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11may16
García Linera dedica rueda de prensa a atacar a Página Siete
El vicepresidente, Álvaro García Linera, dedicó ayer la mitad del tiempo de una conferencia de prensa para atacar a Página Siete por supuestos nexos con personas que aparecen en los Panama Papers.
Sin embargo, aclaró que no existen ilícitos comprobados con respecto a la aparición de las empresas y personas en la base de datos revelada el lunes.
"Si las offshore fueron usadas de manera transparente y limpia no hay de qué preocuparse, pero si las offshore fueron usadas para eludir pagos de impuestos, para hacer llegar al propietario final ganancias sin fiscalización y ganancias sin impuestos, eso merece un castigo", advirtió.
El Vicepresidente vinculó a Juan Eduardo Olivo Gamarra, Mauricio Ipiña Nagel, Carlos Saravia, Raúl Garáfulic y Raúl Peñaranda como "accionistas" del matutino. Sin embargo, Peñaranda, Garáfulic y Saravia no figuran en las listas de empresarios bolivianos en los Panama Papers.
García Linera señaló que Olivo Gamarra e Ipiña Nagel son accionistas del periódico, de acuerdo con los datos de Fundempresa de los últimos años. Sobre este último, dijo que fue quien hizo "todos estos papeles para empresas offshore".
"No sólo tenemos una firma de abogados, sino a los accionistas y miembros del directorio de la empresa propietaria de Página Siete vinculados con una telaraña de empresas offshore fuera de Bolivia", remarcó.
Ante las consultas de la prensa sobre por qué da el tratamiento de sindicados a las personas que aparecen en las listas, cuando sólo se trata de indicios, y si es un delito figurar en una empresa offshore, García Linera admitió que no es ilegal establecer empresas en "paraísos fiscales".
Además, subrayó que si éstos hubieran cometido un delito, él "estaría instruyendo a la Fiscalía que los agarren presos, no es cierto".
Según la autoridad, las empresas offshore se crean "por lo general para evadir los impuestos en los países de origen". A raíz de ello, se conformará una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa para que vea si "esta lista de empresas offshore y de las personas vinculadas a las empresas offshore han eludido el pago de impuestos".
Precisó que los archivos de los Panama Papers superan en 100% al registro de carnetización de Bolivia, ya que contienen información de todo el mundo, por lo que el trabajo de investigación será un poco difícil. Sin embargo, dijo que se rastreará cada documento en los siguientes meses para buscar relación de las empresas y personas vinculadas a esa actividad.
"Toda la documentación es 100 veces más que toda la información que está en el registro del sistema de carnetización boliviano, es decir, son millones de páginas", recalcó.
La autoridad también se refirió a las empresas constituidas por la familia Marinkovic y de otras personas, a quienes llamó "empresarios políticos" y dijo que estos "prominentes opositores" habrían buscado refugio en sociedades offshore con la intención de evadir impuestos y "hacer daño".
"Vesna Marinkovic, hermana de Branco Marinkovic y que aparece como accionista en cinco empresas, fue viceministra durante el mandato de Jorge Quiroga; los señores Mauricio Ipiña Nagel y Juan Eduardo Olivo Gamarra fueron candidatos a diputados por el partido del señor Quiroga", afirmó.
García Linera agregó que Carlos Gustavo Vedia Rendón es gerente de Subway Bolivia y está relacionado con el empresario Samuel Doria Medina.
El expresidente Quiroga negó las sindicaciones. "Este señor ya dijo que se iban el sol y la luna, sale a lavar el cerebro de los niños, se inventa y miente sobre su título académico, tiene una libreta de servicio militar que no puede explicar, amedrenta e insulta a medio mundo", dijo en respuesta a las alusiones del Vicepresidente, según ERBOL.
La familia Marinkovic rechaza las acusaciones
La familia Marinkovic, cuyos miembros aparecen mencionados en la base de datos de los Panama Papers, emitió un comunicado en el que asegura que no han cometido ningún ilícito, ya que la constitución de empresas offshore es una práctica legal, de acuerdo con la normativa.
"Nuestras empresas cumplen estrictamente lo determinado por las leyes del país en relación al régimen impositivo, de aduanas y laborales. Frecuentemente somos objeto de fiscalización y auditorías que se practican en nuestras empresas y que ratifican la legalidad y transparencia de nuestras operaciones comerciales. Ninguna de nuestras empresas evadió el pago de impuestos o el cumplimiento de cualquier otra obligación con el Estado boliviano", señala el comunicado.
Los integrantes de esta familia afirman que sus acciones han sido transparentes y prueba de ello es el hecho de que no usaron apoderados en la constitución de las empresas.
"La transparencia de nuestra acción se manifiesta en el hecho de que los miembros de nuestra familia no han utilizado apoderados o firmas de abogados para encubrir sus operaciones. En cada uno de los casos se ha consignado los nombres de los propietarios de las empresas.
El comunicado concluye con una aclaración hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señala que las sociedades offshore se encuentran dentro de la legalidad y que no puede ser interpretada como violatoria al mandato legal.
Von Borries: No hay nada ilegal
El estudio jurídico Von Borries Blanco aseguró que la constitución de empresas offshore fue legal y aclaró que existen copias legalizadas de la protocolización en el Consulado de Bolivia en Panamá y en la Cancillería.
De acuerdo con información recogida por ANF, el director ejecutivo del estudio jurídico, Christian von Borries, señaló que la constitución de empresas bolivianas en Panamá fue absolutamente legal, así como la compra de bienes y activos por parte de particulares que, de acuerdo con la norma vigente, no tendrían la obligación de declarar ese patrimonio en el país.
El estudio jurídico Von Borries "presta el servicio de constitución de sociedades fuera del país y también en paraísos fiscales como son las sociedades panameñas llamadas sociedades offshore", lo cual en su criterio no se constituye en operaciones irregulares ni ilegales, explicó su director.
El estudio legal sirvió de intermediario para cerca de 20 empresas que abrieron sucursales en paraísos fiscales.
El martes, el estudio jurídico Ipiña Nagel también negó que las sociedades que conformaron sus clientes en Panamá hayan buscado evadir impuestos.
[Fuente: Por Manuel Filomeno, Erbol, La Paz, 11may16]
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