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07jun05
La renuncia de Carlos Mesa no garantiza la pacificación del país.
La renuncia de Carlos Mesa o la dimisión de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, respectivamente no garantizan la pacificación del país y tampoco el adelantamiento de las elecciones presidenciales, que sólo prolonga la agonía. Los sectores sociales movilizados en casi todos los departamentos de Bolivia desconfían del simple movimiento de fichas políticas, como siempre se ha hecho, y después de 20 años de sucesivas derrotas frente a los gobiernos de turno ahora se mantienen inflexibles en sus demandas principales: la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, que no son otra cosa que consignas por la transformación del sistema económico y la toma del poder.
«Seguiremos trabajando para que nosotros, el pueblo sufrido, tengamos participación en el gobierno porque de lo contrario siempre vamos a trabajar para otros y aquello debe cambiar. El cabildo de ayer (lunes) ha sido claro y ha pedido el gobierno popular. No podemos estar de acuerdo con que sea presidente Hormando Vaca Díez, tampoco Mario Cossío, seguramente quedará en última instancia Eduardo Rodríguez (presidente de la Corte Suprema) el que convoque, aunque también la población en muchos casos no está de acuerdo con aquello. Entonces, por ahí no va a quedar otro camino que el mismo pueblo conforme un gobierno popular, como se habló ayer en el cabildo. Todos tenemos que unirnos en torno a un fin, el de que algún día tenemos que ser gobierno. Ni con las elecciones ni con la renuncia de Carlos Mesa se solucionan los problemas; sin embargo, si es que aquello se diera, creo yo que todos los sectores vamos a tener que unirnos y conformar una sola fuerza, porque sino estaríamos tr abajando para los mismos políticos, para los mismos ladrones que desde hace años nos están gobernando», opina Abel Mamani, líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, por ahora la vanguardia de lucha popular en Bolivia.
A la cabeza de la Fejuve de El Alto, las masas insurrectas derrocaron en 2003 al principal exponente del neoliberalismo en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien privatizó las empresas estratégicas. A principios de 2004, la presión de los vecinos alteños obligó al gobierno a rescindir el contrato de prestación de agua potable con la transnacional francesa Suez. A mediados de 2005, otra vez los alteños se alzan en pie de guerra, pero esta vez no están dispuestos a rifar la lucha. De ahí que su propuesta sea no delegar el poder a los mismos de siempre sino ejercerlo directamente.
En el cabildo realizado este lunes en el centro de La Paz, una movilización pocas veces vista en la historia de Bolivia, se proclamó la urgencia de construir el nuevo gobierno de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas a través de una Asamblea Popular Nacional, retomando la experiencia de la Asamblea Popular de los años 70 que fuera truncada violentamente por la dictadura de Hugo Banzer y el Plan Cóndor. Los sindicatos aseguran que la propuesta no es utópica pues la situación política ha cambiado al igual que la correlación de fuerzas que se observa en el plano internacional.
Todos los discursos que se escucharon en el multitudinario cabildo apuntaron hacia el mismo objetivo: «No hay solución en esta podrida sociedad (...) Los bolivianos tenemos que expulsar a las transnacionales y recuperar nuestras riquezas naturales. Los trabajadores nos estamos orientando a tomar el poder político y económico del país y a construir el gobierno de obreros y campesinos», resumió la dirigente de los maestros de La Paz, Wilma Plata, que es militante del Partido Obrero Revolucionario (POR). Tradicionalmente, las consignas del POR suelen asustar, especialmente a los sectores políticos reformistas como el MAS y a otras fracciones populares más moderadas. Pero, en medio de la radicalidad general, las propuestas trotskistas suenan razonables para las masas.
En el cabildo abierto realizado ayer en La Paz, al que asistieron mineros, campesinos, maestros, vecinos de El Alto, universitarios, juntas escolares, trabajadores en salud, desocupados, normalistas y otros sectores, se ratificó la decisión de luchar por la nacionalización de los hidrocarburos. En Oruro, un cabildo abierto realizado aprobó la huelga general indefinida en todo el departamento y el bloqueo de todas las carreteras que conducen al interior de la República por el mismo objetivo. En Camiri, la capital petrolera del país, la Asamblea del Pueblo Guaraní bloquea desde ayer las principales carreteras del Chaco. Nelly Romero, presidenta de la APG, afirmó que la renuncia del Presidente no es solución para la crisis y sugirió «que se vayan todos los políticos de una vez por todas».
Aunque Vaca Díez y Cossío no han dado señales de que seguirán los pasos Mesa, el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, tercero en la línea de sucesión constitucional, declaró que está dispuesto a asumir el mando del país sólo para cumplir una tarea fundamental: llamar a elecciones generales lo antes posible.
[Fuente: Bolpress, Bolivia, 07jun05]
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