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04dic19
Gobierno anuncia plan para que 1.300 'perseguidos' retornen al país
El Gobierno presentará este miércoles un paquete de medidas para allanar el retorno de quienes ha denominado como "perseguidos" de orden político en el mandato de Evo Morales, reveló este martes el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra.
No obstante, hay restricciones para casos de lesa humanidad y delitos comunes.
"Vamos a establecer mecanismos para que los más de 1.300 exiliados puedan volver al país, el objetivo es que lo hagan antes de Navidad", anunció la autoridad del sector, quien, sin embargo, dijo estar consciente de que el proceso no es obligatorio.
"No podemos obligarlos, pero va a estar abierta la posibilidad de que los que quieran hacerlo puedan venir" al país, sentenció.
Por ejemplo, "vamos a establecer un mecanismo para restablecer garantías constitucionales para toda la gente que ha sido de manera ilegal o indebidamente perseguida los últimos 14 años", pero también "vamos a establecer candados para que esto no sea (motivo de) impunidad para nadie", añadió.
Luego puntualizó, sin dar detalles, que el plan contempla fijar mecanismos para que estas personas se presenten en las instancias que llevan adelante los procesos para "purgar rebeldía", establecer si los plazos han sido computados de manera correcta al igual que las notificaciones.
"Todo eso lo vamos a hacer a través de unos mecanismos y reglamentos que los vamos a hacer mañana".
El beneficio es para enjuiciados "desde la asunción a la presidencia de Evo Morales del 2006 para adelante", lo que quiere decir que no alcanza a procesados como el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Vamos a hacer mecanismos bien estructurados para establecer si a personas que están con procesos políticos, sobre todo, se le ha violado su derecho a defensa, su debido proceso, sus garantías constitucionales", sostuvo.
No obstante, "todos los que tengan delitos de lesa humanidad no están involucrados" en el plan al igual que los procesados por "delitos comunes como violación y robo", precisó Coímbra, quien apuntó al exministro Juan Ramón Quintana como operador para de las "persecuciones en Beni".
Independencia de órganos
Asimismo, destacó que "ya no habrá injerencia" gubernamental en la Justicia boliviana, venida a menos por múltiples denuncias de corrupción y retardación de los procesos.
No obstante, cuestionó a la jueza Décima de Instrucción en lo Penal, Ana Gloria Rojas, quien benefició a Mayerling Castedo y a sus dos hijos, integrantes de un supuesto clan de narcotráfico en Beni, con el arresto domiciliario "por razones humanitarias".
[Fuente: Por Rubén Ariñez, La Razón, La Paz, 03dic19]
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