Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
EQUIPO NIZKOR |
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11nov01
Declaración del Equipo Nizkor ante la masacre de PanantiNota del Equipo Nizkor:
Esta masacre es como bien dicen los organismos de Santa Cruz un crimen contra la humanidad y posiblemente sea la peor ocurrida luego de finalizados los gobiernos militares en Bolivia.
En la localidad de Pananty, en la cual existía un núcleo de campesinos sin tierra, se produjo uno de los actos más cobardes y crueles en los últimos años, luego de las dictaduras militares por supuesto: un grupo de sicarios y paramilitares, al parecer protegidos por las fuerzas policiales y militares, los emboscó y produjo una verdadera masacre.
Dadas las circunstancias en que se han producido estos luctuosos hechos, todavía no se tienen datos exactos sobre el número real de muertos, pero los heridos son 20 personas, según las declaraciones oficiales del Director del Hospital Público de la localidad de Yacuiba (a 35 o 40 Kms. de la zona del incidente).
El Fiscal de la Provincia Gran Chaco que se hizo presente para realizar las primeras indagaciones, a través de los medios de comunicación social informó con mucha claridad, que los campesinos heridos y muertos, han sido atacados con armas de fuego, en cambio los del otro bando, han sufrido golpes con machetes, palos y piedras.
Esta información nos llega directamente desde allí y esperamos en los próximos días ampliar y documentar la misma. Pero en este momento hacemos una llamamiento a todos los activistas de derechos humanos y sus organizaciones, así como a los funcionarios de otros gobiernos u organismos de la ONU a que hagan llegar al gobierno boliviano la necesidad de que se restablezca la justicia y se detenga a los responsables.
Gregorio Dionis
Director del Equipo Nizkor
11nov01
Declaración de organismos de Santa Cruz ante la masacre de Pananti contra campesinos sin tierra
POR LA PAZ Y LA VIGENCIA DEL DERECHO ¡ NO MAS VIOLENCIA ¡
Trágicos acontecimientos han ocurrido la madrugada de ayer en Pananti, próximo a Yacuiba. Las víctimas han sido 7 campesinos muertos y una veintena de heridos. Todos ellos masacrados a bala. Los autores materiales e intelectuales son paramilitares, matones a sueldo, policías y militares a ordenes de latifundistas y acaparadores de tierras. La causa esgrimida para esta masacre ha sido la "sacrosanta propiedad privada", supuestamente avasallada por los campesinos sin tierra.
Las Instituciones Privadas de Desarrollo Social de Santa Cruz, nos pronunciamos condenando enérgicamente la escalada de violencia y crimen desatada por quienes a título de defender "derechos propietarios" imponen el orden del acaparamiento de tierras en pocas manos, la política de exclusión y despojo, el segregacionismo regionalista y la xenofobia racista, contra aquellos que sólo poseen su pobreza milenaria y la fuerza de sus brazos para sobrevivir diariamente.
La masacre de Pananti constituye un crimen de lesa humanidad ejecutado por los detentadores del retrógrado poder latifundiario. De este crimen son cómplices el Parlamento y el Tribunal Agrario Nacional, el Tribunal Constitucional, los Jueces Agrarios y Penales, los fiscales, y las autoridades del INRA. Esta complicidad los desautoriza moralmente para investigar y sancionar imparcialmente a los autores de tan horrenda masacre cometida contra los campesinos sin tierra de Pananti. El Gobierno tiene responsabilidad directa al no haber encarado a tiempo los conflictos surgidos por la alta concentración de la tierra en pocas manos, la existencia de miles de títulos agrarios falsos en manos de falsos propietarios; el incumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley INRA para el saneamiento y la redistribución justa de la tierra, y la sediciosa convocatoria a la violencia por parte de latifundistas, madereros y falsos ganaderos cobijados en gremios empresariales y Comités Cívicos.
En tanto que los falsos propietarios a través de sus gremios y Comités Cívicos "acuerdan" con el Gobierno el respeto a la propiedad privada, la legalización de sus latifundios en áreas protegidas y sus títulos otorgados en premio por el presidiario Gral. Luis García Meza, y logran del Gobierno la militarización de La Enconada, Yapacaní y El Chapare; cientos de miles de campesinos son postergados en el saneamiento de sus pequeñas parcelas, son despojados de sus tierras, son perseguidos, enjuiciados, encarcelados, reprimidos, heridos y asesinados.
¿Acaso la ley INRA se hizo para sanear las tierras obtenidas ilegalmente y el acaparamiento de tierras en pocas manos? ¿De qué propiedad privada se habla, de qué cruceñismo y localismo se habla, cuando 32 millones de has. se encuentran en manos de 40.000 latifundistas y madereros sin cumplir la función económico-social, en tanto que apenas 4 millones de hectáreas han sido dotadas a 550.000 familias campesinas de cambas, collas y chapacos? En El Chore como en El Chaco boliviano, existen propiedades de 10.000 y hasta 30.000 has. en manos de un solo propietario, sin producir absolutamente nada para el consumo nacional, en tanto que una familia campesina apenas posee 25 o 50 has. produciendo los alimentos diarios del pueblo boliviano. Las grandes propiedades se encuentran hipotecadas en los bancos por créditos millonarios que han servido a un mayor lujo de sus propietarios; en tanto que los campesinos viven de miserias y sus hijos no tienen un pedazo de tierra para sobrevivir.
Acudimos a la sociedad civil, a los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos, a los defensores de la paz, la dignidad y los derechos de los pueblos, para manifestarse exigiendo la sanción a los responsables de este crimen de lesa humanidad cometido contra los campesinos sin tierra. Convocamos a la solidaridad para quienes siendo millones de seres humanos no tienen un pedazo de tierra para sobrevivir. No se repararán las vidas perdidas y el dolor de las familias enlutadas en esta hora aciaga, pero creemos firmemente que con el esfuerzo de mujeres y hombres de conciencias limpias, podremos construir un mundo con justicia social.
Santa Cruz, 10 de noviembre de 2.001
FIRMAN:
Eduardo Mendoza de CIPCA; Miriam Suarez de Casa de la Mujer; Hugo Salvatierra de ALAS; Carlos Romero de CEJIS y Nataniel Alvarez de Fundación Tierra
Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights