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20abr15
Ministra y directores tenían la misión de vigilar los proyectos
El Estatuto Orgánico del Fondo Indígena establece que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los miembros del directorio y los directores ejecutivos de esa entidad son los responsables de la transferencia, administración de los recursos y del seguimiento y ejecución de los proyectos.
El artículo 7 del decreto de creación del Fondo también establece que el presidente nato del directorio es el ministro de Desarrollo Rural. En este caso la ministra Nemesia Achacollo, quien está en el cargo desde el 2010, año que la entidad indígena comenzó a desembolsar recursos para la ejecución de proyectos en beneficio de los indígenas.
En ese marco, Achacollo -según el Estatuto Orgánico de la institución- tenía la obligación de "realizar los actos, gestiones y diligencias necesarias para el logro del objeto del Fondo".
Asimismo, la ministra debía "proponer las medidas y resoluciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo". También la presidenta nata tenía que "cumplir y hacer cumplir las decisiones del directorio".
Achacollo informó, al pleno de Senado, que el 13 de febrero de 2015 convocó a reunión de directorio para informar sobre la situación del Fondo y analizar el informe que difundió la Contraloría el 12 de febrero.
La convocatoria de Achacollo se produce dos meses después de que la Contraloría presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por el millonario daño económico al Estado por 153 proyectos ejecutados o inconclusos financiados por el Fondo.
La responsabilidad del directorio -integrado por 12 representantes de ocho organizaciones indígenas y cuatro ministerios- es aprobar los proyectos, debatir, normar, decidir y fiscalizar las políticas y acciones del Fondo.
El director ejecutivo de la entidad tenía la misión de poner en conocimiento oportuno del directorio cualquier irregularidad o falta que conozca en el desarrollo de sus actividades institucionales. Entre sus obligaciones también estaba la ejecución de las resoluciones, disposiciones y decisiones del directorio.
Asimismo, debía fiscalizar, hacer el seguimiento y cierre de los proyectos. Además, bajo su dependencia están las direcciones de asesoría legal, administrativa financiera, de proyectos y técnica que también vigilaban la aprobación de proyectos.
Estas cuatro direcciones también contaban con el apoyo de nueve unidades que realizaban desde el análisis jurídico del proyecto hasta el acompañamiento de la ejecución de proyectos financiado por el Fondo.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 20abr15]
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