Equipo Nizkor - El Gobierno generaliza un ataque contra los guaranís, desconociendo sus TCO, sus derechos constitucionales y sus organizaciones legítimas y legales.

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La Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (conocida por sus siglas APG IG), no ha dejado de ser objeto de ataques racistas desde que, gracias a la constitución de su propio fondo de desarrollo, empezara a ejecutar sus programas de salud, educación y producción.

El fondo en cuestión tiene origen en el acuerdo que la Itika Guasu formalizó el 29 de diciembre de 2010 con las empresas hidrocarburíferas que operan en el Campo Margarita, es decir, con Repsol Bolivia, British Gas y la representante de British Petroleum, E&P.

El "Fondo de Inversión Itika Guasu" es el primero de una organización indígena en Bolivia y, según fuentes financieras solventes, es también el primero en América Latina. Es consecuencia de un acuerdo que reconoce todas las reivindicaciones de la APG IG, entre ellas: el reconocimiento jurídico, el reconocimiento de los usos y costumbres, el reconocimiento de la propiedad de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), el reconocimiento del derecho internacional en su vertiente de derecho indígena y de derecho internacional de los derechos humanos, el reconocimiento y valoración de los daños ambientales mediante auditorías independientes realizadas en forma regular durante toda la vida del contrato, la cobertura de los daños por pólizas de seguros válidas y eficaces, así como la garantía del principio de devolver la tierra a su situación original al final del contrato.

El Fondo de Inversión Itika Guasu quedó constituido en marzo de 2011. El mismo tiene como finalidad el desarrollo de acciones para garantizar la educación, la salud, la producción, la vivienda y servicios básicos de las 36 comunidades que habitan la Tierra Comunitaria de Origen Itika Guasu.

Hasta el día de hoy, por prejuicios que no tienen otra explicación lógica posible que el racismo, esta determinación del Directorio de la APG IG y de las 36 autoridades comunales que lo componen, ha sido blanco de críticas y ataques, sobre todo del propio Gobierno nacional, cuyos miembros, en su imaginario plagado de prejuicios creen que, o bien los indios han sido engañados o comprados por las empresas, o bien han sido sonsacados por las ONGs extranjeras.

Nada de eso ha sucedido y desde mediados de febrero del año 2011 la APG IG está transitando el camino de lo que el pueblo guaraní conoce como la búsqueda de la Tierra Sin Mal.

En este marco, la APG IG ha implementado el Programa de Salud "Familia Sana Itikeña", que tiene entre sus logros el ser la primera organización indígena del Departamento de Tarija que impartió atención médica comunidad por comunidad, casa por casa, apoyados de un ecógrafo portátil (baste decir que el programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en Tarija hace tan sólo un año que ha sido dotado de ecógrafos portátiles). De hecho, la primera acción que adoptó el Directorio de la APG IG nada más constituirse el fondo, fue la adquisición de este ecógrafo y la contratación de un médico.

El programa de salud de la APG IG presta asistencia médica, cubre los gastos de medicamentos y el costo de los análisis, así como el transporte de los pacientes y su familiares a los centros de salud en Entre Ríos o en la ciudad de Tarija; el programa ha asumido incluso el costo de cirugías en clínicas privadas cuando los indígenas enfermos no eran atendidos en el Hospital San Juan de Dios de Tarija.

Desde el año 2011 hasta la fecha se han realizado prestaciones médicas en las 36 comunidades de la TCO Itika Guasu llegando a un total de 6.232 pacientes atendidos con recursos propios, muchos de ellos con tratamientos especializados que han requerido inversiones importantes tanto en medicamentos, estudios y especialistas.

El Área de Salud ha puesto también en funcionamiento una Casa de Salud en la ciudad de Tarija donde los pacientes guaranís de la APG IG reciben atención pre y post operatoria, para garantizar así las condiciones de curación después de una cirugía, descansando en un entorno con garantías de higiene, atención y manutención, al tiempo que respetuoso de sus usos y costumbres.

Desde el inicio del Fondo y hasta el momento, la APG IG lleva invertidos más de quinientos mil dólares en su programa de salud.

Dicho esto, y como expresaba el presidente de la APG IG, Never Barrientos, en un discurso pronunciado en el acto oficial de presentación de Consultorios Móviles de Salud por parte de la Gobernación de Tarija, "para la consolidación de este programa se necesita el apoyo de las instituciones públicas".

Pero la APG IG no se quedó sólo en implementar el programa de salud con prácticas propias de las políticas públicas de salud, o al menos con los parámetros que estas políticas debieran reunir, sino que también ha dado pasos importantes en el campo de la producción de maíz.

Para ello llevó a cabo un diagnóstico comunidad por comunidad y dotó el área de producción Maetiregua, que el 2012 y el 2013 dio sus primeros pasos, produciendo inicialmente unas 100 hectáreas de maíz con apoyo del Gobierno Municipal de Entre Ríos.

Con diagnóstico en mano y con recursos propios provenientes del Fondo de Inversión Itika Guasu, en julio de 2013 la APG IG se dotó de maquinaria: un tractor Jhon Deere, un camión, chata, desgranadora y otros equipos. Al mismo tiempo procedió a la compra de semilla de maíz de calidad certificada, lo que, en su conjunto, le permitió lanzarse a la siembra de alrededor de 1000 hectáreas. Como resultado, la APG IG, con su área de producción Maetiregua, logró almacenar hasta agosto de 2014 en sus silos unos 7000 quintales de maíz.

Este avance en la producción se trunca de manera abrupta debido a una ilegal actuación de parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a instancias, ahora lo sabemos, del protervo subgobernador Walter Ferrufino y con el apoyo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Estos funcionarios, y pese a la falta de competencia de la ASFI al respecto, lograron bloquear las cuentas de la APG IG impidiendo que el programa "Familia Sana Itikeña" y el Maetiregua continuaran. En el momento del bloqueo, se había logrado sembrar más de 1.000 hectáreas.

Como consecuencia de esta ilegalidad, el Gobierno y la ultraderecha local de corte reaccionaria y racista en la que éste se apoya en Tarija y en la Provincia O'Connor, impidieron que la APG IG pudiera llevar a cabo la siembra para el periodo 2014 - 2015 y que se siguiera implementando el programa de salud, ocasionando numerosos daños irreversibles, entre lo que se encuentran, como muy graves, la pérdida de vidas humanas y de seguridad alimentaria.

El pueblo guaraní, pueblo de temple y de lucha, soportó estos embates y no bien la ASFI rectificó su "error", en febrero de 2015, hizo todo lo posible por retomar sus programas de mejora de las condiciones de vida de los itikeños.

En el marco de los mismos, se procedió a dotar de un paquete escolar a todos los estudiantes guaranís de la APG IG.

Ya el año 2013, la APG IG había implementado el Bono al niño Guaraní en homenaje, primero, a que el 12 de abril de 2011 fue notificada formalmente de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, que ratifica su derecho propietario sobre las 216 mil hectáreas que componen la TCO Itika Guasu, y porque también el 12 de abril se recuerda el día del niño boliviano.

De abril a junio de 2013 la APG IG distribuyó el Bono, comunidad por comunidad, a todos los estudiantes, siendo ese año un total de 1.200 los beneficiados con un bono que tiene el monto igual al Bono Juancito Pinto que otorga el Gobierno boliviano.

En la gestión 2014 no se pudo atender el requerimiento de los estudiantes precisamente por el asedio de lo que en la APG IG se conoce grupo de kapangas, es decir, capos al servicio de los señores y autoridades locales y del Gobierno, que instrumentan y se sirven de individuos, tanto guaranís como karais o blancos, para intentar suplantar a las autoridades indígenas reales, de forma que a través de estos kapangas se presiona, amenaza y persigue a los comunarios, incluido en el plano judicial.

El tener que hacer frente a este asedio dificultó la marcha normal de las actividades de la APG IG. No obstante, la APG IG, continuando con su proyecto de educación, el 3 de agosto de 2015 comenzó la distribución y entrega del Paquete Escolar Guaraní en las comunidades de Timboy, Potrerillos, Agua Rica, Suarurito, Tentaguasu, Iguiranti (Palos Blancos) y Zapaterambia, en actos públicos presididos por el presidente de la organización, Never Barrientos, e integrantes del Directorio y del Área de Educación y donde los alumnos reciben esta ayuda escolar oficialmente.

A mediados de agosto de 2015 se habían entregado ya 850 paquetes escolares de un total de 1.557 previstos por el área educación, después de que ésta elaborara entre abril y mayo el cuadro estadístico detallado de los estudiantes que están inscritos en el nivel inicial, primaria y secundaria de la TCO Itika Guasu.

Curiosamente, en tiempos en los que en el Departamento de Tarija todo el mundo se pregunta adónde fueron a parar los millones de la renta petrolera y del gas que sale del campo Margarita (campo que está dentro de la TCO Itika Guasu, propiedad de la APG IG), el pueblo guaraní Itika Guasu, ya en diciembre de 2010 en Asamblea de Mburuvichas, determinó que la compensación de Repsol YPF Bolivia debía servir no sólo un año, sino 10, 20 años, y encontró como mecanismo para ello, la creación de un Fondo de Inversión que le permitiera acometer sus objetivos de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los comunarios a medio y largo plazo. La APG IG aprobó asimismo un reglamento para el Fondo que está incluido en el Estatuto oficial de la organización.

Hay que aclarar que aunque las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria, adoptadas conforme a sus propias reglas y procedimientos, tienen eficacia en la jurisdicción ordinaria, de cara a normalizar el día a día administrativo y de la gestión la APG IG ha elevado a escritura pública y registrado, todo lo que hace a su personalidad jurídica y los poderes de gestión al interior de la organización. Obviamente, el hecho de constituir un fondo de inversión no habría sido posible sin que todos estos requisitos se encontraran cubiertos.

La APG IG está también registrada de conformidad con los requisitos que el Código Civil boliviano exige a las asociaciones.

El caso de la APG IG es único en América Latina, tanto porque negoció en pie de igualdad con una empresa y consiguió que los estándares del sector para ellos fueran como mínimo los mismos que se aplicarían en cualquier país de los llamados centrales (y muy por encima de lo que el propio Gobierno negoció con el sector en nombre de todos los bolivianos), y porque con lo percibido se constituyó y se está gestionando un Fondo de Inversión vinculado a la mejora de las condiciones de vida de los guaranís de la TCO Itika Guasu. Pocos pueblos indígenas han logrado tal cosa, y en América Latina ninguno.

Pocos pueblos indígenas están gestionando escasos recursos con tal resultado y con una eficacia que la administración pública debiera reconocer y emular, al menos en lo que al tratamiento de los asuntos indígenas se refiere.

De ahí que esta persecución permanente de parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y en general del Gobierno, sea del todo soez y disparatada jurídicamente hablando.

El cumplimiento y la ejecución de esta decisión de la APG IG de invertir en salud, educación y producción, y hacerlo además gestionando sus recursos de manera transparente y con la diligencia de un buen empresario o de un buen padre de familia, pero amoldándose a los usos y costumbres de los itikeños, contrasta con la falta de objetivos adecuados a la realidad indígena que hasta el momento ha imperado en las políticas indígenas del Departamento de Tarija.

La eficacia de la APGIG contrasta con lo que hasta ahora ha sido la ineficacia de la Unidad de Asuntos Indígenas (UDAIPO), unidad para la que han llegado a estar a sueldo más de 40 empleados sin que esto se haya notado lo más mínimo en la mejora de las condiciones de vida de la población indígena del Departamento.

Con muchos menos recursos y cumpliendo el mandato de su pueblo, no en la retórica, sino en la práctica, la APG IG ha desarrollado lo descrito teniendo que hacer frente a despiadados ataques por el hecho de dar salud a sus hermanos, por atender en educación a sus hijos, por promover la producción de maíz, acusaciones que son claramente difamatorias y calumniosas.

Hay que recordar que el entonces Ejecutivo Seccional y ahora subgobernador de la Provincia de O'Connor, Walter Ferrufino Gaite, mantiene un grupo de unas 20 personas contratadas desde hace al menos dos años, que tiene como finalidad el acoso de las organizaciones guaranís con métodos claramente mafiosos, tales como: acusaciones falsas, amenazas, intimidación, extorsión y cooptación forzosa. Para conseguir su ilegal finalidad instrumentan todo tipo de documentos falsos con los que, mediante el apoyo legal de abogados del propio grupo, pretenden usurpar la personalidad jurídica de las organizaciones y de sus dirigentes.

Este grupo de kapangas organizado por el protervo subgobernador Walter Ferrufino, perteneciente a la ultraderecha de corte reacionaria y racista en la que el Gobierno boliviano se apoya en esta zona, tiene su cabeza visible en los guaranís Hugo Arebayo Corimayo, su hermano René Arebayo Corimayo y su tío Anastacio Arebayo. Estos dos últimos en 2014 fungían como funcionarios públicos y los tres tienen sanciones por usos y costumbres impuestas por la APG IG y que datan de octubre de 2012, fecha en la que ya se les había formalmente expulsado de las comunidades y prohibido que ocuparan cargos de representación, tanto a nivel interno como frente a terceros.

Tanto es así que localmente se empieza a hablar del "cártel Ferrufino-Arebayos", aludiendo con ello al dudoso origen de las ingentes sumas de dinero que esta asociación de individuos maneja.

Pues bien, contra viento y marea, frente a los ataques y el continuo asedio y obstaculización que ejercen la subgobernación de O'Connor y el Gobierno, principalmente a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y ahora también del Ministerio de Gobierno, la APG IG está gestionando su Fondo de Desarrollo de manera eficaz y transparente. Lo hace también con todos los requisitos legales, depositando anualmente su balance auditado.

Es lamentable que este hostigamiento sistemático le obligue a dedicar recursos a tener que contrarrestar los permanentes ataques, al tiempo que este accionar le ha causado innumerables pérdidas, tanto en vidas humanas, al no haber podido dar atención médica ni hospitalaria a comunarios que acabaron falleciendo, como materiales, principalmente la imposibilidad de ultimar la cosecha del periodo 2013-2014 y de efectuar la siembra 2014-2015. También los estudiantes de los internados de la TCO IG dejaron de recibir víveres durante este parón.

La APG IG está haciendo frente a incriminaciones falsas y simulación de casos penales, a lo que se suman el ingreso en las comunidades para amenazar a los comunarios, infundir falsos rumores y realizar sobornos de parte de este grupo organizado que tiene como finalidad aniquilar la organización.

La compra de voluntades, con dinero también de dudosa procedencia, forma parte de la estrategia del Ministerio de Hidrocarburos de cara a suplantar las autoridades legítimas y legales de la APG IG, y no sólo de la APG IG, sino también de otros pueblos guaraní, tanto del Departamento de Tarija, como en Chuquisaca y Santa Cruz. En realidad, estamos asistiendo a una estrategia de acoso y derribo de los guaranís de Bolivia.

Abraham Espinoza

Sirva de ejemplo el asalto que los miembros de esta asociación ilícita hicieron a la sede del Consejo de Capitanes guaraní de Tarija en octubre de 2014. Esa toma estuvo liderada por el supuesto nuevo presidente electo, Abraham Espinoza Montoya, no guaraní, dicho sea de paso, y quien el 31 de marzo de 2015 ingresara en prisión en La Paz acusado de extorsión, amenazas y otros delitos conexos en contra del Diputado guaraní Jacinto Vega Rivero y de otros dirigentes guaranís, todos del Departamento de Tarija. Cabe decir que esta detención fue posible, a pesar de la protección de que este individuo goza, debido a que fue sorprendido en flagrante delito.

Abraham Espinoza es también el responsable, según su propia confesión, junto a altos funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, de la organización del mencionado bloqueo de las cuentas bancarias de la APG IG, situación que duró unos seis meses y provocó a la organización indígena pérdidas y daños económicos por más de un millón de dólares.

Según información del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la policía de Tarija que obra en el procedimiento llevado a cabo por la fiscalía de esa ciudad a raíz del asalto a la sede guaraní, es el grupo racista, compuesto, entre otros, por Abraham Espinoza u Hobrán Espinoza, así como por Alejandrina Avenante, Poulina Cueva, Modesto Romero, Sacarías Durán, Miguel Ángel Solís Osinoga, Sofía Segovia, Soilo Rocha y Hugo Arebayo el responsable del saqueo de la sede del Consejo de Capitanes de Tarija.

Otro caso reciente que ha provocado numerosas críticas a la actuación del Gobierno y las fuerzas policiales, es el del ataque a los indígenas de la TCO Tokovo Mora, también guaranís.

Los indígenas de Takovo Mora organizaron un bloqueo de carreteras ante la vulneración de su derecho a ser consultados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de las exploraciones hidrocarburíferas que la estatal YPFB lleva a cabo en su TCO, en el llamado bloque El Dorado.

Piden también al Gobierno la derogación de al menos tres decretos que autorizan la exploración en tierras indígenas sin observar el derecho a consulta contemplado en la Constitución Política del Estado y en las leyes.

Se trata de 3 decretos que el Presidente Evo Morales firmó en menos de 60 días y que atacan los derechos indígenas y la CPE. Son el decreto 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y además sin garantías medioambientales; el 2195, relacionado con la compensación financiera en relación con la actividad hidrocarburífera en tierras indígenas y campesinas; y el 2298, que de hecho, a pesar de ser un decreto y estar por debajo de la ley en la jerarquía normativa, viene a modificar la ley de Consulta previa a pueblos indígenas en proyectos de explotación de hidrocarburos.

Con estas reivindicaciones los guaranís de la TCO Takovo Mora decidieron emprender un bloqueo para que se les escuchara.

El caso es que el pasado martes 18 de agosto la Policía rompió el bloqueo que mantenían en Yateirenda, en la carretera entre Santa Cruz y Yacuiba, y lo hicieron mediante una violenta represión y con uso desproporcionado de la fuerza, como ha incluso reconocido públicamente el Fiscal del municipio de Cabezas, que es el competente territorialmente.

Como resultado de la intervención policial, unas 26 personas fueron aprehendidas, la inmensa mayoría indígenas, entre ellos al menos 4 menores. Celebrada la audiencia cautelar contra los detenidos, 9 quedaron en libertad y el resto con medidas cautelares aberrantes que prohíben el derecho a reunión y manifestación.

Los guaranís denunciaron el uso de la violencia durante los arrestos; manifestaron que incluso los agentes destruyeron vehículos y motocicletas, ingresaron a los domicilios para llevarse a diferentes personas y que, en algunos casos, agarraron a los niños como extorsión para lograr las detenciones.

La finalidad última, según testimonios directos, era la detención de los dirigentes indígenas, como pone de relieve el hecho de que efectivos policiales ingresaran en las viviendas de la comunidad de Yateirenda, hecho registrado después de que los policías lograron desbloquear la ruta.

La cuestión de fondo es una vez más la de la propiedad indígena sobre las tierras que ocupan ancestralmente: los indígenas de la Capitanía Takovo Mora demandan hace 19 años la titulación de su Tierra Comunitaria de Origen (TCO). En cambio, se reconoce título propietario a terceros (normalmente empresarios y ganaderos) que se asientan en territorio guaraní, resultando que después las exploraciones hidrocarburíferas son en esos supuestos predios privados.

De hecho, la empresa estatal YPFB alega que cuatro pozos del bloque El Dorado se harán en las propiedades privadas de Chivatos y San Juan de El Dorado, de 3.500 hectáreas. Los guaranís aseguran que están en su territorio y pidieron al INRA departamental de Santa Cruz la reversión de esos predios.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó el desbloqueo realizado por la Policía. Reiteró que la zona donde se realizan las actividades de exploración hidrocarburífera están fuera de la (TCO).

Las declaraciones del Ministro de Gobierno, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, desconociendo la TCO y los derechos del pueblo indígena titular de la misma, son un acto de felonía sintomático de una deficiente catadura ética y moral.

Estas declaraciones y la actuación de las fuerzas policiales a su cargo, contrastan radicalmente con los valores, principios y derechos que defendía públicamente cuando, siendo Director Ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, el CEJIS, emitía comunicados en defensa del derecho de los pueblos indígenas a su territorio.

Denunciaba también la indefensión jurídica del CEJIS en ese momento, cuyos miembros, habiendo sido agredidos, eran tratados como agresores por las instancias estatales y ello como consecuencia de la defensa jurídica que hacía en casos de titulación de territorios indígenas, como es el caso del Proceso para la Titulación del Territorio de Monte Verde.

En uno de esos comunicados, de fecha 3 de octubre de 2001, escribía el actual Ministro de Gobierno, lo siguiente:

El 27 de Septiembre, el Gobierno Nacional y la Cámara Agropecuaria del Oriente, suscribieron un convenio en el que claramente se expresa el interés de "legalizar" el despojo de los territorios indígenas y las tierras campesinas, llegándose al extremo de pretender el establecimiento de normas que favorezcan la titulación definitiva de procesos agrarios obtenidos en la dictadura de Luis García Meza, o disposiciones draconianas como las de carga animal, a través de la cual con unas cuantas cabezas de ganado los acaparadores y traficantes de tierras podrán apoderarse de extensiones considerables, que como ha sucedido hasta el momento solo servirán para la especulación y el enriquecimiento fácil. Similar objetivo se pretende con la flexibilización extrema de las normas para la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social de la propiedad agraria.

En este mismo convenio, el Gobierno se comprometió a ratificar y hacer cumplir el Decreto Supremo anticonstitucional que pretende coartar el trabajo de las ONG que apoyan a pueblos indígenas y organizaciones campesinas, quedando claramente establecida la intencionalidad de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en sentido de restringir al máximo todas las posibilidades indígenas y campesinas de defender en el plano legal y constitucional sus derechos reconocidos por la legislación boliviana vigente."

Estos antecedentes ponen de manifiesto que el Sr. Romero está exhaustivamente al tanto del modus operandi desde instancias estatales, como él mismo pudo experimentar con el INRA, para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, por lo que es perfectamente consciente de que falta a la verdad en sus declaraciones. Cuando este actuar viene de un funcionario público, que ha de respetar y hacer respetar la ley, es especialmente grave. Lo mismo es aplicable al vicepresidente Álvaro García Linera, quien perteneció en su día al Directorio del CEJIS y está igualmente al tanto de este particular modus operandi de sustracción de tierras.

Queda pues claramente establecida la intencionalidad del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y del Vicepresidente García Linera "en sentido de restringir al máximo todas las posibilidades indígenas y campesinas de defender en el plano legal y constitucional sus derechos reconocidos por la legislación boliviana vigente."

La finalidad última es pues conseguir despojar a los guaranís del ejercicio de sus derechos en cuanto pueblos propietarios de las tierras que desde tiempos ancestrales ocupan.

Y es en este contexto en el que ha de analizarse la reciente decisión del Presidente Evo Morales de excluirles del nuevo Fondo Indígena. Otra decisión que forma parte de la estrategia gubernamental contra las organizaciones guaranís y sus dirigentes.

Así, mediante el Decreto Supremo 2493, aprobado el 26 de agosto de 2015 por el Ejecutivo, se crea el Fondo de Desarrollo Indígena, con una estructura orgánica diferente del anterior Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas o FONDIOC, cuya eficacia ha sido nula, en parte porque parte del fondo se ha usado en cometidos que quedan fuera de su pretendida finalidad y su gestión se ha visto plagada por actos de corrupción por los ya hay voces que reclaman se pidan responsabilidades hacia arriba.

Quienes no tendrán representación dentro de la estructura del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena son la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní (es decir, la APG Nacional), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni.

Se da la circunstancia de que fueron las movilizaciones lideradas por la APG IG las que llevaron en su momento a la creación del FONDIOC, si bien la APG IG, a la vista de la normativa reguladora del fondo, nunca solicitó proyecto alguno al mismo, ya que las cosas estaban dadas, según nos dicen desde su departamento jurídico, para que los dineros se administraran mal y se acabara culpando de ello a todos los guaranís sin distinción y sólo a los guaranís. Ahora el tiempo les da la razón. Si bien no deja se ser irónico que los guaranís, propietarios de las tierras de las que surgen las rentas que componen el fondo, queden fuera del fondo.

Pero el mecanismo más perverso de desmantelamiento de las organizaciones indígenas que defienden sus propios derechos, consiste en el nombramiento de supuestos dirigentes y la falsificación documental de cara a hacer valer esos nombramientos ante diversas instancias.

En el caso de la APG IG, la trama, encabezada visiblemente por Walter Ferrufino y sus esbirros, básicamente los hermanos Arebayo, ha llegado a falsificar actas de comunidades y a incurrir en hechos tan graves como plasmar la firma de menores de 10 años como si de comunarios con derecho a voto se tratara.

Con actas de esta índole han pretendido después hacer valer ante diversas instancias el nombramiento de un nuevo directorio al frente de la APG IG y la destitución, según ellos, del anterior. Por supuesto sin respetar ninguno de los procedimientos ni formalidades requeridas por el estatuto vigente que por unanimidad se dieron las 36 comunidades representadas por la APG IG.

La maniobra llega a tal punto, que sobre la base de actas fabricadas y fraudulentas, el entonces Notario Público de Entre Ríos, lugar donde tiene su sede la APG IG, registró poderes a nombre del cártel Ferrufino en las personas de Hugo Arebayo y Eugenio Catuire.

Estas falsificaciones han afectado también a las APG de Villamontes y Bermejo, así como al Consejo de Capitanes de Tarija, que están teniendo que hacer frente a un acta notarial fraudulenta que supone la usurpación de las autoridades elegidas por usos y costumbres y en la cual, la asociación delictuosa de los Arebayo otorga poderes al ya mencionado y procesado Abraham Espinoza en su falsa condición de presidente del Consejo de Capitanes guaranís de Tarija.

Una de las instancias ante las que este grupo delictuoso intentó hacer valer su falsa representación fue el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, que finalmente hubo de recular y no reconocer estas falsas representaciones.

Este actuar ha afectado a las APGs de Yacuiba, Carapari, Villamontes, Itika Guasu y Bermejo, todas ellas miembros del Consejo de Capitanes Guaranís de Tarija, es decir, ha afectado a los guaranís del Departamento de Tarija en su conjunto. En consecuencia, ha motivado resoluciones conjuntas de todas ellas ratificando las sanciones que la APG IG emitiera contra los Arebayo y sancionando a todos los usurpadores de la jurisdicción indígena, de forma que no podrán ejercer cargos en la comunidad, en la zona, en el departamento ni en la APG Nacional, ni tampoco acceder a cargos públicos ni políticos en representación o a nombre del pueblo guaraní. Los sancionados son los siguientes:

De la APG Yacuiba:
Zoilo Rocha

De la APG Carapari:
Zacarías Duran
Francisco Barriga
Dino Ortiz

De la APG Itika Guasu:
Hugo Arebayo Corimayo
René Arebayo Corimayo
Anastacio Arebayo
Eloy Novillo
Eugenio Catuire
Corina Cueilar
Martin Maire
Reynaldo Llanos Cayo
Eduardo Segundo
Artemio Tárraga
Ahraham Melean
Pascual Catuire

De la APG Villamontes:
Alejandrina Avenanti
Modesto Romero
Etelvina Robles
Agapito Vasquez
Elena Cuellar

Este hostigamiento y persecución afecta también a los guaranís de los Departamentos Santa Cruz, como han puesto de manifiesto los terribles hechos de Yateirenda, y también de Chuquisaca, cuya representación ha intentado ser usurpada también por el clan de los Arebayo.

El 31 de julio de 2015 las distintas organizaciones guaranís se reunieron en lo que ellos denominan "Nación Guaraní de Bolivia" y condenaron en una resolución la actuación del Presidente Evo Morales desconociendo la CPE y las estructuras de las naciones y pueblos indígenas. Esta Asamblea congregó a todas las organizaciones guaranís del Estado Plurinacional de Bolivia y en la misma adoptaron un texto por unanimidad en el que resuelven:

"Desconocer los actos públicos propiciados por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el 30 de julio de 2015, en la Comunidad de Ñaurenda de la TCO Itika Guasu, e invalidar todo acuerdo, documentación y cualquier acto jurídico que se hayan generado en dicho acto dado que desconoce la jurisdicción indigena originaria y territorial de cada una de las organizaciones guaranís de Bolivia".

Y también:

"Declarar y recordar que cualquier acuerdo y acto jurídico que de los actos públicos mencionados pudiera derivarse, es nulo de pura nulidad como consecuencia de que la representación alegada por parte de los guaranís presentes en tales actos se basa en la usurpación de autoridad, falsedad material e ideológica y en el uso de instrumentos falsificados, todos ellos delitos tipificados en el Código Penal vigente."

En ese momento estaban refiriéndose a un acto en una de las comunidades que componen la APG IG organizado por Evo Morales para dar apariencia de legitimidad al visto bueno que el cártel Arebayo dio a los decretos de vulneración del derecho a consulta.

Por eso desde la APG IG y desde las restantes organizaciones guaranís se pide que los funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos dejen de financiar en forma irregular e ilegal a organizaciones paralelas a sus organizaciones.

Hay sectores que exigen la renuncia del Presidente de YPFB Guillermo Achá, del Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y de los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos que son los que dirigen, organizan y financian estas operaciones ilegales y que funcionan como una auténtica organización criminal que ha llegado al extremo de falsificar documentos públicos y especialmente licencias ambientales.

Entre otros se encuentran los siguientes:

Xavier Eduardo Barriga Sinisterra, Director General de Gestión Socio Ambiental Viceministerio de Desarrollo Energético Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Eduardo Alberto de los Ríos Colodro, Jefe de Unidad de Prevención y Control Socio Ambiental de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Freddy Hurtado, Comunicador social, YPFB Villamontes y,
Franklin Molina Ortiz, ex Viceministro de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

En vista de todo lo relatado, resulta evidente y notorio que desde el Gobierno boliviano, no sólo se omite su deber de protección a población vulnerable, sino que se participa activamente en una trama de ilegalidad y extorsión encaminada a reemplazar a las organizaciones guaranís y, como consecuencia, obligar a las empresas del sector extractivo a quedar incursas en una actuación ilegal y a ocultar los vicios que este actuar provocan a las "licencias" que el Ministerio otorga sin consultar a los representantes legítimos y legales de los propietarios de las tierras ancestrales en que dichas empresas operan.

�Es esta la seguridad jurídica que el Gobierno Boliviano quiere dar a los inversores extranjeros y nacionales?

El caso de la APG IG ha puesto de manifiesto que un pueblo indígena puede ejercer su autonomía, gestionar las implicaciones de ésta y mejorar las condiciones de vida de sus miembros. La APG IG pasó de pedir protección al Gobierno de Evo Morales frente a las empresas a conformarse con que este Gobierno, sencillamente, le deje hacer y proseguir con su propio plan de desarrollo, el cual, como queda claro, se está ejecutando sin recurso ni ayuda pública alguna.

El hacer frente a esta interferencia en los asuntos indígenas encaminada a subvertir sus estructuras y, en definitiva, sus formas de vida, se está convirtiendo en una cuestión crítica de supervivencia.

De continuar así, es decir, violando principios básicos constituciones y leyes internas que consagran y ratifican el derecho propietario indígena, el derecho a tener sus instituciones y formas propias de representación, sin interferencia, y el derecho a la consulta previa, libre e informada, de continuar violando todo esto, el actual Gobierno pasará a la historia como liquidador del bien que es indisoluble a la esencia y al ser de todo pueblo indígena, su territorio.

Hay un gran desajuste, o, dicho de otro modo, una gran diferencia entre los perniciosos hechos y acciones del Gobierno de Evo Morales hacia los pueblos indígenas guaranís y la imagen de defensor de indígenas que este Gobierno y su presidente quieren hacer valer dentro y fuera de Bolivia.

Lo que desde la APG IG nos dicen que les importa, al fin y al cabo, es algo muy simple y que para cualquier Gobierno iría de suyo, es decir, que el Gobierno y todos los poderes públicos cumplan con la sentencia constitucional de 2010 a favor de la organización y la TCO Itika Guasu, en la que el más alto Tribunal les exhorta "al cumplimiento de las normas internacionales y constitucionales referidas a los derechos de los pueblos indígenas".

Básicamente, lo que solicitan desde las distintas APGs es:

- Que se respete la Constitución Política del Estado, especialmente en el cumplimiento del Capítulo Cuarto y su artículo 30, referidos a los DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS, así como el cumplimiento y ejecución de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R en cuanto afecta al derecho de consulta y a la propiedad indígena y a la posesión de la tierra.

- Que se respeten las Tierras Comunitarias de Origen y por tanto se proceda a la escrituración de todas y cada una de ellas sin más dilaciones y se proceda a garantizar el derecho de propiedad indígena en las mismas condiciones que se pretende defender la propiedad privada, ordenándose la consolidación de las tierras comunitarias de acuerdo a lo previsto en la ley 3760 y en la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, antes mencionada.

El clima es tan poco propicio a los pueblos guaranís, que cumplir con las sentencias constitucionales y con la CPE, por un lado, y no interferir en los asuntos indígenas, por otro, han devenido desiderátums de difícil consecución.

03sep15

El Gobierno generaliza un ataque contra los guaranís, desconociendo sus TCO, sus derechos constitucionales y sus organizaciones legítimas y legales

Radio Nizkor
Tarija y Charleroi, 03sep15

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El Gobierno generaliza un ataque contra los guaranís, desconociendo sus TCO, sus derechos constitucionales y sus organizaciones legítimas y legales

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