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30ago11
Cárcel para ex ministros y militares por asesinatos de Octubre Negro
El máximo tribunal de justicia sentenció este martes a penas de entre 3 a 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de octubre de 2003.
Un tribunal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de cárcel a los generales jubilados Roberto Claros Flores, ex comandante de las Fuerzas Armadas, y Juan Véliz, ex comandante del Ejército.
También sentenció al general jubilado Oswaldo Quiroga y al almirante, también jubilado, Luis Aranda, ex comandante de la Armada, a 11 años de cárcel, mientras que el general Gonzalo Rocabado, recibió 10 años de condena.
Los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara, y de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, recibieron condenas de 3 años cada uno, según el dictamen del tribunal de sentencia, encabezado por el magistrado Angel Irusta.
El fallo judicial por la muerte de unas 60 personas en una rebelión popular en 2003 fue celebrado por los familiares de las víctimas.
"Se ha hecho historia", reaccionó el abogado Milton Mendoza, uno de los fiscales acusadores.
Freddy Avalos, abogado de las víctimas de la represión militar a esa rebelión popular que arrojó además al menos 500 heridos, dijo que "se sentó precedente y en un gobierno constitucional se hizo justicia".
La "guerra del gas" para oponerse a los planes de exportación de gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos provocó la caída de Sánchez de Lozada, que entregó el mando en octubre de 2003 a su vicepresidente, Carlos Mesa, y luego huyó a Estados Unidos.
El juicio contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores comenzó en mayo de 2009, pero el mandatario y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Añez permanecen en Estados Unidos, donde no pueden ser alcanzados por la justicia.
Otros tres colaboradores del ex presidente liberal --Jorge Torres, Mirtha Quevedo y Javier Tórrez--, encontraron refugio en Perú, mientras que Hugo Carvajal viajó a España.
La Fiscalía General entregó 328 testimonios y unas 4.900 pruebas contra el ex mandatario y sus ministros que están acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y delitos económicos.
[Fuente: El Deber, AFP, Santa Cruz, 30ago11]
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