Equipo Nizkor - Organizaciones sociales afines al MAS piden la pena máxima para Camacho.

Hasta 30 años de cárcel para el Gobernador de Santa Cruz, por las muertes de 2019, es el pedido de diferentes organizaciones que aseguran que su aprehensión en el caso "Golpe I" es parte de la justicia por las masacres de Senkata y Sacaba. El Bloque Oriente, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación de Trabajadores Fabriles, entre otras organizaciones, ya han emitido sus pronunciamientos.

"Por fin Camacho, el golpista, está en la cárcel, era lo que el pueblo esperaba. Como familia intercultural estamos pidiendo la máxima pena que existe en la justicia boliviana. No puede quedarse en una detención preventiva de cuatro meses nomás, hubo muertes en Senkata y Sacaba. Como familia Intercultural nos declaramos en estado de emergencia, porque tiene que ser sancionado con la máxima pena", manifestó el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Estevan Alavi.

En la misma línea, desde Yapacaní, distintas organizaciones sociales demandaron por medio de una conferencia de prensa 30 años de cárcel para el gobernador. Además, exigieron a las autoridades judiciales sancionar a los "grupos vandálicos" que causan temor y zozobra en Santa Cruz.

"Primero felicitar al Gobierno nacional y al Ministerio Público, por la aprehensión de Camacho, actor principal de las muertes en Sacaba y Senkata. Demandamos la pena máxima de 30 años de cárcel para Camacho (...), la justicia tarda, pero llega. (Romulo) Calvo también debe ir preso ", manifestó uno de los dirigentes.

En su pronunciamiento a la opinión pública, la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia pide no solo el castigo por los hechos de 2019, sino por el paro cívico realizado en Santa Cruz en defensa del Censo.

"Conforme rezan las Resoluciones de Ampliados, pronunciamientos, misivas a autoridades y otros emanadas desde este ente matriz, debe juzgarse conforme ley, a todos los autores intelectuales y materiales de las muertes, que a consecuencia de la crisis de 2019 y del paro indefinido so pretexto de Censo en 2023, enlutaron a las familias bolivianas.

Asimismo, las siete organizaciones sociales del campo y la ciudad que conforman el Bloque Oriente, afín al MAS, resolvieron respaldar las acciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Sostienen que estas instituciones solo están "cumpliendo con su obligación de investigar y procesar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad y fueron los autores de las masacres de Sacaba y Senkata durante el Golpe de Estado del 2019".

Quieren hacer creer que la detención es por las masacresEl viernes pasado la Justicia determinó la detención preventiva, por cuatro meses, del excívico, Luis Fernando Camacho. La medida debe ser cumplida en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, en el marco de las investigaciones en el caso Golpe de Estado I.

Aunque los cuatro pronunciamientos ya mencionados aseveran que la aprehensión es por las muertes de Senkata y Sacaba, la Asociación de Víctimas de Senkata aclaró que esto es falso, que es lo que se quiere hacer creer a la población.

"Sobre la detención de Luis Fernando Camacho, es necesario aclarar a la opinión pública nacional e internacional que el proceso Golpe I, no es por los asesinatos consumados el 15 y 19 de noviembre de 2019, no es por las heridas con armas de fuego perpetrados el 11, 15 y 19 de noviembre de 2019, nos es por las detenciones y procesos ilegales ejecutados los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019, no es por las torturas realizadas los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019.

Este proceso no contempla como víctimas los 22 asesinatos acontecidos durante el gobierno de Janine Añez, a los heridos con armas de fuego o a los detenidos ilegalmente", señala el pronunciamiento.

El activista de derechos humanos, David Inca, afirmó que por las masacres hay dos procesos penales abiertos en diciembre de 2019, radicados en la Fiscalía de Cochabamba (caso Sacaba) y en la Fiscalía de El Alto (caso Senkata).

Advirtió que ambos procesos penales llevan tres años en etapa de investigación, tiempo en el que la Fiscalía no ha realizado imputaciones formales por los delitos de Asesinatos, Lesiones Graves, Tortura, Masacres y Genocidio.

"Camacho ha sido detenido por el delito de terrorismo, pero concretaente no ha sidoa detenido por las masacres de Senkata y Sacaba. Es importante hacer esta aclaración porque quieren mostrar como si fuera por estos casos y no es así. Esta detención sólo puede ser aprovechada para pedir que la Fiscalía avance en los casos de las masacres", manifestó Inca.

Indicó que por las masacres se debe juzgar a los responsables, es decir a quienes firmaron el decreto 4078 y a quienes ejecutaron el Plan Operativo Sebastian Pagador, acciones que detonaron las muertes.

"Hay militares detenidos preventivamente, pero ningún ministro y mucho menos Jeanine Añez".

Sostuvo que la única forma en la que Camacho, y otros líderes políticos, podrían ser juzgados por estos hechos es bajo la figura de autoría mediata. Es decir que en los casos estancados se solicite su comparecencia en una ampliatoria de la investigación.

"No como autores intelectuales, materiales o cómplices, sino como autores mediatos. Es decir que pudiendo haber actuado para evitar las muertes no lo hicieron. De otra forma no", afirmó Inca.

Bloque oriente y el control de los medios En su voto resolutivo, el Bloque Oriente no solo pidió la máxima pena para el gobernador de Santa Cruz, sino también la elaboración de una ley para el control de contenido en los medios de comunicación. Se solicitó a la Asamblea que empiece un proceso de socialización.

"Solicitamos a la Asamblea Plurinacional, propiciar mesas de trabajo con las organizaciones de trabajadores de la prensa con el fin de elaborar una a Ley de Medios de Comunicación, con el fin Legislar el ejercicio del periodismo y los contenidos de los medios de comunicación, enfocando este trabajo como un servicio a la sociedad y eliminar los excesos cometidos por los cárteles de la mentira", señala su segunda determinación.

Asimismo niegan las tomas violentas de tierras y acusan a "grupos de poder y sus carteles de la mentira" de establecer una agenda mediática con temas de supuestos avasallamientos, con el fin de agredir a las organizaciones sociales del área rural, como las Bartolinas, los indígenas campesinos y los Interculturales.

"Por otro lado, han establecido en su agenda el control de los espacios urbanos donde los compañeros gremialistas desarrollan sus actividades, con el fin de subordinar a nuestras organizaciones y eliminarlas su capacidad de resistencia a los intereses de los grupos de poder económico, que son los que están propiciando el separatismo de nuestro departamento y la división del país", afirman en el documento.

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Organizaciones sociales afines al MAS piden la pena máxima para Camacho

[Fuente: Por Leny Chuquimia Página Siete, La Paz, 31dic22]

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