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10ene11


Gasolinazo: ¿millonarias ganancias extraordinarias para las petroleras?


Analista revela que el costo de producción de un barril de petróleo en YPFB Chaco era en 2009 de 2,13 dólares, por lo que la intención oficial de pagar a las petroleras sobre la base de 59 dólares equivalía a un beneficio enorme para ellas

El gasolinazo no eliminaba totalmente el subsidio a los hidrocarburos. El DS 748 subía el precio de venta, pero no al nivel de los precios internacionales. Los precios subían por el aumento de la alícuota del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). El IEHD se impone a la comercialización de los hidrocarburos y sus derivados sin importar si éstos se producen en el país o son importados.

El decreto subía este impuesto en 3,96 bolivianos para la gasolina, en 3,05 para el jet fuel y en 4,33 para el diésel. Los tres productos con mayores volúmenes de venta en 2010, entre nueve que se modificaban con esa norma. Estos incrementos, no obstante, no aumentaban los precios internos hasta el punto de igualarlos a los precios prevalecientes en los países vecinos. En los pocos días de vigencia de los nuevos precios se redujo parcialmente el contrabando al Brasil, en 50%, según declaró el presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Así, el Estado hubiera ahorrado una fracción de los 500 millones de dólares presupuestados en el PGN para subsidiar la importación de gasolina y diésel en 2011. Sin embargo, ésa no es la suma más grande que se afectaba con el Decreto Supremo 748. Al dar un duro golpe a la población, el Gobierno obtenía 1.400 millones de dólares con el aumento del IEHD.

Con las nuevas alícuotas, suponiendo que las ventas de 2010 se repiten en 2011, las recaudaciones fiscales por IEHD aumentaban en aproximadamente 800 millones de dólares por la venta de diésel, 560 millones por la gasolina especial y 40 millones por jet fuel. Un total de 1.400 millones de dólares que adicionalmente hubieran ingresado a las arcas fiscales. Si se añade un 80% de los 500 millones de dólares, que aquí se supone no se gastaban por la eliminación parcial de la subvención, se llegan a 1.800 millones a favor del Estado boliviano.

Con estos recursos, me imagino, se pensó pagar los aumentos salariales anunciados por el presidente Evo Morales después de dictado el decreto, así como solventar los anuncios de apoyar la producción agrícola y crear un seguro para este sector. Sin embargo, el decreto no creaba las condiciones para disminuir las importaciones de combustibles. El aumento de 27 dólares el barril de petróleo a 59, anunciado para alentar la producción interna, no se incluyó en el decreto y generaba ganancias extraordinarias a las empresas petroleras que venden petróleo al Estado boliviano de manera ciega.

El fracaso del decreto y de las medidas fallidas deben servir como ensayo de lo que se debe hacer y de lo que no se puede realizar. De acuerdo al investigador de temas petroleros Gustavo Rodríguez Cáceres, las empresas que producen petróleo en Bolivia cubren en exceso sus costos con el precio de 27 dólares el barril de petróleo y, consecuentemente, esta actividad es ya rentable. Los costos de esta actividad están muy por debajo de los diez dólares; en empresas como YPFB Chaco llegaron a 2,13 en 2009. Si en algún momento se aumenta el precio de compra del barril de petróleo en Bolivia, el Estado debe discriminar precios para favorecer el fortalecimiento de sus propias empresas. De esta manera se lograría una política de efectiva nacionalización.

Lo que no se debe hacer es dictar una medida que aumente los precios súbitamente y en porcentajes elevados. Un mecanismo que vincule la cantidad que diariamente se demanda con una subida gradual de los precios considero lo recomendable. Este permitirá que los productos y servicios afectados por los incrementos en carburantes se ajusten también paulatinamente y se eviten los traumas sociales.

[Fuente: Por Alberto Bonadona Cossío, Plataforma Energética, La Paz, 10ene11. Alberto Bonadona Cossío es economista]

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