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23sep18
Alexander: Ministerio de Justicia se opuso a pruebas y amenazó
En la grabación, Patricia Pacajes revela que la sentencia fue armada por errores en el informe de la forense Ángela Mora, vinculada sentimentalmente al fiscal general Ramiro Guerrero.
Un funcionario que conoció de cerca el juicio al médico Jhiery Fernández reveló a ANF que el abogado del Ministerio de Justicia que participó como parte coadyuvante, Daniel Mollo, siempre se opuso a que la defensa del galeno presente pruebas de descargo, y que incluso amenazó a los testigos así como lo hizo la fiscal Susana Boyan.
El funcionario, que pidió mantener su nombre en reserva, contó que en una ocasión la defensa de Fernández pidió “ingresar como prueba los protocolos del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para demostrar que la forense Ángela Mora hizo un mal trabajo y Mollo se opuso”.
Dijo que también se opuso a las bajas médicas de la médica residente del Hospital de Niño Sandra Madeni cuando estaba embarazada y ella se quejó del abogado y le dijo que “por él y Susana Boyan se adelantó su embarazo y casi pierde a su hijo”.
El abogado Mollo, refirió el funcionario, cuando estaba finalizando el caso y la defensa de Fernández quiso introducir las fotos de la forense Ángela Terán, que concluyó en la necropsia que no hubo violación, “dijo que ‘como Ministerio de Justicia nosotros iniciaremos un proceso a la doctora Terán si trae las fotos” y siempre se opuso a que se llegue a la verdad”.
Y para rematar, “Mollo dijo el día de los alegatos finales, en audiencia, que 'si sólo encontraron PSA y no espermatozoides es que Fernández es azoospérmico (que no puede engendrar), sin tener ninguna prueba o estudio de respaldo”.
En conclusión, señala el funcionario, “el representante del Ministerio de Justicia actuó igual o tal vez peor que la Fiscalía, hizo declaraciones temerarias, se opuso a las bajas médicas, amenazó y nunca quiso buscar la verdad sino sólo a un culpable”.
Días antes de la sentencia contra Fernández, el Ministerio de Justicia, por intermedio de la titular de la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, tomó partido con una nota institucional por la culpabilidad del galeno al decir que el bebé Alexander fue víctima de violación, cuando su defensa y las pruebas forenses mostraban lo contrario.
“Estamos ejecutando medidas correctivas para que el proceso se lleve en el marco de la celeridad, la verdad y la justicia de este niño Víctima de Violación, sustanciada ante el Tribunal Décimo de Sentencia”, afirmó, según cita esa nota institucional.
El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Franco Albarracín, en una entrevista brindada a Unitel ya reveló esta situación y cuestionó que ahora el Ministerio de Justicia diga que no conocía las irregularidades en el caso.
“Ha sido durante gran parte de las audiencias que los abogados del Ministerio de Justicia conocían de todas las ilegalidades e irregularidades en el caso y de igual manera acusaban a Jhiery Fernández, incluso con un papel mucho más protagónico que el Ministerio Público”, dijo.
El 12 de marzo, el abogado y ex juez Roger Valverde, en entrevista con ANF, sostuvo que la parte coadyuvante en un juicio debería velar porque se precautelen los derechos de las partes en conflicto y no ejercer presión, como ocurre en la actualidad.
Valverde dijo que si bien la norma establece que algunos ministerios pueden ser coadyuvantes en casos que tienen relevancia para el Estado, como participa el Ministerio de Justicia en el caso Alexander, “desgraciadamente se convierte en mecanismo de presión y amenaza contra las autoridades judiciales”.
[Fuente: Correo del Sur, Sucre, 23sep18]
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