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14may09
Diputados cesan a presidente de la Corte Suprema de Justicia, por retardación de justicia
La Cámara de Diputados de Bolivia, suspendió de sus funciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eddy Fernández, la noche del miércoles, por retardación de justicia en el caso de la masacre de 67 civiles en octubre de 2003, durante la administración del presidente ultraliberal Gonzalo Sanchez de Lozada.
Luego de dos días de debate, a las 22H30 del miércoles (02H30 GMT del jueves), la Cámara Baja cesó por 62 contra 3 votos y uno en blanco a Fernández.
Con la presencia del presidente de la Cámara Baja, Edmundo Novillo, 67 asistentes participaron de la votación, ante la ausencia casi total de la oposición que jugaba a dejar sin quórum a la plenaria y que permanecía en la antesala del parlamento sin participar de la votación.
Según la resolución camaral, amparada en la Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República, "aprueba, como decisión de la Cámara de Diputados, el proyecto de acusación presentado por la comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial", por la que se acusa a Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, presidente de la CSJ de la nación, por el delito de "negación o retardo de justicia", tipificado en el Código Penal y la Ley 2445, cometido en el ejercicio de sus funciones.
El diputado René Martínez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que "han pasado seis años desde los hechos ocurridos en octubre de 2003 en El Alto donde murieron 67 personas y hasta la fecha Fernández no agilizó la demanda contra Sánchez de Lozada y sus ex ministros, permitió la fuga de Luis Alberto "Chito" Valle y no procesó a Tonchi Marinkovic".
"Esos son suficientes indicios para concluir que Eddy Fernández incurrió en el delito de retardación de justicia", argumentó.
Recordó que será la segunda instancia en la Cámara del Senado la que, en definitiva, tome determinaciones sobre la decisión de la Cámara Baja en los próximos días.
"Esperamos que en el Senado más pueda la lectura jurídica de los hechos, los extremos de la denuncia y el derecho legítimo que tienen las víctimas para reclamar una justicia pronta. Si esto es así, vamos a tener un resultado coherente. De lo contrario, si quieren tomar una consigna política, será la opinión pública la que sancione esto", señaló.
Según el parlamentario, la suspensión implica la secesión total de sus actividades; por lo tanto, Fernández no tendría que presentarse desde el jueves, a sus oficinas en la ciudad de Sucre, centro de Bolivia y capital del país.
[Fuente: ABI, La Paz, 14may09]
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