| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
01nov14
Contraloría: El Estado pierde $us 240 millones cada año
Las auditorías que realiza la Contraloría General del Estado a las instituciones públicas cada año dan cuenta que el Estado pierde en promedio alrededor de 240 millones de dólares. La mayor parte se origina en las alcaldías.
"Estamos hablando de 240 millones de dólares año; eso en promedio porque todavía eso va al Ministerio Público (para un proceso judicial). Si el juez decide cobrar va y si no, no. Es un promedio como daño económico", según informó el contralor, Gabriel Herbas.
El ejecutivo explicó que la entidad realiza hasta 280 auditorías cada año y producto de ese análisis se identifican irregularidades en los gastos de las entidades públicas y denuncias de daño económico. "Estamos estableciendo responsabilidad en municipios, fundamentalmente y hay daños económicos bastante grandes", precisó.
Por ejemplo, la página de la institución reporta la detección de un daño económico en la Alcaldía de Huacareta del departamento de Chuquisaca. "El alcalde, D. L., y cuatro funcionarios ediles deberán devolver 205.623 bolivianos por un daño económico ocasionado al municipio", según determinó el dictamen de la Contraloría.
Nuevos procesos
La Contraloría General del Estado lleva adelante desde este año nuevos procesos de control a través de auditorías operacionales que verificarán los resultados de la gestión.
"Hasta el momento la Contraloría hacía auditorías especiales que son específicas y dirigidas a controlar el gasto de las diferentes entidades públicas. Ahora, no sólo vamos a controlar el gasto, lo que queremos es verificar que los objetivos para los que se entregan recursos a las diferentes instituciones públicas sean los que se cumplan y los adecuados", explicó Herbas.
Estas auditorías comenzaron en junio pasado y continuarán por los siguientes cinco años para llegar a todas las entidades públicas según el plan quinquenal de la Contraloría.
"Por otro lado, pueden producirse auditorías especiales cuando existan elementos que van a distorsionar el manejo adecuado de las finanzas o si las mismas no cumplen con los objetivos previstos por cada entidad", remarcó el contralor general.
La entidad debe hacer cumplir la Ley SAFCO.
En 2015 auditarán a firmas públicas
La Contraloría General del Estado (CGE) auditará a las compañías estatales a partir del segundo semestre de 2015, una vez que se adecúen a la nueva Ley de Empresas Públicas.
"Las empresas públicas deben adecuarse a la Ley de Empresas Públicas que fue promulgada a fines del año pasado y que el tiempo que se les otorga para hacer su adecuación de 18 meses. Aproximadamente entre junio y julio se cumple este plazo y luego deben entregarnos informes de gestión", declaró el contralor Gabriel Herbas.
La Ley de Empresas Públicas señala que la Contraloría debe realizar las auditorías financieras para revisar precisamente la ejecución de los recursos.
"Por lo tanto, una vez que se adecúen las empresas públicas es una obligación de la Contraloría evaluar estas auditorías financieras en el plazo de un mes", agregó.
La norma, promulgada en diciembre de 2013, tiene como meta aplicar un nuevo modelo de gestión o administración de las empresas públicas y que éstas sean regidas por el Código de Comercio y no por la Ley SAFCO.
Denuncian daño de $us 23,2 millones en el proyecto Misicuni
La Contraloría General del Estado (CGE) denunció un daño económico al Estado por 23,2 millones de dólares en la construcción de la represa de Misicuni en Cochabamba.
"En el tema Misicuni hemos hecho conocer la semana pasada que se originó un daño económico de 23,2 millones de dólares por asociación delictuosa del consorcio debido a que la empresa italiana que debería ejecutar la obra, el mismo día en que se conformaba, esta asociación se deshacía de los porcentajes de participación", informó el contralor, Gabriel Herbas.
En 2008, seis empresas se unieron para formar un consorcio y la compañía italiana Grandi Lavori Fincosit SpA tenía el 51% de participación y debía ejercer la administración y liderazgo técnico del proyecto.
Ello le permitió adjudicarse la construcción de la obra en enero de 2009 con la condición de que "el contratista tiene la obligación de ejecutar el trabajo, a suministrar maquinaria y equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario", según un informe de la Contraloría.
Sin embargo, la empresa italiana dejó toda su participación en el proyecto y ésta se distribuyó en las otras cinco compañías. De esta forma, el consorcio "incumplió el objeto del contrato al no ser ejecutado por el contratista estipulado", agrega el texto.
De acuerdo con la Contraloría, la falta de experiencia y capacidad técnica del consorcio provocó la suspensión de las obras.
"Esto conllevó a que la Contraloría emita un informe y se genere una denuncia ante el Ministerio Público por tratarse de delitos de carácter penal", precisó Herbas.
Los denunciados son Martín Rovira Rada, representante legal del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) por los delitos de sociedades o asociaciones ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contratos; y otros cuatro empresarios, como consta en el documento emitido por la entidad fiscalizadora.
El proyecto Misicuni lleva retraso en su ejecución.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 01nov14]
 | This document has been published on 03Nov14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |