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16oct07
Sólo sentenciando a Sánchez de Lozada se hará justicia a víctimas de la masacre de octubre
A cuatro años de la masacre de octubre de 2003, sólo una sentencia condenatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros permitirá creer en la justicia que reclaman los familiares de 67 personas muertas y los más de 400 lisiados que dejó la represión ordenada por el ex presidente.
El fiscal de la Comisión de Juicio de responsabilidades, Milton Mendoza, aseguró que ese es el objetivo de quienes investigan los luctuosos hechos que ocurrieron entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre de 2003, cuando una revuelta popular obligó a dimitir al entonces Jefe de Estado.
"Esperemos que el desenlace final sea una sentencia que permita a las innumerables víctimas a creer en la justicia y en alguna medida ser resarcidas de ese daño", declaró Mendoza, quien impulsa el juicio contra Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe.
El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada renunció a la Primera Magistratura del país, pero antes dejó 67 personas muertas y más de 400 heridas.
Los miles de bolivianos que entonces salieron a las calles se oponían a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno, demandaban su industrialización en territorio boliviano y exigían la convocatoria a una Asamblea Constituyente que transforme el Estado colonial que habían heredado.
Mendoza aseguró que el equipo de fiscales que trabaja en la recolección de pruebas acusatorias contra el ex Mandatario refugiado en Estado Unidos se encuentra en su etapa final, para que la Fiscalía General de República emita el requerimiento acusatorio en las próximas horas.
El mismo, continuó el fiscal, significará iniciar una segunda etapa referido a un juicio oral, que el máximo Tribunal de Justicia deberá llevar adelante y donde los fiscales demostrarán la comisión de delitos de quienes son juzgados.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anticipó que el Gobierno viene estudiando diferentes alternativas de resarcimiento a las víctimas, que incluye la posibilidad de hacerlo incluso en especie.
"No podemos ser ajenos a un sentimiento de necesidad de la gente, por eso se han planteado, entre otras opciones, la reparación económica o una ayuda humanitaria, diferenciando entre fallecidos y heridos, y la gravedad de cada uno", declaró Chávez.
El Viceministro de Justicia apuntó que uno de los mejores logros sobre el juicio contra Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros fue la autorización del proceso por el Congreso Nacional el 14 de octubre de 2004.
La autorización del juicio pesa contra los ex ministros Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Andrés Kukoc Del Carpio, Javier Torrez Goitia Caballero, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Pino Archondo.
Además de Erick Reyes Villa Bacigalupi, Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, Javier Comboni Salinas, Carlos Morales Landívar, Jorge Berindoagüe Alcocer, José Guillermo Justiniano Sandoval y Jorge Torres Obleas.
Para el fiscal Mendoza, un aspecto importante en el proceso contra las ex autoridades fue la determinación de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, referido al levantamiento del secreto militar, que posibilitó el acceso a archivos relativos a los hechos de octubre de 2003.
Aseguró que el juicio contra Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ambos acusados de genocidio, es inevitable pese a los obstáculos que interponen sus abogados.
Las víctimas
El 26 septiembre, la justicia de Estados Unidos notificó una demanda civil presentada por las víctimas de los hechos de octubre, en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, a través de sus representantes jurídicos estadounidenses.
En ese entonces, el abogado Rogelio Mayta, representante jurídico de las víctimas, aseveró que este hecho es "terriblemente significativo" para quienes sufren hoy las consecuencias de la brutal fuerza militar aplicada en contra de esas personas durante la denominada "guerra del gas" de 2003.
La masacre
El 20 de septiembre de 2003, fuerzas militares ingresaron a las localidades de Sorata y Warisata con el argumento de "liberar" a turistas retenidos en esa región.
El contingente estuvo encabezado por Sánchez Berzaín y a consecuencia de la dura represión seis personas resultaron muertas, entre ellas la niña Marlene Rojas, de sólo ocho años de edad, y un conscripto que, según versiones aún no confirmadas, se negó a disparar en contra de los comunarios.
La movilización popular rápidamente se extendió a El Alto y La Paz, y luego a otras ciudades del interior del país. La posición era clara: no a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno y la demanda de su industrialización en territorio boliviano, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Entre ese 20 de septiembre y el 17 de octubre de 2003, cuando Sánchez de Lozada renunció a la Primera Magistratura del país, 67 personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas, según organismos defensores de los derechos humanos.
[Fuente: Agencia Boliviana de Información, La Paz, 16oct07]
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