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19sep08
El Gobierno se impone y Fernández va a la cárcel
Cabizbajo y bastante disminuido el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acabó ayer en la cárcel paceña de San Pedro, tras perder dos batallas legales y ser enjuiciado como un ciudadano común, sin tomar en cuenta su condición de autoridad electa, por cargos que le imputaron familiares de tres estudiantes normalistas que murieron en Porvenir el pasado 11 de septiembre.
A las 20.00 y cuando movimientos sociales afines al partido de gobierno de Evo Morales se agolpaban en las puertas del Comando General de la Policía, gritándole “asesino”, la primera autoridad pandina estuvo a punto de desfallecer al escuchar el veredicto tras el cual se declaró “preso político”.
De ese modo, en menos de 48 horas, la suerte de uno de los opositores del gobierno central y miembro activo de la llamada media luna, cambió radicalmente después de haber sido detenido con engaños este martes en Pando por militares que lo cargaron en un avión hasta La Paz, donde le plantearon una querella criminal por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato.
En una audiencia que se prolongó por seis horas, el juez Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal, Willam Dávila, encontró indicios de culpabilidad en los delitos imputados tras escuchar la acusación fiscal que vincularon a Leopoldo Fernández con el envío de dos camionetas del Servicio Prefectural de Caminos hasta Filadelfia para impedir el paso de una delegación de campesinos que se dirigían de La Paz a Pando a un ampliado, el 11 de septiembre pasado.
Como cavaron una zanja en la carretera, los campesinos tuvieron que bajarse y fue entonces que les abrieron fuego y como consecuencia de ello murieron más de 15 personas, explicó la abogada de los normalistas, Melvy Carrasco, coincidentemente con el fiscal Eduardo Morales.
Dávila dijo que esas son pruebas que vinculan directamente a Fernández con los hechos porque las camionetas están a cargo de la Prefectura de Pando.
Durante la audiencia el prefecto de Pando hizo una larga exposición de los hechos y se declaró inocente pues de ninguna manera ordenó matar a nadie, sólo que ante el temor que los movimientos sociales afines al MAS lleguen a desbloquear, se tomaron esas precauciones.
Dijo que los normalistas que viajaron de La Paz a Pando fueron pagados por el gobierno para ir a convulsionar ese departamento y después justificar el Estado de sitio decretado por el gobierno el pasado viernes.
El juez que lo envió a prisión, Willam Dávila, es candidato a Fiscal General de la Nación, y Lorenzo, hermano de Leopoldo, no descartó que éste haya sido presionado por el gobierno.
“El gobierno lo hundió a mi hermano”, dijo Lorenzo.
Antes de conocerse la determinación del juez, el Viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, aseguró que si algún juez ordenaba la libertad de Fernández, este seguiría privado de su libertad porque había sido detenido por violar el Estado de sitio y le esperaba un confinamiento de 90 días y que aparte de este proceso, tiene otro por genocidio seguido por la Fiscalía General.
Por la mañana de ayer, Fernández perdió su primera batalla legal cuando la Corte Superior de Distrito de La Paz declaró improcedente un Hábeas Corpus. La presidenta del Tribunal, Blanca Alarcón de Villarroel, justificó esta determinación, al señalar que este recurso fue mal planteado porque aún no se había resuelto su situación en el juzgado donde radicaba su causa.
De 15 a 30 años Establecen los delitos de asesinato y terrorismo por el que juzgan a Leopoldo.
Todo el proceso es irregular
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dijo anoche que el proceso contra Leopoldo Fernández tiene una serie de irregularidades.
En primer lugar lo detuvieron militares sin librarle comparendo y lo sacaron con engaños de la Prefectura.
Después lo llevaron a una juridiscción diferente del lugar donde supuestamente se cometieron los hechos, de Pando a La Paz, donde ningún juez o fiscal tienen competencia.
En tercer lugar lo procesaron como un ciudadano común, teniendo en cuenta que por ser autoridad electa, los prefectos, así como los altos dignatarios de Estado, pueden ser juzgados por procedimientos especiales que requieren la aprobación de dos tercios de voto del Congreso, situación que no se hizo.
Del sillón a prisión
En La Posta • En un sector de la cárcel de San Pedro acabó Fernández a las 20.45.
A las 14.45 • Fue la audiencia cautelar en la que el juez Willam Dávila, candidato a Fiscal General de la Nación, ordenó la detención preventiva.
A las 9.30 • Fue la audiencia de hábeas corpus declarada improcedente.
Se quiso suicidar • El fiscal Eduardo Morales reveló que el martes cuando llegaba a La Paz, el prefecto Fernández pidió que le dieran un arma porque se quería matar.
Detención • A las 10.45 del martes fue detenido en un operativo por 300 militares que lo sacaron de su oficina con el pretexto de ir a conocer al nuevo comandante del Comando Conjunto, pero lo esperaba un avión.
[Fuente: El Día, Santa Cruz de la Sierra, 19sep08]
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