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09jun11
Bioceánico: Gobernación tiene 10 días para decidir la rescisión de contratos
El secretario Ejecutivo, Roberto Ruíz y el director del Sedeca, Alberto Benítez, creen que lo mejor es hacer el camino por la ruta fundamental para abaratar costos.
La Gobernación de Tarija tiene diez días para decidir si rescindirá contratos con las empresas que realizan la construcción del corredor bioceánico. Sin embargo, al parecer la balanza se inclinará porque se inicie una nueva obra por la ruta fundamental.
El secretario Ejecutivo, Roberto Ruíz, y el director del servicio Departamental de Caminos (Sedeca), Alberto Benítez, coincidieron en señalar que por esa vía nueva se abaratan costos que favorecen a Tarija.
En una conferencia de prensa en su oficina, Ruiz dibujó una balanza para establecer los pros y contras del camino. Explicó que una de las razones que hay para continuar por la ruta nueva es que hasta la fecha ya se gastaron 17 millones de dólares y hay un avance físico del 45 por ciento.
Dijo además que las zonas de Tapecua y San Simón tienen mejor geografía. Existe un diseño final y licencias ambientales de 40 kilómetros, aunque el total de la ruta tiene una longitud de 105 kilómetros, es decir, hay 65 kilómetros sin diseño final.
Según Ruiz, hay finalmente una aprobación condicionada de la APG Itaguazuti al proyecto y un rechazo contundente de las comunidades que quedarán aisladas.
Afirmó que una de las razones para no continuar por la ruta fundamental o tradicional es que el financiamiento será también asumido por la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), a través de un convenio que está por firmarse.
En todo caso Tarija pagará sólo el 30 por ciento del monto total de 108 millones de dólares, lo que significa 43 millones de dólares. Además, el departamento no pagará el mantenimiento, ya que eso le corresponderá a la ABC.
Ruíz indicó que se necesitan 96 millones de dólares adicionales para terminar la nueva ruta.
Si la Gobernación inicia la construcción de la ruta por el camino actual y tradicional, se reducirán los costos para el departamento de Tarija hasta cuatro veces por debajo de lo que valdrá la nueva ruta.
Comentó que en el tramo Itaguazuti-Sábalo se debe todavía construir túneles o una variante similar a El Angosto. En todo caso habría dos Angostos en la vía. Además no existen diseños finales de 64 kilómetros de la nueva ruta, y en uno de los tramos la situación es crítica porque se hizo desvíos de más de un kilómetro del diseño final aprobado. Esa es una causa para anular el contrato con la empresa.
El director del Sedeca, Alberto Benítez, explicó que se siente estafado por la construcción del camino Carlazo-Piedra Larga, porque la anterior gestión departamental inventó una carretera paralela y firmó el contrato bajo la modalidad “llave en mano” para trabajar por esa variante. Sin embargo, cuando se realizó el estudio, en plena construcción, de la variante, se dieron cuenta que era mejor la primera ruta porque era más corta y más barata.
Benítez señaló que la actual Gobernación disolvió el contrato porque no se puede continuar con dicha empresa, ya que la única forma de proseguir con el mismo es manteniendo la vía construida. A partir de la anulación del contrato, la Gobernación no puede utilizar esa carretera hasta que el Gobernador defina si continúa la ejecución de la obra o no.
Son cinco las rutas que fueron licitadas por la Gobernación para llegar al Chaco, dos de ellas fueron declaradas desiertas y se habilitaron tres. La Gobernación quiere disolver el contrato de la ruta Carlazo-Piedra Larga y suspendió temporalmente las otras dos construcciones.
“Conviene suspender la construcción de las nuevas rutas y utilizar la ruta tradicional. Para poder establecer la mejor opción hay que tener los diseños finales que dan costos, longitud, tiempo de viaje, radios de curvaturas, pendientes, beneficios sociales, problemas ambientales, afectaciones a la comunidades”, afirmó.
El director del Sedeca sostuvo que el anterior Gobernador fue mal asesorado porque no hay criterio para iniciar la nueva ruta, pues no hay diseños finales y por esa razón se licitó bajo la modalidad “llave en mano”.
Ahora si la contratación es “llave en mano”, es necesario encontrar argumentos contundentes para romper el contrato. Según Benítez, la falta de diseño es la principal razón para anular el documento.
En lo que se refiere a costos, Benítez coincidió con Ruíz al mencionar que si continúan los contratos de la nueva ruta la Gobernación tiene que pagar el 100 por ciento del financiamiento porque no le pertenece a la ABC. Pero si se actúa sobre el camino tradicional el Gobierno Nacional tendrá que asumir el 70 por ciento de los costos y el mantenimiento constante.
También comentó sobre la contradicción que existe entre los pueblos indígenas. Aseguró que tienen una nota enviada por el Ejecutivo Seccional de O’Connor, en la cual adjunta documentación que establece que algunos pueblos se oponen a la construcción de la nueva ruta. Esa situación será esclarecida en los siguientes días.
“Hay 17 millones gastados en las dos primeras rutas construidas, y si se llegase a resolver los contratos no se convertirán en elefantes blancos porque existe la posibilidad de convertirlas en rutas departamentales. La decisión de romper o no los contratos será analizada en diez días hábiles del plazo acordado, que inició el pasado viernes, y en caso de que la Gobernación no asuma una postura, la construcción continúa automáticamente”, afirmó.
[Fuente: El Nacional, Tarija, 09jun11]
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