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03ago16
Achacollo fue aprehendida por el Fondo Indígena
La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue aprehendida de manera formal por incumplimiento de deberes por el mal manejo de recursos económicos en la administración del Fondo Indígena.
"A las 18:40 se determinó la detención preventiva contra la señora Achacollo por la comisión de fiscales, por incumplimiento de deberes", informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.
La Fiscalía estableció que Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.
Según la resolución de aprehensión, de acuerdo a ley la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar cada cierre de gestión los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), mediante informes de los directores ejecutivos, ahora imputados y privados de libertad.
Achacollo, al momento de ingresar a la Fiscalía para completar su declaración informativa que fue suspendida el 23 de julio, señaló que no teme ser aprehendida porque no robó nada del sonado caso del Fondo Indígena.
"No tengo miedo porque no he robado", dijo la exautoridad, mientras un grupo de activistas gritaban "Achacollo a la cárcel".
El jueves 21 de julio, la exautoridad se presentó a declarar en calidad de investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, pero ésta fue suspendida hasta el 25 de julio. No obstante su abogado presentó un certificado médico indicando que su cliente estaba internada en la clínica AMEC de la ciudad de Santa Cruz, con un cuadro de arritmia cardiaca y ansiedad. La declaración se suspendió hasta hoy.
La exautoridad fungió como presidenta del directorio del liquidado Fondioc, en el cual, la Contraloría General del Estado, estableció que hubo un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos, mientras un informe de la interventora determinó un daño de 102 millones de bolivianos.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 03ago16]
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