras "fotocopiadas" de la derecha más recalcitrante del país, ni exhibiendo críticas con "tufillo" racista sobre la "ineficiencia" e "incapacidad" de un Gobierno que en sus tres niveles de decisión (nacional, departamental y municipal) está mayoritariamente compuesto, por primera vez en la historia, por dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, trabajadores y profesionales que no son "profesionales" del poder.
Los oenegistas firmantes señalan que el intento de nivelación del precio de la gasolina, en diciembre del 2010, tenía por objetivo "restaurar las viejas estructuras que mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión" |10|, como si las redes de mafiosos contrabandistas que compran la gasolina en Bolivia a 3,7 bolivianos y la venden a 11 ó 15 bolivianos cruzando la frontera, fueran un ejemplo de "emancipación" y lucha contra la opresión. Pero la torpeza política de estos "arrepentidos" políticos llega a tal punto, que el intento por parar la sangría nacional debida al contrabando de combustibles, gracias a la cual al menos 150 millones de dólares anuales van a parar en manos de ladrones del país, les parece una traición al pueblo (!!!). Seguramente estaban preocupados porque el presupuesto de transporte de las ONGs que dirigen iba a triplicarse debido a esta nivelación del precio de los carburantes, pero pretender camuflar esta su indignación "corporativa" detrás de argumentos en defensa del país, es un absurdo. Como también lo es que el dueño de un Hammer que se pasea por los barrios residenciales, reciba del Estado un regalo de 9 a 10 bolivianos por cada litro de gasolina que utiliza para aplanar las calles.
Una parte importante de la subvención de los combustibles (USD 420 millones el año pasado |11|) pasa a manos de traficantes inescrupulosos, y otra a las de los agroindustriales de la soya que se vuelven "competitivos" gracias a esa transferencia millona-ria de dinero que el Estado les hace.
Entonces, ¿quiénes son los verdaderos "restauradores"?, ¿los que quieren reducir y anular los ingresos de estas mafias de contrabandistas y de grandes agroindustriales?, ¿o más bien aquellos "intelectuales" que defienden el decreto de Banzer |12| que creó la importación subvencionada de los carburantes precisamente para beneficiar a agroindustriales y contrabandistas?
En el fondo, los "resentidos" defienden -a conciencia- un decreto (de Banzer) y la transferencia grotesca de recursos públicos a favor de agroindus-triales, lo que en verdad es una descarada defensa del gran capital, y más aún del gran capital vinculado a las grandes transnacionales. Ese es el resultado de la acción política de este grupo.
II. La nacionalización de los hidrocarburos
En consonancia con la estrategia de la derecha política, estos críticos centran una parte de sus adjetivos más agresivos contra YPFB y la nacionalización de los hidrocarburos.
El primer dardo que lanzan señala que no se produjo una real "apropiación material de los hidrocarburos"
¿Qué es esa "apropiación material", ese "dominio efectivo" que reclaman los críticos?
Dominio y control implican la capacidad que tiene alguien, en este caso el Estado, de disponer, utilizar, usufructuar, gestionar, guardar, o vender a quién decida y al precio qué decida esos hidrocarburos. Y eso es precisamente lo que se ha hecho a partir del Decreto de Nacionalización N° 28701, "Héroes del Chaco", del 1 de enero del 2006, que le devolvió al Estado la facultad material, real y efectiva de disposición de esa riqueza natural.
Anteriormente el gas de los bolivianos contaba y estaba registrado como activo contable de las empresas petroleras extranjeras. Ellas establecían cuándo producir, cuánto costaba, a cuánto lo vendían y para qué lo utilizaban.
Con el artículo primero del Decreto de Nacionalización, el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos. Esto significa que desde el 1 de mayo del 2006, el gas y el petróleo ya no cuentan más como activos de ninguna empresa extranjera, y que su uso, destino, precio, función y administración en territorio boliviano son de exclusiva responsabilidad y dominio del Estado a través de YPFB. No importa que estén bajo tierra, encima de la superficie, en el ducto, en la refinería, en una garrafa, donde sea, ese gas y petróleo tienen un único propietario: el Estado boliviano, y sólo él puede disponer qué se hace con esos hidrocarburos. A partir de esa fecha, los bolivianos decidimos cuánto, dónde y para qué producir, con qué destino hacerlo y a cuánto vender.
De acuerdo a los artículos 5, 6 y 7, del mismo Decreto, YPFB asume la gestión y el control de la cadena de los hidrocarburos. Eso significa que la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenaje, comercialización, tanto en el mercado interno como externo, además de la definición de precios para ambos mercados, son responsabilidad de YPFB.
Nacionalizada la propiedad de los hidrocarburos y en tanto se refundara rápidamente YPFB (que para entonces no era más que una pequeña oficina de archivos), se estableció un régimen de control de los ingresos económicos que en definitiva es el núcleo de toda querella y disputa en torno a la propiedad de la riqueza. El artículo cuarto del Decreto de Nacionalización, estableció que en los megacampos que produjeran el 80% de los hidrocarburos de Bolivia, el 82% del valor de la producción pasara al Estado, y el restante 18% se destinara a la reposición de costos de producción y rentabilidad de las empresas, que desde ese momento eran contratadas para dar servicios al Estado para la extracción del gas a 5.000 metros bajo tierra. Así, mientras Sánchez de Lozada instituyó la entrega del 82% del valor de la producción a las transnacionales, el Presidente Evo estableció la entrega del 82% al pueblo boliviano.
Alguien se preguntará ¿por qué no se decretó que se entregara el 100% al Estado? Por la sencilla razón que ese 18% restante, corresponde al pago de los costos que implican los estudios de sísmica, la ubicación de las reservas gasíferas, la compra de maquinarias, perforadoras, instalaciones de compresión, de tratamiento del gas, de los otros componentes líquidos, la perforación de la tierra, la contratación de mano de obra (ingenieros, técnicos, obreros) de las empresas de servicios.
En el fondo, la dicotomía nacionalización o privatización de las riquezas naturales de un país, refleja la lucha a muerte entre dos polos opuestos por controlar y usufructuar las ganancias que generan esas materias primas. Poseer su propiedad, pero sin generar ganancias o que éstas se vayan para otros, no sirve a la soberanía y potenciamiento económico de un país. No contar con la propiedad de las materias primas, pero utilizarlas para controlar la riqueza que generan, le sirve a medias. En cambio, ser propietario (artículo 1 del Decreto) y encima apropiarse de la riqueza que esas materias primas generan (artículo 4 del Decreto) es la clave de su control real, material y efectivo. Y eso es justamente lo que se hizo con el Decreto de Nacionalización: nacionalizamos las materias primas hidrocarburíferas y además nos apropiamos de la riqueza económica que ellas generan por su uso y venta. El Estado boliviano tiene uno de los Goverment take (control de la ganancia gasífera a favor del Estado) más altos del mundo, oscilando entre un 74% a un 90%.
Ésa la importancia y el carácter histórico del Decreto de Nacionalización "Héroes del Chaco": no esperó a que YPFB vaya asumiendo la producción activa de gas para tener el control de la propiedad de los hidrocarburos y de la ganancia de la producción hidrocarburífera. El artículo cuarto fijó una apropiación del valor del gas superior a cualquier otro nivel de apropiación de ingresos por parte del Estado en el mundo, garantizando de esta forma que el beneficiario final de la explotación del gas sea, en primer lugar y por sobre todo, el pueblo boliviano. Ese es en definitiva el objetivo de cualquier verdadera nacionalización, ayer, hoy y siempre.
En conjunto, la producción de la actividad hi-drocarburífera tiene tres componentes. Primero, las propias riquezas hidrocarburíferas en su estado natural. (Su reapropiación por parte del Estado constituye la base material de la nacionalización y es lo que garantiza la propiedad real sobre el uso y destino de los hidrocarburos). Segundo, el excedente, la ganancia, el valor de producción que esos recursos materiales generan. (La apropiación de esta ganancia es el objetivo económico fundamental de la nacionalización).
Y por último, tenemos la infraestructura extractiva de los hidrocarburos, las máquinas, las herramientas, los taladros con los que se extraen, etc.
De esos tres componentes, los dos primeros son los que definen si un recurso material está en manos privadas o en manos del Estado. Ellos constituyen la columna vertebral de cualquier nacionalización de los hidrocarburos en el mundo, y la garantía del control soberano del Estado sobre sus materias primas. En la Rusia Soviética de los tiempos de Lenin, en Cuba actualmente o en Bolivia con las primeras nacionalizaciones, la soberanía estatal sobre los recursos naturales hidrocarburíferos y mineros se asienta en la nacionalización de estos dos primeros componentes de la producción.
En relación al tercer componente, las nacionalizaciones siguieron diferentes rutas. En el caso de Bolivia, el año 1968 se procedió a una expropiación con indemnización, también de las máquinas de producción. Ello se vio favorecido porque la actividad hidrocarburífera entonces era secundaria y relativamente pequeña (3% del PIB el año 1969), había un equipo profesional de YPFB con la capacidad y la experiencia de asumir la operación de la Gulf Oil, y las inversiones requeridas para continuar la actividad eran moderadas.
Pero tenemos también una terrible experiencia en la que la absolutización irreflexiva de este tercer componente fue en contra del propio proceso de nacionalización. En el periodo 1981-85, en las minas nacionalizadas de COMIBOL, se tenía la propiedad estatal de los minerales, de las maquinarias, pero no se contaba con el control soberano sobre la ganancia de la extracción minera. Así por ejemplo, el año 1983, la minería estatal (COMIBOL) tuvo una pérdida de 130 millones de dólares, que el año 1984 se incrementó a 355 millones |13|. Debido a la falta de inversión en tecnología que eleve la productividad, sumada a la caída de los precios de los minerales en el mercado mundial, la minería generó una pérdida al Estado, que al final llevó a la formación de una actitud anti-nacionalizadora que abrió el camino a las dos décadas infames de la privatización.
Otra ruta siguieron la nacionalización leninista y el control soberano de la producción hidrocarburí-fera en Cuba. Asumiendo la propiedad de los hidrocarburos y el control del valor de producción, de la ganancia de esa riqueza explotada, se les permitió a empresas contratadas explorar y explotar los hidrocarburos del Estado, pagándoles una remuneración y una ganancia por esos servicios que realizaban en beneficio del Estado. Se trata de modalidades modernas de producción de hidrocarburos en las que el Estado no pierde nunca la propiedad ni el control sobre los recursos naturales, pero permite movilizar grandes cantidades de inversión (que el Estado no siempre tiene de manera inmediata) de alto riesgo para producir hidrocarburos. Se le retribuye al operador una determinada cantidad de dinero por sus servicios, por el desgaste de su máquina, pero en todo momento, lo producido y la riqueza que ésa producción genera se quedan en manos del Estado.
Es como cuando uno contrata a un pintor o a un albañil para arreglar su casa. La casa le pertenece al dueño, él la puede vender, alquilar o utilizar para lo que desee, pero la reparación la hacen el albañil y el pintor, a quienes se les retribuye por el trabajo de reparación y pintura realizada. Existen similares contratos en otro tipo de actividades, por ejemplo BOA alquila los aviones de su línea aérea, paga un monto por su uso anual, pero es ella la que define las rutas, los precios, los horarios y controla absolutamente la ganancia que genera esa actividad. No por alquilar aviones BOA pierde la soberanía del espacio aéreo o el control de la actividad aeronáutica.
Lo mismo hizo en parte YPFB al momento de nacionalizar los hidrocarburos: asumió la propiedad y el control absoluto sobre el gas y el petróleo; asumió el control sobre la producción, el uso, el transporte y el precio de producción, esto es, de la ganancia de la producción de los hidrocarburos; y en lo que respecta a las máquinas y medios de extracción del gas y petróleo, estableció un régimen mixto.
Para la nacionalización de las empresas YPFB CHACO y YPFB ANDINA, que operan en los antiguos campos en los que ya YPFB explotaba, se asumió el control técnico del proceso productivo. Por otro lado, mediante los nuevos Contratos de Operación, se estableció un régimen de alquiler de servicios en el que YPFB recibe toda la producción de gas y petróleo (como de su propiedad absoluta), y remunera por el servicio prestado a las empresas por el uso de sus máquinas y técnicos. En ambos casos, la nacionalización está garantizada, la propiedad de los hidrocarburos asegurada, el control de la producción por el Estado ejecutada, y la apropiación de la ganancia consolidada. Pero en el segundo caso (de contratación de servicios de empresas que extraen el gas y lo entregan bajo propiedad al Estado), la ventaja radica en que son los privados los que movilizan montos de capital para los estudios, las máquinas, etc., lo que le permite al Estado poder invertir sus propios recursos en otras áreas de carácter social, gasífero, eléctrico o industrial para generar nuevos ingresos a ser redistribuidos entre el pueblo boliviano.
EL ATAQUE PRIVATIZADOR EN CONTRA DE YPFB.
PRIMERA MENTIRA: LA NACIONALIZACIÓN "NO FUE REAL NI EFECTIVA"Aferrándose a la modalidad movimientista de la nacionalización, los críticos señalan que simplemente se recuperaron los "sectores secundarios del transporte y la refinación" |14|. Esa es una primera mentira contra YPFB porque el Gobierno recuperó el control de toda la cadena hidrocarburífera: el Estado es propietario del gas y petróleo a 5.000 metros de profundidad, y lo es de manera absoluta: cuando están en superficie en boca de pozo, cuando van en los ductos, cuando están siendo refinados, cuando están siendo vendidos. El Estado también establece los volúmenes a producir, los precios a vender, los usos de lo que se dispone. Igualmente el Estado es propietario del precio de venta y de la ganancia que genera la comercialización de esos productos. Más aún, YPFB es propietaria del 98% de las máquinas que operan los 22 campos de gas y petróleo de la subsidiaria YPFB-CHACO, y es propietaria del 50% más 1 de las máquinas que operan los 15 campos gasíferos y petroleros de YPFB-ANDINA (Arroyo Negro, Boquerón, Cami-ri, Cascabel, Cobra, Guairuy, La Peña, Los Penocos, Los Sauces, Patuju, Río Grande, Sirari, Tundy, Víbora, Yapacaní). De la misma manera, como accionista mayoritaria dentro de YPFB ANDINA, YPFB es propietaria del 50% de las máquinas e implementos de los campos San Alberto y Sábalo.
No satisfechos con esa primera mentira, "los resentidos" la profundizan de la manera más grosera: afirman que YPFB "no opera ningún campo hidro-carburífero en producción" |15|.
Para su información, YPFB a través de YPFB CHACO opera directamente y con su propio personal, en un 100%, los siguientes campos hidrocarburíferos:
CUADRO 2
PARTICIPACION DE YPFB CHACO POR CAMPO
(2010)
Fuente: YPFB Corporación.
Y en los campos en que YPFB ANDINA tiene el 100% de participación, la gestión, administración y operación regular está a cargo de YPFB, que también tiene mayoría de representación en el directorio de la empresa, y asimismo, realiza la designación del gerente general y otros cargos ejecutivos. Es necesario mencionar que la estructura de YPFB ANDINA fue conformada después de la nacionalización, debido a que con anterioridad a este proceso, la gestión, administración y operaciones eran realizadas a través de la estructura organizativa y profesional de REPSOL. YPFB ANDINA logró recuperar jóvenes profesionales bolivianos que se encuentran aportando con sus capacidades y conocimientos a las actividades de exploración y explotación de la empresa, proceso que manifiesta su continuidad en el tiempo.
CUADRO 3
PARTICIPACIÓN DE YPFB ANDINA POR CAMPO
(2010)
Esta expansión de actividades de YPFB le ha permitido pasar de una diminuta oficina de archivos a una Empresa Corporativa que produce directamente el:
- 50,7% del total del Gas Natural
- 46,7% del total de crudoo 50.2% del condensado y gasolina natural
- 89% del GLP de plantas.
o 19.5% de petróleo
- 94% del crudo procesado en el país |16|.De esta manera, luego de 5 años de la nacionalización, y en medio de una hecatombe de la masa crítica profesional con capacidad de asumir responsabilidades a favor del Estado, YPFB ha logrado:
1. - Recuperar la propiedad estatal absoluta de los hidrocarburos cualquiera sea su estado y ubicación territorial.
2. - Controlar la cadena hidrocarburífera, desde la exploración, extracción, hasta el procesamiento, transporte y comercialización.
3. - Apropiarse del valor de la producción y de la ganancia hidrocarburífera para el país, que es la base y contenido material y real de cualquier proceso de nacionalización en el mundo.
4. - Gestionar directamente el proceso técnico en numerosos campos de gas y petróleo del país.SEGUNDA MENTIRA: LAS INDEMNIZACIONES QUE SE ESTÁN PAGANDO SON "LEONINAS".
Siguiendo la moda del histerismo mediático que critica absolutamente todo, los amigos "resentidos", sin mayor sustento que no sea el de su estado de ánimo visceral, critican las indemnizaciones a algunas empresas nacionalizadas. No está de más recordarles que la nacionalización de la Gulf Oil Company el año 1969, llevada adelante por Marcelo Quiroga Santa Cruz |17|, tuvo un Decreto (N° 9381) para la indemnización de USD 78,6 millones, que al valor actual, fácilmente equivaldría a más de USD 447 millones. Y a nadie se le ocurrió decir que esa indemnización era una "traición" a favor de las transnacionales.
Estos críticos también sostienen que las transnacionales se beneficiaron de "injustas y leoninas indemnizaciones". Es probable que sean futuró-logos, visionarios, lectores de la suerte en estaño, practicantes de las "siete fumadas poderosas", lo ignoramos exactamente, pero lo único cierto es que hasta el momento, los pagos que ha realizado YPFB por las empresas nacionalizadas son los siguientes:
CUADRO 4
PROPIEDAD DE YPFB CORPORACIÓN EN SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS
Como se puede apreciar, hasta ahora en total sólo se han indemnizado USD 374,6 millones. Y por si no sabían nuestros detractores, la nacionalización del 99% del paquete accionario y el pago de USD 240 millones por TRANSREDES han hecho posible que ahora la empresa YPFB Transporte S. A. muestre en sus Estados Financieros, auditados a diciembre de 2010, como Patrimonio Neto, la suma de USD 1.051 millones frente a un total de activos de aproximadamente USD 1.531 millones.
Adicionalmente, YPFB Transporte S.A. posee inversiones que incluyen el 51% de Gas Trans Boliviano (GTB), la empresa dueña y operadora del gasoducto al Brasil en el tramo boliviano de Río Grande hasta Puerto Suárez (cuyos activos ascienden en la actualidad aproximadamente a USD 800 millones), y el 12% de TBG, la empresa del Tramo Brasilero del Gasoducto al Brasil (que posee un total de activos de USD 2.400 millones) |18|.
En términos de utilidades netas, YPFB Transporte generó el año 2010 la suma de Bs. 276,5 millones equivalentes a USD 39,2 millones, considerando las inversiones en GTB y TBG, alcanzando una rentabilidad sobre las ventas del orden del 30% anual, índice muy significativo a nivel mundial para las empresas del sector.
Como se evidencia, el Estado tomó una buena decisión con la nacionalización de los hidrocarburos que no sólo le ahorró juicios y abogados por decenas de millones de dólares y un futuro cierto de caer en manos de tribunales internacionales que siempre fallan a favor de los privados, sino que además, el patrimonio que se recuperó es muchísimo mayor a la indemnización, obteniéndose también ganancias significativas que alimentan las necesidades de la empresa y del país.
El año 2010, sin tomar en cuenta los ingresos que el Estado recibe por la propiedad y el control de los hidrocarburos, sólo estas 6 empresas recuperadas han generado USD 240 millones de utilidades netas, y su patrimonio alcanza a USD 2.276 millones, incluyendo rubros de capital, reservas y resultados acumulados, los cuales permitieron administrar más de USD 4.034 millones en la gestión 2010. Como se dará cuenta el lector, el Estado indemnizó USD 374,6 millones y ahora es propietario y administra USD 4.034 millones.
A 5 años de la nacionalización de los hidrocarburos, el patrimonio total de YPFB Corporación, al 31 de diciembre de 2010, asciende a USD 5.786 millones de dólares |19|. Ese es un gran resultado para el país, fruto de una decisión política acertada de nacionalización de los hidrocarburos. Es deplorable la mezquindad intelectual y la enanez política con la que los "resentidos" quieren tapar esta evidencia con un listado de prejuicios, mentiras e ignorancias.
TERCERA MENTIRA: "COSTOS RECUPERABLES" EN "BENEFICIO Y CONTROL" DE LAS PETROLERAS.
No contentos con esta crítica sin fundamentos, los críticos vuelven al ataque contra la nacionalización arguyendo el tema de los "costos recuperables".
Los costos recuperables representan el pago que hace YPFB a cada empresa que con su maquinaria extrae gas y se lo entrega en propiedad.
Como se sabe, ahora que las empresas extranjeras no son dueñas del gas y petróleo, en algunos casos son contratadas o alquiladas por el Estado para realizar servicios de exploración y extracción de hidrocarburos. Ellas traen sus maquinarias, las instalan, trabajan, extraen gas y petróleo de la tierra y cada molécula de lo que extraen se la entregan en propiedad a YPFB que las procesa, las vende al mercado interno y externo, etc. Pero por haber extraído gas y petróleo (propiedad de YPFB) con sus máquinas, se debe retribuir la inversión y los servicios que realizan. Al pago por el desgaste y uso de las maquinarias e implementos que utilizan las empresas contratadas por YPFB en varios campos de gas, se le llama costos recuperables. En el ejemplo anterior que usábamos del dueño de casa que contrata a un albañil o a una empresa de reparación para pintar o construir una pared en su domicilio, los costos recuperables representarían el pago por el cemento, la arena, los ladrillos, el desgaste de los implementos en el trabajo, los salarios de la empresa de reparación contratada. Aparte está la "ganancia" de esa empresa, que en el caso petrolero se denomina "utilidad del titular".
Veamos en el siguiente cuadro cómo se distribuye el valor de un determinado volumen de gas que sale de la tierra por día.
GRÁFICO 7
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA PETROLERA
El total de volumen de gas que sale en un día de cualquier campo y en cualquier lugar de Bolivia, le pertenece a YPFB. Ya sea que una subsidiaria de YPFB la extraiga (YPFB CHACO o YPFB ANDINA) o que lo haga una empresa extranjera de servicios petroleros contratada por YPFB, el 100% de ese gas se le entrega a YPFB en propiedad para que sea ella quien decida qué hacer con ese gas, a quién venderlo y a qué precio. Ese es el fundamento o la base de la nacionalización de los hidrocarburos del 2006.
Posteriormente, el fruto de esa venta (que realiza YPFB) tiene que distribuirse. Y se lo hace de la siguiente manera:
El 50 % de la venta de todo el gas se va al TGN: a los municipios, a las prefecturas, a las universidades y al Fondo Indígena, bajo la forma de Regalías (18 %) e IDH (32%). Apenas YPFB vende el gas, deposita el dinero de manera directa en manos de esas instituciones del Estado. Es decir, que de ese 50% inicial que le pertenece al Estado, YPFB no se queda con nada porque todo lo transfiere a esas otras instituciones.
Del 50% restante del valor del gas, ahora sí una parte se queda en manos de YPFB (como Participación, Patentes e Impuestos al Upstream), otra corresponde al pago por el uso de máquinas, implementos, etc (costos recuperables), y el resto se destina a pagar la utilidad de la empresa que empleó sus máquinas, conocimientos y fuerza laboral (utilidad del titular).
Resulta así que el Estado se queda de manera directa con el 50% de impuestos (IDH + Regalías) + la Participación de YPFB + Impuestos al Upstream + Patentes. Con ésta fórmula de la nacionalización, del total del valor bruto de producción generado por el sector hidrocarburífero, sin descontar nada (ni la retribución del titular), el Estado boliviano se queda en promedio con el 74% |20|.
FÓRMULA DE LA NACIONALIZACIÓN
Y si descontamos los costos de producción, los llamados costos recuperables, el Estado boliviano, en promedio, se queda con el 90% del total de la ganancia generada por el sector hidrocarburífero. Ése es el Goverment Take boliviano, es decir, el beneficio del Estado en términos porcentuales, que si no es el más elevado del mundo, se encuentra entre uno de los más altos. Por su parte, las empresas extranjeras contratadas para brindarle servicios al Estado, se quedan con el 10% restante de la ganancia del sector.
Algunos analistas señalan que esta extraordinaria participación del Estado en la renta gasífera sólo es sos-tenible con precios elevados del gas |21|, porque si bajaran las empresas ni siquiera recuperarían el valor de sus maquinarias utilizadas. Tal vez se trate de especulaciones, lo cierto es que dentro del objetivo central de cualquier nacionalización, la participación del Estado en la ganancia que genera el sector (en este caso hidrocarbu-rífero), tendría que ser lo más elevada posible porcen-tualmente, y para Bolivia este pocentaje es uno de los mayores en todo el mundo.
Pese a ello y sin reconocer este resultado plena y absolutamente favorable para los intereses del país, los críticos elevan la voz al aire y denuncian que el Estado estaría reconociendo inversiones realizadas en maquinarias previas a la nacionalización, los costos recuperables!.
¡Eureka!, descubrieron el agua tibia!!!
Quien conoce mínimamente al sector hidrocarbu-rífero sabe que las inversiones tienen recién resultados en un plazo de 4 a 8 años por lo menos. Los actuales volúmenes de gas que han alcanzado un récord de 46,3 millones de metros cúbicos por día, son fruto de inversiones recientes, pero ante todo de inversiones pasadas incluso antes del proceso de nacionalización. Los ingresos que hoy disfruta el Estado, entre el 2006 al 2010, de USD 9.478 millones entregados a gobernaciones, alcaldías, universidades, al TGN, al Fondo Indígena y a YPFB |22|, en parte son fruto de inversiones hechas en los años recientes, pero ante todo de inversiones realizadas en años previos a la nacionalización que deben ser reconocidas. Estos recursos no cayeron del cielo ni han salido por excavar la tierra con pala, son fruto de exploraciones, perforaciones, extracciones, plantas, maquinarias, etc., cuyo costo y desgaste hay que reconocer.
Los contratos de operación firmados entre YPFB y las empresas privadas para que realicen servicios de extracción del gas y se lo entreguen en propiedad al Estado, en su Anexo G, establecen que dentro los costos recuperables, se tomarán en cuentan las inversiones recientes, así como también algunas inversiones realizadas antes de la nacionalización. Y eso es correcto, es sentido común. No se tendrían los enormes volúmenes de gas que hoy tenemos para consumo interno y exportación si no hubieran habido inversiones años atrás. Considerando solamente las inversiones después de la nacionalización a cargo de YPFB, los pocos años de maduración de ellas y su monto aún moderado, es probable que hoy apenas se habría podido abastecer el mercado interno.
Por eso se tienen que reconocer los costos de las maquinarias de algunas inversiones realizadas antes de la nacionalización, y ellos son una parte de los costos recuperables.
Ahora, ¿qué monto de inversiones pasadas reconocer? Las petroleras dijeron que invirtieron USD 3.673 millones hasta antes de la nacionalización, de los cuales se habían depreciado USD 1.048 millones, por lo que se les tenía que reconocer USD 2.624 millones.
El Ministerio de Hidrocarburos realizó las auditorías correspondientes y al final se comprobó objetivamente que había una inversión previa a la nacionalización, aún no depreciada, de USD 2.097 millones, y eso es lo que se reconoció que se debía devolver como costos recuperables en un plazo de 6 años desde el 2006 |23|.
El resultado final da este balance: se reconocen USD 2.097 millones a ser pagados en 6 años hasta el 2012, pero ya hasta el 2010, el Estado boliviano obtuvo un ingreso de USD 9.354 millones fruto de la nacionalización de esas inversiones. Y seguramente, entre el 2011 y 2012, cuando finalice la devolución de esa inversión (USD 2.097 millones), el Estado habrá recibido ya más de USD 14.000 millones. Se demuestra, una vez más, que la decisión política de la nacionalización de los hidrocarburos, con la modalidad de contratación de servicios de las empresas, ha permitido el incremento geométrico de ingresos para el país como nunca antes se dio.
Si comparamos los ingresos obtenidos los 5 años anteriores de la nacionalización (USD 1.661 millones) con los 5 años posteriores (USD 9.478 millones), la relación es que por cada dólar que Bolivia recibía antes, ahora recibe 6. Y si bien los precios internacionales fueron favorables, sólo explican el paso de 1 a 3 dólares, por lo que en realidad la nacionalización es la clave de ese salto de 1 a 6 dólares.
CUADRO 5
Pretendiendo tapar el sol con un dedo, los críticos no se animan a debatir las cifras completas, en su dimensión integral, sellando su deshonestidad política con la afirmación de que esas inversiones pasadas reconocidas a las empresas "permanecen en su poder y beneficio", sin considerar -por lo que es necesario recordárselos- que ésas máquinas e inversiones son las que están generando buena parte del gas que es entregado en su totalidad como propiedad a YPFB, y que por tanto están generando una parte de los ingresos que se quedan en propiedad del Estado por concepto de hidrocarburos. Pero además, ésas inversiones y máquinas ya están en proceso y terminarán pasando a manos de YPFB, el año 2012, y desde ese momento, su uso productivo ya no tendrá que descontar ningún "costo recuperable" a favor de la empresa que presta servicios, incrementándose por tanto el monto de ingresos para YPFB y los bolivianos en esos campos de gas donde se utilizan esas maquinarias. Es el caso del Megacampo San Alberto, estamos hablando de los pozos SAL X9, X10, X11,X12, SAL 13, SAL 14, las plantas de tratamiento de gas, las líneas de recolección de los pozos, etc. Y en el Campo San Antonio, tenemos los pozos SBLX1, X2, X3, X4, las plantas de tratamiento de gas, las líneas de recolección y exportación |24|, que entrarán a la misma condición legal de propiedad de YPFB.
Haciendo gala de una incompetencia intelectual en el ámbito hidrocarburífero, los "resentidos" se lanzan a sostener una cuarta mentira más. Afirman, con cándido desparpajo, que la nacionalización de los hidrocarburos apenas habría generado USD 888 millones para el Estado, el año 2010. Que este uso tan desaprensivo de la información y de la verdad lo haga la gente de Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa o Sánchez Berzaín, es comprensible, porque han procedido así toda su vida, pero que las mismas prácticas de falsedad y tergiversación las usen personas que "dicen" abrazar las causas populares, es aborrecible.
Según ellos, si bien el Estado habría recibido USD 1.528 millones por concepto de hidrocarburos, ha tenido que pagar USD 614 millones por los costos recuperables a las empresas extranjeras, y por tanto al final el Estado sólo habría obtenido USD 880 millones. Esa mentira tiene tres falsedades escalonadas.
La primera, que el año 2010 el Estado no recibió USD 880 millones por concepto de hidrocarburos, sino USD 2.235 millones |25|, monto que incluye IDH, regalías, participación de YPFB, impuestos al upstream y patentes.
CUADRO 6
RELACIÓN DE APORTES DE LA ACTIVIDAD
HIDROCARBURÍFERA AL ESTADO
(en millones de dólares)
Sin considerar los impuestos al upstream, el resultado de la nacionalización se muestra en el siguiente gráfico:
GRÁFICO 8
RESULTADOS DE LA NACIONALIZACIÓN
DEL 1 DE MAYO DE 2006
(2001-2010)
(en millones de dólares)
Segunda falsedad: los costos recuperables, que en realidad ascienden no a USD 640 millones, sino a USD 566 millones, ya fueron deducidos y no afectan a los ingresos del Estado. De hecho, gracias a la nacionalización, de la totalidad de los ingresos que recibe YPFB por la propiedad de los hidrocarburos, primero se separan las regalías, el IDH y la participación de YPFB, y posteriormente recién se ven los costos recuperables de las empresas.
Y entonces, ¿bajo qué criterios se dice que el Estado recibió el año 2010, USD 888 millones? De manera penosamente infantil, a los ingresos por IDH y regalías que recibe el Estado, intocables por ley, se les restan los costos recuperables. ¿De dónde se inventan semejante procedimiento? Quizá podrían hacer alguna consultoría para las petroleras extranjeras proponiéndoles esto como método de desnacionalización de los hidrocarburos, pero no pueden afirmar de cara al pueblo semejantes engaños.
Descontar del IDH y las regalías los costos recuperables es un invento, un lapsus que tal vez revela sus profundas intenciones en contra de YPFB y del pueblo boliviano, pero de ninguna manera es el método de cálculo de la distribución de la renta gasífera. Los costos recuperables son un rubro aparte del IDH, de las regalías y de la participación de YPFB, en el método verdadero de cálculo de ingresos establecido por la nacionalización, como se explicó anteriormente (Ver Gráfico 7).
Entonces, ¿por qué se miente tan maliciosamente?
¿De dónde sale esa danza de números falsos en manos de intelectuales supuestamente informados y preocupados por las finanzas de una de las empresas más importantes del Estado? ¿No será que hablan de estas cifras porque quieren aparecer como portavoces oficiosos de las empresas transnacionales a las que se les ha nacionalizado?
En todo caso, lo cierto es que la crítica seria a un proyecto político no se lo hace con mentiras, porque lo único que resulta de eso es una farsa política, similar y ahora claramente hermanada a la de la derecha reaccionaria del país.
QUINTA MENTIRA: NO SE TIENE LA CAPACIDAD DE INVERTIR EL CRÉDITO DEL BCB.
Finalmente, ya sin argumentos valederos en contra de YPFB, los "resentidos" (mentirosos), afirman en relación al crédito de USD 1.000 millones otorgados por Banco Central de Bolivia (BCB) a YPFB, que no se habría tenido la "capacidad de invertirlos ni siquiera en una pequeña proporción". Para variar, un nuevo ataque fallido.
El crédito del Banco Central por USD 1.000 millones, firmado en septiembre de 2009, fue modificado a USD 700 millones para YPFB y USD 300 millones para la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).
Del crédito a YPFB, el primer desembolso se efec-tivizó el 7 de octubre del 2010, con un periodo de ejecución plena de 9 meses hasta la fecha, en los que se ha recibido el monto de Bs. 578,19 millones (alrededor de USD 82.8 millones). Su utilización está permitiendo implementar importantes proyectos en la cadena hidrocarburífera, entre los que destacan los siguientes:
a. En el área de transporte. Financiamiento de la construcción del gasoducto de integración Juana Azurduy (GIJA), de 13 kilómetros de extensión, que permitirá a Bolivia incrementar los volúmenes de exportación de gas natural a la Argentina hasta alcanzar los 27,7 millones de metros cúbicos por día. El gasoducto fue inaugurado el 30 de junio 2011, con un costo aproximado de USD 30 millones.
b. Expansión del Gasoducto Villamontes - Tarija (GVT) cuyo propósito es incrementar la capacidad actual de transporte del gasoducto de 13,8 a 64,0 millones de pies cúbicos por día destinados a atender la demanda creciente de Gas Natural del mercado de Tarija. Los estudios de ingeniería se concluyeron y la fase de construcción comenzará en esta gestión. El costo del proyecto asciende a USD 17 millones de los cuales USD 10 millones provienen del crédito del BCB.
c. Expansión del Sistema Líquidos Sur asociado al GIJA en la Fase I, con una inversión total de USD 74 millones, de los cuales 49 millones serán financiados con el crédito del BCB.
d. Las Plantas de Separación de Líquidos de Río Grande y del Gran Chaco, dos proyectos de vital importancia para nuestro país.
La ejecución financiera del crédito del BCB a YPFB tiene el siguiente cronograma:
Gestión 2010 = USD 37 millones
Gestión 2011 = USD 280 millones
Gestión 2012 = USD 383 millones
Total = USD 700 millonesA pesar de toda esta evidencia, los "resentidos" insisten en calificar a la nueva YPFB nacionalizada como: "empresa débil", "marginal", "residual", sin "estrategia empresarial", y con "incapacidad de gestión".
Se trata de los mismos adjetivos racistas con los que la pequeña burguesía restauradora (MSM) viene criticando la gestión gubernamental de los campesinos y de los indígenas en el Gobierno. A diferencia de los racismos anteriores con los que los colonizadores calificaban a los indígenas de personas "sin alma" y los trataban como personas con "minoría de edad", en el racismo refinado de hoy, la capacidad meritocrática viene a edulcorar la inferiorización de los indígenas campesinos y sectores populares en el Gobierno.
Los racistas de hoy les piden a los indios "eficiencia", "méritos", "capacidad de gestión", "estrategias" cuando ni ellos ni sus parientes jamás las tuvieron durante los 180 años de República Propietaria.
Curiosa similitud entre los críticos y la derecha restauradora. Curioso concubinato entre la lógica del proceder restaurador y la lógica del proceder de los resentidos. Veamos:
Años atrás el Presidente Evo obtuvo el 54% de los votos -lo que ningún mandatario logró en toda la última etapa democrática del país-, pero como era indígena, había que pedirle revocatorio siendo que gobernaba con el doble de votación que cualquier otro Presidente anterior.
Lo mismo con el tema de las mayorías. Durante 20 años, los neoliberales gobernaron con mayoría simple, y a eso le llamaron "democracia". Cuando hacían alianzas prebendales alcanzaban la mayoría absoluta y esa era entonces la consumación suprema de la "democracia". El MAS, partido de indígenas, vecinos y trabajadores, el año 2005 obtuvo por sí solo mayoría absoluta (54%) y en la Constituyente el 52%, pero cuando reivindicó su derecho democrático a gobernar en base a la regla de la mayoría, la derecha sacó el "az" de la manga diciendo que la mayoría absoluta no era una verdadera "mayoría", y que para gobernar había que tener "dos tercios".
Resulta así que la "mayoría" tiene color de piel, identidad cultural y condición de clase. Según esta lectura racializada, si es para oligarcas y logieros, la "mayoría" simple cuenta para gobernar, pero si es para indios, la "mayoría" que cuenta es la de los "dos tercios".
En la misma lógica se mueven los críticos del Documento. Le reclaman a la actual YPFB "mayor eficiencia", "capacidad", "alta gestión gerencial", cosas que no tuvo en los últimos 30 años, ni cuando varios de los propios firmantes tuvieron cargos de decisión en la empresa en años recientes. Claro, ahora que ellos no están en YPFB, es fácil exigir y reclamar que la empresa sea en 5 años infinitamente mejor que lo que fue en 30. No es casual que los neoliberales de 1996 hayan criticado a YPFB con los mismos argumentos de "ineficiencia", para luego privatizarla a favor de los extranjeros.
No cabe duda que hay un dejo de oportunismo en este tipo de exigencias.
A pesar de todo, YPFB avanza y seguirá dando saltos cualitativos en su consolidación como empresa madre de la nacionalización.
¿Se puede decir que es "marginal" cuando es responsable del 50% del gas producido en el país?
¿Se puede decir que es "residual" cuando está a cargo de más de 29 campos de gas y 13 de petróleo?
¿Se puede decir que es "ineficiente" cuando sus empresas subsidiarias tienen una rentabilidad promedio del 9% anual?
¿Se puede decir que no tiene "capacidad de gestión" cuando le ha entregado al país USD 9.478 millones en 5 años, que es más de lo que la anterior YPFB le entregó a Bolivia desde su nacionalización en 1969 hasta su destrucción en 1996?
YPFB está avanzando, creciendo y madurando. Aún le falta muchísimo: tiene que ampliar su capacidad de exploración y explotación en áreas estratégicas del país, capacitar todavía más a su personal para que tenga a los mejores profesionales del país y del continente, descubrir más petróleo, acelerar los procedimientos, colaborar con la industrialización pues YPFB cuenta con la planta técnica más calificada del Estado. En fin, le falta cumplir numerosas tareas, y la crítica que viene a mostrar esas falencias, y a colaborar a la empresa de todos los bolivianos a superarlas, es sana.
Pero no se le ayuda a YPFB desconociendo la nacionalización, engañando acerca de sus acciones, ni descalificándola lapidariamente con mentiras, tal como lo hacen los "resentidos". Ese es el camino de la restauración privatizadora.
III. Economía y salto industrioso
LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU USO
No satisfechos con su ataque de falacias a YPFB, los firmantes del Documento cargan su artillería para lanzarla en contra del manejo financiero de la economía del Gobierno de los Movimientos Sociales, en primer lugar en contra de la administración de las RIN.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) que son el ahorro del país, han tenido un crecimiento extraordinario durante el Gobierno del Presidente Evo, aumentando de USD 1.714 millones a fines del 2005 a USD 11.043 millones al 14 de julio del 2011 |26|, incrementándose en USD 9.329 millones en el lapso de cinco años y medio, el alza más importante en la historia boliviana. En 180 años de vida republicana apenas se pudo ahorrar USD 1.714 millones, mientras que en cinco años se ahorró 5 veces más que en dos siglos.
GRÁFICO 9
BOLIVIA: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
2001 - MAYO 2011
(en millones de USD)
En términos proporcionales, las RIN representaban el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) el 2005, y aumentaron hasta el 46% del PIB estimado el 2011, un incremento sin precedentes que deja a Bolivia como uno de los países con una relación RIN / PIB más elevados. Además, este nivel implica menores costos de financiamiento y una mejor calificación de riesgo soberano para facilitar el acceso a empresas públicas y privadas a fuentes externas de crédito, y adicionalmente contribuye a fortalecer la estabilidad financiera.
GRÁFICO 10
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: RESERVAS
INTERNACIONALES EN PORCENTAJE DEL PIB
2005 y 2010
(En porcentaje)
Para entender por qué se alcanzó ese nivel de reservas, debemos considerar los siguientes elementos:
- En primer lugar, el aumento de los depósitos del Sector Público No Financiero (SPNF) en USD 4.129 millones, los cuales están compuestos por los depósitos del Tesoro General del Estado (TGE), las gobernaciones, las municipalidades y las empresas públicas. En términos netos, el incremento fue de USD 3.575 millones entre diciembre de 2005 y mayo del presente año, que corresponde a la diferencia entre el incremento de los pasivos (USD 4.129 millones) menos el de los activos (USD 554 millones).
GRÁFICO 11
DEPÓSITOS DEL SPNF
(EN PORCENTAJE DEL PIB)
- El Sector Financiero (SF) contribuyó a su aumento con USD 2.084 millones por depósitos de las entidades financieras en el Banco Central de Bolivia (BCB), que están constituidos por el encaje legal, las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y depósitos voluntarios de las entidades. El incremento de las OMA y del encaje legal estuvo orientado a regular la liquidez y contener los incrementos de la inflación.
CUADRO 13
DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB
(EN MILLONES DE DÓLARES)
- El aumento de la emisión monetaria, que alcanza a USD 2.675 millones y corresponde al crecimiento de la economía boliviana y a la mayor bolivianización (proceso por el cual la gente cambió su tenencia de moneda extranjera a moneda local).
Resulta así que en cinco años de Gobierno de indígenas supuestamente "ineficientes" e "incapaces", el ahorro colectivo se multiplicó por 5. Pero esto no cuenta para los "resentidos", porque su punto de partida es que todo lo que hace el Gobierno está mal por definición, incluso antes de que se lo haga, y entonces ese logro histórico de la economía del país para ellos es insignificante o sencillamente no existe.
Cabe recalcar que ninguno de estos críticos iluminados jamás propuso nada (absolutamente nada) en estos 5 años para ayudar a alcanzar tal cantidad de Reservas Internacionales, pero ahora que los recursos están ahí para sostener el despegue económico del país, y que el Gobierno ha tenido la lucidez de adoptar medidas patrióticas para lograr ese incremento, ahora sí aparecen con el clásico y veleidoso oportunismo de cierta pequeña-burguesía errática, para dar lecciones de economía respecto a su uso.
"Está mal, todo está mal" gritan en su Documento, haciéndole coro a la oposición conservadora.
Por las características materiales de las RIN, se trata de recursos de respaldo, en cuyo manejo se deben cumplir obligatoriamente tres criterios: 1) Liquidez inmediata 2) Seguridad 3) Rentabilidad. Analicemos cada uno de ellos.
1. Liquidez inmediata, porque son el respaldo ante dos tipos de eventualidades, primero la de compras mayores de instituciones del Estado (SPNF) ya presupuestadas, y segundo, la eventualidad de un retiro masivo de depósitos del Sector Financiero, ya sea por pagos en el exterior, compras o "corridas bancarias" de carácter político. Una de las funciones indispensables de las RIN es que sirven para financiar desequilibrios en la balanza de pagos, por lo que deben ser recursos "de aceptación en transacciones internacionales" disponibles de forma inmediata. (Esta característica está definida en manuales internacionales y en la Ley).
Durante nuestra Gestión de Gobierno hubieron al menos 5 grandes corridas bancarias promovidas con la intención de resquebrajar la solidez financiera de la economía del país, afectar al Gobierno y promover el pánico entre la población. La última de esas provocaciones políticas la hizo Doria Medina en diciembre pasado, logrando que casi USD 321 millones salieran de la banca en 3 días |27|. Si no hubiéramos garantizado la rápida liquidez de estos recursos millonarios solicitados por la demanda ciudadana, se hubiera producido una escalada de pánico financiero con múltiples efectos catastróficos en otras áreas de la economía.
Si no se hubiera tomado la previsión de tener las RIN donde se las tiene, en mercados de liquidez inmediata aunque con baja rentabilidad, seguramente éste y anteriores sabotajes económicos lanzados por cierta derecha empresarial en contra del Presidente Evo, habrían logrado su propósito de desestabilizar al Gobierno y poner en riesgo los cambios estructurales que se llevan adelante.
2. Seguridad. Las RIN son los recursos de todas y todos los bolivianos, son nuestro patrimonio colectivo, y el Gobierno no puede actuar irresponsablemente guardándolos donde sea e invirtiéndolos en lo que sea. Por ejemplo, no se las puede invertir en salarios, como solicitó la COB, pues ello disolvería, evaporaría ese ahorro colectivo en gastos de consumo básico, que son necesarios pero improductivos, en el sentido de que no generan valor de manera inmediata para el Banco Central. Y entonces cuando se habría necesitado devolver ese dinero a sus propietarios, el momento que lo requirieran, no se habría podido hacerlo. Tampoco las RIN se pueden utilizar en actividades de infraestructura cuya devolución de pago sea a largo plazo, por ejemplo 30 a 40 años, o que sencillamente no garanticen un retorno rápido de la inversión (como una carretera), porque como se dijo anteriormente, son recursos que tienen que asegurar una liquidez inmediata. Por eso las RIN deben ser invertidas en mercados seguros (ultra seguros) y con preferencia proyectos estrictamente productivos (por supuesto, seleccionados muy cuidadosamente).
3. La rentabilidad. Esos ahorros colectivos no pueden dormir en una caja fuerte, deben generar un ingreso para el país, pero siempre teniendo en cuenta la absoluta y redoblada seguridad de su devolución y la rapidez de su liquidez. Lamentablemente en economía existe un trade off entre rentabilidad, seguridad y liquidez, es decir son polos opuestos (a mayor rentabilidad, menor seguridad y liquidez, y viceversa).
Tomando en cuenta todos esos criterios, la inversión de las Reservas Internacionales en el exterior generó rendimientos acumulados entre el 2006 y el 15 de junio de 2011 de USD 651 millones |28|. Parte de esos recursos sirvieron para el funcionamiento de la política monetaria del BCB, la adquisición de material monetario, el financiamiento del Bono Juana Azurduy y la transferencia de utilidades al TGE para el pago de deuda pública.
Estos rendimientos fueron obtenidos pese a las históricas bajas tasas de inversión de las Reservas Internacionales, debido a la coyuntura de la economía mundial en el segmento de los mercados más seguros, más líquidos y de corto plazo.
¿Es posible lograr mayores rendimientos? Siempre lo es, pero no se debe olvidar que si se quiere elevada rentabilidad, se debe arriesgar, lo que implica grandes probabilidades de perder el dinero, cosa que sería imperdonable e inaceptable tratándose de los recursos que son ahorro y patrimonio nacional. De la misma manera, si se quiere ante todo seguridad, se la conseguirá a costa de que la rentabilidad disminuya enormemente. En todo caso, es preferible bajar un poco la rentabilidad de las RIN a estar jugando con su seguridad como "mono con gillette", como proponen los "resentidos".
En el Documento se afirma también que el BCB habría depositado "parte importante" de las Reservas Internacionales en Portugal y USD 734 millones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, "financiando al tesoro del imperio" |29|.
Está claro que en economía, los "resentidos" no le atinan a ninguna. Su intento de causar alarma "denunciando" que el Banco Central tiene depósitos en Portugal, un país con una profunda crisis económica, se derrumba, como todas sus demás mentiras porque primero, el BCB a la fecha, junio del 2011, no tiene depósitos en Portugal |30|, y segundo, en Bonos del Tesoro norteamericano no se tienen USD 734 millones, sino solamente USD 121 millones, lo que representa el 2% de las RIN |31|. A ese 2% lo califican estos alarmistas de feria como una "parte importante de las reservas".
Nuevamente mienten, y mienten con afán enfermizo, gritando "financiadores del imperio"!!!
Existen muchas formas de llamar la atención política, pero ese modo folclórico y falaz es patético. Imagínense, USD 121 millones "financiando al imperio", que probablemente gasta un monto similar para asegurar a las mascotas de su población. Entrado en este tipo de primitivas implicaciones "imperiales", es más probable que la Coca Cola que prolíficamente consumen algunos de los firmantes tenga un mayor efecto financiador sobre los intereses imperiales que esos depósitos temporales del BCB.
A renglón seguido, los resentidos también señalan que el Gobierno habría comprado el 2010 "bonos del Banco Vizcaya-Argentaria de España por un valor de 1.290 millones de dólares... con una tasa de interés del 0,25%, mientras que los créditos con-cesionales que recibe el país del Banco Mundial tienen tasas de interés del 0,50%, de 2,5% los otorgados por la Corporación Andina de Fomento, y de 2% los créditos solidarios de Venezuela" |32|.
Por supuesto que el BCB tiene que invertir esas RIN en instituciones, pero que le garanticen seguridad, liquidez y rentabilidad. Y por eso, parte de ellas son realizadas en instrumentos financieros de países desarrollados con las más altas calificaciones de riesgo crediticio y con mercados profundos. La importancia de tener presente estos criterios se reflejó en el periodo de la crisis financiera internacional, en el que muchas inversiones de las RIN de otros países (que fueron realizadas con menores exigencias) se perdieron, mientras que Bolivia no registró ninguna pérdida de capital. Esto evidencia las buenas decisiones tomadas por el BCB para proteger los recursos de todos los bolivianos.
En el caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) donde el BCB ha realizado inversiones, se trata de un Banco que cuenta con una de las calificaciones de riesgo crediticio de largo plazo más altas a nivel internacional (AA-), y la más alta calificación de corto plazo (F-1+). Actualmente las inversiones del Banco Central de Bolivia (BCB) en el BBVA alcanzan a USD 421 millones, y no a USD 1.290 millones -como mienten nuevamente los críticos-, con una tasa promedio de colocación de 0,71% y un vencimiento máximo de 6 meses. Es decir, cumple los requisitos de liquidez rápida, seguridad y rentabilidad |33|.
En cuanto a la comparación de las tasas de interés entre las inversiones de las RIN en el extranjero (0,7%), frente a las que pagamos al BM, CAF o a Venezuela, si tuvieran un poco de seriedad los firmantes sabrían que no es posible comparar las tasas de interés de los depósitos del RIN con las tasas de interés de los organismos comerciales de crédito porque las primeras son obligatoriamente bajas por la extrema seguridad que requiere su depósito y por la liquidez casi inmediata con la que tienen que estar disponibles esos recursos. No es posible depositar las RIN a 30 años, por ejemplo, pues eso impediría contar con dinero líquido ante una eventualidad de demanda masiva de depósitos bancarios del público, como la hemos tenido en reiteradas ocasiones en estos años.
En cambio, el endeudamiento externo de un país se mueve bajo otros parámetros: plazos largos y riesgos altos o moderados, según la calificación que tenga el país en los mercados internacionales. Los créditos que recibe el Estado boliviano, en promedio, son a 23 años plazo, con 6 años de gracia y una tasa de interés del 2,2% |34|.
Teniendo en cuenta estos criterios de confiabili-dad, seguridad y liquidez, el Gobierno del Presidente Evo ha planteado hace dos años atrás que los latinoamericanos invirtamos parte de nuestra reservas en un banco propio, en el Banco del Sur, a fin de que la unidad de nuestras economías en crecimiento sea la fortaleza de una autodeterminación financiera regional. Lamentablemente la creación de este banco latinoamericano no avanza a la velocidad que uno deseara, pero nuestra decisión de crear una estructura continental que preserve y defienda nuestras necesidades frente a poderes externos, sigue en marcha.
Ahora bien, teniendo el mayor cuidado posible, ¿se puede utilizar una parte de las RIN para financiar proyectos productivos en nuestro propio país? Por supuesto, y lo estamos haciendo sin poner en riesgo la seguridad de los depósitos y la liquidez del sistema financiero. Incluso una parte de los intereses de esas RIN están siendo utilizados en beneficio directo de la población vulnerable de nuestro país, mujeres embarazadas y niños menores de un año, protegidos por el Bono Juana Azurduy.
Pero... asoman las orejas de los "resentidos", y vuelven con una parafernalia discursiva propia de las causas más sólidas, y gritan que ésas inversiones de las RIN en Bolivia son "insignificantes y absolutamente insuficientes" |35|.
¿Son USD 5.800 millones de las RIN "insignificantes" e "insuficientes"? ¿No es acaso una tontería hacer una afirmación de ese tipo?
Debatamos seriamente al respecto. Es necesario que quede claro que sí se están utilizando las RIN internamente en beneficio del país, y sin jugar como "mono con gillette", irresponsable y alocadamente con esos recursos de todos los bolivianos, tal como nos exigen los "resentidos".
Las últimas tres Leyes del Presupuesto General del Estado (años 2009, 2010, 2011) establecen que el BCB destinará parte de las RIN a sectores estratégicos de la economía. En efecto, estas leyes determinan que aproximadamente Bs 40.055 millones (equivalente a USD 5.822 millones) se destinen a sectores estratégicos (Cuadro 7). El BCB ya aprobó parte de estos créditos y los desembolsos están siendo ejecutados gradualmente; sin embargo, cabe aclarar que independientemente de la moneda en que se otorguen estos créditos, en primera instancia no afectarán a las RIN, ya que junto con el activo (crédito) se genera un pasivo en moneda nacional por el abono en la cuenta correspondiente (depósito). El efecto de estos créditos en las RIN sólo se dará en la medida que los recursos se destinen a compras o adquisiciones en el extranjero.
CUADRO 7
RECURSOS COMPROMETIDOS POR EL
BCB AL SECTOR PÚBLICO (1)
(EN MILLONES DE BOLIVIANOS)
Actualmente no existe una actitud reacia en el BCB para evitar el uso de las RIN y mantenerlas invertidas en el extranjero, sino que por el contrario, se está priorizando el crédito productivo, en especial hacia YPFB, ENDE, COMIBOL y a la Empresa Azucarera San Buenaventura. Es un esfuerzo importante (25% del PIB), el más significativo de las últimas décadas, que marca un hito en el uso de los activos del BCB. ¿Es posible mejorar la presencia y uso de las RIN para promover el desarrollo del país? Por supuesto. El Presidente Evo ha propuesto la creación de un Fondo de Desarrollo Productivo y Social con parte de las Reservas Internacionales, con cargo a un crédito del BCB o con cargo a sus reservas patrimoniales. Cabe aclarar que la creación de este fondo podría implicar que parte de las RIN sean contabilizadas fuera del balance del BCB. Sin embargo, el total de RIN del país no cambiaría -como ya se señaló- y sólo se reduciría en la medida en que estos recursos sean destinados a pagos al exterior. En este sentido, cualquier ciudadano, y con más razón un economista por más "resentido" que sea, sabe que la inversión de las RIN en el extranjero no es contraria a la inversión de estos recursos al interior del país.
No conformes con tanta desinformación y tanta mentira a la población, esta vez los críticos lanzan una joyita enternecedora: "denuncian" la existencia de un terrible "déficit fiscal" como una muestra de la "política rentista, de crecimiento burocrático y de grandes concesiones a las transnacionales" |36|. ¿No es una belleza?
GRÁFICO 13
RESULTADO FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
1950-2010
(en porcentaje del PIB)
Ni los caraduras de la derecha golpista se atrevieron a levantar esta acusación porque serán derechosos, falsos, ignorantes, pero al menos se respetan a sí mismos y saben que en ese tema no se puede levantar el dedo acusador porque los datos son brutalmente contundentes: entre el 2006 y el 2010 no ha habido déficit fiscal!!! Cosa que no había sucedido en los últimos 60 años.
Una dosis moderada de honestidad intelectual de los "resentidos" les hubiera conducido a reconocer que hay superávit, y hubiese sido aceptable que luego de ello explicaran tal "suerte" con cualquier argumento secundario, tal vez el de "gracias a los mercados mundiales", a la "inoperancia de gestión", a la "bondad de la virgencita de Copacabana", o a lo que sus creencias consideraran lo mejor. Es nuestra tarea sostener contundentemente que tenemos superávit fiscal con la misma certidumbre objetiva que decimos que la tierra gira alrededor del sol. Pero aún así, es probable que debido a su excesiva rabia y resentimiento, los firmantes prefieran excomulgar o quemar a Copérnico antes que aceptar que la tierra gira alrededor del sol, o en este caso, que en nuestro Gobierno no hay déficit fiscal.
Pero bueno, allá ellos. Al menos sabemos cómo es la mentalidad de quienes prefieren quemar la verdad en el altar de sus prejuicios y resentimientos.
LA DEUDA: EL ATAQUE OLIGÁRQUICO
Exhibiendo su extraordinaria fe por la mentira y la tergiversación vergonzosa de los datos, los "resentidos" se enfangan en un nuevo papelón: fotocopiar el libreto de la derecha política, atacando el tratamiento de la deuda, externa e interna.
Conviene recordar acá que en el terreno de la deuda externa, el Presidente Evo hizo lo que ninguno de los gobiernos "vendepatrias" pudieron hacer en los años anteriores: reducirla. De USD 4.947 millones que Bolivia debía el año 2005, el año 2008 este monto se redujo a USD 2.506 millones. El 2005, cada boliviano al nacer debía al extranjero USD 539, ahora (a mayo de 2011) cada boliviano debe USD 309.
GRÁFICO 14
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA TOTAL PER CÁPITA
(EN DÓLARES POR HABITANTE)
Aún tomando en cuenta que las inversiones públicas del Estado en beneficio del pueblo se multiplicaron en sólo 5 años por 4,5 veces (de USD 600 millones el 2005 a USD 3.200 millones el 2011), la deuda externa se ha reducido de manera impresionante. Con el fin de esconder este enorme logro del Gobierno, la derecha intenta devaluar estos resultados, sumando la deuda externa y la deuda interna como si se trataran de una misma cosa, para así tener cifras con las que especular un rato y asustar a la población al hablar, en coro junto a los "resentidos", de un "gigantesco endeudamiento".
¿Es la reducción de la deuda externa de USD 4.947 millones a USD 2.506 millones un "gigantesco endeudamiento"? ¿No es más bien un "gigantesco des-endeudamiento"? Los críticos nunca lo admitirán porque todo está al revés en sus cabezas. En fin, dejemos pasar ese desliz.
Pero ellos insisten: se está contratando "nueva deuda", gritan mirando con ojos desorbitados a la luna. Ciertamente, a junio del 2011, la deuda externa aumentó a USD 3.159 millones, pero su incremento está destinado fundamentalmente a la construcción de carreteras que son necesarias para vertebrar y cohesionar nuestro país, y en este monto también están incluidos los créditos contraídos por los municipios grandes.
Así, desde el 2006, se han contratado créditos para las siguientes carreteras: Huachacalla-Pisiga, USD 25 millones; Riberalta- Guayaramerin, USD 42 millones; Potosí-Uyuni, USD 75 millones; carretera "Y" de integración que une Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, USD 70 millones; carretera de integración del Sur, Fase II y III, USD 120 millones y USD 20 millones respectivamente; doble vía La Paz-Oruro, USD 250 millones; Tarabuco-Zudañez-Padilla, Monteagudo-Ipati, USD 75 millones; Puente Banegas, USD 41 millones; etc., etc.
En el caso de los municipios, la deuda contraída incluye: USD 66 millones del Municipio de La Paz (puentes trillizos, drenaje pluvial, mejoramiento de barrios, infraestructura urbana), USD 12 millones del Municipio de Santa Cruz (mercado mayorista) |37|, etc.
Sin embargo, la ceguera mental de algunos de los firmantes del Documento es tal, que como magos de feria de pueblo, sacan del cajón no una honrosa víbora para entretener al público, sino una mágica cifra para escandalizarlo: el año 2011 se han contraído "1.500 millones de dólares de endeudamiento neto nuevo" |38|.
Vuelven a mentir. El endeudamiento neto (desembolsos menos servicio de deuda) es de USD 100 millones, a junio del 2011 |39|. ¿De qué sombrero de mago sacan los USD 1.500 millones? ¿Por qué se miente tan descomunalmente? ¿Por qué tanto desprecio por la crítica seria y fundamentada? En verdad desconcierta este "chairo" de mentiras, errores e imposturas.
Y de yapa, ponen un ingrediente de contrabando que no viene al caso, pero que ayuda a condimentar su retórica hueca: "El Gobierno pretende obtener nuevos ingresos a costa de los humildes" |40| gritan exaltados. A caray! ¿Y cuáles son los "recursos" que los "malvados" del Gobierno pretenden quitar a los humildes?, pregunto yo.
"Los recursos de los seguros de los trabajadores" responden los críticos. A caray!!! ¿Qué petroquímica, qué carretera, qué empresa quieren "estos" del Gobierno construir con los recursos de los seguros? Silencio...
Sólo la más denigrante complicidad con una dirigencia sindical de algunos de los Seguros de Salud, corrupta, ahogada en nepotismo y opuesta a la universalidad del seguro de salud, es lo que esconde el párrafo citado.
Como se sabe, las Cajas de Salud existentes, abarcan únicamente a cerca del 25% de los trabajadores, esto es 1.349.707 |41|asalariados, de un total 5.276.660 trabajadores existentes. Esto incluye las Cajas de Salud, los seguros privados, otros seguros públicos, el SUMI, y el Seguro para el Adulto Mayor. Hoy ni campesinos, ni comerciantes, ni artesanos, ni pequeños productores, ni jóvenes trabajadores eventuales, ni transportistas, es decir, el 75% de los trabajadores (la inmensa mayoría de las clases trabajadoras) cuentan con un Seguro de Salud. La mayoría de la clase trabajadora boliviana se encuentra al margen del Seguro de Salud.
Por eso es que el Gobierno, desde el año 2007 ha buscado implementar un Seguro Universal de Salud con los aportes nuevos de alcaldías, gobernaciones y Gobierno nacional. Lamentablemente hasta el año 2009, el Senado, en manos de la derecha opositora, se opuso tenazmente a la aprobación de la Ley del Seguro Universal de Salud.
Y ahora que el pueblo le ha otorgado al Gobierno Revolucionario la mayoría en el Senado, ya no es la derecha reaccionaria la que se opone, sino la dirección sindical de algunas Cajas de Salud, que no quieren perder el control de su botín personal!!! No cabe duda que ese rechazo es una acción igualmente reaccionaria de derecha, alcanzada por la vía de la defensa de la corrupción personal. Triste papel de estos afiliados a la COB opuestos al bienestar y derecho universal a la salud de todos los trabajadores. Se trata además de una dirección sindical enjuiciada por decenas de casos de robo de recursos públicos, de malversación de fondos, de sobreprecios en las compras y que a la par de estas sus decisiones "autónomas", se han dedicado a lotear cargos públicos entre familiares cercanos, hermanos, esposas, cuñados, compadres y amigos |42|.
Corrupción y corporativismo ultra-conservador son las "valientes" y "honrosas" causas de las que se quieren valer los "resentidos" para pelearse con el Gobierno. Y uno no puede menos que preguntarse: ¿y entonces con qué moral se llenan la boca con palabras en defensa de los intereses generales del pueblo si su "horizonte estratégico" no rebasa el egoísmo corporativo y el encubrimiento de acciones mañosas, como en este caso?
En fin, volviendo al tema del endeudamiento, el Estado se endeuda no solamente porque lo necesita, sino porque además lo puede hacer. Como se ve en el Gráfico 15, el país tiene ahora y después de décadas y décadas de desastres, una economía saneada que le permite acceder a créditos que apuntalen su desarrollo productivo.
GRÁFICO 15
INDICADOR DE SOLVENCIA DE LA DEUDA PÚBLICA
EXTERNA: VALOR PRESENTE DEUDA / PIB
(EN PORCENTAJES)
GRÁFICO 16
INDICADOR DE LIQUIDEZ DE LA DEUDA
PÚBLICA EXTERNA: SERVICIO DEUDA PÚBLICA
EXTERNA / EXPORTACIONES DE BYS
(EN PORCENTAJES)
Asimismo, la deuda pública externa de nuestro país es baja en comparación con otros países de la región y con criterios de convergencia de la CAN, MERCOSUR y Maastricht (Gráfico 17).
Los umbrales Maastricht, CAN y Mercosur corresponden a ratios de solvencia para deuda pública total (externa e interna). Los datos corresponden a proyecciones 2011 y para Bolivia a marzo-2011.
GRÁFICO 17
INDICADORES DE SOLVENCIA DE DEUDA
EXTERNA PARA PAíSES DE AMÉRICA LATINA
(DEUDA EXTERNA / PIB)
Algunos se preguntarán, ¿por qué va a ser necesario endeudarse? Porque si bien se están haciendo grandes inversiones en distintas áreas de infraestructura, hidrocarburos, minería, electricidad, agricultura, se necesitan muchas más para implementar los grandes, pequeños y medianos proyectos productivos que superen el modelo extractivista al que ha estado condenado el país durante los últimos 500 años.
Paradójicamente los "resentidos" critican la escasa "inversión pública", critican que no se "diversifique la economía del país", exigen que se fortalezcan las empresas estratégicas, demandan que se construya el "sector social y comunitario de la economía", que se disminuya la "dependencia tecnológica" |43|. ¿Y creen estos señores que basta enunciar los deseos para que el Padre Todopoderoso haga caer del cielo empresas, campos cultivados y máquinas?
Es sabido que el lenguaje es una actividad per-formativa, esto es, que en algunas circunstancias puede crear lo que enuncia. Y si bien la Biblia dice que "primero fue el Verbo", ese "don" tiene sus límites. El poder de la palabra, a la que se abrazan con entusiasmo infantil nuestros críticos, puede crear estructuras mentales, creencias, adhesiones colectivas, pero entiéndanlo bien, no puede crear máquinas, ni alimentos, ni carreteras, ni hospitales. Para eso se necesita trabajo y dinero para comprar maquinarias. Tenemos capacidad de trabajo, de manera suficiente, pero falta dinero.
En vez de gastar días enteros en inventar nuevas mentiras, ¿se habrán puesto a pensar cuánto cuesta una hidroeléctrica capaz de garantizar el abastecimiento de electricidad al país para los siguientes 10 años? Al menos USD 2.000 millones, teniendo en cuenta que el crecimiento del consumo anual de energía es de 100-120 KW.
¿Sabrán cuánto dinero se requiere para incrementar en 100.000 o 500.000 hectáreas el área de cultivo de alimentos para avanzar en la seguridad con soberanía alimentaria? De USD 200 a 800 millones, dependiendo las zonas escogidas.
¿Sabrán cuánto cuesta una petroquímica para avanzar los primeros peldaños en la superación de una economía primario exportadora? Más de USD 1.000 millones de dólares, y una hidrometalúrgica para tratar los minerales complejos, 500 millones... En fin, salir de la "dependencia tecnológica", dejar de ser una "economía primario exportadora", garantizar la "seguridad alimentaria", no se hace con buenas intenciones, requiere millones de dólares de inversiones en distintas áreas de la economía del país.
Como Gobierno, el año 2009 hemos propuesto al país una ruta de trabajo, de inversión, que ha sido aprobada con el 64% de los votos de los bolivianos. Esa ruta implica varios sectores estratégicos con distintos proyectos productivos específicos:
La inversión para estos y otros proyectos estratégicos imprescindibles para salir del "modelo ex-tractivista" requiere años de trabajo y miles y miles de millones de dólares (al menos USD 20.000 millones en este quinquenio). Y no basta invocar el "poder de la palabra" o su elasticidad transfigurativa, ni recorrer de rodillas el calvario, para que ese dinero se materialice y se desparrame a raudales por la economía boliviana.
GRÁFICO 18
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (EFECTIVO + VALORES)
2005 - 2010(P)
(EN MILLONES DE BS)
¿Hay que mejorar las recaudaciones internas para disponer de más dinero? Se lo está haciendo. Hemos pasado de Bs. 15.874 millones el año 2005, a Bs. 30.879 el año 2010. ¿Hay que utilizar las Reservas Internacionales? Se lo está haciendo. Más de USD 5.000 millones están siendo destinados a distintos proyectos de inversión. Pero se necesitan muchos más recursos. ¿Y de dónde sacarlos?
Si hiciéramos caso a las impotentes invocaciones esotéricas de los críticos, seguiríamos aprendiendo a encender fuego en las cavernas. Si hiciéramos caso al rechazo del endeudamiento productivo, tal como nos lo proponen, seguiríamos en manos de las transnacionales por los siglos de los siglos, vendiéndoles materias primas para que ellas nos vendan productos elaborados.
Un salto industrioso requiere de endeudamiento productivo (de créditos), y de manejo transparente y bien gestionado. Esa es la materialidad de las cosas, la realidad de nuestro país, una realidad tan ajena a esas personas acostumbradas a sustituirla por la idealidad de sus palabras.
¿Es posible redireccionar esas inversiones a otros rubros más estratégicos? De acuerdo. ¿Es posible buscar otras modalidades de crédito más beneficiosas al país? De acuerdo. ¿Es posible mejorar la gestión de esas inversiones? De acuerdo. Bienvenidas las críticas, observaciones y propuestas para ello.
Lamentablemente no hay nada de eso en el Documento de los críticos.
Imposibilitados de atacar por el flanco de la deuda externa, todo el aparato mediático e "intelectual" de la derecha, comenzando por la Fundación Milenio, CE-DLA, IBCE, quiso introducir el debate del "descomunal crecimiento" de la deuda interna, y una vez más, los críticos se suman a este ataque, afirmando que esa deuda alcanza a USD 4.500 millones.
Debemos aclararles que en realidad, a abril del 2011, la deuda interna del TGE (responsabilidad del Gobierno Nacional), es de USD 4.648 millones. Y adi-cionalmente hay otro monto de deuda interna contratada por las empresas públicas estratégicas (como YPFB, ENDE, San Buenaventura, COMIBOL) con el BCB. Esa otra parte de la deuda interna alcanza a USD 1.773 millones. Sumando las dos, tenemos que la deuda interna llega, a junio del 2011, a USD 6.421 millones. Si el lector se fija en el Gráfico 18, a fines del 2005 la deuda interna alcanzaba a USD 3.097 millones, y esa es la salada "herencia" neoliberal que hemos tenido que recibir, que se originó en los continuos déficits registrados en anteriores gobiernos, la reforma a la Ley de Pensiones promulgada en 1996 (que obligó al TGN cubrir la cancelación de pensiones en curso de pago y la compensación de cotizaciones), y la deuda histórica con el Banco Central de Bolivia (BCB).
Entonces, de la actual deuda interna total, USD 3.097 millones son el "regalito griego" dejado por los neoliberales que nuestro Gobierno deberá asumir todavía durante los años venideros.
La deuda interna propiamente generada por nuestro Gobierno alcanza aproximadamente a USD 3.325 millones. Una parte de ella se generó los años 2008 y 2009 para contener la inflación desatada por causas externas y ataques políticos internos de algunos sectores empresariales. Esos años el BCB retiró liquidez mediante la colocación de títulos, aunque a partir del cuarto trimestre del 2008, la inyectó nuevamente con el objeto de proteger a la economía boliviana ante los efectos que se podrían dar por la crisis económica internacional. Esto contribuyó a que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país sea el mayor de la región (año 2009).
Desde el 2010, en el marco de la política monetaria, el BCB realizó colocaciones netas de forma gradual y moderada, retirando liquidez de la economía para controlar las presiones inflacionarias. Entre noviembre del 2010 y junio del 2011, el BCB nuevamente emitió títulos valores para retirar circulante de la economía por un monto de Bs. 4.000 millones, para contener y bajar la inflación |44|. La otra parte de la deuda interna corresponde a los recursos para el endeudamiento del Tesoro del Estado.
GRÁFICO 19
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL
AL 30/JUN/2011(P)
(EN MILLONES DE DÓLARES)
Como se puede apreciar, el monto de la deuda del Estado, que involucra tanto la deuda interna como la deuda externa, se ha incrementado entre el 2005 y el 2011. Disminuyó notablemente del 2005 al 2007, volviendo a crecer a partir del 2008, debido a la lucha contra la inflación y a operaciones del Tesoro.
Pero las cifras serían engañosas si no viéramos que en ese mismo periodo en el que el incremento de la deuda del Estado alcanza a USD 1.538 millones, el PIB de Bolivia, es decir, la cantidad de riqueza generada en el país, se duplica, pasando de USD 9.500 millones el 2005, a USD 19.781 millones el 2010. Y en términos de su relación con la deuda del Estado (interna y externa), resulta que el año 2005 ésta significaba el 84% del PIB, y ahora en cambio, a mayo del 2011, representa el 40%, es decir la mitad de lo que antes alcanzaba.
GRÁFICO 20
DEUDA PÚBLICA TOTAL (EXTERNA E INTERNA)
COMO PORCENTAJE DEL PIB
Y si las consideramos a ambas por separado, tenemos entonces que en términos reales, en su relación porcentual al PIB, no sólo la deuda externa se redujo notablemente pasando del 51% del PIB el 2005, al 13% el 2011, sino que también la deuda interna total disminuyó, ya que alcanzaba el 32,3% del PIB el año 2005, mientras que ahora, el 2011, representa únicamente el 27% del PIB, mostrando una caída de 5 puntos porcentuales.
La economía es pues hoy más grande, y si se enfocan a proyectos productivos que beneficien a todo el pueblo boliviano como lo venimos haciendo, la deuda puede crecer más sin por ello generar riesgos ni desequilibrios en la estructura de la economía nacional.
DESRACIALIZANDO LA JUSTICIA Y DESMONTANDO EL RÉGIMEN JUDICIAL NEOLIBERAL-PATRIMONIAL
Después de aplazarse rotundamente en el manejo de las cifras económicas del país y de develar su complicidad ideológica con los prejuicios de la derecha electoral, los "resentidos" se ponen a criticar las acciones del Gobierno en el ámbito del Órgano Judicial.
Hubiéramos querido leer argumentos revolucionarios que muestren las falencias del comportamiento gubernamental; oír críticas constructivas, que recogidas desde alguna organización social popular hubieran sido precisadas para exigirle al Gobierno una modificación de sus acciones. Las hubiéramos recibido con profunda humildad, con voluntad y compromiso de corregir actitudes y ensamblar de mejor manera con el sentir y las necesidades de esas organizaciones sociales. Ese tipo de actitud es lo mínimo que se espera de personas que dicen militar en el "campo popular", pero lo que se halla en el Documento es decepcionante: una transcripción desabrida de las críticas liberales y mojigatas con las que la derecha mediática inunda los canales de televisión desde hace 5 años.
Es así que amarrándose de las faldas de la derecha mediática, el grupo de amigos firmantes lanza quejumbrosamente la denuncia de que el Gobierno del MAS habría "subordinado" la administración de la justicia al nombrar a las autoridades del Poder Judicial. Que esta queja proviniera del ex Comité Cívico Cruceño, de los feligreses devotos del Señor de la Merced o de los prófugos de Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa, es comprensible. En el caso de los devotos, porque su preocupación por la fe les ha hecho perder de vista la dinámica de los asuntos políticos, y en el caso de Goni, Manfred y el Comité Cívico, porque hoy ya no están en los cargos judiciales sus amigos, parientes, compadres y logieros que anteriormente garantizaban impunidad familiar y protección judicial de acuerdo a sus caprichos. Pero que semejante prejuicio conservador lo reivindiquen personas que se denominan de izquierda, progresistas, post-progresistas o pseudo-anarquistas, es deprimente, o peor aún una muestra de decepcionante decadencia intelectual.
En términos generales -y eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de cualquier carrera universitaria-, el Estado en todas partes del mundo es poder, poder político de un bloque social para organizar y dirigir la sociedad en el ámbito de los asuntos comunes. Y todas las instituciones del Estado -también en cualquier parte del mundo-, tienen, tuvieron y tendrán, un contenido social en correspondencia a esa estructura de poder diferenciada de la sociedad. La diferencia entre un Estado sólido y uno aparente, es que el primero logra realizar este contenido social clasista del Estado y sus instituciones mediante el "misterio", la ilusión y creencia de la imparcialidad e "independencia" social de las instituciones. En cambio, el Estado aparente organiza el contenido clasista de la institucionalidad sin mediación alguna, sin inversión, sin ilusión hegemó-nica, como mera designación patrimonial de casta, y por eso es endeble, porque lo general aparece como propiedad de familia, como interés privado y particular; se trata de un Estado sin hegemonía duradera.
Y cuando el Gobierno busca desmontar precisamente esa patrimonialización de las instituciones, y en particular de la justicia loteada durante décadas entre partidos, familias y apellidos, nuestros valientes "resentidos" saltan, gritan y denuncian violación de la "independencia de poderes".
O sea que para ellos el escandaloso loteamiento del Poder Judicial entre el MIR, el MNR y la ADN de los años 90's, es "independencia de poderes"!!!
Ni el mismísimo Vázquez Villamor, auténtico mandarín del sistema judicial hasta hace unos meses hubiera podido defender con tanto cinismo el régimen patrimonial y cuasi hacendal del sistema judicial.
Las designaciones presidenciales, autorizadas por la Asamblea, han tenido como objetivo desmontar este control privado constituido durante décadas, afinado en tiempos neoliberales y que sirvió para que los políticos "lavaran" sus actos de corrupción ante los juzgados, y para que las empresas extranjeras y privadas le ganaran absolutamente todas las demandas al Estado, legalizando la transferencia y hurto de recursos públicos. Y esa "justicia" al servicio de privatizadores, corruptos y neoliberales, es la que salen a defender nuestros "críticos".
Como se ve, de nada sirve que se llenen la boca de discurso pseudo-revolucionario, anticapitalista y antineoliberal, si en los hechos reales defienden rabiosamente el desmontaje de la infame estructura legal encubridora de los neoliberales y de las empresas extranjeras, bajo el estandarte de la "independencia de poderes".
La chapucería teórica y la obscena defensa del orden neoliberal caracterizan en el fondo el Documento de los oenegistas restauradores.
¿Cómo construir un sistema sólido que, en correspondencia al nuevo contenido social del Estado, permita crear la realidad imaginada, y por tanto he-gemónica, de la independencia e imparcialidad del sistema judicial? Es el gran reto de los movimientos sociales. Lo que está claro es que ello no pasa por la reconstrucción del viejo sistema judicial podrido, tal como lo desean los oenegistas. La Constitución establece una ruta practicada anteriormente de manera mucho más desarrollada por La Comuna de París: la electividad de los magistrados, que está programada para octubre de este año.
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de los Movimientos Sociales al convocar a elecciones de jueces? Desmontar la estructura neoliberal-patrimonial heredada, e introducir el principio de protección del interés y de los recursos del Estado como principio supremo frente al interés privado, familiar o empresarial. No hacer nada y dejar intacto el régimen judicial tal como exigen los "resentidos" sería actuar en complicidad prebendal con el manejo privatizado de la justicia.
Pero lo más revelador de su compromiso derechista y hasta reaccionario, es el uso del lenguaje y las consignas políticas de la extinta "media luna" respecto a un supuesto uso político de la justicia por parte del Gobierno: "represión política", "agresión a los opositores" gritan.
¿O sea que el enjuiciamiento de Leopoldo Fernández por participar, organizar y dirigir el genocidio de 13 líderes campesinos en Pando es "represión política"?
Si es así, dejemos entonces que como siempre los asesinos de campesinos e indígenas se paseen por las plazas exhibiendo impunemente la vileza de sus crímenes!!!
¿O sea que el enjuiciamiento a los mercenarios y financiadores del intento separatista que quisieron dividir nuestra Patria el año 2008, es una "abusiva agresión a la oposición"?
Si es así, entonces que regresen Melgarejo, Daza, Montes, Marincovic y otros para acabar de descuartizar Bolivia y entregarla por pedacitos a la vorágine de las potencias extranjeras!!!
¿O sea que sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que durante décadas usaron los recursos públicos para amasar fortunas privadas, que en vez de levantar puentes levantaron residencias personales, que en vez de construir carreteras aumentaron las fortunas de sus hijos y familiares es "represión política"?
Entonces premiemos con el Cóndor de los Andes a los Cossío, a los Reyes Villa y a los Sánchez-Berzaín para que continúen triturando los recursos públicos en el sagrado altar del peculio familiar!!!
No sería extraño que de aquí a un tiempo este grupo de "resentidos" pida el perdón judicial y hasta la beatificación de Sánchez de Lozada. ¿Qué son pues algunas decenas de muertos y algunos centenares de millones de dólares robados al erario público, si lo que importa es que no se tengan "víctimas" políticas de la justicia? Si los indios son los muertos, qué importa frente a la supremacía de la justicia ciega. Si los dineros robados son del pueblo, qué importa frente a la imagen de "tolerancia" y "pluralismo". Ésa es la moral de los "resentidos" y sus socios del MSM, una moral corrupta. El comportamiento de los oenegistas cae en una complicidad delincuencial de clase y de casta imposible de ser tolerado. Esa miseria humana es la que destruyó el país durante siglos y si algo hay que hacer ahora es precisamente poner fin a esa historia denigrante de complicidades e impunidades escalonadas y negociadas en función del apellido, del lugar de nacimiento, y de intercambios matrimoniales de las élites endogámicas.
Lo que deben entender los críticos es que en el Gobierno del Presidente Evo, la fidelidad de casta, sangre o apellido -tan propia de los viejos sistemas políticos, y tan añorada por los oenegistas-, ya no cuenta. Hoy, por primera vez el interés del común en las decisiones del Estado está por encima del de la estirpe, del com-padrerío o el apellido. Y los que se creían inmunes a la justicia para asaltar el erario público, que estaban acorazados frente a la investigación de los malos usos del patrimonio estatal, están yendo a los juzgados como cualquier ciudadano más, solos frente a su responsabilidad y sus actos, sin la "charlita" de café o la lujosa cena entre amigos que "arreglen" el perdón judicial. El país es otro y la justicia comienza a desracializarse.
Y si bien falta muchísimo para construir un nuevo sistema judicial transparente y al servicio de la sociedad, en esta etapa de transición lo que predomina es la lógica de que el pueblo trabajador, el Estado, como síntesis del interés común, no puede ni debe perder ante nadie, y que la defensa del patrimonio público está por encima de la defensa del interés privado o personal.
Los críticos se rasgan las vestiduras reclamando "independencia de poderes". Nos preguntamos: ¿independencia respecto a quién?, ¿respecto al pueblo boliviano?, ¿respecto al dinero, a la gran propiedad?
El sistema judicial en cualquier parte del mundo siempre tendrá una vinculación directa a una determinación social ineludible. Por eso no es una institución celestial sino es parte del Estado.
La justicia en la mayor parte de los Estados es independiente del pueblo y es dependiente del dinero y de la propiedad, y lo que nosotros queremos, y estamos construyendo, es lo contrario, es decir, que la justicia sea dependiente del pueblo, dependiente de los intereses comunes de todos los bolivianos y bolivianas, e independiente del dinero y de la propiedad.
La llamada "independencia de los poderes", en este caso del Poder Judicial, es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno. Lo patético es que los críticos oenegistas se llenen de esta ilusión de la gran propiedad y encima salgan en defensa de quienes durante estos 5 años buscaron restablecer el poder de las transnacionales y de las oligarquías a través de golpes de Estado y actitudes separatistas.
No contentos con su compromiso restaurador, los firmantes del Documento arremeten contra los sustanciales avances de la democracia plural del país. Aseguran que se han "eliminado todos los espacios que permitirían la efectiva participación social en la conducción del proceso" |45|.
¿Y entonces los más de 250 alcaldes de municipios rurales seleccionados por las centrales agrarias, subcentrales y federaciones campesinas y vecinales, son puro simulacro? ¿El control del 25% del gasto estatal a cargo de las alcaldías, la mayoría ocupadas por alcaldes y concejales provenientes de las direcciones sindicales, barriales, comunales, no cuentan? Cuando la realidad de las cosas es sustituida por la palabrería hueca, el resultado es la mentira y la impostura intelectual: y eso es precisamente lo que nuestros "críticos" hacen al querer hablar de la realidad sin conocerla. De hecho, a estas alturas podríamos decir que la realidad no les interesa, y que sólo les gusta escuchar la sonoridad de sus palabras, porque si su preocupación por la realidad fuera cierta, serían capaces de percibir que en los últimos años, las estructuras del poder local controladas por las élites propietarias vinculadas prebendalmente a los gobiernos neoliberales, han sido desplazadas por la impronta de los sindicatos campesinos, ayllus y comunidades indígenas que, junto a asociaciones vecinales, han asumido mediante la movilización y las elecciones, el control de la autoridad local, del presupuesto municipal y de las decisiones políticas. Si en 1952 los sindicatos campesinos tomaron el control de la tierra pero dejaron progresivamente la intermediación política con el Estado, en manos de una emergente élite pueblerina, ahora en cambio, son los propios sindicatos los que están en todos los niveles del Estado y los que de manera directa tienen el control de una mayoría de las funciones públicas locales, comenzando por las alcaldías, terminando por las propias instituciones del Estado Central que tienen dependencias descentralizadas en las regiones.
En el ámbito departamental, las gobernaciones que controlan el otro 25% del presupuesto, allí donde el MAS ha ganado, los candidatos fueron elegidos en consultas con las propias organizaciones sociales más importantes del departamento, y la mayoría son también indígenas y/o campesinos. El Gobernador de La Paz, César Cocarico, es de la nación-cultural aymara de la Provincia Camacho. El Gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, es quechua, ex ejecutivo de la Federación de Pueblos Campesinos e Indígenas de Chuquisaca. El Gobernador de Oruro, Santos Tito, profesional, de padres aymaras. El Gobernador de Cochabamba, quechua. El actual Gobernador de Tarija, Lino Condori, nacido en Chorco-ya, Municipio de Yunchara, es campesino.
Y en los 9 departamentos, las Asambleas Departamentales cuentan con asambleístas seleccionados orgánicamente por las federaciones de trabajadores, de campesinos, de organizaciones indígenas y vecinales del departamento. Y complementariamente a esta selección orgánica, luego validada por el voto, igualmente orgánico de los propios afiliados en las urnas, las Asambleas Departamentales tienen asambleístas elegidos directamente por la asamblea de la organización indígena-campesina, sin necesidad de ratificación mediante el voto universal. Esta es una conquista de la democracia comunitaria en la estructura del poder departamental.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, la presencia de obreros, campesinos, indígenas, vecinos, es absolutamente mayoritaria. De hecho nunca un Congreso había contado con tanta y mayoritaria presencia popular en su composición social. Del total de los 130 asambleístas de la Cámara de Diputados, 73 diputados son de Organizaciones Sociales indígenas, obreras, campesinas, vecinales y laborales. De ellos, 62 electos en la lista del MAS-IPSP. Y en el Senado, de 36 senadores electos, 17 son de Organizaciones Sociales laborales, 15 por las listas del MAS-IPSP.
Igualmente, en cumplimiento con la Constitución, se han establecido Circunscripciones Indígenas Especiales para dar cabida a la presencia de representantes de aquellos pueblos indígenas, que por su presencia numérica pequeña es difícil que sean elegidos mediante votación general por circunscripción territorial. De esta manera se han elegido a 7 diputados de los pueblos indígenas: Jorge Medina, de la comunidad afroboliviana; Eleuterio Guzmán, en representación de los Yuracaré, Yuqui; Benigno Quispe, de los pueblos Uru-Chipaya y Murato; Bienvenido Zacu, elegido por las naciones-pueblo Guarayo, Chiquitano, Guaraní, Ayoreo, Yuracaré y Mojeño; Federico Salazar, por los pueblos Weenhayek, Tapiete y Guaraní; Pedro Nuny, en representación de las naciones-pueblo Tacana, Pacahuara, Itonama, Movima, Cavineño, Cháco-bo, Mosetén, Canichana, Maropa, Sirionó, Baure, Tsimane, Joaquiniano, Cayubaba; y Julio Cortez, en representación de las naciones-pueblo Tacana, Esse Ejja, Machineri, Yaminagua.
El diputado de la nación-pueblo Yaracaré, Yuqui, Eleuterio Guzmán, fue elegido con 270 votos; el de la nación-pueblo Uru-Chipaya, Benigno Quis-pe, con 437 votos; y el diputado Julio Cortez, con 542 votos.
Ocultar y criticar este proceso de generalizada indianización y plebeyización de las estructuras del Estado, tal como lo hacen los "resentidos", es una absurda ceguera política. Esta presencia de indígenas en la conducción del Estado, es la revolución política más importante del país y del continente en los últimos siglos. Claro, en un continente indígena invadido, colonizado, con sus tierras expropiadas, con su gente esclavizada de múltiples formas laborales, con su población exterminada en la mayoría de los países, el que los indígenas lleguen al Gobierno es la redención de la historia, la comprobación de que los dominadores no son los únicos ni los que siempre la hacen, la comprobación de que en algún momento, en algún lado, contra todo los previsible, es posible detener el curso delirante de la vida amasada por los abusivos y los explotadores; y que los humildes, los creadores de riqueza y de cultura, el pueblo llano, en este caso los indígenas, pueden detener el pulso del universo y girar el curso de la historia hacia otro lado, hacia otro destino que no sea el del triunfo de la dominación, la esclavitud y el genocidio.
Eso es Evo Morales como Presidente, eso es David Choquehuanca como Canciller, eso es Nil-da Copa como Ministra de Justicia, eso es Wálter Delgadillo como Ministro de Obras, eso es Nemesia Achacollo como Ministra de Desarrollo Rural, eso es Daniel Santalla como Ministro de Trabajo, en fin, eso son cada uno de los ministros, senadores, asambleístas, alcaldes, prefectos indígenas, obreros y campesinos, que hoy han sustituido temporalmente el arado y la máquina por el Gobierno del país, la herramienta por el ministerio o la diputación.
La historia dominante y colonial había preparado un destino en el que el indio era agricultor, albañil u obrero; en el que el obrero era obrero, a lo más alfabetizado, pero obrero únicamente; en el que el ciudadano con casa de adobe era ciudadano con casa de adobe o a lo más con casa de ladrillo. La historia y el curso del universo dominante habían prescrito que el dominado sería dominado, que el discriminado sería discriminado, que el explotado sería explotado, que los hijos de los dominados, discriminados y explotados, serían igualmente dominados, discriminados y explotados.
Y resulta que un diminuto grano detiene esa máquina universal infernal, y que por una pestañeada el curso de la historia y del universo se desvía 180 grados, y los dominados, la mayoría del país, decide dejar su dominación para tener poder. Y eso cambia como nunca antes la historia de los pueblos, mostrando que ellos también hacen y pueden dirigir la historia.
Y es así que un campesino se vuelve Presidente, un indígena se convierte en Ministro, Director o Senador, un obrero se vuelve Viceministro, Concejal o Alcalde, en fin, que el orden hasta acá acatado de las cosas se vuelca, se pone de cabeza, y se reorganiza el mundo. Esa es la revolución que hay, la que es posible objetivamente.
Y entonces, cómo cerrar los ojos ante semejante cambio estructural del orden de la vida colonial!!! Cómo rechazar este halo de vida, de dignidad social, de justicia histórica que recorre el país con un vergonzoso y racista "todo sigue igual".
¿Seguirá igual la vida y el destino para aquél joven indígena pastor de orillas del lago que ve que uno igual que él, de su mismo color de piel, que anteriormente estaba condenado a ser campesino de por vida ahora es Presidente o Ministro? ¿Se sentirán "igual" aquellos que disfrutaron durante siglos el hecho de que el poder político estuviera reservado para determinados apellidos, linajes y colores claros de la piel, y ahora tienen que "soportar" que los indígenas inunden esos espacios con sus cuerpos y sus ideas? ¿Será cierto que para la gente sencilla no significa "nada" el saber que ahora es posible ser agricultor o Ministro, obrero o Presidente, vecino o Diputado?
Demasiado desprecio hacia la vida real del pueblo se esconde detrás de aquellos que afirman que esta ruptura descolonizadora para el destino y la vida diaria de los indígenas "no es nada". Claro, si la dominación colonial no les afecta, si el salario de ONG les deslumbra tanto como para despreciar el cambio del rumbo de la vida de millones de indígenas, es comprensible que critiquen todo lo que se ha avanzado hasta aquí. ¿No será que la dominación colonial, para la mayoría de los "resentidos", es un juego verbal con el que entretenerse en la sobremesa?
Ahora bien, estos avances en la descolonización del Estado no significan que se ha concluido todo lo que se tenía que hacer para desmontar la racializa-ción del Estado. Para nada.
El desmontaje de la estructura clasista y racista del Estado ha tenido grandes avances con la presencia de indígenas y obreros en distintos niveles del aparato estatal, con la introducción de la democracia comunitaria para elegir a los asambleístas. Pero claro, se deben hacer todavía muchos cambios más. Lo sabemos, es una necesidad y estamos trabajando en ello.
Durante la realización de la Asamblea Constituyente y la Ley de Convocatoria a las Elecciones del 2009, al interior de las organizaciones sociales indígenas y campesinas hubo un debate acerca de la forma de construir la representación plural en los Órganos de Poder del Estado.
Todas coincidían en que las estructuras de poder estatal, por primera vez desde la Fundación de Bolivia, deberían reflejar la diversidad social y na-cionalitaria del país, así como las diversas formas de ejercicio de la democracia de los pueblos (democracia representativa, democracia, directa, democracia comunitaria).
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS) que son la base de este Gobierno Revolucionario, con una lucidez extraordinaria plantearon que siendo los indígenas la mayoría del país, no se debería optar por una representación "especial" de campesinos o de indígenas, pues eso significaba continuar con su viejo tratamiento como minorías a quienes darles un trato paternal. Ellos no sólo eran mayoría poblacional -argumentaron- sino que además por sus propias luchas, por la fuerza irradiante de sus propias ideas emancipativas, por su sacrificio y solidaridad con todas las luchas del resto de los otros sectores del pueblo boliviano, se habían convertido en mayoría política. Y esa era precisamente la revolución de los últimos años que trastocaba radicalmente el orden y el pensamiento colonial de reducción e inferiorización de los indígenas.
Los hechos de los últimos años mostraban cómo es que el movimiento indígena-campesino se había apropiado de los mecanismos democráticos de representación como parte de su patrimonio de em-poderamiento político, y al hacerlo se auto-transformaba a sí mismo como sujeto de irradiación política, de hegemonía social y articulación colectiva, que es lo que permitió que los movimientos sociales se volvieran Gobierno.
Por ello estas tres fuerzas sociales plantearon un conjunto de modificaciones en la representación que fueron recogidas tanto por la Constituyente, el Congreso Nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Por su parte algunos dirigentes de la CONA-MAQ plantearon la creación de 24 Circunscripciones Especiales para los pueblos indígenas, en tanto que la CIDOB planteó 18, dando lugar a un intenso debate al interior del Pacto de Unidad.
En el caso del planteamiento de 5 asambleístas por Nación Indígena Aymara en La Paz, los compañeros de la CSUTCB se preguntaron: ¿por qué los aymaras que son más de 2,5 millones deberían tener la misma representación que los pueblos indígenas de Santa Cruz, que son 100.000 personas?, ¿acaso no deberían haber más asambleístas aymaras o quechuas en correspondencia a su presencia demográfica? Ante estas preguntas que surgían, los compañeros del Pacto acordaron unánimemente que aymaras y quechuas, que son la mayoría de la población indígena y de todo el país, deberían tener muchos más representantes democráticamente elegidos.
En el caso de más "asambleístas especiales" para aymaras y quechuas en función de los concejos, ayllus y tierras comunitarias de origen, los compañeros de la CSUTCB nuevamente se preguntaron: "¿acaso los hermanos de Omasuyus, bastión de la Federación Tú-pac Katari de La Paz y vanguardia de la lucha indígena aymara desde hace décadas, no son tan indígenas como el resto de los indigenas de los ayllus?", "¿acaso por tener el nombre de sindicato en vez de ayllu uno deja de ser indígena y debe ser discriminado del derecho a la representación indígena, por la que cientos de hermanos fueron encarcelados, perseguidos y asesinados en los últimos años?", "¿y los hermanos del trópico, líderes de la lucha indígena-campesina, la mayor parte quechua hablantes no son acaso también indígenas?", "¿y los indígenas de El Alto, acaso por el solo hecho de vivir en ciudad no son aymaras?", "¿por qué se toma en cuenta sólo a los indígenas de un ayllu quechua y no a los indígenas quechuas de san Julián, o de Yacuiba, o de Cobija?"
¿Qué organización se atribuye el derecho de decir quién es indígena y quién no?, ¿o quién es más indígena con derecho a representación parlamentaria y quién no tiene ese derecho?
Todas esas fueron preguntas que surgieron en el debate, planteando el riesgo no sólo de un fraccionamiento de la unidad de las organizaciones indígenas, y al interior de ellas por acaparar la "representación especial", sino también el de desconocer el trabajo de articulación política y de liderazgo intelectual y moral que las organizaciones indígena-campesinas habían construido en los últimos años al hacer que todo el país se una en torno a un líder indígena y al programa de transformación construido por los sindicatos en las luchas en las calles y carreteras.
Los indígenas, mayoría demográfica del país, se habían construido como mayoría política desde el año 2005, en la lucha, en la batalla social, no por concesión ni regalo de nadie, sino por adhesión del resto de las clases sociales menesterosas del país a su propuesta y conducción nacional. Ésa es la única manera de construir mayoría política, presencia y conducción política, liderazgo programático y respaldo nacional. Así lo evaluaron, discutieron y acordaron los compañeros del Pacto de Unidad en largos y continuos debates con el Presidente Evo, internamente entre sus distintas estructuras territoriales, y en el propio Congreso y la (posterior) Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los pueblos indígenas se habían apropiado democráticamente de los mecanismos de representación democrática, logrando tomar el poder político para el movimiento indígena-campesino. Resultado de ello fue la victoria electoral con el 54% de los votos el año 2005; con el 52% de los votos el 2006, para la Asamblea Constituyente; con el 67% del electorado el año 2008, en el Referéndum Revocatorio; y con el 64% de los votos el 2009, para la elección del primer Presidente del Estado Plurinacional |46|.
Se reflexionó que la ampliación de las Circunscripciones Especiales para las Naciones Indígenas mayoritarias llevaría a terribles enfrentamientos, divisiones y discriminaciones internas al interior de las organizaciones sociales indígenas y populares, tanto del campo como de la ciudad, y se consensuó que para las Naciones Indígenas minoritarias se precisara un número de Circunscripciones Especiales que garantizara una representación política.
Hubo compañeros de la CSUTCB que sostuvieron que incluso esas Circunscripciones Indígenas Especiales generarían un tipo de discriminación, porque mientras un indígena aymara en El Alto requería 101.000 votos para ser electo, un Yuqui sólo requería 300 votos para tener la misma presencia en la Asamblea. Y entonces, ¿un Yuqui tiene el mismo peso político e importancia que 1.000 o 2.000 alteños juntos?, se preguntaban los dirigentes. Igualmente los compañeros de las Federaciones Sindicales plantearon que los indígenas de tierras bajas deberían hacer como ellos, construir liderazgo social hacia otros sectores de la región donde vivían; construir acuerdos con otras organizaciones populares para garantizar que sean electos con el voto de los otros pobladores urbanos y rurales de la región también. Explicaron que así se fue construyendo, desde abajo, el liderazgo nacional indígena del Presidente Evo, y que por eso el 67% de la votación del año 2008 no sólo fue de indígenas y campesinos, sino también de obreros, fabriles, constructores, vecinos, profesionales, estudiantes. Recalcaron que ésa era la verdadera manera de construir la representación de todo el país.
Al final, por unanimidad, el Pacto de Unidad acordó que se debería plantear al Congreso y a la Asamblea que se reconozcan 7 Circunscripciones Indígenas para ayudar a los compañeros de las Naciones Indígenas minoritarias a potenciar su presencia política, pero sin dividir al resto de las organizaciones ni discriminar internamente a la inmensa mayoría de indígenas que viven en todas partes del país.
Algunos asesores financiados por las ONGs quedaron descontentos con esta acertada posición del Pacto de Unidad. Educados en la lógica del apoyo a las "minorías indígenas" que deberían ser tratadas como menores de edad, estos funcionarios de ONGs y de algunos organismos internacionales nunca pudieron aceptar que las "minorías" son mayoría y que los que supuestamente deberían ser "guiados" por la caridad de la iglesia y de las ONGs, ahora son Gobierno, poder que no requiere de ningún padrinazgo para ejercer sus funciones de mando.
Desde hace tiempo, algunas ONGs habían iniciado su misión caritativa concibiendo a los indígenas como eternos "menores de edad" destinados a ser "conservados" para la mirada folclórica y roussoniana de la cooperación internacional en medio de una supuesta "originalidad" y pureza aislada. De ahí la búsqueda de un tratamiento "especial" conmise-rativo hacia ellos, despojándolos de cualquier capacidad de política, esto es, de liderazgo, de construcción hegemónica en el entorno. Por eso cuando los indígenas rurales y urbanos, agrarios, profesionales, comerciantes, campesinos, de sindicato, de ayllu, de juntas de vecinos, emergieron por todas partes desde las estructuras organizativas y con oficios que los oenegistas no consideraban "puros" para asumir el poder, el mando del Estado, éstos se horrorizaron y salieron huyendo de semejante desorden plebeyo.
La caridad oenegista había sido financiada para "conducir" a unas "minorías puras". Pero resulta que esas minorías eran mayorías, que los que debían ser conducidos, ahora conducían el país, que los "puros" que deberían tener vestimentas de postal para los extranjeros, vestían todo tipo de vestimenta y venían de todo tipo de oficio, quebrando la visión folclórica que se tenía de lo indígena. El imaginario oenegista se quebró en mil pedazos, sus sueños se volvieron pesadillas, y sus financiadores se iban alejando sorprendidos.
De esa mentalidad, comportamiento y actitud provienen una parte representativa de los "resentidos" y por ello no es casual que apelen a los prejuicios y mentiras para criticar al Gobierno. "No hay representación de los pueblos indígenas de Chuqui-saca" afirman, con un menosprecio olímpico por la verdad. Y entonces, ¿el gobernador Esteban Urqui-zo es un gringo camuflado como quechua?, ¿y la compañera Flora Aguilar de la Federación de Mujeres Campesinas, es una empresaria petrolera?, ¿y el compañero Irineo Condori, campesino quechua, es un Misti ganadero camuflado?
¿Quiénes son entonces los "verdaderos" indígenas?, ¿los que certifican las ONG's?, ¿los que hablan a nombre de ellos sin ser indígenas?
Cuando se dice que no existe "representación indígena de Chuquisaca" se vuelve a mentir como se lo hace en cada línea, párrafo y subtítulo del Documento. Toda la carga de las infamias racistas y retrógradas con las que la derecha ha atacado al Gobierno del MAS desde el principio, se agolpan en la tinta de los "resentidos" sin el menor atisbo de creatividad, de crítica honesta o revolucionaria. De ahí el apodo que se les ha dado a algunos de ellos de ser los "primeros girondinos", es del todo correcta.
Este vergonzoso concubinato de facto de los "resentidos" con la derecha reaccionaria, se remacha al momento de referirse a la justicia indígena originaria campesina.
Afirman que la Ley de Deslinde Jurisdiccional es "colonial y racista" |47| porque limita esa jurisdicción a una "especie de minoría de edad". ¿Cómo entender este enredo verbal?... quién sabe. Lo cierto es que las acrobacias discursivas posmodernas de una parte de los firmantes han acabado por dañar la coherencia lógica de sus ideas.
La Constitución y la Ley reconocen a la jurisdicción indígena campesina y originaria como una jurisdicción paralela y con el mismo rango a la justicia ordinaria. Ir más allá, reglamentar la justicia indígena originaria campesina, asignarle recursos, significa estatizar esa justicia, normalizarla, institucionalizarla, burocratizarla, es decir matarla precisamente como justicia indígena originaria campesina.
Y es que la justicia indígena originaria campesina es un régimen de derechos y practicas no-estatales, construidas al margen del Estado, fuera del Estado y precisamente como contraposición a él. Es un régimen de justicia convivencial, emergente desde la comunidad, que procede no por normas rígidas, frías y muertas, como es el caso de la ley y el código, sino que es producto de una lectura ética y moral, práctica y en situación, de la propia comunidad para sancionar los ataques hacia ella y reforzar su propia continuidad. Se la hace por régimen de rotación para no cristalizar burocracias, la ejercen los miembros de la misma comunidad como contención al monopolio estatalizante de su ejercicio, y es preventiva antes que punitiva.
Ir más allá de este reconocimiento como exigen los críticos, es querer estatizar lo que existe precisamente como práctica social anti-estatal, y por ello no sólo es querer devaluar a la propia justicia indígena originaria campesina, sino que ante todo es querer asesinarla, hacerla desaparecer. Lo paradójico es que este brutal estatismo contra las comunidades, variante moderna del etnocidio colonial, emerja de quienes años antes hicieron gala de una impostada profesión de fe anti-estatal cercana al anarquismo infantil.
Resulta así que al final del día, los profetas de un edulcorado y coqueto anarquismo de papel acaban proponiendo la estatización de las propias comunidades, esto es, su extinción!!! Cuando la comunidad es precisamente lo no-estatal en movimiento, la vitalidad social que asume la gestión de sus asuntos comunes sin monopolios permanentes ni de la representación política, ni de la justicia, ni de la cultura, ni de la economía. En ese sentido la comunidad agraria es potencia de futuro comunista, por mucho que sus actuales condiciones de existencia estén mutiladas, aprisionadas, exaccionadas por múltiples mecanismos de sometimiento externo a las relaciones capitalistas y al Estado. Su debilidad es su localismo, su fragmentación, que viabiliza precisamente el predominio de un entorno adverso que ha refuncionalizado las fuerzas comunitarias como fuerzas de reproducción de la lógica capitalista.
Pero lo que los "resentidos" atacan, a través de una exigencia de estatización de la justicia indígena, o peor aún de una estatización del comunitaris-mo económico, es precisamente su potencial comu-nitarista universal, su potencial comunista.
Le exigen al Estado "crear" la economía comunitaria, como si éste lo pudiera hacer cuando en realidad la comunidad en expansión es exactamente lo opuesto al Estado. El Estado es concentración monopólica de decisiones y poderes. En momentos revolucionarios, cuando el Estado es movimiento social en poder político, puede ayudar a crear mejores condiciones de desarrollo de la comunidad, puede facilitar condiciones materiales para su expansión, pero no puede crear comunidad. La comunidad es la socialización de acciones y decisiones, esto es exactamente lo opuesto del Estado, o más aún, lo antagónico. Imaginar que el Estado cree su antítesis, cree economía comunitaria o absorba la justicia indígena originaria campesina: o es una ingenuidad infantil propia de quienes reciben el Bono Juancito Pinto, o es una política destructiva de estas semillas de comunismo, de comunitarismo universal que son las comunidades indígenas-campesinas.
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL.
A esta destrucción consciente, legalizada y premeditada de las comunidades es a lo que los resentidos llaman hacer leyes "consultando a los pueblos indígenas y originarios". En realidad lo que los resentidos reclaman al Gobierno es hacer leyes con los asesores de algunas ONG's, favorables y a la medida de lo que ellas necesitan para seguir me drando recursos de sus financiadores a costa de la aniquilación hipócrita de las propias comunidades y pueblos indígenas.
Ante ello, está claro que el Gobierno entiende de otra manera la construcción de leyes con las organizaciones sociales. El Gobierno del MAS durante estos años ha tejido junto a las organizaciones indígenas, obreras, campesinas y populares la totalidad de las leyes estratégicas que sostiene el nuevo Estado Plurinacional.
Por ejemplo la Constitución Política del Estado, documento programático del contenido social del nuevo Estado, fue trabajada durante años con el Pacto de Unidad, con la COB y otras organizaciones. Es decir, fue fruto de la inteligencia colectiva de las organizaciones sociales indígena-populares, de las luchas de clases, de la vitalidad organizativa de los movimientos sociales, de sus fuerzas y limitaciones, y como tal quedó al margen de las elucubraciones incoherentes de los asesores de algunas ONG's que querían convertirla en la pizarra de sus garabatos mentales. Ante la actitud abiertamente anti-cons-tituyente abrazada por la derecha en la Asamblea Constituyente, y ante la necesidad de contar tarde o temprano con dos tercios de los sectores medios de la derecha que viabilicen su aprobación, el Pacto de Unidad diseñó una estrategia que consistía en incorporar en el borrador de la Constitución, artículos con una posición más radical de lo necesario y sostenible históricamente, para luego proceder a enderezar la redacción hasta donde el movimiento social requería y podía sostener, obteniendo con ello los acuerdos necesarios que destraben la aprobación por dos tercios de los votos, ya sea en la Constituyente o en el Congreso. ¿Era posible otra ruta de aprobación de la Constitución por la vía de la fuerza de movilización? Por supuesto!!! Pero ello requería una sublevación, una insurrección que pasara por encima de todos los otros contrapoderes aún presentes del viejo Estado. Y eso no se hacía llenándose la boca de "poder constituyente".
La imposición de una Constitución tal como piensa y siente exclusivamente el bloque de poder emergente, sólo se logra mediante insurrecciones que acaban, a través de la lucha de fuerzas materiales, con la presencia política de las otras clases sociales. Y esos acontecimientos dramáticos que cambian de raíz la estructura de poder y de las clases sociales de un país, no la hacen los gobiernos, la hacen los pueblos.
Las insurrecciones requieren una disposición colectiva insurreccional de las clases populares y una capacidad material para llevarlas adelante. Y durante la aprobación de la Constitución no había ni lo uno ni lo otro. Son cosas que jamás las define el Gobierno ni mucho menos pueden ser inventadas con las palabras altisonantes de una consultoría bien remunerada.
La fuerza organizativa y la disposición colectiva de los movimientos sociales durante los últimos 5 años había llegado al Gobierno por la vía electoral, descartando la acción insurreccional ofensiva. Había alcanzado la mayoría social y electoral, pero no era hegemónica como para permitirle alcanzar los "dos tercios" electorales y sociales para aprobar la Constitución por sí misma. En esta situación, ¿qué hacer si la insurrección estaba descartada por sentido común y experiencia histórica del propio movimiento social?
"No había que cambiar ni una coma", gritan los que querían usufructuar patronalmente los resultados de una insurrección victoriosa, sin haber movido un dedo para que esa insurrección acontezca. "No había que haber cambiado nada", gritan los insurrectos de café que no hicieron nada ante la primera escaramuza del golpe de Estado de los Comités Cívicos y Prefecturas derechistas en agosto-septiembre del 2008. En el fondo los oenegistas reclaman un acta de rendición del adversario que supone la victoria militar convertida en grito de victoria absoluta, no una Constitución que supone acuerdos, pactos y concesiones en torno a un núcleo central dominante, que operativice la creencia de un texto unificante del país. A eso se llama precisamente Constitución.
Como siempre ha sucedido en la vida, mientras los consultores gritaban desde la ventana "ni un paso atrás" y con las manos preparaban afanosamente las maletas de fuga ante el avance territorial del golpe de Estado cívico-prefectural, fueron los verdaderos movimientos sociales indígena-campesinos, populares y obreros, los que salieron a dar el pecho por el proceso revolucionario en esos días aciagos. Se movilizaron. Se desplegó una gigantesca logística de movilización popular hacia el bastión de los golpistas, porque los golpistas sí habían optado por la vía del enfrentamiento armado, tal como habían sugerido los asesores oengistas.
Era el momento del simple heroísmo de los que se ganan la vida con el fruto de su trabajo, de los que saben que la cárcel y la muerte son una posibilidad siempre latente por defender la dignidad colectiva y la democracia, convertida hoy en patrimonio de la experiencia política de las clases populares. Eso marcó la victoria que permitió obligar a la derecha a sentarse a aprobar el texto constitucional.
¿Había que hacer concesiones? Por supuesto. Sin insurrección de por medio que despeje el camino de cualquier oposición, ¿cómo obtener los votos necesarios para la aprobación en la Asamblea Constituyente del Proyecto de Constitución o al menos lograr la adhesión del 12% de votos para llegar a los 2/3 necesarios, siendo que ese 12% de asambleístas estaba en manos de la derecha?.
La derecha estaba golpeada, debilitada, pero existía no sólo como bloque electoral, sino también como estructura económica en espacios de la agricultura, de la banca, del comercio, de la institucio-nalidad heredada del viejo Estado. La aprobación del texto de la Constitución requería incorporar la mirada, los derechos de la otra parte del país que no estaba con los Movimientos Sociales.
Y como había sido previsto, sentados en la mesa del diálogo, en medio de la mirada de representantes de UNASUR, de la OEA, de Naciones Unidas, se procedió a incorporar correcciones al borrador de la Constitución. Consultando cada coma que se modificaba a las organizaciones del Pacto de Unidad y a la COB, se hicieron retoques a la estructura inicial del texto enviado por los constituyentes al Congreso. Al transcurrir las horas, la "estrategia envolvente", daba los resultados. Se cambiaba el texto allí donde precisamente se había doblado la vara de manera intencionadamente exagerada, para que en la negociación se pudiera "enderezarla" a modo de concesión que sume apoyos electorales y sociales.
Al final, el texto Constitucional incorporó viso-nes y derechos mínimos de otros sectores de la sociedad, pero se lo hizo de tal manera que quedaron articulados en torno a un sólido tronco constitucional rector, dominante, de los intereses, derechos y proyecto estatal de las organizaciones indígenas campesinas obreras y populares. Fue una construcción de hegemonía que consolidó el proyecto de Estado, economía y sociedad construido por los movimientos sociales como el único proyecto nacional- general existente.
Los resentidos señalan que hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprueban leyes "sin consultar a los pueblos indígenas y originarios". ¿Y la Ley de la Revolución Productiva aprobada hace semanas atrás y elaborada desde hace casi un año con el Pacto de Unidad? ¿Y la Ley de Seguridad Social, que universaliza la seguridad social, trabajada durante 3 años con la COB y todas las organizaciones laborales del país? ¿Y la Ley de Revolución Educativa "Avelino Siñani", construida a lo largo de 4 años con iniciativas y propuestas de padres de familia, profesores y organizaciones indígena originario campesinas? ¿Y la Ley de Autonomías, trabajada conjuntamente con el Pacto de Unidad, las Alcaldías, las Gobernaciones? ¿Y la Ley de Deslinde Jurisdiccional laboriosamente tejida desde las organizaciones sociales de base durante meses, que consolida la justicia indígena originaria campesina, sin estatizarla? ¿Y la Ley Contra el Racismo y la Discriminación, que se construyó con el aporte de las organizaciones sociales indígena-campesinas de todo el país?.
Todos ellas son leyes estructurales fundamentales de la consolidación e irradiación del Estado Plurinacional que surgidas ya sea por iniciativa de las propias organizaciones, del Ejecutivo o del Legislativo, han tenido como constructores protagó-nicos al movimiento indígena-campesino (Pacto de Unidad), a la COB, y a las juntas vecinales.
Es cierto que durante todo este proceso de construcción social de la nueva legalidad, muchas veces se tuvo que alejar de las reuniones a los asesores de las ONG's. Pero a eso no puede llamarse elaboración de leyes "sin consulta de los pueblos", a no ser que ellos sean la "conciencia y la voz" de los pueblos.
Lo que los críticos tienen que comprender es que la sustitución ventrílocua de las supuestas vanguardias letradas, antes partidos-conciencia, ahora ONG's-conciencia o asesores-conciencia, ha quedado atrás. Tienen que aceptar que el Partido que hablaba a nombre de la clase no ha sido sustituido por la ONG o por el asesor que habla a nombre del "pueblo". Los críticos tienen que entender que esta suplantación de la sociedad, tan íntima y propia del proceder de los que sustituyen a las clases sociales de acuerdo a su estado de ánimo personal, y a las luchas sociales por sus inventos verbales, no contribuyen a este proceso revolucionario.
Si los sustitutos de la lucha social elaboraran leyes y definieran el curso de la historia, no hablaríamos de revolución, sino de una farsa financiada por gobiernos extranjeros, que pareciera ser en el fondo lo que los críticos sueñan como la "realización" suprema del "comunismo".
El Gobierno es consciente de que estos procesos de construcción colectiva de leyes deben profundizarse y ampliarse a todos los componentes del Estado, con mayor participación social. Ésa es la garantía de la solidez del Proceso de Cambio y de la comunitarización de la toma de decisiones. Pero también el Gobierno de los Movimientos Sociales es consciente de que se tienen que tomar decisiones prácticas, y ejecutar las obras de beneficio social que el pueblo ha reclamado y planteado insistentemente. El Estado Plurinacional no es una idea bonita sobre la cual divagar infinitamente. Ese lujo se lo podrán dar quienes tienen cubiertos sus gastos en alimentos (incluidos los viajes a otros países para hablar mal del Gobierno). Ellos pueden especular con la dilatación del tiempo de ejecución material de las cosas porque no tienen necesidades materiales insatisfechas que resolver. Pero para la gente trabajadora, para el campesino que tiene que esperar el riego para poder garantizar el alimento de su familia, para el pequeño productor que tiene que llevar en la espalda sus productos durante días hasta llegar a la carretera, para el obrero que tiene que añadir valor agregado a la materia prima para mejorar el rendimiento salarial, para ellos el tiempo es una herida que desangra su esfuerzo, que lacera su necesidad insatisfecha.
Por ello, para un Gobierno Revolucionario que tiene que oír y consultar a los movimientos sociales, el tiempo es escaso porque tiene que mostrar en los hechos el significado material del Estado Plurina-cional, tiene que mostrar en las condiciones de vida básicas, que el sacrificio, el esfuerzo, la consulta y el debate social, traen mejoras.
Socialización democrática de decisiones e inmediatez de resultados en las condiciones de vida del pueblo es la tensión que atraviesa cada acción gubernamental. Al fin y al cabo, para el pueblo la revolución es el grito desesperado y urgente para mejorar sus condiciones de vida. Y eso se le reclama a diario al dirigente, al asambleísta, al gobernante, al Presidente, por muy hermano y compañero suyo que sea.
El tiempo conspira contra los procesos revolucionarios. Si no trae bienestar, la gente comienza a desencantarse de su obra, se vuelve más propensa a oír las fantasías conservadoras de quienes les prometen el paraíso por arte de magia, olvidando que el arte de magia será una nueva expropiación privada de sus esfuerzas colectivos.
En la revolución no hay magia ni palabrería, sólo el trabajo de los propios trabajadores, su esfuerzo compartido que permite generar riqueza común para usarla en beneficio de todos sin que unos cuantos se la apropien. Pero como las carencias son tantas, ningún esfuerzo inmediato es suficiente. Se requiere tiempo para avanzar, para ir satisfaciendo gradualmente la necesidad de muchos.
La posibilidad del desencanto no aparece porque la revolución se haya extraviado, como reaccionariamente interpretan la derecha cavernaria y sus acólitos oenegistas, sino porque no avanza lo suficientemente rápido para satisfacer materialmente las necesidades crecientes que la propia Constitución ha encumbrado como derecho común.
Y entonces el Gobierno tiene que apurarse para ejecutar las inversiones, acelerar las decisiones para priorizar los gastos productivos que generen con el tiempo mayores ingresos que se distribuyan entre todos, pero también tiene que detener la ejecución para consultar democráticamente a las organizaciones, y al hacerlo, tiene que suspender inversiones, paralizar mejoras en las condiciones de vida de la gente que inmediatamente reclamará el por qué no se ha realizado tal obra, por qué no se ha mejorado el salario, o por qué no se ha con-cretizado tal o cual derecho.
La revolución es revolución precisamente porque tiene que cabalgar esa paradoja: acelerar la ejecución material de inversiones para satisfacer necesidades y requerimientos materiales de las organizaciones, y detener las inversiones para realizar la deliberación democrática con las organizaciones sociales para definir el tipo de obra que necesitan. Cada una de estas acciones implica la parálisis de la otra y la desilusión correspondiente por esa falla. Es una contradicción necesaria del propio curso de la revolución, y no se la supera rindiéndose, con impotencia y arrepentimiento, a los brazos de la derecha como lo hacen los "resentidos". Esa paradoja de la revolución se la enfrenta de cara al pueblo, con ellos, con absoluta transparencia de las dificultades, sin eludir las responsabilidades y depositando la confianza en que sea el propio pueblo, su trabajo, su lucha y su conciencia las que permitan seguir avanzando.
LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA.
El último título del Documento de los críticos está dedicado a la Madre Tierra.
Ellos afirman que el Gobierno de los Movimientos Sociales ha asumido el "diseño subimperial del capitalismo brasileño para implementar megapro-yectos de infraestructura" |48|, colocando como ejemplo la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
O estos caballeritos nunca han visto un mapa de Bolivia o su inconsciente transnacionalizado les ha traicionado y nos exponen sus íntimos deseos de un Brasil que tenga como frontera a Trinidad!!!
Estos señores deberían dedicar un poco de tiempo a conocer el país, o al menos conocerlo en el mapa.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos-Trinidad llega al corazón del departamento del Beni, a casi 300 kilómetros de la frontera con el Brasil. No llega a ninguna frontera que habilitaría supuestamente un bioceánico que "favorecería a los intereses brasileros". Los únicos favorecidos por esa carretera van a ser los departamentos del Beni, de los valles y el altiplano que van a poder integrar sus actividades, sus poblaciones y sus capacidades productivas de manera directa, sin pasar obligatoriamente por Santa Cruz.
Ese es el meollo del asunto. Los pobladores de los valles y el altiplano, los pobladores de la amazonía, que tenían que tardar tres días y recorrer cerca de 900 kilómetros para ir de un lugar a otro, ahora tardarán horas y cerca de 300 kilómetros para cumplir su cometido. Es pues una necesidad vital de comunicación entre pobladores de un mismo país.
Ahora, es verdad que como los funcionarios de las ONGs ambientalistas viajan en avión, esos días de caminata y de viaje no les importan un comino. Como tienen luz, agua potable, movilidad, Internet, y televisión a la mano, les tiene sin cuidado que otros bolivianos carezcan de estos medios materiales de existencia.
Pero para el campesino que produce alimentos, para el indígena que necesita comprar implementos laborales, para el comerciante y transportista, para el poblador de a pie, acortar 100, 200 o 500 kilómetros las distancias como lo permitirá esa carretera, representa un gran ahorro de tiempo, de esfuerzo, de recursos, y la posibilidad de una integración con el resto de sus hermanos bolivianos. Y ésa es precisamente la obligación constitucional del Gobierno Revolucionario: hacer todos los esfuerzos por consolidar la unidad del país, trabajar para la vertebración de las regiones, garantizar el ejercicio de los derechos básicos de todos los pobladores. Por eso la decisión de construir esa y otras carreteras a lo largo del país.
Uno de los factores que ha impedido una cohesión óptima de la sociedad en estos siglos ha sido precisamente el aislamiento de las regiones. Asediadas por el Estado exaccionador, cada región estaba nula o débilmente vinculada a las otras. Esto llevó a ese sentimiento, aún presente, de que cada región se cree como una pequeña Patria, en detrimento del sentimiento de pertenencia a la Patria común. Por ello, uno de los principales rubros de inversión del Estado Plurinacional ha sido el de la construcción de caminos:
GRÁFICO 21
INVERSIÓN DEL ESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
(EN MILLONES DE BS.)
Se trata de la mayor inversión en carreteras de toda la historia del país, y está presente en los 9 departamentos de Bolivia, buscando consolidar la integración material de sus actividades, de las personas, de la cultura y de las conquistas sociales.
Los críticos denuncian que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se estaría haciendo con crédito brasilero, y se les antoja eso como una sumisión al "subimperialismo". ¿Pero entonces la carretera Potosí-Tarija, reclamada durante décadas por los pobladores de ambos departamentos, debería ser calificada de una imperdonable "pérdida de soberanía ante Brasil", y la carretera Ru-rrenabaque-Ixiamas, un gasto "inadecuado" a las necesidades nacionales?
Tanto es el desinterés y desprecio por la realidad de los pueblos y regiones por parte de estos "resentidos", que con seguridad si van a Potosí a decirles a los potosinos que esa carretera es "innecesaria a los intereses nacionales" los expulsan montados en un burro. O si se les ocurriera ir a San Buenaventura a proclamar que la carretera a Ixiamas es parte del modelo "subimperial de dominación", seguro los devuelven a pie hasta La Paz con una arroba de caña de azúcar en la espalda para que aprendan un ápice de lo que es soportar la verdadera dominación de la exclusión y el abandono al que las regiones y los pueblos de Bolivia fueron condenados durante siglos.
Por supuesto que las carreteras se construyen con créditos, y el Gobierno los tiene de Brasil, del BID, de la CAF, de Venezuela, del Banco Mundial. Y es así, no porque Brasil, la CAF, o Venezuela hayan obligado al país a construir esas carreteras. Fue el Gobierno el que definió qué carreteras son necesarias y estratégicas para su vertebración, su desarrollo económico, su equilibrio regional y su seguridad nacional, y a partir de esos criterios se fue en búsqueda de créditos para implementar esos proyectos. Y lo mismo se hace con los proyectos de riego, de electrificación, de alcantarillado y agua potable, de infraestructura para salud y educación. Y a nadie, sólo a estos "brillantes" críticos, se les ha ocurrido la desfachatez de calificar esos créditos como una "pérdida de soberanía".
Tener agua, luz, riego, alcantarillado, comunicación, salud, educación, no significa ninguna "pérdida de soberanía". Por el contrario, no puede haber soberanía, o mejor, la soberanía es una palabra al aire si un Estado no es capaz de garantizar la satisfacción social de esas necesidades básicas de agua, luz, riego, vertebración carretera, a toda la población.
La contratación de créditos no afecta a la soberanía siempre y cuando quien decide qué hacer con ellos sea el país acreedor, en función a las necesidades y planificaciones estratégicas del pueblo. Y si utiliza crédito externo para las inversiones de infraestructura lo hace por doble motivo: porque el ahorro interno no es aún lo suficientemente grande como para asumir todas las actividades de despegue económico simultáneamente, como la industrialización del gas, la industrialización del litio, el abastecimiento de agua, la generación de electricidad, la provisión de servicios básicos, la construcción de carreteras. Todas ellas necesidades imprescindibles para toda la población. Pero además, porque un curso básico de economía de primer año de universidad, les puede mostrar a los críticos que los escasos recursos del ahorro interno como las Reservas Internacionales, deben ser invertidos en actividades económicas de elevada, rápida, estratégica y segura rentabilidad, a fin de garantizar el retorno hacia los propietarios de esos recursos, o sea el propio pueblo boliviano. En cambio los créditos externos, de 15, 20 o 30 años de plazo, deben ser invertidos en esferas de lento o nulo retorno como los de la infraestructura básica, sin por ello poner en riesgo el ahorro colectivo de la sociedad. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Gobierno.
¿Quiénes se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos?
Primero, algunos dirigentes de algunas organizaciones indígenas del parque Isiboro Sécure y de algunas organizaciones regionales. No son todos los dirigentes, ni todas las organizaciones, ni todas las comunidades. De hecho, hay dirigentes y comunidades indígenas y campesinos del mismo parque que han aceptado la construcción de la carretera porque saben que eso les ayudará en su actividad agrícola y productiva |49|. Incluso en reuniones con las propias comunidades del parque, varias de ellas plantearon considerar la posibilidad de que el camino haga un recorrido en zigzag para llegar hasta las puertas de sus propias comunidades. De la misma manera, son numerosos los pronunciamientos de los indígenas y campesinos de la región del Chapare y de los llanos de Moxos, cuyas decisiones y necesidades también cuentan, que no sólo aceptan sino que exigen que de una buena vez se construya esa carretera de integración departamental.
La voz y necesidad de estos sectores indígenas y campesinos es algo que los críticos no toman en cuenta porque para ellos existen indígenas de "primera" e indígenas de "segunda". Los de "primera" serían aquellos susceptibles de caer en las redes de subordinación prebendal de las ONGs, y a quienes se considera como los únicos con derecho a voz. Los otros indígenas y campesinos, aquellos que ya sea dentro del parque Isiboro-Sécure o fuera de él, no están en las redes prebendales de las ONG's, a los críticos, en una nueva muestra de racismo desbocado, se les antoja que promoverán con su presencia la ilegalidad del narcotráfico, como recientemente lo expresó Alejandro Almaráz.
Una parte de los compañeros que se oponen a la carretera, tienen argumentos legítimos referidos a la preocupación sobre el control de los recursos del bosque y el impacto sobre el medio ambiente que es su hábitat. Corresponde a los funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) oír esas preocupaciones, recoger propuestas y plantear soluciones que despejen esas preocupaciones. Es posible trabajar para que la carretera no afecte la estructura reproductiva del parque, para que se garantice el régimen propietario de la tierra a favor de los indígenas que habitan el bosque, etc. Las consultas a las comunidades afectadas que tanto la Constitución y la ley mandan realizar, en el marco del predominio del interés y necesidad de todo el pueblo boliviano, servirán para ello.
¿Quiénes más se oponen?
Varias ONGs ambientalistas, y éstas son el verdadero sujeto del rechazo. En realidad son personas con intereses extranjeros, que en sus países de origen han destruido los bosques en el altar de la explotación industrial, y que ahora buscan conservar los recursos medioambientales que "equilibren" su acción depredadora, en otros países que no son los suyos. No se crea que son unos industrialistas arrepentidos. Para nada. Fueron y siguen siendo depredadores de la naturaleza y mercaderes de la vida. Sólo que les resulta más rentable destruir toda la naturaleza a su paso en los países de alto desarrollo industrial, y pagar migajas en los países del tercer mundo para que las poblaciones sumidas en la carencia y en la pobreza absoluta "cuiden" los bosques y la biodiversidad a nombre de ellos, hasta cuando consideren necesario depredar esa "reserva".
Resulta así que a favor de un negocio de alta rentabilidad de las grandes transnacionales, se impide afectar bosques, se obliga a no utilizar cursos de agua, se limita la actividad manufacturera de pueblos y naciones enteras congeladas en el abandono, la desvertebración y la carencia material, a fin de preservar el medio ambiente para los que no supieron hacerlo. Las grandes transnacionales nos venden el discurso de la protección de nuestros bosques en nombre de la "humanidad", pero cuando se trata de los recursos financieros, del petróleo o del conocimiento científico-tecnológico, éstos ya no son de la "humanidad" y sólo les pertenecen y son para ellos. ¿Por qué los recursos financieros globales no se vuelven patrimonio de la humanidad, a disposición de todos los países del mundo? ¿Por qué los conocimientos científico-tecnológicos de las mega corporaciones no se vuelven patrimonio planetario al servicio y disposición gratuita de todos los habitantes del mundo? A los bolivianos nos hablan a nombre de la "humanidad" cuando se trata de cuidar los bosques, pero cuando se trata de distribuir los recursos financieros y científicos planetarios, ni la mencionan.
Existen pues intereses transnacionales que quieren convertirnos en "guardabosques", sin derecho a luz, carreteras, servicios básicos, sin derecho a utilizar, en una relación de diálogo, a la naturaleza para satisfacer moderadamente nuestras necesidades.
Y ahí entran en escena algunas ONGs ambientalistas, que son el brazo operativo de estos tenebrosos intereses transnacionales que legitiman la industrialización depredadora en el norte, precautelando a su nombre, y a costa de su bolsillo, el proteccionismo ambiental en el sur.
Son estos intereses externos los que financian fundaciones, ONGs, comentaristas, formadores de opinión de países de África, América Latina y Asia para llevar adelante campañas de "protección del medio ambiente". Con una resolución, que merecería mejores propósitos, proclaman que no hay que tocar nada de la naturaleza, que no hay que utilizar los cursos de los ríos, que no hay que sembrar porque se degrada el suelo, que no hay que arrancar las hojas porque se mata la biodiversidad, que no hay que mirar a las aves porque se les hace daño, en fin, que hay que convertirse en estatuas de sal para preservar la "biodiversidad".
¿Y la comida para la gente, que también es parte de la naturaleza? ¿Y el agua, y la luz, y las carreteras, y los derechos materiales de las personas para crear una comunidad satisfecha? Les tiene sin cuidado. Como no son ellos quienes no tienen luz, agua, o alimentos, o medios de vertebración, ese reclamo es una contingencia colateral.
Pero la población real, de carne y hueso, no la del informe administrativo para el financiador, necesita alimento, necesita cultivar, necesita transportarse, necesita luz, necesita implementos técnicos, necesita vivir dignamente, y ello supone actuar en el medio ambiente, afectarlo, modificarlo. Si no, ¿de dónde saldrán los recursos para satisfacer las necesidades? Al fin y al cabo no todos pueden recibir el salario de la fundación para satisfacer esos requerimientos.
No se puede condenar a la miseria y al abandono a las poblaciones con tal de satisfacer el negocio "medioambiental" de países extranjeros y de transnacionales tal como nos proponen los "resentidos". Ni tampoco se puede obstruir las acciones de integración departamental imprescindibles para cualquier sociedad, con tal de no "tocar" la "reserva" que perpetúa el abandono y privación material de muchos bolivianos.
Y es que, ¿por qué tenemos que pagar nosotros con nuestro "inmovilismo" productivo, con nuestra miseria y desvinculación (que genera pobreza), las consecuencias de la orgía depredadora de los países industrializados?
Como país y como sociedad tenemos derecho a mantener un intercambio metabólico con la naturaleza para satisfacer las necesidades tanto del ser humano como de la propia naturaleza. Y por supuesto, también tenemos derecho a no seguir los pasos destructivos del entorno material que llevó adelante la industrialización capitalista. Eso lo sabemos, y lo saben los campesinos y los indígenas que demandan la construcción de la carretera. Ése es el gran reto de la ruta industriosa que lleva adelante el Gobierno de los Movimientos Sociales: construir una forma de intercambio dialogante con la naturaleza que así como logra obtener los elementos materiales para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, también logra reproducir los nutrientes básicos de su propia reproducción.
Pero las cosas no se detienen ahí. A esta velada complicidad de los críticos con el gran negocio del medioambientalismo transnacional, se suma una complicidad política tanto o más reaccionaria.
Resulta que el tercer actor opuesto agresivamente a la construcción de la carretera, es la oligarquía cru-ceña, especialmente la ganadera que con el monopolio del faenado del ganado en los mataderos cruceños ha logrado subordinar la totalidad de la actividad ganadera beniana a los precios fijados por ellos.
Una carretera entre Beni y Cochabamba permitirá a los ganaderos, pequeños y medianos del Beni, vincularse directamente con los mercados de consumo de la carne beniana en los valles y el altiplano, rompiendo la intermediación y la dependencia hacia el exclusivo grupo empresarial que controla el precio de la carne puesta "en gancho". Por ello, no es una novedad que los principales opositores a este proyecto de integración vial, desde hace décadas, sean estos grupos monopólicos que mantienen al Beni como su patio trasero. Y en esa tarea, se encuentran entre sus más leales aliados, las autoridades regionales benianas, expertas en el soborno de dirigentes.
He aquí que los "resentidos", supuestos abanderados de la "autonomía revolucionaria de los pueblos", feroces "anticapitalistas y anticolonialistas", se lanzan genuflexos ante el llamado de la oligarquía cruceña, ayer separatista, hoy pseudo-ambientalista y anti-integracionista.
Lo más gracioso de toda esta farsa política de los críticos, es que le reclaman al Gobierno mayor firmeza para con las oligarquías, siendo que ellos actúan como los alarifes virtuosos de los intereses materiales de ellas. Triste y decadente papel de quienes a nombre de la "reconducción del Proceso de Cambio", acaban en realidad como los restauradores del proceso neoliberal y de la penetración de los intereses transnacionales, y como los defensores de seculares desequilibrios geopolíticos favorables a las oligarquías locales reaccionarias.
En resumen, los críticos, ayer amigos en el Gobierno, hoy resentidos en la oposición, mienten, tergiversan y engañan sobre lo que sucede con el Proceso de Cambio. En su cometido se adhieren a la totalidad de las farsas, mentiras y ataques de la derecha neoliberal y restauradora del viejo régimen, y al final, los críticos no hacen más que jugar el papel de "conciencia desdichada" de la derecha política restauradora.
Álvaro García Linera
Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional
La Paz - BoliviaNotas
2. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia. Los cambios detrás del cambio. PNUD. 2010. [Volver]
3. Mensaje-Informe del Presidente Evo Morales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Enero de 2011. [Volver]
9. Cifras del PIB de UDAPE, junio de 2011. [Volver]
11. YPFB, informe, julio del 2011. [Volver]
12. 12 D.S. 24914 del 6 de diciembre de 1997. [Volver]
13. Cifras de UDAPE, elaboradas con información de los flujos financieros de las Empresas Publicas, 2011. [Volver]
16. Información de YPFB Corporación. 2011 [Volver]
17. Entonces Ministro de Minas y Petróleo del Gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia. [Volver]
18. Información de YPFB Corporación. 2011 [Volver]
19. Información de YPFB Corporación. 2011 [Volver]
20. Información de YPFB Corporación. 2011. [Volver]
21. Mauricio Medinaceli, La nacionalización del nuevo Milenio, Funde-mos/Hanns Seidel Stiftung, 2007, Bolivia. [Volver]
22. Información de YPFB Corporación. 2011. [Volver]
24. YPFB-Corporación, Informe de julio de 2011. [Volver]
26. BCB, Indicadores Claves de la Economía nacional e Internacional, 14 de julio del 2011. [Volver]
27. Entre el 28 y 31 de diciembre de 2010 se registró una caída neta de las obligaciones del sistema financiero con el sector privado igual a USD 321 millones. Se retiraron USD 332 millones en ME, cifra que fue levemente contrarrestada por un incremento de USD 11 millones en los depósitos en MN. (Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) [Volver]
28. Información del Ministerio de Economía y Finanzas, junio de 2011. [Volver]
30. “La calificación crediticia de Portugal disminuyó de AA- a A+ el 23 de diciembre de 2010, el Comité de reservas Internacionales decidió mantener la única inversión que se tenía con este país por EUR 54 millones hasta su fecha de vencimiento, 21 de enero de 2011. Desde marzo de 2010 no se efectúan nuevas inversiones con dicho país” (Fuente: Banco Central de Bolivia en su Informe sobre la Administración de las Reservas Internacionales. Gestión 2010) [Volver]
31. Información del Ministerio de Economía y Finanzas, junio de 2011. [Volver]
33. Información del Ministerio de Economía y Finanzas. 2011. [Volver]
37. Ministerio de Planificación y Desarrollo: “Convenios de crédito suscritos para infraestructura caminera y Gobiernos municipales”, julio 2011. [Volver]
39. Ministerio de Economía y Finanzas. Informe junio de 2011. [Volver]
41. UDAPE, Bolivia: población total según condición de filiación a un seguro de salud, 2009. [Volver]
42. Estas denuncias documentadas fueron hechas por el presidente Evo en la reunión de diálogo que tuvo con la dirigencia de la COB en el mes de abril de este año. El silencio fue la respuesta de los dirigentes. [Volver]
44. La Razón, 19 de julio de 2011. [Volver]
46. Corte Nacional Electoral. [Volver]
49. Ver periódicos: Opinión, del 16 de julio de 2011 (pág. 16A) y La Razón del 18 de julio de 2011 (pág. A8/A9). [Volver]
