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19jun17
Un 10% del Fondioc fue a cuentas de 11 dirigentes
El caso del escándalo de corrupción Fondioc (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas), aún deja "mucha tela por cortar". En la reciente publicación del libro, bajo el título "Crónica de una traición", cuyo autor Óscar Ortiz Antelo, senador opositor por Unidad Demócrata, entre muchos aspectos hecho públicos, revela que al menos 11 dirigentes o representantes de organizaciones sociales campesinas e indígenas se beneficiaron con el 10% del total de Bs 692 millones de fondos que fueron a dar a cuentas particulares.
Cada uno de los 11 beneficiarios se favorecieron en "sola transferencia" en sus propias cuentas, con un promedio superior a los Bs 3,0 millones, al constituir un total de Bs 76,7 millones.
"Nunca, en ninguna otra entidad pública, se dio este despropósito administrativo y no solamente porque transferencias de más de 3,0 millones de bolivianos debieran levantar sospechas en el Estado, sino porque se hicieron a cuentas particulares", señala la investigación de Ortiz.
El hecho más saliente. Entre esas 11 personas que recibieron más de Bs 3,0 millones, se destaca de manera emblemática a Melva Hurtado Áñez, que en su condición de presidente de la Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), se hizo en "una sola transferencia" al menos de Bs, 17,6 millones.
La dirigente, que fue colocada en el cargo de máxima ejecutiva de la Cidob, en una acción típica de paralelismo político, por el propio partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contraste a otra fracción comandada por Adolfo Chávez, se favoreció de dicha transferencia para 11 proyectos.
Al respecto Hurtado, en contacto con El Día, señaló que dichas transferencias le fueron hechas en su condición de máxima representante de los indígenas de tierras bajas. Argumentó que bajo ninguna circunstancia fueron para sus intereses particulares sino para proyectos que ya estaban en proceso de ejecución en las comunidades de las TCO (Tierras Comunitarias de Origen).
"Yo firmé porque fui la representante legal de esos proyectos. Yo no manejaba los recursos, quienes tenían a su cargo y uso de esos recursos fueron los técnicos y administrativos, pero habían cuentas mancomunadas. Solo que el Sigma, registró solo un nombre pese a tener cuentas mancomunadas con nombre y apellido", señaló Hurtado, en referencia a solo ocho proyectos que ella dice haber sido de su conocimiento.
Otras personas que figuran en la lista de 11 beneficiarios de un promedio superior a Bs 3,0 millones por cada uno están: Hubert Ribero Méndez, en representación de la Cidob, el Cpemb (Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni), Victoria Justiniano Gonzales de la Cnmciob (Mujeres Bartolina Sisa), Dionicio Flores, Jorge Choque Salomé y Joaquín Saloma Apaza de Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo), René Jiménez Ledezma y Rolando Alí Garzofino (Confederación Sindical de las Comunidades Interculturales de Bolivia), la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Damiana Ramos Sánchez (Cidob-Csutcb-Cnmciob), Celia Zúniga Ortiz de Csutcb(Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia), Evarista Soto de Ramírez de Cnmciob-Apg (Asamblea del Pueblo Guaraní).
Parte de un todo. El escándalo millonario del Fondo Indígena ha alcanzado dimensiones impensables. Se destaca que de 1.100 proyectos aprobados, 1.048 recibieron transferencias a cuentas particulares por un monto total de Bs 692 millones.
Este hecho, según analistas, ha violado todos los procedimientos y mecanismos establecidos por las normas nacionales. De acuerdo a la Ley 2042 de administración presupuestaria, todas las entidades del sector público tienen la obligación de mantener sus recursos financieros en cuentas fiscales autorizadas por el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Lo cual en este caso no solo que no se ha cumplido sino que se ha vulnerado el principio legal y normativo.
La investigación de Ortiz refiere que entre muchos acápites, "hay una lista de 86 personas que recibieron mas de 113 millones de bolivianos en cuentas particulares, en transferencias de una y varias a la vez, entre Bs 900 mil a 17,6 millones. Los analistas políticos Víctor Hugo Cárdenas e Iván Arias Durán señalan que esas revelaciones confirman todo un plan estratégico del gobierno orientado, primero a cooptar lealtades de organizaciones sociales basadas en favores políticos, con el manejo y dispendio discrecional de los recursos del Estado. Arias, quien fue coautor junto a Diego Ayo del libro: "Fondo Indígena: modelo de acumulación colonial", enfatiza que el caso del Fondioc responde a un "modelo de caras conocidas", donde se beneficia a empresas y actores políticos y sociales afines al gobierno.
"Es un círculo bien hilvanado desde el poder, donde se han roto las licitaciones, cuando el 93% de las adjudicaciones se las hace de manera directa. Esos operadores están cuoteados por pocas personas en el poder, que al influjo de los ingresos y la disposición de millones de recursos públicos han cooptado favores y adhesiones", señaló Arias.
A su vez, Cárdenas señala que el Fondioc es la punta del ovillo de plan ejercitado por el gobierno, que gracias a la bonanza económica, impuso mecanismos para centralizar y fortalecer el dominio del poder. "Primero es que ejecutan un plan para comprar favores políticos para favorecer este proceso, luego para cumplir con ello ha permitido que organizaciones sean cooptadas para convertirse en células del poder, del gobierno y del caudillo: Evo Morales. La discrecionanalidad en el manejo de los recursos fue un sistema de cooptación de poder", argumentó Cárdenas.
Otras miradas. Bajo el rótulo de "Amargas Cosechas", en una reciente publicación, su autor, Gonzalo Flores, experto en el tema, señaló que el caso Fondioc fue gestado como un diseño para transferir fondos a las organizaciones campesinas e indígenas a cambio de votos. En ese ámbito, señala Flores que el Fondioc no estableció sistemas adecuados de seguimiento y control de los proyectos, además de generar desembolsos antes que los proyectos hayan siquiera arrancado. "A las distintas cifras y montos, cabe añadir todos los beneficios perdidos: los productos, servicios, empleos e ingreso no generados por no haber empleado correctamente el dinero", finaliza en su análisis Flores.
Matices - Desequilibrio en la distribución territorial del Fondo
Regiones. "Inequidad territorial", señala la investigación de Ortiz, al revelar que que casi el 50% de los recursos beneficiaron al departamento de La Paz, donde se precisa además que de 1.100 proyectos, 543 corresponden a dicho departamento. Además del total de proyectos 666 de ellos corresponden a la zona andina del país. De la inversión total por departamentos, que implica Bs 729 millones, Bs 353 millones beneficiaron a La Paz.
Santa Cruz. En contraste con La Paz, Santa Cruz solo recibió Bs 47, 5 millones por solo 52 proyectos, lo que permitió ocupar el cuarto lugar con con solo 7%. "Este grado de desproporción es signo de un peligroso patrón de comportamiento", argumenta el senador Óscar Ortiz.
Organizaciones. Otro de los aspectos salientes es que hubo preferencia entre las organizaciones sociales, campesina e indígenas en el beneficio de los montos de desembolso de dinero. Del total de Bs 729 millones de solo tres organizaciones como son la Confederación de Inteculturales (CSCIB), la Confederación Unica de Campesino de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), se beneficaron con Bs 500 millones.
Esas tres organizaciones, políticamente a lo largo de estos años reflejaron su cerrada afinidad y militancia con el partido de gobierno.
Caso - Solo un sentenciado hasta el momento
Caso. Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondioc, fue sentenciado el pasado 26 de mayo a cinco años de cárcel, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Se trata hasta el momento de la primera autoridad de la alta cúpula que administró el Fondo del escándalo que se desató a partir de febrero 2015.
Otros. Este caso arrastró a otras exautoridades como a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y Julia Ramos, la presidente de entonces del Cidob, Melva Hurtado. Según el diputado querellante de la ministra Achacollo, Rafael Quispe, el proceso en el caso de la exautoridad del Estado sigue paralizado. "Parece que con meter preso a la exministra lo están dejando pasar el tiempo. Además, yo mismo he pedido ampliación de la investigación a otras exdirigentes y dirigentes actuales como Rodolfo Machaca. Tampoco lo citan", señaló el parlamentario suspendido.
Contrapartida. En diversas oportunidades Achacollo, en contacto con El Día, ha manifestado que ella se siente casi abandonada por sus compañeros del MAS y la alta cúpula del gobierno al que perteneció por un periodo largo cuando fue ministra del sector. "Lo directos responsables siguen libres", protestó.
"El daño moral a la sociedad es incalculable"
Gonzalo Flores
Tomado de su libro 'Amargas cosechas'"El Fondo Indígena estaba diseñado para la corrupción. Su objetivo último era transferir dineros para asegurar la lealtad de los dirigentes y que éstos consigan votos de los pobladores rurales. Por la forma en que estaba estructurado, los débiles controles, la escasa voluntad de hacer buena gerencia y el convencimiento de que robar era legítimo, no veo cómo hubiera podido ocurrir otra cosa que el robo generalizado.
Las responsabilidades abarcan una amplia gama de personas: en primer lugar, los responsables de la alta gerencia, es decir, el directorio y su presidente, en segundo, los funcionarios técnicos y administrativos; en tercero, los dirigentes de las comunidades presuntamente beneficiarias. Ha debido haber muchos facilitadores de diversos rangos y jerarquías.
Fallaron también las entidades encargadas de supervisar la marcha del Fondo Indígena, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, que descubrió las irregularidades cuando éstas ya estaban demasiado avanzadas.
El daño causado es mucho mayor que la suma del dinero robado y los beneficios perdidos. Ha producido un desprestigio de los Fondos, más desconfianza en el gobierno y ha profundizado la corrupción de los dirigentes. De no administrarse justicias, el Fondo Indígena quedará como un modo de sustracción de dineros públicos para corromper a dirigentes y comprar votos, pero sin ningún castigo para los responsables. El daño moral a la sociedad civil, particularmente a la rural, es incalculable.
"Lo que resalta aquí también es que el delito no solo es de quienes recibieron el dinero. Se debe investigar a los operadores que desembolsaron los fondos. La cabeza de eso es Luis Arce, ministro de Economía y Finanzas"
Rafael Quispe
Diputado querellante del caso[Fuente: El Día, Santa Cruz de la Sierra, 19jun17]
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