15jul04

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Empresas petroleras pagaron las encuestas para la determinar la estrategia del Referéndum.

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Las encuestas que el gobierno utilizó para definir las cinco preguntas del Referéndum fueron pagadas con dinero aportado por las petroleras. La empresa Opinión, Encuestas y Mercado recibió 56 mil dólares por trabajos que luego fueron pagados por la petrolera francesa Total S.A.

Cuánto cuesta el referéndum del gas? A excepción del gobierno, nadie lo sabe; pero lo que sí ahora se conoce es quiénes lo financian: las petroleras a través de los recursos de los ya famosos "fondos de cooperación" establecidos en el anexo "D" de los contratos de riesgo compartido.

Esto es lo que muestran el contrato entre YPFB y la empresa Apoyo, Opinión y Mercado para la realización de encuestas y grupos focales destinados a impulsar la Estrategia de investigación de la campaña informativa del gas.

La cláusula quinta del contrato 025/04, firmado el 26 de marzo por Jaime Barrenechea, presidente de YPFB, Jaime Barrenechea, y Luis Garay, señala que el trabajo encomendado costará la suma total de 56.300 dólares estadounidenses que serán cancelados a la presentación de cada uno de los cuatro informes técnicos y será pagada "contra la presentación de las facturas correspondientes a nombre de Total E&P Bolivie Sucursal Bolivia S.A. con RUC Nº 8361541".

Según el documento al que tuvo acceso El Juguete Rabioso son tres las encuestas que se pagaron con dinero de las petroleras, además de un grupo focal. La primera encuesta tenía un costo de 15,900 dólares; la segunda 14.600 y la tercera también 14.600. Además el grupo focal costó 11.200.

Los resultados de estas encuestas fueron utilizados como datos oficiales por la campaña informativa del gas "Te toca a tí" y remitidas para uso oficial del Presidente de la República y el resto de funcionarios de alto nivel, encargados de afinar la estrategia para el Referéndum, fueron determinantes para la elaboración de las ahora cuestionadas preguntas de la Consulta.

Encuestas mediáticas.

Apoyo, Opinión y Mercado es la misma empresa que trabaja para la cadena televisiva ATB y los periódicos La Razón y El Nuevo Día que el 26 de junio publicó una encuesta según la cual "el Sí se impone en el caso de la segunda, tercera, cuarta y quinta, mientras que en el caso de la primera pregunta los votos se dispersan entre el Sí, el NO y quienes respondieron que no saben. En El Alto, por ejemplo, el 45% de los encuestados quiere abrogar la ley de Goni y el 46% no está de acuerdo".

Esta misma empresa realizó un simulacro de referéndum, también publicado en La Razón, cuyos resultados dicen que "a una semana del referéndum del gas, la opción por el Sí en las cinco preguntas obtiene un fácil y amplio triunfo en siete ciudades del país, según una simulación electoral que incluyó el uso de una réplica de la papeleta de votación, voto secreto depositado en una ánfora y cómputo respectivo".

Si los estudiosos en opinión pública que dicen que las encuestas son una de las técnicas más utilizadas para generar opinión tienen razón, las encuestas del grupo Apoyo, Opinión y Mercado contribuyen bien a los esfuerzos del gobierno para lograr el sí en todas las preguntas del referéndum.

La plata de las petroleras.

El contrato no da lugar a equivocaciones. La plata sale del ahora llamado fondo de cooperación que es pagado por la petroleras.

"Conforme al procedimiento para el manejo de los fondos de las contratistas de acuerdo al Anexo D provenientes de los contratos de riesgo compartido suscritos entre YPFB y las empresas petroleras, el presidente ejecutivo de YPFB instruyó el proceso de contratación a cuyo efecto, se cursaron invitaciones a empresas especializadas en el rubro a fin de que presenten sus ofertas sobre la base de los términos de Referencia elaborado para el efecto", dice la cláusula segunda.

Sin embargo, desde que se conoció el Anexo D, el gobierno salió en defensa de su legalidad y reveló que esos documentos están amparados por el derogado decreto 24.806 (aquel que entregó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las petroleras) y está ratificado por el decreto 26.259, hasta hace poco desconocido.

Es este último decreto, aprobado durante uno de los interinatos de Jorge Quiroga, el que establece condiciones en las que debe usarse la plata del Anexo D, las mismas que sólo son beneficiosas para las poderosas transnacionales.

Según esa disposición legal, se aprueba un modelo de contrato complementario a los contratos de riesgo compartido compuesto de cinco cláusulas la tercera de las cuales establece que los fondos de cooperación "constituyen recursos privados, propios del respectivo titular, y que asimismo los bienes y servicios adquiridos o contratados con dichos recursos, según corresponda, son de propiedad o van en beneficio del titular, pudiendo YPFB hacer uso de los mismos en tanto lo vea conveniente, debiendo rendir cuentas al Titular sobre su aplicación o destino".

En otras palabras, todo lo que se haga con esos recursos es de propiedad o debe ir en beneficio de las petroleras. Parte de ese todo es la encuesta contratada para la campaña del gas, encuestas y grupos focales que fueron determinantes para la campaña "Te toca a ti".

Pero además, como en los tiempos de la rosca minera, esta vez es el Estado —al menos YPFB, una empresa del Estado— la que debe rendir cuentas a las petroleras y se da el caso en el que los supuestos fiscalizadores de estas poderosas empresas dependen de la plata de las petroleras o se benefician de ella.

Los beneficiados.

El más famoso de los beneficiarios de los recursos del Anexo D es Franceso Zaratti, delegado presidencial para la revisión de la capitalización, quien fue el encargado en revisar los documentos y contratos para determinar si el campo San Alberto, explotado por Petrobras, debe ser clasificado como "existente", caso en el cual debe pagar 50% de regalías, o seguir en la categoría de "nuevo" y como tal pagar sólo el 18% de regalías.

El revisar un contrato no tendría nada de extraordinario si acaso no fuera que hasta el 13 de abril pasado, el sueldo de Zaratti era financiado por Petrobras, la empresa que opera San Alberto, campo petrolero sobre el cual entregó un informe según el cual es "existente" pero técnicamente "nuevo".

Según un informe firmado por el mismo Zaratti, en la segunda quincena de marzo, el hasta hace poco hombre "estrella" del referéndum fue asesor del ministro de Minería e Hidrocarburos "en temas relacionados con la Política de energía e Hidrocarburos y el proyecto de Ley de hidrocarburos, elaborando documentos explicativos de la misma".

"80 dólares no pueden hacer cambiar un pensamiento o una forma de actuar", dijo como respuesta Zaratti, declaración a la que Carlos Miranda, el ex superintendente de Hidrocarburos irónicamente dijo "pago 160 y copo". Zaratti cobró 14.900 dólares con dineros pagados por las petroleras.

Entre los beneficiarios de los recursos de las petroleras también está Rodrigo Torres, hijo de Guillermo Torres, el actual ministro de Energía e Hidrocarburos, el viceministro de Hidrocarburos Freddy Escobar y, según el gobierno una larga lista que incluye a medios de comunicación.

Todos estos personajes se convirtieron en la parte visible de una relación incestuosa del Estado con las petroleras y contribuyen a sembrar más dudas sobre las intenciones de la consulta sobre el gas en la que el gobierno omitió la pregunta sobre la nacionalización del gas, un pedido que según otras encuestas, es compartido por cerca el 80% de la población en Bolivia.

[Fuente: El Juguete Rabioso, La Paz, Bol, 15jul04]

DDHH en Bolivia

Este documento ha sido publicado el 16jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights