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21feb09


Un ex viceministro será detenido en su domicilio


La juez 10° de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, determinó ayer el arresto domiciliario del ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio Jordán, después de encontrar indicios suficientes sobre los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa.

El 14 de julio del 2008, cuando la empresa Catler-Uniservice firmó el contrato con el Gobierno y se adjudicó la construcción de una planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz, Gemio era gerente de planificación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Luego del volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, se destapó un escándalo por un supuesto contrato ilegal entre YPFB y Catler-Uniservice.

El Ministerio Público argumentó que Gemio, cuando era gerente de Planificación de YPFB, “fue quien presentó las notas de invitación directa a siete empresas que supuestamente estaban interesadas” en la adjudicación de la construcción de la planta. Es decir que, según la Fiscalía, él conocía que Catler-Uniservice era una empresa ilegal.

Asimismo, uno de los fiscales, César Romano, explicó que Gemio había sugerido al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, las empresas que estaban interesadas en la licitación y que entre ellas estaba Catler-Uniservice.

Uno de los abogados de Gemio, Franz Avilez, aseguró que su cliente no incurrió en actividades antijurídicas. “Dentro de sus atribuciones, únicamente recibió las propuestas de interés de siete empresas y sugirió que se haga llegar la invitación a todas” y no sólo a Catler-Uniservice.

El Ministerio Público aseguró que una vez que asumió el cargo de Viceministro de Desarrollo Energético “no realizó una transferencia de documentación” a la persona que quedó en su lugar, Juan Carlos Arellano. Según la Fiscalía, Gemio era el responsable de realizar esa entrega.

En octubre del 2008, el entonces ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, posesionó a Gemio como viceministro de Desarrollo Energético.

Avilez aseveró que si hubo delitos dentro de YPFB, fueron anteriores al cargo que asumió su cliente. “Hemos demostrado que reúne todos los elementos para ser acreedor de una libertad irrestricta”, afirmó el abogado.

Pese a lo argumentado por la defensa de Gemio, Siles determinó su detención domiciliaria por existir probabilidad de participación en los delitos imputados, sin embargo descartó el riesgo de fuga que la Fiscalía presentó como una amenaza de obstaculización.

El abogado de Gemio aseveró que la decisión de la jueza fue a causa de presiones, pero no especificó de quiénes. Aseguró que continuará con su defensa.

Cuando estalló el escándalo, el 27 de enero, Gemio seguía en el cargo de viceministro. Pocos días después, el presidente Evo Morales destituyó a Ramírez y solicitó la dimisión de una decena de personas, entre ellas la de él.

Policía agrede a un fotógrafo

Luego de finalizar la audiencia cautelar contra Misael Gemio, un grupo de uniformados se apostó afuera del Juzgado 10° de Instrucción en lo Penal. Uno de ellos no permitió que el fotógrafo de La Razón, David Guzmán, fuera detrás del imputado, cuando otros medios así lo hicieron, y lo agredió violentamente.

El efectivo policial, totalmente encolerizado, llevó a empujones a Guzmán por el pasillo del primer piso de la Corte Superior de Distrito de La Paz, en su afán de conducirlo hasta la planta baja. Antes de bajar las gradas, lo zarandeó repetidas veces. Tres policías llegaron al lugar y comenzaron a gritarle hasta que otros periodistas se acercaron y defendieron al reportero gráfico de este medio.

En cuestión de segundos, el policía soltó a Guzmán y se fue. Otro efectivo del orden, que estuvo en el lugar, explicó que sólo cumplen órdenes superiores.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurren altercados con la Policía. Los periodistas, camarógrafos y fotógrafos de los diferentes medios de comunicación que cubren audiencias cautelares tienen que lidiar con el mal humor y el maltrato de los guardias que impiden que cumplan con su trabajo periodístico.

En varias ocasiones, no permitieron el acceso a las fuentes dentro de la Corte de La Paz.

[Fuente: La Razón, La Paz, 21feb09]

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