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Declaración del CEJIS ante la indefensión jurídica de sus miembros

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DEMOCRACIA, JUSTICIA Y DERECHO NO ADMITEN IMPUNIDAD Y ABUSO DE PODER

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS, institución privada de desarrollo que lleva 23 años de vida al servicio de la defensa y promoción de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables en la región y el país, ante la evolución que han tenido situaciones que le tocaron vivir directamente y afectan de manera negativa a la democracia, la justicia y el derecho, se permite poner en evidencia ante la opinión pública lo siguiente:

1. Hasta el momento, las autoridades de Gobierno, a pesar de su obligación constitucional y legal, no hicieron absolutamente nada para establecer responsabilidades en los hechos de violencia que se produjeron el 15 de Septiembre próximo pasado en la localidad chiquitana de San Javier, ejercidos en contra del abogado Leonardo Tamburini, responsable del Programa Indígena del CEJIS y asesor jurídico de las organizaciones demandantes del Territorio Chiquitano de Monte Verde.

2. Por el contrario, importantes autoridades del Poder Ejecutivo, tales como el Ministro de Gobierno y el Director Nacional del INRA, han anunciado oficialmente en diferentes eventos públicos, su firme determinación de "INVESTIGAR" al CEJIS, que junto a las organizaciones indígenas chiquitanas somos los AGREDIDOS. ¿Por qué no se quiere investigar a los agresores y a quienes como el Director Nacional del INRA han actuado como instigadores y viabilizadores de actos que avergüenzan la administración pública y violentan el Estado de Derecho...?

3. El Ing. Zvonko Matkovic, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, aprovechó desatinadamente para afirmar y pedir en su discurso inaugural como Presidente de turno de la FEXPO 2001, este 24 de septiembre, que "hay muchas ONGs que hacen mucho bien, pero también existen otras que deben irse de Bolivia".

CEJIS, es una institución boliviana, con personería jurídica legalmente obtenida, y reconocida por el Estado boliviana con capacidad para desarrollar acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, a diferencia de personas y grupos de poder, que fomentan el ingreso y funcionamiento en nuestro país, de fundaciones, programas y "organizaciones no gubernamentales" cuyos objetivos y accionar están seriamente comprometidos con intereses transnacionales, que no dudan en manipular a los sectores sociales para lograr sus objetivos.

4. Resulta sorprendente la rapidez con la que actuó el Tribunal Constitucional de la República, declarando la constitucionalidad del inconstitucional Decreto Supremo Nº 26140 que abre las posibilidades para actos arbitrarios y atentatorios en contra de las ONG por parte del Estado Boliviano, con lo cual una vez mas se comprueba la subordinación de las instancias jurisdiccionales al poder político y económico de nuestro país.

5. El 27 de Septiembre, el Gobierno Nacional y la Cámara Agropecuaria del Oriente, suscribieron un convenio en el que claramente se expresa el interés de "legalizar" el despojo de los territorios indígenas y las tierras campesinas, llegándose al extremo de pretender el establecimiento de normas que favorezcan

la titulación definitiva de procesos agrarios obtenidos en la dictadura de Luis García Meza, o disposiciones draconianas como las de carga animal, a través de la cual con unas cuantas cabezas de ganado los acaparadores y traficantes de tierras podrán apoderarse de extensiones considerables, que como ha sucedido hasta el momento solo servirán para la especulación y el enriquecimiento fácil. Similar objetivo se pretende con la flexibilización extrema de las normas para la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social de la propiedad agraria.

6. En este mismo convenio, el Gobierno se comprometió a ratificar y hacer cumplir el Decreto Supremo anticonstitucional que pretende coartar el trabajo de las ONG que apoyan a pueblos indígenas y organizaciones campesinas, quedando claramente establecida la intencionalidad de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en sentido de restringir al máximo todas las posibilidades indígenas y campesinas de defender en el plano legal y constitucional sus derechos reconocidos por la legislación boliviana vigente.

7. En estas condiciones nos preguntamos, cuál podría ser la utilidad de la Cumbre Nacional por la Tierra, anunciada por el Presidente de la República, Ing. Jorge Quiroga Ramírez, con el supuesto objetivo de abordar seriamente su problemática, si con la firma del Convenio suscrito entre la CAO y el Gobierno, la posición y definiciones centrales están tomadas, y obviamente afectan de manera grave los derechos y expectativas indígenas y campesinas.

8. Queremos agradecer a todas las personas, instituciones y organizaciones regionales, nacionales e internacionales, que coincidiendo con la necesidad de trabajar denodadamente por la profundización del Estado de Derecho, la Democracia, la Justicia Social y avanzar hacia la vigencia plena de los derechos humanos, han expresado su solidaridad con las organizaciones indígenas y campesinas interesadas en consolidar su derecho propietario y con nuestra institución, solicitándoles se mantengan alertas en defensa de lo más valioso que tiene cualquier ser humano, hombre o mujer, y toda colectividad: su dignidad y sus legítimas aspiraciones.

9. Finalmente, anunciamos que en breve las organizaciones indígenas y campesinas afectadas, junto con CEJIS, haremos públicas todas y cada una de las irregularidades administrativas y judiciales, documentadamente para que se sepa que en Bolivia es necesario terminar de una buena vez con la impunidad, la corrupción pública y el abuso de poder.

Santa Cruz, 03 de Octubre de 2001
Carlos Romero Bonifaz
DIRECTOR EJECUTIVO CEJIS

Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights