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07ene11


Evo Morales alienta el regreso a las petroleras internacionales a Bolivia pese a las críticas indígenas


El Gobierno de Evo Morales tiene por delante un arduo trabajo. Frente a su retórica socialista e indigenista, la realidad de las arcas públicas, mermadas por los escasos ingresos, obliga al ejecutivo a repensar el papel de las petroleras internacionales en el país. Los pobres resultados de la explotación de petróleo (4.500 barriles diarios) en comparación con el consumo del país (35.000 barriles diarios), han convertido los carburantes en un problema que podría tornarse en solución. Sin embargo, para ello, las petroleras deben regresar al país.

El Gobierno de Evo Morales, como ya lo entendiera el brasileño Lula da Silva, necesita de un dinero con el que no cuenta para llevar a cabo lo prometido a aquellos que le apoyan. Bolivia continua siendo, pese a los avances, uno de los países más pobres de América Latina, algo que impide llevar a cabo muchas de las políticas sociales que serían necesarias. Morales, que ha intentado, hasta ahora, ampliar ingresos por medio de nuevos impuestos a las empresas privadas, parece haberse dado cuenta de que esa no es la solución.

El petróleo ha sido, hasta 2005, un problema para las arcas estatales. En lugar de aumentar los ingresos del país, las vaciaban. A causa de las subvenciones públicas que buscaban abaratar su precio para hacerlo accesible, Bolivia ha gastado 380 millones de dólares en 2010. Con el fin de revertir esta situación, y convertir el problema en solución, Morales ejecutó el pasado 25 de diciembre el llamado "gasolinazo".

En esa fecha, el presidente boliviano anunció una subida de entre el 57 y el 83% del precio del carburante. Las calles de La Paz y El Alto, pero sobre todo las zonas eminentemente indigenistas como Chaparé o El Chaco, se convirtieron ese día y los sucesivos en el escenario de un juego al que Evo Morales ha jugado desde su elección. Carteles como "Morales liberal" y críticas desde el indigenismo hacían ver que, con la medida adoptada, el equilibrio entre discurso y realidad se había vencido hacia el segundo.

Como consecuencia de la medida, subió el precio de algunos alimentos y de las tarifas de transporte. Los ahorradores retiraron masivamente su dinero de los bancos, y de esta forma se fugaron del sistema financiero 200 millones de dólares (150 millones de euros), y poco después comenzaron las movilizaciones, que alcanzaron tintes violentos. Finalmente, el 31 de diciembre, inmerso en un mar de críticas, el ejecutivo tuvo que retirar el decreto.

Las críticas del indigenismo hacia el Gobierno de Evo Morales no son nuevas. Felipe Quispe, antiguo colaborador del presidente, lanzó en las anteriores elecciones un intento de candidatura indígena que venía a reflejar la división dentro del movimiento. Entre las críticas podían intuirse los motivos, la abultada presencia de mestizos en el Gobierno entre otras cosas. Sin embargo, de cara a los titulares, todo era mucho más sencillo; Morales no alcanzaba las expectativas puestas en él por el movimiento que lo llevó al poder.

Sus últimas medidas parecen querer reafirmar que el presidente boliviano sigue intentando mantener el complejo equilibrio entre el discurso y la realidad. Pese a sus reiterativas declaraciones antiimperialistas, antiliberales y anti petroleras, lo cierto es que Bolivia continua necesitando de inversión extranjera para explotar sus materias primas. Por este motivo el litio sigue siendo una cuenta pendiente y, por la misma cuestión, Morales ha tenido que recurrir a las petroleras extranjeras para la exploración del petróleo, algo que no encaja con el discurso.

Con los datos en la mano, el llamado "gasolinazo" era más que necesario. Las diferencias de precio con los países vecinos hacen del petróleo boliviano un producto de contrabando, como asegura el Gobierno, pero ante todo, las subvenciones han convertido el carburante en una pesada losa para la economía del país. Mientras que en 2005, cuando entraron en vigor las subvenciones, el Estado gastaba 100 millones de dólares en abaratar el precio del carburante para hacerlo accesible a la población, este año el gasto ha ascendido a 380 millones de dólares.

El problema es sencillo. Bolivia consume diariamente 35.000 barriles de petróleo diario. Por el contrario, el país apenas explota 4.500 barriles diarios. Pese a que el Gobierno boliviano ha intentado que la petrolera estatal, YPFB, fuese tomando importancia en la explotación del carburante, no lo ha logrado. Es este déficit el que impulsa al Gobierno a plantearse el gasolinazo y, tras las protestas ciudadanas y la ulterior retirada de la subida de precio, la que ha animado a Morales a prometer ayudas a las petroleras extranjeras que inviertan en Bolivia.

Bolivia necesita de las petroleras internacionales para explotar su petróleo. En consecuencia, el Gobierno ha establecido una nueva medida que promete ampliar. Aquellas empresas que logran encontrar gas o petróleo en territorio boliviano verán sus gastos recompensados por parte del Estado, que además se quedará con menos dinero de los barriles explotados. Todo un cambio de dirección que no encaja con lo mostrado hasta ahora.

Las críticas hacia Morales han arreciado desde todos los ámbitos. Sin embargo, es el sector indigenista el que tiene más posibilidades para modificar la postura del Gobierno ya que, al fin y al cabo, sus votos provienen de este sector. El presidente boliviano tendrá que continuar con su tendencia al equilibrio, una política en la que encaja con dificultad la entrada de nuevas petroleras en el país. Si la realidad termina por imponerse finalmente, a Morales solo le restará hacer pedagogía ideológica, difícil cuando el discurso es tan encarnizadamente radical.

[Fuente: América Económica, Reporte Energía, La Paz, 07ene11]

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