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Pueblos indígenas y campesinos de tierras altas y bajas frente a la prepotencia y la exclusión

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La aprobación tramposa de una llamada "Ley de Seguridad Ciudadana", que penaliza las protestas sociales, con el fin de impedir movilizaciones ocasionadas por la desatención estatal a nuestras legítimas demandas y las de otros sectores sociales, ha sido la primera muestra de lo que se vendrá con un gobierno autoritario y prepotente. Un gobierno que ya ha dicho que se asentará en las fuerzas armadas, que seguirá acudiendo a la violencia y la represión por su incapacidad de resolver los problemas sociales. Esto llevará a más violaciones a los derechos humanos, enfrentamientos y muertes no sólo en el campo sino también en las ciudades.

Y todo con el afán de imponer las medidas que está dispuesto a tomar contra viento y marea. Medidas tales como los actuales impuestazos, los futuros gasolinazos, la imposición de la entrega de nuestro gas ya sea por puerto chileno o peruano, y la aprobación de una reforma constitucional de carácter excluyente.

Pero eso no es todo. Denunciamos a la opinión pública nacional que el poder ejecutivo, mientras prepara un conjunto de medidas antipopulares, ha aprobado en los últimos meses varios decretos y está elaborando otros que afectan nuestros derechos, para favorecer a sectores (madereros, ganaderos, petroleros) que están vinculados al poder político. Esas disposiciones son las siguientes:

1) El Decreto Supremo 27024 que favorece a los madereros disminuyéndoles el pago de las patentes forestales y otorgándoles la posibilidad de reprogramar con plazos prácticamente indefinidos sus abultadas moras con el Estado, con lo cual consolidan de forma gratuita grandes extensiones de bosques.

2) El Decreto Supremo 27068 que instruye la titulación de tierras agrícolas y rurales para las Fuerzas Armadas, sin la previa y obligatoria ejecución del saneamiento agrario.

3) La decisión tomada por el INRA, al margen de toda disposición legal, que les otorga a los ganaderos la posibilidad de demostrar fraudulentamente un supuesto cumplimiento de la Función Económico Social (FES), con la sola presentación en el saneamiento agrario de "certificados de vacunas" de ganado muchas veces inexistente.

4) Además, la actual coalición de gobierno pretende hacer aprobar en el parlamento un "Proyecto de Ley del sistema nacional de áreas protegidas", que sólo busca otorgar garantías a las empresas transnacionales petroleras, a los mineros y madereros, para que sigan entrando a los parques nacionales destruyendo la naturaleza. Este es el caso por ejemplo de la contaminación de ríos ocasionado por empresas mineras en el occidente del país, o la misma contaminación por empresas petroleras en el oriente.

5) Un proyecto de decreto supremo de "reglamento de operaciones hidrocarburíferas en tierras comunitarias de origen" que no ha sido consultado con los verdaderos representantes de los pueblos indígenas de las tierras bajas, ni con las comunidades originarias de la región andina.

6) Un proyecto de decreto supremo para consolidar las tierras a los barraqueros (patrones) del norte amazónico del país, pasando por encima de los resultados del saneamiento efectuado en esa región.

7) Un proyecto de decreto supremo que sólo busca estancar la atención de las demandas de tierras comunitarias de origen que estamos presentando por ayllus, markas y suyus, así como pueblos y comunidades originarias en la región andina del país.

Estas son algunas muestras de la prepotencia y soberbia con la que está actuando el gobierno. Encima y para acallarnos no se cansa de intentar dividirnos y enfrentarnos. No lo logrará. Manifestamos a la opinión pública nacional que defenderemos nuestra unidad porque esta unidad se basa en la recuperación de nuestra identidad como indígenas y originarios, en la lucha conjunta por la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Construimos nuestra unidad para:

• Reforzar nuestro firme demanda de exigir la convocatoria de una Asamblea Constituyente como única salida a la actual crisis nacional. Ya el año pasado planteamos esta legítima propuesta en la gran marcha indígena que recorrió todo el país hasta llegar a La Paz, pero que no fue atendida por los partidos políticos tradicionales.

• La defensa de nuestros recursos naturales, planteando al país no permitir que las transnacionales efectúen un nuevo saqueo histórico con nuestro gas.

• La exigencia conjunta de una inmediata y verdadera redistribución de la tierra, que revierta las tierras ociosas que están acaparadas por unos cuantos terratenientes.

• La inmediata dotación de todas las tierras fiscales identificadas, entregándolas a nuestros hermanos sin tierra o con tierra insuficiente.

• La rápida titulación de las Tierras Comunitarias de Origen, demandadas tanto en las tierras altas como en las tierras bajas de Bolivia, no permitiendo que desde el gobierno se postergue esta reivindicación histórica y exigiendo el cumplimiento de la ley. En lo inmediato exigimos el desalojo de los "terceros ilegales" que el gobierno insiste en reconocer y proteger dentro de las TCO, como es el caso de Monteverde de nuestros hermanos chiquitanos en Santa Cruz.

• La inmediata titulación de tierras campesinas e indígenas en el norte amazónico.

• La inmediata reestructuración del INRA y la Judicatura Agraria, expulsando de esas instituciones a los representantes de los terratenientes, los ganaderos, los barraqueros y los traficantes de tierras.

  El respeto a nuestros hermanos campesinos de Rurrenabaque afiliados a la CSCB y la inmediata devolución de sus oficinas, saqueadas por autoridades de gobierno.

• La incorporación de nuestros hermanos trabajadores salariados del campo a la legislación laboral.

• La exigencia de la anulación inmediata de los decretos supremos 27024 y 27068 y el archivo del "Proyecto de ley del sistema nacional de áreas protegidas" y las otras disposiciones proyectadas. Exigimos cumplimiento estricto del Convenio 169 de la OIT (Ley 1257) que nos reconoce el derecho a la consulta de cualquier disposición legislativa o administrativa, antes de que sea aprobada.

• La defensa de nuestra rica biodiversidad no sólo dentro de las áreas protegidas sino en todo el país. Biodiversidad hoy amenazada por las empresas petroleras, mineras y madereras. Somos los más interesados en la defensa de la naturaleza porque es nuestra Pachamama y nuestra Casa Grande.

Emplazamos al gobierno a que resuelva todos estos aspectos, pues de lo contrario estaremos obligados a iniciar movilizaciones.

Santa Cruz, 30 de agosto de 2003
Manuel Dosapey, Presidente; Vicente Flores Román Loayza, Secretario Ejecutivo; Sergio Loayza, Secretario Ejecutivo; Leonilda Zurita Moisés Tórrez, Secretaria Ejecutiva; Marisol Solano, Responsable de Organización.

Este documento ha sido publicado el 30sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights