Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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14nov01
La defensora del pueblo cuestiona la actuación del fiscal asignado al caso de la masacre de Pananty por falta de imparcialidad
El Defensor del Pueblo cuestionó ayer la actuación del fiscal que investiga los hechos suscitados en el fundo Pananti, en la provincia Gran Chaco de Tarija, donde siete personas murieron y una veintena resultaron heridas tras violentos enfrentamientos entre campesinos y hacendados.
En una carta dirigida al fiscal general de la República, Óscar Crespo Soliz, la titular de la oficina, Ana María Romero de Campero, comunicó que el fiscal Gastón Tardío Mostajo, que sigue el caso, incumplió varios procedimientos legales en la investigación.
Irregularidades
Una de las observaciones que planteó el Defensor del Pueblo es la detención de 14 personas, nueve campesinos y cinco hacendados, de las cuales salieron libres sólo los vinculados a las haciendas y propiedades. Otra de las irregularidades cometidas, según los datos brindados por el representante del Defensor en Yacuiba, Ángel Vallejos, es que las autoridades judiciales tomaron declaraciones a los imputados sin la asistencia de sus abogados, como dispone la ley. Las autoridades que cumplen las diligencias de policía judicial tampoco se incautaron de las armas utilizadas en los hechos luctuosos del 9 de noviembre. Las denuncias van más allá. En el afán de lograr pruebas de guantelete, las autoridades policiales quemaron las manos de los sospechosos, dijo el Defensor del Pueblo.
Actuaciones Parcializadas
Romero de Campero lamentó que dentro el estado de derecho que vive el país, la vigencia del las leyes y la independencia de poderes, se cometan actuaciones parcializadas, como se supone que lo hizo el fiscal Tardío Mostajo.
Informe
Preocupada por esa situación, la Defensora del Pueblo pidió un informe acerca de las investigaciones que se realizan para establecer quiénes fueron los que asesinaron a las siete personas, seis de ellas miembros del Movimiento Sin Tierra y una vinculada a los propietarios. También, esa oficina nominará una comisión especial, cuya tarea será fiscalizar con rigurosidad las investigaciones del caso. Entretanto, el ministro de Justicia, Mario Serrate, y el fiscal Óscar Soliz se trasladarán hoy al lugar del incidente, donde nombrarán --se dijo-- a otros fiscales que se hagan cargo del caso.
Antecedentes
En una acción violenta aún no esclarecida del todo, campesinos y hacendados se enfrentaron el viernes por las propiedades ubicadas en el fundo de Pananti, cerca de Yacuiba. Pablo Velásquez, Pablo López, Sabelio Escóbar, Remigio Arancibia, Gerardo Alemán y Vidal Vargas murieron con un impacto de bala. Teófilo Urzagasti (con tierra) falleció golpeado por los "sin tierra".
[Fuente: La Prensa (Jatha y La Prensa) - La Paz - Bolivia - 14nov01]
El defensor del pueblo exige esclarecer la actuación de la unidad irregular "fuerza de tarea expedicionaria"
La Fuerza de Tarea Expedicionaria fue conminada a mostrar su certificado de nacimiento e identificar a sus miembros. El Defensor del Pueblo envió una carta al responsable de esa unidad después de que se denunciara la contratación de reservistas para el trabajo represivo en la región del Chapare.
Fue el representante del Defensor en el trópico cochabambino, Godofredo Renicke, quien presentó un informe sobre la existencia de este grupo irregular que estaría integrado por civiles bajo el mando de militares de alta graduación.
Es a los miembros de esa fuerza que se atribuye una serie de abusos cometidos contra los productores de coca, como apaleaduras inmisericordes que obligaron a las víctimas a internarse en hospitales para recuperarse.
El viceministro de Defensa Social, Oswaldo Antezana, negó la existencia de esa unidad y calificó de irresponsables a quienes la hicieron pública. La defensora Ana María Romero de Campero envió ayer una carta al Comandante de la Fuerza de Tarea Expedicionaria, con una serie de cuestionamientos. "Cite la norma constitucional, legal o administrativa, en la que se ampara la constitución de la Fuerza de Tarea Expedicionaria; en caso de existir Resolución o Norma Administrativa, adjunte un ejemplar de la misma", expresa el requerimiento. La principal interrogante tiene que ver con la procedencia de los efectivos que conforman esa nueva unidad. Sus responsables están llamados a responder si sus subalternos son miembros de las Fuerzas Armadas.
Además, deberán indicar el procedimiento que se ha utilizado en su contratación y los criterios de selección, las preguntas del Defensor del Pueblo no terminan ahí. La Fuerza de Tarea Expedicionaria debe informar también los lugares en los que operó desde el momento en que se conoció la amenaza de bloqueo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Los mandos específicos a los que responden es otra de las observaciones.
Preparando Terreno
Tal como informó un periódico local, el representante del Defensor del Pueblo en el Chapare está preocupado por la forma en que se manejan las fuerzas del orden en esa región. Luis Rojas, ex subsecretario del Interior de la dictadura de Banzer, fue visto mientras coordinaba operaciones en la zona. En su momento, el ministro de Justicia, Mario Serrate, se negó a garantizar el respeto a los derechos fundamentales, mientras que su colega de Gobierno, Leopoldo Fernández, acusó a los cocaleros de ser delincuentes.
Las autoridades parecían estar preparando el terreno de lo que ahora ocurre. El viceministro de Defensa Social, Oswaldo Antezana, dijo que ha sido sorprendido por la información publicada ayer en la sede de gobierno. "He quedado totalmente sorprendido, es irresponsable, no tiene fuente". En criterio de la autoridad, la versión no tiene pies ni cabeza, puesto que tener 5.000 personas con un sueldo de mil dólares cada una demandaría de una inversión mensual de cinco millones de dólares.
Antezana tampoco conoce el presupuesto que el Estado destina al operativo militar y policial con el que ha logrado evitar el bloqueo de caminos en esa región. De acuerdo con cifras oficiales, 4.200 efectivos, entre policías y militares, se encuentran hace un mes en esa parte del país.
[Fuente: La Prensa - La Paz - Bolivia - 14nov01]
Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights