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05jul16


Proyecto de Código Penal elimina artículo que protege la libertad de expresión


El proyecto de Código Penal Boliviano, que se encuentra en tratamiento en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, elimina el único artículo que protege la libertad de expresión.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alerta, mediante una nota de prensa que cita al periódico Los Tiempos, que el único artículo del Código Penal que ofrece protección a la libertad de prensa en Bolivia podría ser suprimido por una nueva ley que, además abre la posibilidad de enjuiciar a periodistas, directores y propietarios de medios de información al margen de la Ley de Imprenta.

En el citado proyecto se elimina el artículo 296 del Código Penal que sostiene que "será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de treinta (30) a doscientos (200) días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier modo de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso".

Sin embargo, la Constitución Política del estado, en su artículo 106 garantiza "a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa".

Además, garantiza "a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información".

En cambio, el mismo proyecto incorpora un artículo que libera de responsabilidad a trabadoras y trabajadores de los medios de comunicación que sólo intervinieren materialmente en su impresión, difusión, distribución o venta.

El citado artículo menciona que "en las infracciones penales cometidas por medios de comunicación no responderán a ningún cargo las personas que sólo intervinieren materialmente en su impresión, difusión, distribución o venta o en cualquier otra forma de reproducción y divulgación'.

La ANP informa, mediante una nota de prensa, que "desde su ascenso al poder, en enero de 2006, los seguidores del presidente Morales intentaron reemplazar la Ley de Imprenta que procesa delitos por errores o faltas cometidas por periodistas en tribunales especializados, en lugar de los tribunales ordinarios".

Agrega que durante la pasada gestión, los periodistas Carlos Quisbert y Juan Carlos Paco fueron imputados por fiscales y recluidos en el penal de La Paz, por algunos días, y la protesta de periodistas y defensores de los derechos humanos hizo posible su liberación. Los procesos contra ambos continúan.

[Fuente: El Día, Santa Cruz de la Sierra, 05jul16]

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