 | Este documento ha sido publicado el 16jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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15jul04
Aqui manda el superestado petrolero.
Antes de la Revolución de 1952 el superestado minero había cooptado a casi toda la burocracia gubernamental. Tenía a su servicio a políticos, abogados y empleados en todas las instancias del Estado. 50 años después se repite la historia, pero esta vez el superestado petrolero.
El poder petrolero es tal que ha convertido a antiguos defensores de los recursos naturales en sus empleados. Es el caso de Arturo Castaños, quien en la década de los 70 fue integrante del CERNA –una agrupación cívica similar al actual Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal)– y en la actualidad es ejecutivo de Petrobras.
Otro caso de cooptación de funcionarios estatales es el del ex viceministro de energía Carlos Alberto López, convertido hoy en el principal portavoz de las empresas petroleras en Bolivia.
Al igual que en los años 40, cuando el superestado minero tenía a su disposición un pool de abogados en el mismo Estado, hoy las petroleras pagan honorarios a los empleados del gobierno de Carlos Mesa. El caso más grotesco es el de Francesco Zaratti, el funcionario encargado de revisar los contratos firmados con Petrobras que curiosamente recibió sueldo de la misma Petrobras.
¿Estado soberano?
El polémico Anexo D de los contratos de riesgo compartido –que legaliza una incestuosa relación entre el gobierno y las empresas petroleras– ha puesto en evidencia que, en los hechos, la soberanía del Estado es casi una formalidad.
Los fondos de cooperación consolidados por el Anexo D constituyen "recursos privados propios" de las empresas petroleras. Por tanto, los bienes y servicios adquiridos y contratados con dichos recursos también son de propiedad o van en beneficio de las empresas transnacionales. YPFB puede hacer uso de esos recursos cuando vea conveniente siempre y cuando "rinda cuentas" a las empresas sobre su aplicación y destino.
El gobierno de Mesa financia jugosos sueldos para sus consultores con dinero que le dan las empresas petroleras al amparo del Anexo D. Por ejemplo, en febrero de este año, el presidente ejecutivo de YPFB, Jaime Barrenechea Piñeiro, contrató a David Lanza Nolasco como consultor por tres meses –de febrero a mayo– a cambio de una remuneración total de 11.700 dólares.
A Lanza lo contrataron para brindar asesoría en la conclusión del Proyecto de Ley de Hidrocarburos y verificar su consistencia legal. Las responsabilidades de este consultor eran revisar los alcances del proyecto de ley desde el punto de vista jurídico; diseñar planes de participación de YPFB en toda la cadena de producción de hidrocarburos; analizar los contratos de riesgo compartidos firmados con distintos operadores; y participar en la comisión de revisión y modificación de la nueva Ley de Hidrocarburos.
Pero, ¿qué podría esperarse del trabajo si el consultor Lanza debe facturar a nombre de Petrobras Bolivia SA, empresa que le paga el cheque mensual con los fondos de cooperación del contrato de riesgo compartido suscrito entre YPFB y Petrobras para el Bloque Río Hondo? Ahora se entiende la imprevisión del gobierno al haber propuesto una ley de hidrocarburos a la medida de las petroleras a un pueblo que echó de un puntapié a Sánchez de Lozada precisamente por ser tolerante en exceso con las empresas transnacionales.
En realidad, no es la primera vez que el capital transnacional penetra el aparato estatal con el objetivo de lograr beneficios. Durante la escandalosa venta de empresas públicas de la era gonista se "invirtieron" 188 millones de dólares para comprar intelectuales, analistas, periodistas y un montón de consultores que hagan potable la capitalización.
Después de las reformas estructurales, llevadas a cabo durante la década del 90, el Estado fue reducido a una especie de oficina de registro de decisiones tomadas por las poderosas transnacionales, que en democracia, se hicieron "dueñas" del país.
El gobierno de Carlos Mesa no ha hecho nada efectivo para terminar con esta dependencia; mas al contrario, convive con este superestado y los documentos muestran que incluso que personal de su confianza es beneficiario de los pagos provenientes del poder petrolero.
Empresarios cruceños, defensores de las petroleras.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) asocia a la Cámara de Hidrocarburos, es decir a las petroleras, pese a que los intereses de las transnacionales son contrarios a los objetivos del empresariado boliviano.
Las petroleras imponen precios internacionales en el mercado interno y se oponen al fortalecimiento de YPFB. Dos de las afiliadas a la FEPSC, BP y Repsol, tienen grandes negocios en Chile y pretenden industrializar el norte de ese país con el gas boliviano. Y como es de suponer, la FEPSC está obligada a defender las necesidades de sus afiliadas aún a costa de ir en contra del interés nacional.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió la liquidación de YPFB y la privatización de refinerías sin haber previsto que años más tarde gemiría por no tener gas y petróleo barato en las fábricas de sus asociados bolivianos.
[Fuente: El Juguete Rabioso, La Paz, Bol, 15jul04]
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