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18jul10
Comentario sobre la modificación de la Ley electoral y la propuesta de modificación a la Ley de Hidrocaburos y el derecho de consulta previsto en la CPE
Radio Nizkor informa....
Tras desacreditarlos, debilitarlos y dividirlos, el gobierno del presidente Evo Morales inició gestiones para concretar un diálogo con los pueblos indígenas de tierras bajas que marchan con destino a la ciudad de La Paz exigiendo respeto a la consulta y autonomía plena.
Cerca de las seis de la mañana del 26 de junio, Roberto Fernández, ex candidato a alcalde de Santa Cruz por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), llegó el lugar donde pernoctó el contingente de marchistas para entregar una carta del ministro de Autonomías, Carlos Romero.
En la misiva se hacía conocer la propuesta del gobierno sobre las demandas de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), referidas principalmente al tema autonómico, además de invitarlos a dialogar esta tarde a las 16.00 horas en la ciudad de Santa Cruz.
El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, anunció que los marchistas se reunirán para evaluar la propuesta gubernamental y entregarán una contrapropuesta al delegado del Órgano Ejecutivo; sin embargo, anticipó que el diálogo debe darse en el lugar donde se encuentra la marcha, descartando así el traslado de los dirigentes indígenas a la capital cruceña.
El canciller David Choquehuanca visitó a los diputados de las circunscripciones indígenas que se declararon anoche en huelga de hambre en apoyo a la marcha protagonizada por la CIDOB y en protesta por la decisión de la bancada del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) de no escuchar sus demandas.
"Hemos compartido con ellos, he venido yo a escuchar las inquietudes de los hermanos indígenas y voy a transmitirlas al Presidente para que se inicie el diálogo", sostuvo el jefe de la diplomacia boliviana, a quien los legisladores indígenas entregaron las observaciones al proyecto de Ley del Régimen Electoral.
En tanto, el diputado Pedro Nuni afirmó que los seis legisladores que se declararon en huelga de hambre desde la víspera no levantarán la extrema medida mientras no se atienda las demandas, tanto de los marchistas como de la bancada de diputados indígenas, por parte del oficialismo.
Los legisladores indígenas exigen que se aumente de siete a 18 el número de escaños especiales como parte de los cambios en la estructura del Estado que tiene que ver con una mayor representación de los pueblos de tierras bajas y altas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También observan el hecho de limitar en la propuesta de Ley del Régimen Electoral, aprobada en grande la madrugada del 26 de junio en la Cámara Baja, el derecho a la consulta y participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en proyectos extractivos.
Los diputados que representan a los pueblos indígenas volvieron a reiteran su posición en sentido de que los ministros de la Presidencia y de Autonomías, Oscar Coca y Carlos Romero, respectivamente, se retracten públicamente de sus acusaciones en sentido de que el movimiento indígena estaba siendo financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
MUSICA
El Presidente Evo Morales promulgó una ley reglamentaria que coarta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados por el Estado antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios.
El gobierno del MAS considera que la consulta previa es una "pérdida de tiempo" y un "obstáculo" que impide el crecimiento acelerado de las industrias minera e hidrocarburífera, los pilares del plan nacional de desarrollo.
El Estado Plurinacional de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria.
La democracia directa y participativa se ejerce por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, las asambleas y cabildos deliberativos, y de la consulta previa a naciones y pueblos indígenas respecto a la explotación de recursos naturales en sus territorios, establece el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).
El Artículo 30 de la CPE reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos "a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles".
Además de ser un derecho que el Estado está obligado a respetar y garantizar, la consulta previa a naciones y pueblos indígena originario campesinos también es un procedimiento de cumplimiento obligatorio que condiciona la explotación de recursos naturales no renovables, señala la Carta Magna.
Antes de iniciar cualquier proyecto extractivo, el Estado debe convocar de buena fe y de manera concertada con la población interesada, a una consulta previa, libre, informada en el territorio habitado por los afectados, respetando sus normas y procedimientos propios. (Artículo 352)
El Artículo 304 de la CPE precisa que "Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten" es una competencia exclusiva de las autonomías indígena originario campesinas.
En síntesis, el derecho a la consulta previa de la democracia directa y participativa es muy distinto al derecho a la participación política de la democracia comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, según normas y procedimientos propios. (Artículo 11)
En ese entendido, la Carta Magna establece claramente que el Órgano Electoral supervisará sólo los procesos electorales de naciones y pueblos indígena originario campesinos relativos a la democracia comunitaria (elección, designación y nominación directa de representantes) (Artículo 26), siempre y cuando no estén sujetos al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio, y velando por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígena originario campesinos. (Artículo 211)
Sin embargo, estos preceptos constitucionales han sido vulnerados por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sancionada el 15 de junio de 2010 por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada al día siguiente, 16 de junio, por el Presidente Morales.
El Artículo 6 de la nueva Ley Electoral señala que son competencias del OEP la "supervisión de los procesos de consulta previa y la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos".
Además, los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, tienen la obligación de presentar informes de supervisión de procesos de consulta previa y de la observación y acompañamiento de asambleas y cabildos. (Artículos 38 y 39)
MUSICA
El problema del Gobierno de Evo Morales es que ha decidido ceder a la presión de Repsol Bolivia SA y otras multinacionales presentes en la región del Chaco boliviano a causa de la necesidad de mantener y aumentar la producción de gas, en la que tiene un retraso de inversiones de más de cuatro años.
El origen de este retraso no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades indígenas del Norte de la Paz, que han sido las acusadas de estar financiadas por la Usaid; ello por la simple razón de que la producción de gas se encuentra en la zona del Chaco, donde sólo existen comunidades indígenas guaraníes, especialmente el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Itika Guasu, que mantiene un largo conflicto con el Gobierno y las multinacionales, al menos desde 1997.
El retraso en las inversiones petroleras y, por consecuencia, en la industrialización del gas, está originado básicamente en el colapso de la estructura funcional de YPFB SA, provocado a su vez por la detención de su presidente, Santos Ramírez, y de numerosos cuadros superiores en un caso de corrupción.
Santos Ramírez, delfín de Evo Morales en el MAS, resultó imputado en el asesinato de Jorge O'Connor en enero de 2009 y a causa de una operación financiera que le permitió robar aproximadamente 26 millones de dólares, hechos que se encuentran aún en etapa de instrucción.
Lo que se pretende es simplemente no reconocer jurídicamente a las Tierras Comunitarias de Origen en las que exista gas o petróleo y autorizar a YPFB SA a la expropiación pura y dura del territorio indígena y también limitar el derecho de paso, o sea, de las vías de comunicación que las multinacionales petroleras consideren necesarias para la explotación, sin tener en cuenta los intereses indígenas y ni siquiera las más mínimas prevenciones de resguardo del medio ambiente.
Existe una opinión generalizada en el MAS, especialmente en el Ministerio de Hidrocarburos y en la dirección de YPFB, consistente en que es necesario eliminar el derecho de consulta a las comunidades indígenas. La intención real es eliminar las trabas de cualquier tipo que limitan la actuación de las multinacionales. Se trata en realidad de desregularizar el sector y permitir una actuación directa de las multinacionales a través del control no regulado de YPFB SA.
En una carta dirigida al presidente Evo Morales, la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) dice que el 28 de abril de 2010 recibieron una carta de YPFB SA en la que oficialmente se les informa que dicha empresa no les reconocerá jurídicamente y que los problemas con empresas petroleras son unilaterales, del ámbito privado; o sea, que YPFB no prestará cooperación ni auxilio judicial u operativo alguno a la APG IG dentro de las distintas licencias y contratos de operación que existen actualmente en la TCO Itika Guasu.
Esta política se ha visto complementada con la no inscripción legal de la TCO, o sea, evitar que se consolide legalmente su propiedad comunitaria, propiedad que en muchos casos viene reconocida desde la ley de reforma agraria de 1951.
Desde entonces se ha procedido paulatinamente al reconocimiento de propietarios ocupacionales a quienes sí se les autorizó por parte del INRA la inscripción de tierras a su propiedad. De manera que muchas TCO se encuentran con disminuciones de más del 40 por ciento de su territorio originario por la vía de hecho y sin que dichas inscripciones reúnan las condiciones legales estipuladas por la propia ley boliviana desde 1951 hasta la fecha.
En realidad se trata de un proceso de destrucción deliberada de las TCO, complementado con el no reconocimiento jurídico de las comunidades que en ellas se encuentran.
La APG Itika Guasu, en su carta al presidente Morales, denuncia además que en el año 2007 sufrieron un intento de fraude por parte de Repsol España SA que, en su momento, informaron al Ministro de Hidrocarburos y al Vicepresidente del Estado Plurinacional, sin que éstos se hayan dignado nunca a contestar a los requerimientos de las 36 comunidades indígenas que componen la APG Itika Guasu y, por supuesto, continuando con todas las operaciones de explotación en forma regular pero manifiestamente ilegal.
En la misma carta, la APG IG explica que han tenido un nuevo intento fallido de negociación por parte de funcionarios de YPF SA que fungen como representantes de Repsol YPF E&P Bolivia SA, sin que, hasta el momento en que se envía tal misiva, hayan sido jamás aportados los poderes que justifiquen dicha representación, a pesar de haber sido requeridos en este sentido por su departamento jurídico, siendo además que ni siquiera han respondido por escrito en forma legalmente fehaciente.
Este hecho motivó un dura respuesta de la APG IG a Repsol YPF E&P Bolivia SA el pasado 12 de julio de 2010 en la que, entre otras cuestiones, la organización indígena afirmaba: "La negociación se realiza entre dos partes con personalidad jurídica independiente y autónoma, por lo tanto, debe respetarse escrupulosamente el principio de igualdad jurídica entre partes. La "propuesta de convenio" que nos han hecho llegar viola este principio y coloca a nuestra organización en una situación de "tutela" no prevista por la ley, ni por la costumbre, y que podemos considerar como racista".
Repsol YPF E&P Bolivia SA, si bien hasta el momento de producir este programa no ha dado respuesta a la carta mencionada, el 16 de julio de 2010 notificó a la APG IG el nombramiento de dos funcionarios con poderes que, según el portavoz de la APG IG, han sido enviados a un experto para su estudio, dado que existen dudas razonables de que cumplan con el principio de buena fe y de legalidad.
Este nombramiento es el primero que efectúa Repsol YPF E&P Bolivia SA desde que Repsol España SA comenzara a actuar en Bolivia y puede significar un avance siempre y cuando esta multinacional actúe bajo el principio de buena fe, hecho que hasta la fecha no ha ocurrido.
La empresa ha apoderado a Mauricio Mariaca Álvarez y a Elizabeth Betty Abett Yllescas, si bien el portavoz de la AGP IG explica que, ante su asombro, estas personas tienen totalmente limitadas sus funciones toda vez que es Roberto Alfredo Domínguez quien funge como representante legal de Repsol YPF E&P Bolivia SA y quien tendrá que otorgar la aprobación previa y expresa a cualquier convenio, acuerdo y/o contrato, motivo por el cual la APG IG ha decidido estudiar si estos poderes son aceptables por la organización indígena, independientemente de su valor jurídico.
En realidad el problema de la APG Itika Guasu es consecuencia de que en su territorio se encuentra el megacampo Margarita y, por lo tanto, las empresas multinacionales y el propio Gobierno boliviano han decidido no reconocerles jurídicamente y no concederles beneficio alguno de ningún tipo.
Estas comunidades se encuentran en una situación de mera subsistencia y, de hecho, no cuentan con los servicios sanitarios mínimos, en una deriva que los condena a la desaparición como comunidades indígenas en un período de 10 a 15 años.
Además de la modificación y limitación del derecho a consulta por la vía de la Ley Electoral, hecho manifiestamente irregular, el borrador de modificación de la Ley 3058, en su segunda versión de noviembre de 2009, va mucho más allá en favor de las pretensiones de eliminar en la práctica el derecho a consulta, e incluso, garantiza a YPFB el derecho de expropiación.
Este proyecto de ley elimina de la Ley de Hidrocarburos el reconocimiento a los Territorios Comunitarios de Origen e incluso facilita el no reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas directamente afectadas.
La pretensión de los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB es llegar a acuerdos generales, y sin aplicación práctica, con las asociaciones nacionales, como por ejemplo la APG Nacional, obviando así a las comunidades propietarias de las tierras ancestrales concernidas y evitando toda discusión concreta de los derechos indígenas.
Este proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos, tal cual se encuentra en el borrador del Ministerio de Hidrocarburos, provocaría un retroceso evidente en los derechos indígenas, derechos que hasta el momento son meramente declarativos y sin aplicación práctica alguna.
Lo que los técnicos de YPFB encabezados por Carlos Villegas, eminente téorico de la desregulación del sector, no tienen en cuenta, es que las modificaciones neoliberales a la Ley de Hidrocarburos no pueden aplicarse retroactivamente, por lo que el conflicto jurídico a largo plazo no tiene solución dado que el incumplimiento de toda normativa por parte de las empresas multinacionales, del Gobierno y de YPFB SA ha sido continuado y sistemático en todas las exploraciones gasíferas en cuanto hace a los derechos de las comunidades indígenas.
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El gobierno intenta explotar hidrocarburos en el norte de La Paz para ganar dinero y "construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente", pero algunas ONGs soliviantan a las comunidades indígenas de la región y frenan el "progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente", se quejó días atrás el Vicepresidente Alvaro García Linera.
Según el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, los dirigentes indígenas bloquean los proyectos extractivistas por culpa de ONGs de Europa y Estados Unidos con oscuros intereses. La derecha internacional encabezada por EE.UU. y sus agencias operadoras se infiltran en las organizaciones sociales para generar movimientos de desestabilización de la democracia en Bolivia, denunció el sábado pasado el Presidente Morales.
El derecho a la consulta previa, reconocido por tratados internacionales y por la Carta Magna, está absolutamente garantizado por el Estado; sin embargo, este derecho ha sido malinterpretado y debe ser reglamentado mediante ley, afirmó el viceministro Chávez en una entrevista con la red Erbol.
"Por el mal manejo que se ha hecho de la consulta, se deben cerrar esos canales y se instaurará un procedimiento de consulta previa a los pueblos basada en el marco de la democracia comunitaria", explicó Chávez.
El Artículo 25 de la nueva Ley Electoral establece que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral registrar mediante consulta directa las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; y verificar el respeto al principio de equivalencia y los criterios de paridad y alternancia entre hombres y mujeres.
Por lo tanto, a partir de ahora los pueblos indígenas deben informar sobre el procedimiento obligatorio de consulta previa para que este proceso sea verificado y legalizado por el OEP.
Según el Artículo 4 de la Ley Electoral, un principio de observancia obligatoria que rige la naturaleza, organización y funcionamiento del OEP es la "interculturalidad", definida como el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todos, para vivir bien.
Este principio hace referencia a la integración entre culturas de forma respetuosa, sin que ningún grupo cultural prevalezca sobre los otros, favoreciendo en todo momento a la integración y convivencia entre culturas.
Chávez anunció que en los procesos de consulta previa seguramente se tomarán muy en cuenta los derechos del Estado garantizados por la Constitución. Eso quiere decir que se reconocerán y respetarán los derechos indígenas, pero se privilegiarán los derechos de la sociedad y los intereses económicos del Estado.
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Más información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia la pueden encontrar en la página especializada sobre ese país en el sitio documental del Equipo Nizkor.
Esta programa ha sido realizado con información de las agencias de noticias Erbol y Bolpress de La Paz, Bolivia complementada con información directa proveniente de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu de Entre Ríos en el Chaco boliviano y ha sido producido en nuestros estudios en Bélgica el 18 de julio de 2010
Informes sobre DDHH en Bolivia
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