Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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15nov01
Instituciones de desarrollo solicitan mediacion de la iglesia ante el complejo cuadro desatado por la masacre de Pananti en Bolivia.Nota del Equipo Nizkor:
Los organismos de Santa Cruz nos envían la información que reproducimos en estos dos msjes. y que viene a actualizar y documentar la que ya diseminamos los días 10, 11 y 12nov01 en relación con la masacre perpetrada en la localidad de Pananty, donde existía un núcleo de campesinos sin tierra que fueron objeto de una emboscada y ulterior masacre a manos de un grupo de sicarios y paramilitares, al parecer protegidos por las fuerzas policiales y militares.
Las principales instituciones privadas de desarrollo social del departamento de Santa Cruz, relacionadas con la problemática rural y de los derechos humanos, han elaborado un documento [ver más abajo] que han dirigido, entre otras instituciones, a la Conferencia Episcopal de Bolivia y la Defensoría del Pueblo, solicitándoles la conformación de una Comisión del más alto nivel con vistas a la apertura de cauces de solución efectiva en el marco del respeto a los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de la población afectada.
Entre las reacciones se encuentra la de la Defensora del Pueblo, Ana María Campero de Romero, quien dispuso el desplazamiento de una Comisión a la localidad de Yacuiba, con vistas a iniciar un proceso de investigación de los hechos y poder hacer las reclamaciones pertinentes al Gobierno, y que ha cuestionado públicamente la actuación del Fiscal asignado al caso, Gastón tardío Moscajo, por falta de imparcialidad y numerosas irregularidades en el procedimiento de investigación.
Asimismo, tuvo lugar una reunión en Cochabamba, entre delegados de la Conferencia Episcopal de Bolivia y representantes de instituciones de desarrollo.
Si bien la presión ejercida hasta el momento ha hecho posible la destitución de dos coroneles y la detención de varios "con tierra", los organismos de Santa Cruz nos hacen llegar su preocupación por la convocatoria a una gran marcha que están organizando los grupos de poder regional, liderizados por el Comité Pro Santa Cruz, para mañana viernes 16nov01, en horas de la tarde, y sobre el mensaje lanzado desde los medios de comunicación por estos grupos: su objetivo es demostrarle al Gobierno nacional que no están dispuestos a permitir "avasallamientos" a sus tierras y áreas protegidas, y que para ello, si es necesario tomar las armas, lo harán.
Es por esto que nuevamente hacemos un llamamiento para que insistan con las peticiones de solidaridad para con los pueblos indígenas, el campesinados y los sin tierra, ante la enorme fuerza de los grupos de poder regional en Santa Cruz; existe el temor en la zona de que sea el inicio de acciones más duras por parte de estos grupos.
Antonia Macias
Equipo Nizkor
15nov01
Carta dirigida por las instituciones privadas de desarrollo social de Santa Cruz a la iglesia, la defensoría del pueblo y la APDHB
Santa Cruz, 12 de Noviembre de 2001
Señores
Conferencia Episcopal de Bolivia - C.E.B.
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia - A.P.D.H.B.
Defensoria del Pueblo - Bolivia
La Paz.-De nuestra consideración:
Son de público conocimiento los luctuosos acontecimientos del Núcleo Pananty en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, donde un asentamiento del Movimiento Sin Tierra fue sometido a una verdadera masacre por parte de los grupos de poder local de esa zona chaqueña.
Hasta el momento, el Gobierno no ha desarrollado acciones serias para establecer responsabilidades, y por el contrario, las autoridades policiales y judiciales en una actitud abiertamente parcializada con los supuestos propietarios, pretenden enjuiciar y encarcelar a los campesinos detenidos.
Las Instituciones Privadas de Desarrollo Social de Santa Cruz, en los últimos años, hemos demandado con insistencia acciones responsables y coherentes de parte del Estado boliviano, para evitar que a partir de la mal encarada problemática agraria, se desate una escalada de violencia, que estamos seguros tampoco será respuesta a las dramáticas situaciones de pobreza estructural y marginación que viven los sectores mayoritarios en el país.
Sin embargo, las respuestas gubernamentales y la de los grupos de poder que lo sustentan, ha sido la de continuar una política de exclusión, despojo, segregacionismo regionalista y racismo, contra aquellos que solo poseen su milenaria pobreza y la fuerza de sus brazos para sobrevivir.
El Gobierno tiene responsabilidad directa al no haber encarado a tiempo los conflictos surgidos por la alta concentración de la tierra en pocas manos, la existencia de miles de títulos agrarios falsos; el incumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley INRA para el saneamiento y la redistribución justa de la tierra, y la sediciosa convocatoria a la violencia por parte de los grupos de poder.
En tanto que la CAO y el Gobierno "acuerdan" el respeto a la propiedad privada, la legalización de latifundios en áreas protegidas y títulos otorgados por el presidiario Gral. Luis García Meza; cientos de miles de campesinos son postergados en el saneamiento de sus pequeñas parcelas, son despojados de sus tierras, son perseguidos, enjuiciados, encarcelados, reprimidos, heridos y asesinados.
La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, han venido desarrollando un significativo esfuerzo por lograr la apertura de espacios de diálogo y concertación, que han sido totalmente anulados por la negligente y abiertamente comprometida conducta gubernamental, con intereses, que no precisamente buscan una adecuada administración del bien común de los bolivianos.
Profundamente esperanzados en la autoridad moral que tanto la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia representan para todos los que creemos en la dignidad humana, una vez más las Instituciones Privadas de Desarrollo Social de Santa Cruz, como parte de la sociedad civil, les solicitamos conformen una Comisión del más alto nivel, para intentar el restablecimiento de la paz social, el Estado de Derecho, la cordura y la sensibilidad, y de esta manera contribuir a evitar que la violencia cobre más víctimas y se encuentren soluciones efectivas a tan sentida problemática.
Asimismo, consideramos fundamental que la Iglesia, la Defensoría y la APDH, hagan un exhaustivo seguimiento a la evolución de los hechos, y al grado de responsabilidad con el que se abordan los acuerdos entre el Gobierno y los sectores en conflicto.
Finalmente, deseamos expresarles, que efectivamente preocupados por la situación imperante en el Chaco boliviano, nos hemos visto obligados a destacar una Comisión Interinstitucional que haga seguimiento en el lugar de los hechos, proporcione información objetiva y contribuya al restablecimiento de la paz social en la zona.
Santa Cruz, 12 de noviembre de 2.001
Firman:
José Bailaba P., Presidente Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC - Isaac Avalos C. Secretario Ejecutivo Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz - María Eugenia Canedo, Colectivo Rebeldía; Catalina Rodríguez, Comunicadores en Genero - Miriam Suárez, Casa de la Mujer - Widen Abastoflor, Director CEPAC - Néstor Saenz, Director OASI - Nataniel Alvarez, Fundación Tierra - Eduardo Mendoza, Director CIPCA Santa Cruz - Ana Cristina Betancur, Directora CEDETI - Hugo Salvatierra, Alas "Ivi Avarenda" - Carlos Romero, Director CEJIS.
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