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06dic15
Tras 3 años y 9 meses de vigilia la indiferencia del Gobierno con las víctimas de las dictaduras se hace vergonzosamente evidente
La mañana del martes 13 de marzo de 2012, las víctimas de violencia política en dictaduras de gobiernos militares (1964-1982) irrumpieron con carpas en el carril de subida de la avenida 16 de Julio de La Paz, a la altura del Ministerio de Justicia. Exigían la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, la desclasificación de los archivos militares y un resarcimiento integral adecuado.
Aquel día, no obstante, ninguno de los manifestantes se imaginó que su vigilia de protesta duraría tres años y nueve meses, dado que aún no consiguen una respuesta significativa a sus demandas por parte del gobierno de Evo Morales.
"Estamos luchando 18 años para lograr la democracia que hay en el país y estamos tres años más. Esperamos que ésta sea nuestra última batalla porque el Estado tiene la obligación de atender este derecho", asegura el presidente de la Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria histórica del pueblo boliviano, Julio Llanos, en la precaria construcción de calamina y cartón prensado ahora asentada en el paseo El Prado.
La protesta cuestionaba que de las 6.240 solicitudes para favorecerse del proceso de resarcimiento económico a víctimas de dictaduras -establecido en la Ley 2640 de 2004-, sólo calificaron 1.714, porque los requisitos eran imposibles de cumplir, como documentos y testigos de las vejaciones sufridas.
Desde el inicio de las medidas, el Gobierno argumentó que varios solicitantes no son víctimas e intentan aprovecharse del proceso y se comprometió -a través de la entonces ministra de Justicia Cecilia Ayllón- a revisar las demandas; pero luego dio por cerradas las negociaciones con la explicación de que el Estado cumplió sus compromisos.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo constató, a través de una investigación, que el proceso de calificación tenía dos grandes defectos: el primero, la falta de personal, infraestructura y logística adecuados para hacer una correcta calificación.
El segundo problema, según cuestiona el jefe nacional de Conflictos de la Defensoría, Gregorio Lanza, fue que los parámetros de calificación "eran totalmente irracionales". Este funcionario pone como ejemplo "el hecho de que se pedía a una víctima un certificado de haber estado preso y poco menos torturado, una cosa totalmente irracional pero además que vulnera la dignidad de la gente. Imagínese un certificado de detención y tortura en ese periodo".
Por ello, la Defensoría recomendó en su informe del año pasado hacer una auditoría al proceso y revisar nuevamente los expedientes. No obstante, hasta ahora, ese trabajo no se llevó a cabo, al igual que tampoco se avanzó en la creación de la Comisión de la Verdad ni en la desclasificación de expedientes militares tras 33 años de la restauración de la democracia.
De ese modo, el asentamiento de la vigilia ya forma parte de la arquitectura urbana de El Prado y muchas veces el acto de protesta pasa inadvertido no sólo para el Gobierno sino también para la ciudadanía.
La Plataforma aglutina a alrededor de 100 personas, mayores de 60 años, las que hacen vigilia; pero debido a su edad y a problemas de salud se turnan para cumplir la medida. En estos casi cuatro años fallecieron 16 de las víctimas.
También en ese lapso la vigilia sufrió dos atentados. El primero fue en la madrugada del 8 de febrero de 2013, cuando un hombre atacó con un palo a la secretaria general de la Plataforma, Victoria López; el agresor la golpeó en la cabeza y en el brazo; la segunda agresión ocurrió la madrugada del 9 de febrero de 2014, cuando incendiaron la infraestructura, quemando varios expedientes y mobiliario. Ambos hechos aún no fueron esclarecidos por la justicia.
Acercamiento sin resultados
Ante la ausencia de soluciones, en distintos momentos las víctimas radicalizaron sus medidas: bloqueos, crucifixiones, toma del ministerio, huelgas de hambre, pero ninguna consiguió resultado favorable; es más, por muchos meses ni siquiera hubo visos de diálogo con el Gobierno hasta inicios de este año.
A las cinco de la mañana del 5 de marzo de 2015, la recién posesionada ministra Virginia Velasco visitó la vigilia, donde unas 40 personas -entre víctimas y familiares de afectados- la esperaban. En esa oportunidad, la autoridad expresó su voluntad para resolver sus demandas en un par de semanas.
"No tenía esa información a fondo (…). Les he escuchado y es el mensaje que me llevo y voy a analizar con mi equipo jurídico", manifestó la autoridad en aquella reunión, la cual fue grabada en video por la Plataforma. También les dijo que revisaría el proyecto de Ley de la Comisión de la Verdad "letra por letra".
Tras este primer encuentro, en julio, la Ministra se comprometió a habilitar una oficina en el Ministerio de Justicia para que representantes de la Plataforma y el personal de esa entidad revisen los expedientes rechazados.
"Nos mostró el ambiente: hay tres computadoras, el escritorio y los expedientes ordenados y afirman que están digitalizados. Nos pidió trabajar los fines de semana; le dijimos que sí, que no hay problema la hora y el día", comenta Llanos.
Para la Plataforma esa noticia fue esperanzadora pero cuatro meses después aún no se concretó el trabajo. Al respecto se intentó, por varias vías, hablar con autoridades del Ministerio de Justicia pero no se tuvo respuesta favorable, pese a los esfuerzos.
Esa misma desinformación vive la Plataforma; por ello, hace un mes doña Victoria llegó hasta el despacho de la ministra Velasco. Tras una larga espera, habló en la puerta con la funcionaria, quien le señaló que preguntará a los viceministerios el estado del tema.
"Ya estamos desesperados, no sabemos qué hacer", dice indignada doña Victoria.
Para Lanza, el lento proceso de diálogo significa mala señal de parte del Gobierno, al igual el hecho de que hasta la fecha no se creó la Comisión de la Verdad y no se desclasificó la información de las Fuerzas Armadas.
"Hay una falta de compromiso coherente con los derechos humanos y con la posibilidad de investigar los hechos de las dictaduras", asegura.
En marzo de este año, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre los avances de Bolivia respecto a la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las grandes violaciones de derechos humanos en dictaduras, los comisionados James Carvallaro y Paulo Vannuchi --relator para Bolivia-- expresaron su preocupación porque aún no se haya creado la Comisión de la Verdad.
"Pienso que hay que ampliar los caminos para seguir adelante en las reivindicaciones", sostuvo Vannuchi. Y en la audiencia se pidió al Estado presentar un informe sobre los avances.
Llanos explica que una vez que el Estado cree la Comisión de la Verdad se levantará la vigilia. "El primer punto (de las demandas) estaría cumplido y del resto se diría que hay buena voluntad; paralelo a esto se puede revisar los expedientes", afirma.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 06dic15]
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