18sep01

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Ganaderos contrarios a la reforma agraria atacan y hieren gravemente a un abogado y aun dirigente indígena

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Como es de público conocimiento por las informaciones de prensa, el día sábado 15 de septiembre en el Municipio de San Javier (Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz - Bolivia), el Dr. Leonardo Tamburini que presta servicios profesionales en esta institución desde 1996, fue víctima de un ataque homicida por parte de ganaderos del Municipio de Concepción y San Javier. Dado que las informaciones de prensa no son precisas, nos permitimos aclarar y denunciar ante la opinión pública nacional, lo siguiente:

LOS HECHOS

El hecho ocurrió en la sede de la Central Indígena Paikoneka de San Javier, en momentos en que el Dr. Tamburini en compañía del Dr. Carlos Romero, Director Ejecutivo del CEJIS, salían de ésta a horas 3:00 p.m. cuando de cuatro o cinco vehículos se bajaron hombres armados y vociferando se dirigieron contra el Dr. Tamburini, intentaron agarrarlo por la fuerza y éste reaccionó y salió huyendo. Luego de perseguirlo por más de 100 metros, le dieron alcance y comenzaron a golpearlo brutalmente lo que fue interrumpido por el Señor Mauricio Landívar, salvando su vida.

Mientras tanto, el Dr. Romero también fue perseguido hasta un punto donde se encontraban el Capitán Zabala de la policía de Santa Cruz y al mismo llegó el dirigente indígena José Bailaba, Presidente de la CPESC. Tanto el Capitán Zabala como el señor Bailaba se disponían a emprender viaje al Territorio Indígena de Monte Verde en el Municipio de Concepción. Gracias a su presencia los perseguidores no pudieron agarrar al Dr. Romero.

Segundos después, los que habían perseguido al Dr. Tamburini lo traían a la fuerza, visiblemente golpeado su rostro, y lo subieron a un vehículo particular para conducirlo con rumbo desconocido, al cual logró subirse el Capitán Zabala y otro policía de Santa Cruz que lo acompañaba. El vehículo fue conducido hasta la sede de la Asociación de Ganaderos de San Javier, donde posteriormente llegó el dirigente indígena para exigir la libertad inmediata y la protección a la vida e integridad del Dr. Tamburini. Luego de una discusión que tardó aproximadamente 1 hora y 30 minutos, en la cual los ganaderos se comprometieron a liberar al Dr. Tamburini e integraron una comisión con el Capitán Zabala, el corregidor y el presidente de la CPESC, para desplazarse al puesto de control de Santa Rita del territorio de Monte Verde, debido a que supuestas agresiones de las comunidades allí presentes, habían sido la causa del ataque de los ganaderos en San Javier.

El Dr. Tamburini permaneció en la sede de la Asociación de Ganaderos de San Javier bajo la protección de la policía y del señor Gary Pereira, Presidente de la Asociación, y fue liberado a las 7:30 p.m., y conducido por el señor Muricio Landívar custodiado por la policía rumbo a la ciudad de Santa Cruz, donde se tomaron los exámenes médicos de rigor, debido a que presentaba contusiones múltiples en el rostro, la cabeza y el resto del cuerpo.

La comisión que se había desplazado al Puesto de Control de Santa Rita verificó que no habían sucedido los acontecimientos que alegaban los ganaderos, sin embargo las comunidades allí asentadas estaban en estado de alerta porque ya tenían conocimiento de los hechos sucedidos en San Javier y se disponían a enviar una numerosa delegación con el fin de rescatar con vida al Dr. Tamburini, quien ha sido su abogado defensor por más de 3 años continuos, y al dirigente José Bailaba, quien supuestamente también había sido retenido y golpeado.

ANTECEDENTES: EL PROCESO PARA LA TITULACIÓN DEL TERRITORIO MONTE VERDE

El proceso para la titulación de Monte Verde se inició en 1996, cuando fue reconocido por la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, comúnmente conocida como Ley INRA, que ordenó su titulación en un plazo de 10 meses contado a partir del 18 de octubre de ese año. Desde entonces el proceso de saneamiento ha estado marcado por múltiples conflictos que incluyen la acción y la omisión del Estado en las instancias competentes. Al momento de iniciarse el proceso existían al interior de Monte Verde aproximadamente 30 propiedades individuales que no sumaban más de 20.000 has. A la fecha existen más de 170 particulares que reclaman predios por casi 700.000 has. En julio de 1997 la Superintendencia Forestal otorgó concesiones a su interior por más de 120.000 has. y, no obstante pronunciamientos de la OIT recomendando al Gobierno la aplicación del Convenio 169, ratificado por Ley de la Republica No. 1257, y una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establece el derecho preferente de los indígenas frente a las concesiones, el INRA insiste en consolidar las concesiones restando estas tierras y bosques al pueblo chiquitano, sus legítimos propietarios. También el INRA ha intentado por todos los medios legalizar y consolidar las reclamaciones de los particulares que legalmente no tienen derechos, para lo cual ha adoptado normas contrarias a la Ley y a los derechos indígenas, y en varias oportunidades ha suspendido la ejecución del proceso y lo ha demorado injustificadamente como mecanismo de presión para que los indígenas acepten las irregularidades en la aplicación de las normas vigentes para favorecer a los particulares.

Finalmente el Tribunal Constitucional a instancias de particulares en los procesos para la titulación de los territorios de Monte Verde y de Isoso, ha emitido sentencias declarando inconstitucionales sendas disposiciones del Reglamento de la Ley INRA, que son fundamentales para los procesos de titulación de tierras indígenas, una de las cuales hace arbitrariamente devolver el proceso de Monte Verde y la otra abre la puerta para que los documentos fraudulentos que sustentan reclamaciones de particulares sean legalizados.

Ahora le corresponde al Tribunal Agrario Nacional resolver también impugnaciones presentadas por terceros y no se espera que lo haga precisamente de acuerdo a los derechos indígenas establecidos en la Constitución Política del Estado y la legislación nacional, como tampoco lo hizo el Tribunal Constitucional. El proceso se encuentra suspendido en ambas instancias desde enero de este año, en una clara retardación de justicia.

Todos estos conflictos han asediado el proceso de saneamiento del territorio de Monte Verde y como es claro, todos hacen a la parte jurídica que atiende el CEJIS.

Ante la reciente invasión de particulares a realizar desmontes ilegales, desde el 28 de agosto las comunidades instalaron cuatro puestos de control en los sitios de acceso a su territorio (Turuz Napez, Santa Rita, San Fermín y San Lorencito) para evitar que se sigan avasallando sus tierras y talando sus mejores bosques.

LOS DÍAS PREVIOS A LA AGRESIÓN DE LOS GANADEROS

Los hechos de agresión contra el Dr. Tamburini, estuvieron precedidos de otro acontecimiento protagonizado en el Municipio de Concepción cuando el día lunes 11 de septiembre la Superintendencia Forestal realizó inspecciones sobre desmontes ilegales por denuncia de las organizaciones indígenas. Los representantes de la Cooperativa La Unidad, perteneciente a la empresa aceitera FINO S.A., afectada con la inspección de la Superintendencia, interceptaron el vehículo en que se desplazaban y amenazaron con armas de fuego a los funcionarios y al Dr. Tamburini, que como asesor jurídico de los denunciantes participaba en la diligencia.

El día viernes se llevó a cabo una reunión con el Prefecto del Departamento el Director Departamental del INRA, el Superintendente Forestal, FEGASACRUZ y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC, en la cual se suscribió un acuerdo que intentaba poner fin a las agresiones mientras se resuelve en derecho el conflicto, garantizando la actuación de las instituciones estatales comprometidas. En esta misma reunión se definió que de inmediato, 8:30 p.m., se desplazaría una comisión a los puestos de control instaurados por las comunidades con el fin de informarles del acuerdo y que se restableciera circulación en el territorio bajo el control de la policía.

A dicha misión sólo fue el Presidente de la CPESC y un grupo de ocho policías al mando del Capitán Zabala, comisionados por el Prefecto, pero no se desplazó ningún delegado de las autoridades que suscribieron el acuerdo. La comisión en San Javier se cumplió tal como estaba prevista, visitando los puestos de control de Santa Rita y Turuz Napez en San Javier y se aprestaba para salir a los puestos ubicados en el Municipio de Concepción, cuando se presentaron los hechos.

Por noticias publicadas en el diario El Deber el día domingo 16 de septiembre, mientras la brutal agresión de los ganaderos sucedía en San Javier, el Director Nacional del INRA que se encontraba en la Asamblea de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), daba declaraciones de prensa indicando que los conflictos alrededor de las tierras indígenas y campesinas eran originados por las ONG que trabajan con las organizaciones y refería que el Estado las iba a intervenir en cumplimiento de un arbitrario decreto promulgado en octubre del año 2000, como si el país se encontrara bajo el régimen militar. El mismo argumento esgrimían los ganaderos mientras golpeaban al Dr. Tamburini.

REFERENCIA INSTITUCIONAL

El CEJIS, es una institución privada de la sociedad civil con más de 20 años de trabajo al servicio de los derechos humanos en Bolivia. En los últimos 10 años ha enfocado su labor en el apoyo jurídico a los pueblos indígenas de Bolivia, especialmente en los procesos para el saneamiento y titulación de sus tierras originarias. A través de un equipo de profesionales del derecho desde 1996 ha apoyado al pueblo Chiquitano en sus demandas territoriales en el Departamento de Santa Cruz y dentro de éstas la demanda para la titulación del territorio de Monte Verde. En toda su trayectoria, el CEJIS se ha caracterizado por ser un celoso guardián de la vigencia del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley en las actuaciones del Estado.

DENUNCIAMOS

De los penosos acontecimientos de agresión física, intento de homicidio al Dr. Tamburini, que asumimos como agresión directa al CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS E INVESTIGACIÓN SOCIAL - CEJIS, responsabilizamos además de las personas directamente involucradas en el ataque, al Prefecto del Departamento y a los irectores Nacional y Departamental del INRA, pues tememos que el acuerdo que propiciaron el día viernes 14 de septiembre fue una celada para facilitar la acción premeditada de los ganaderos contra la institución y los asesores jurídicos del CEJIS, lo que se podría corrobar con la ausencia de dichas autoridades en la zona para el cumplimiento del acuerdo.

La ineficiencia y la corrupción que reinan en las instancias del Estado que intervienen en la problemática agraria, que pretenden ocultar distrayendo a la opinión pública nacional con informaciones y acusaciones falsas, le están dando rienda suelta a un acelerado proceso de convulsión social con tendencia a la violencia, que no es exclusivo del Territorio de Monte Verde sino que se manifiesta en todos los extremos del país.

El CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS E INVESTIGACIÓN SOCIAL - CEJIS, hace un llamado a la sociedad nacional e internacional y a las propias instituciones estatales para que detengan esta situación de violencia generalizada y asuman responsablemente la labor de garantizar el imperio de la ley y de los derechos de todos los bolivianos, especialmente de aquellos que tradicionalmente han estado excluidos y pisoteados como son los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en todo el país. Exigimos que las autoridades competentes asuman de inmediato la investigación rigurosa de los hechos y sancionen drásticamente a sus autores y cómplices.

Santa Cruz de la Sierra, 18 de septiembre de 2001

EL DIRECTORIO Y LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS - CEJIS

Este documento ha sido publicado el 06ago02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights