16 y 17oct01

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Carta abierta de la organización indígena chiquitana con relación a los conflictos de Monte Verde

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Carta Abierta a la Asamblea de la Cruceñidad
Directores de instituciones y organizaciones civiles de Santa Cruz; Presidente y miembros del Directorio del Comité Pro Santa Cruz:

Con nuestro mayor respeto:

Los abajo firmantes, somos representantes de uno de los pueblos indígenas más grandes del departamento de Santa Cruz, a los CHIQUITANOS, que habitamos centenariamente en dos terceras partes del territorio departamental.

Con el respeto que nos merecen, con la prudencia que nos da la sabiduría de nuestros antepasados, y, con la sensatez a la que nos obliga el momento que estamos viviendo, nos dirigimos a Uds. para expresarles, aclararles y pedirles lo siguiente:

El Territorio de Monte Verde, ubicado en la Provincia Ñuflo de Chávez al Norte de Santa Cruz, lo hemos demandado en el año de 1995 al amparo del artículo 171 de la Constitución Política del Estado que reconoce a todos los Pueblos Indígenas el derecho a la titulación de sus Tierras Comunitarias de Origen. Posteriormente la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA), ordenó su saneamiento y titulación en un plazo de 10 meses a partir de su promulgación (18 de octubre de 1996).

Sólo hasta octubre de 1998 el INRA Nacional inició el proceso de saneamiento, bajo la gestión del Dr. Hugo Teodovich (ex asesor legal de FEGASACRUZ y actual Presidente del Tribunal Agrario Nacional), y se continuó en la gestión del Lic. René Salomón (ex funcionario de la CAO). Desde un principio el proceso se ha desarrollado en medio de conflictos con las personas que se oponen a la titulación de nuestro territorio y se ha caracterizado por el intento permanente del INRA de salirse del marco de la Ley para favorecer a aquellos. Solamente el control social desplegado por nuestras organizaciones y comunidades ha evitado que nuestro territorio sea reducido en un alto porcentaje para consolidar las ilegales pretensiones de particulares, y ha garantizado que se cumpla bajo las disposiciones de la Ley INRA, la misma que fue consensuada entre el Gobierno, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB), la Confederación de Campesinos (CSUTCB) y la Confederación de Colonizadores (CSCB).

El saneamiento de Monte Verde ha concluido formalmente hace más de un año, aplicando 3 principios fundamentales de la Ley INRA en la identificación de los predios particulares: 1) El cumplimiento de la Función Económico-Social, tal como lo dispone el artículo 169 de la C.P.E.; 2) La idoneidad de Títulos Ejecutoriales y procesos agrarios en trámite; y, 3) La inmovilización del área de saneamiento, prohibiendo nuevas posesiones, adjudicaciones o dotaciones. Éstos principios jamás hubiesen sido observados por el INRA sin nuestro celoso control.

Los propietarios de predios considerados ilegales se niegan hoy a aceptar los resultados de este proceso de saneamiento, y por la fuerza quieren apoderarse de nuestras mejores tierras y bosques. Para esto recurrieron ante el Tribunal Agrario Nacional y el Tribunal Constitucional, bloqueando la conclusión del proceso a fin de imponer, por la vía de hecho, el acaparamiento de tierras que detentan ilegalmente y provocando cada vez mayores conflictos y tensiones. La situación ha llegado a tal extremo que, como es de conocimiento público, en la tarde del sábado 15 de septiembre en San Javier, un grupo de ganaderos allanaron violentamente la sede de la Central Indígena Paikoneka de San Javier, y secuestraron después a un asesor legal de nuestras organizaciones.

Estos atentados contra nuestras organizaciones y contra las personas que nos prestan un asesoría profesional, son parte de una última estrategia impulsada por los ilegales para lograr con la violencia lo que con la ley no pueden conseguir. Atacan a los asesores y a las instituciones que nos apoyan para deslegitimarlas ante la opinión pública, y recurren a la violencia y al regionalismo para despojarnos de nuestras tierras y nuestros legítimos derechos.

Por otro lado, algunos dirigentes del Comité Cívico han convocado a responder con las armas a los campesinos sin tierra que ocupan la Reserva Forestal del Chore. A su turno, el presidente de FEGASACRUZ arremete también contra nuestras comunidades y organizaciones chiquitanas, indicando que Monte Verde es una "republiqueta", por el solo hecho que existen Puestos de Control para impedir asentamientos y desmontes ilegales a su interior. No toman en cuenta que los puestos de control administrados hoy por la Superintendencia Forestal son para impedir la apropiación ilegal de nuestro territorio y recursos naturales y hacer cumplir la Ley. Con su posición, FEGASACRUZ apoya abiertamente a los avasalladores y depredadores ilegales que pretenden apoderarse de Monte Verde.

La situación de Monte Verde no es un caso aislado. Los problemas de tenencia y propiedad de la tierra son generales en todo el país. Últimamente se han abierto graves focos de tensión en la Reserva del Chore, en el Bosque Seco Chiquitano, el Chaco y la Amazonía, amenazando con perderse el control del proceso de saneamiento y de la legalidad que intentó poner la Ley INRA a la distribución de las tierras agrarias en el país.

Desde los inicios de nuestra lucha, no nos hemos cansado de denunciar que personas inescrupulosas cobijadas en la negligencia o complicidad de las autoridades, han saqueado indiscriminadamente los bosques de nuestra región. Los que hoy se autodenominan "empresarios forestales", han llevado adelante la más indiscriminada destrucción y degradación del medio ambiente en nuestra región. Nuestra Reserva Forestal del Chore y nuestros bosques de la Chiquitanía, han sufrido durante muchos años un destructivo pirateo de maderas preciosas y saqueo de su fauna silvestre por parte de supuestas empresas forestales, provocando con ello la degradación de nuestros suelos, la pérdida de la biodiversidad y su riqueza económica. Hoy, estos "empresarios" madereros, que han vivido de la gratuidad de nuestra generosa naturaleza, y que controlan el 80% de la Reserva Forestal del Chore, se ven amenazados y se esconden bajo el manto de un falso "civismo" y pregonan la conservación de los ecosistemas, solo con la clara intención de apropiarse de nuestros bosques, buscando en realidad favorecer a 9 empresas madereras y cuatro grandes propiedades. Para ello piden el ejercicio de la violencia.

Profundizar las tensiones que existen actualmente frente al acceso y control de la tierra, convocar a la ciudadanía para que adopte acciones de fuerza para defender a los que de hecho se quieren apropiar de nuestras tierras, y cerrar filas para que los conflictos sean resueltos por la violencia cuando se trata de indígenas y campesinos sin tierra, no es una actitud adecuada para una

organización cívica y menos aún pretender que estas posiciones apuntan a la defensa de las instituciones y valores de nuestra región y del país. Esto no lleva a solucionar el problema, agravará los conflictos y alejará cada vez más la adopción de las soluciones integrales que se requieren, no solo para Santa Cruz sino para todo el país.

Lo más responsable es abrir espacios de debate donde de manera transparente pueda verse la problemática de fondo y las causas que la originan e identificar mecanismos conducentes a restituir la legalidad en la tenencia de tierras, en las instituciones que intervienen en los procedimientos como son el INRA y la Judicatura Agraria, sumidas en el descrédito, la incapacidad y la corrupción, y el Tribunal Constitucional que con sus infundadas sentencias no solo demuestra un profundo desconocimiento de la legalidad agraria y general del país, sino que aleja cada vez más la posibilidad de que los problemas sean solucionados en derecho.

CONVOCAMOS:

1. A todas las instituciones que integran el Comité Cívico Pro Santa Cruz y a su Directorio, a defender la legalidad, no solo cuando es a favor de los sectores de poder y hacerla respetar aún en contra de éstos.

2. Al sector empresarial agropecuario a cerrar filas contra los ilegales (traficantes de tierras, falsificadores de expedientes y títulos agrarios, especuladores de créditos bancarios), y no darles amparo y fomento como hasta ahora.

3. A campesinos y colonizadores y a otros sectores sociales que luchan por mejores condiciones de vida para los bolivianos, los convocamos a conformar un bloque social amplio para desarrollar una lucha unitaria y sostenida por las reivindicaciones territoriales comunes.

Convocamos a todos los sectores sociales y políticos y a el Estado a considerar integralmente el problema de la tenencia de la tierra, partiendo del respeto de los derechos que constitucionalmente tenemos los pueblos indígenas y comunidades campesinas y a entender que nosotros necesitamos y queremos la tierra para vivir y no para hacer negocios ni enriquecernos sin aportar nada a la región.

Santa Cruz, 16 de Octubre de 2001

Firman:

Carlos Cuasase, PRESIDENTE ORGANIZACIÓN INDÍGENA CHIQUITANA; Delsy Macoñó, STRIA. ECONOMIA CENTRAL INDIGENA PAIKONEKA DE SAN JAVIER; Manuel Peña, PRESIDENTE CENTRAL INDIGENA DE COMUNIDADES DE CONCEPCIÓN; Rolando Chuvé, STRIO. ECONOMIA ORGANIZACIÓN INDIGENA CHIQUITANA; Ivar Vaca, PRESIDENTE CENTRAL INDIGENA DE BAJO PARAGUA; Julio Eguez, PRESIDENTE ACISAR; Venancio Socorre, PRESIDENTE ACISIV SAN IGNACIO; Jorge Masabí, VICE PRESIDENTE CCICH-T SAN JOSE DE CHIQUITOS; Manuel Mengari STRIO. ORGANIZACIÓN DE LA CICLO; Limber Saucedo, VICEPRESIDENTE CENTRAL INDIGENA DE BAJO PARAGUA; Pedro Solíz, STRIO. TIERRA Y TERRITORIO CENTRAL INDIGENA DE COMUNIDADES DE CONCEPCIÓN; Wilver Cuellar, STRIO. ORGANIZACIÓN CICHAR - ROBORE

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Ante los últimos acontecimientos en la provincia ichilo - cantón San Carlos ante el conflicto de Enconada.

MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

La Enconada, es un Distrito Municipal asentado en la provincia Ichilo del Departamento de Santa Cruz, que se encuentra a mucha distancia de la Reserva Forestal del Choré. Lo de la Enconada es un conflicto entre afiliados a la Cooperativa "16 de Agosto" y una supuesta propietaria, que arbitrariamente pretende tomar posesión sobre las tierras de los campesinos de esta zona.

Las autoridades departamentales y los sectores interesados en el acaparamiento de recursos naturales y tierras, han levantado toda una cortina de humo para hacer creer a la opinión pública que la violencia ha sido desatada por los campesinos que pretenden tierras en la Reserva Forestal "El Choré", pero la realidad es otra. El conflicto de la Enconada, tiene más de dos años y se origina porque una propietaria particular pretende desalojar por la fuerza a los campesinos de la Cooperativa "16 de Agosto", legítimos propietarios que cuentan con Títulos Ejecutoriales de estos predios, personalidad jurídica, y se encuentran asentados en la zona hace 30 años.

Los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, agrupados en la CPESC, como parte de los sectores empobrecidos del campo, víctimas del permanente avasallamiento y despojo, hacemos nuestra la causa justa de los campesinos afiliados a la Cooperativa "16 de Agosto" de la Enconada, y les manifestamos nuestro pleno respaldo y solidaridad en la defensa de sus derechos sobre la tierra y los derechos humanos que les están siendo violados con la complicidad de las autoridades gubernamentales y judiciales.

En esta difícil hora, cuando se anuncia medidas de fuerza contra indígenas y campesinos para consolidar el avasallamiento de empresarios madereros y de los que siempre han pretendido acaparar las tierras agrarias y forestales en el país, hacemos un llamado a todos los sectores involucrados en la problemática de la tierra de nuestro departamento y el país, para que en un supremo esfuerzo por lograr soluciones reales, en el marco del diálogo y la vigencia plena de los derechos establecidos en la Constitución y las Leyes, se discutan de la manera más amplia y sincera las verdaderas causas de los problemas sobre la propiedad agraria y sentemos sólidas bases para un modelo de desarrollo rural con justicia y equidad.

Santa Cruz, 17 de Octubre de 2001

José Bailaba P. PRESIDENTE DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS ÉTNICOS DE SANTA CRUZ (CPESC); Benigno Urapuca, STRIO. TIERRA Y TERRITORIO CPESC; Tomás Pérez, STRIO. DE COMUNICACION CPESC

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