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06jul10
Análisis Cedib: Bolivia prioriza intereses petroleros y no el de los indígenas
Investigador dice que se usa la consulta para avalar el daño que causan las petroleras al medio ambiente y a la vida indígena. ¿Por qué no se consulta al pueblo si se abre o no la Amazonía a la explotación petrolera?, cuestiona
El gobierno boliviano ha envilecido el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre la exploración y explotación petroleras, el que ahora sólo sirve para avalar los daños ambientales y el deterioro de las condiciones de vida de los pueblos, advirtió el analista del Centro de documentación e información Bolivia (Cedib), Gustavo Rodríguez.
En una entrevista con el semanario EnergyPress (EP), el investigador del área de Recursos naturales del Cedib, Gustavo Rodríguez (GR), dijo que "existen muchos indicios, no sólo en el sector hidrocarburífero sino forestal y minero también, que muestran cómo el derecho a la consulta y los mecanismos para ejercerlo han sido utilizados para avalar y/o encubrir fuertes e incontrolables daños al entorno natural y a las condiciones de vida".
"Esto es más evidente en aquellos lugares donde la participación de los miembros del pueblo indígena o de la comunidad campesina ha sido restringida o anulada porque se ha "consultado" sólo a unos cuantos dirigentes", dijo en la entrevista que la Plataforma Energética difunde in extenso a continuación:
EP.- Usted ha señalado que el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos promueve que los pueblos indígenas no tengan derecho a objetar la intervención de las empresas petroleras en su territorio y que éste se limita a negociar el monto de compensación contraviniendo la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas a la que Bolivia está adscrita. ¿En qué fundamenta esta aseveración?
GR. El proyecto de Ley y otros documentos dados a conocer por el Gobierno textualmente indican que la consulta sólo "tiene como propósito identificar los impactos que un plan, programa, actividad, obra o proyecto pueda ocasionar sobre el medio ambiente y sobre la población...". Esto quiere decir que la consulta no es para evaluar los impactos y, sobre esa valoración, decidir si conviene o no la realización de actividades hidrocarburíferas, se asume que esas actividades deben hacerse; siendo así, el proyecto de Ley también propone que la consulta sirva para "determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los impactos negativos e incentivar los positivos". En un lenguaje más explícito, esto significa monetizar el daño al medio ambiente y mercantilizar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y campesinas; la experiencia de las compensaciones lo demuestra. Sensiblemente, en esto no hay ningún cambio respecto al neoliberalismo, por el contrario, hay muchos otros artículos en el proyecto de Ley que ratifican el envilecimiento de la consulta indígena.
EP.- En este marco, ¿la demanda por mayor participación de los pueblos indígenas, puede terminar en una mera oferta transaccional, sin mayor incidencia en un desarrollo sostenible y sustentable?
GR. Lamentablemente existen muchos indicios, no sólo en el sector hidrocarburífero sino forestal y minero también, que muestran cómo el derecho a la consulta y los mecanismos para ejercerlo han sido utilizados para avalar y/o encubrir fuertes e incontrolables daños al entorno natural y a las condiciones de vida. Esto es más evidente en aquellos lugares donde la participación de los miembros del pueblo indígena o de la comunidad campesina ha sido restringida o anulada porque se ha "consultado" sólo a unos cuantos dirigentes. El proyecto de ley también ratifica que el proceso de consulta se realizará sólo con "autoridades" y "representantes".
Entonces, pienso que debe apoyarse la exigencia de mayor participación de los pueblos indígenas, pero hay que hacerla más efectiva, más real, en la que pueda participar el pueblo indígena y la comunidad en su conjunto; unos cuantos dirigentes no son un pueblo y, muchas veces, no siempre expresan a cabalidad lo que el pueblo o la comunidad quiere.
Pero la participación indígena en temas medioambientales no es suficiente, es necesaria y fundamental para consultarles si una determinada actividad afectará su modo de vida y habría que respetar su decisión al respecto, pero en lo que hace a nuestro entorno natural también debería consultarse a todo el pueblo boliviano, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo que haya actividad petrolera en las cercanías del Parque Madidi? ¿Estamos de acuerdo que haya actividad petrolera, o se abran vías camineras en el Parque Isiboro Securé?. Estos son temas que afectan a todos los bolivianos y a todos se nos debe consultar.
EP.- La negociación sobre compensaciones entre las petroleras y los pueblos indígenas, la preservación de las áreas protegidas, los procesos de consulta y participación, el proceso de obtención de la Licencia Ambiental y los pasivos ambientales representan amenazas para el actual gobierno?
GR. No son amenazas, sino una traba para la celeridad que desea obtener el Gobierno en la explotación de los recursos naturales. Sería muy aleccionador estudiar cómo hasta más o menos la elaboración de la actual Constitución, a la mayoría de los operadores del Gobierno, todas las leyes, normas y procedimientos sobre protección ambiental y derechos indígenas les parecían insuficientes, en cambio hoy, en contra del espíritu de la Constitución y del discurso oficial sobre los derechos de la madre tierra, les parecen obstáculos.
EP.- Pero, no es un avance que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que actualmente está en manos de las empresas petroleras, de acuerdo con el proyecto de ley pase a manos de YPFB?
GR. Es un avance que el EIA ya no sea realizado por las empresas, por supuesto siempre fueron estudios favorables a ellas; pero no es correcto que esos estudios estén en manos de YPFB. Los objetivos de YPFB son explorar, explotar, refinar, comercializar, distribuir hidrocarburos, todas esas actividades son reñidas con el cuidado del medio ambiente; en otras palabras, el objetivo de YPFB es obtener la mayor cantidad de ingresos para el país, no cuidar el medio ambiente, está bien que así sea, por eso mismo no puede ser juez y parte, debe ser otra instancia, estatal por supuesto, que se haga cargo de los EIA, de su seguimiento y control, y de la verificación de su cumplimiento.
EP.- Cómo observa el derrotero del proyecto de Ley de Hidrocarburos en materia socio ambiental?
GR. En esta materia el proyecto de Ley está priorizando la actividad hidrocarburífera en desmedro de los derechos indígenas y supeditando el cuidado y protección del medio ambiente a la explotación petrolera; este desequilibrio pinta un escenario conflictivo e inconsistente para el desarrollo de la industria en el país, y un futuro nada halagador para el entorno natural y la biodiversidad en Bolivia, que es muy diversa y tan valiosa como los hidrocarburos.
Ahora, este es un asunto que no puede ser resuelto sólo por el Gobierno, por mucho apoyo que tenga el mismo; en mi criterio necesariamente debe ser resuelto por todos los bolivianos. Apliquemos la Constitución, en ella se indica que los recursos naturales (todos, no sólo los hidrocarburos) son del pueblo boliviano y el Estado es sólo un administrador, entonces el pueblo boliviano en su conjunto, no sólo los indígenas, debiera ser quién defina en qué regiones se realiza actividad petrolera y en cuáles no, en qué medida se contamina una zona y si vale la pena contaminarla. El proyecto de ley ni siquiera se acerca a tocar estos temas.
[Fuente: Plataformaenergetica.org, La Paz, 06jul10]
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