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25sep21
Oposición identifica cinco leyes que darán «control absoluto» al Gobierno
Mediante una ley y al menos cuatro proyectos que están en tratamiento en el Legislativo, el Órgano Ejecutivo busca aumentar su capacidad de control e investigación en actividades privadas de diversa índole y hasta tener incidencia en la carrera policial, según las bancadas de la oposición.
Para Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, estos instrumentos que impulsa el Ejecutivo buscan consolidar un “control absoluto” sobre todos los órganos del Estado, sobre la ciudadanía en general y sobre la oposición para ejercer persecución.
El primer instrumento con el que el Ejecutivo buscaría aumentar su capacidad de control es la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. En el numeral II del artículo 11, referido al Mando Policial, se pone en primer lugar al Ministro de Gobierno y después al Comandante de la Policía.
El segundo instrumento con el que el Ejecutivo apuntaría a incrementar su capacidad de control e investigación es el proyecto de ley de antilegitimación, en cuyo artículo 5 se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. Conformarán esa entidad cinco ministerios (Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores), la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado. A la cabeza del Consejo estará el Ministro de Economía y la Fiscalía estará subordinada al Ejecutivo.
El tercer instrumento con el que el Gobierno buscaría aumentar su capacidad de control es el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, mediante el cual se busca el traspaso de la oficina nacional de Derechos Reales, dependiente actualmente del Órgano Judicial, al Ministerio de Justicia (Ejecutivo). Esta propuesta es parte de la reforma judicial que lidera el ministro de Justicia Iván Lima.
El cuarto instrumento sería el proyecto de ley del “Registro de Comercio”, que otorgará al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones que a la fecha cumple Fundempresa.
El quinto instrumento sería el proyecto de ley 253 que establece atribuciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre estadísticas oficiales y, además, dicta sanciones para “entidades productoras de estadísticas” privadas. Cuando éstas no entreguen información en el plazo establecido, o cuando den datos erróneos, la sanción será una multa de hasta 7.200 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda).
Sobre el tema, la senadora Centa Rek, de Creemos, afirmó que el oficialismo realiza un “rediseño” de un Estado autoritario hegemónico, con características persecutorias.
“Sin necesidad de una Constituyente están cambiando la esencia misma del Estado, se acaba la independencia de poderes y existe un solo poder omnímodo que es un solo poder: el Ejecutivo y sus ministros nombrados a dedo”, afirmó Rek a Página Siete.
El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, observó, además de los recientes proyectos de ley que están en tratamiento, que el proyecto de ley del INE impone sanciones muy duras para las entidades privadas.
“El Gobierno está siguiendo el modelo cubano-venezolano-nicaragüense. El MAS ha retomado el poder en Bolivia y ahora no lo puede soltar por nada, porque ellos no creen en la democracia. Sólo la usaron como pretexto para tomar el poder y nunca más soltarlo”, afirmó Roca.
Para el diputado Marcelo Pedraza, de CC, estos proyectos de ley coartarán la libertad a todos los bolivianos. “Nos está llevando a un país en el que el Ejecutivo va a controlar todo, vulnerando la libertad que tenemos todos”, expresó el legislador.
El abogado constitucionalista José Luis Santiesteban sostuvo que el objetivo del Gobierno es ejercer un control absoluto del poder, y que para eso “necesita construir una estructura jurídica”, es decir, leyes para consolidar “una institucionalidad falsa”.
“El Gobierno hará lo mismo que hace ahora: perseguir, amedrentar pero con la ley en la mano. Esas leyes buscan consolidar el manejo totalitario del Estado pero bajo una supuesta estructura jurídica”, dijo.
En cambio, el experto Marcelo Arequipa sostuvo que el espíritu no es una línea de control, y que hay dos ámbitos diferentes: uno, relacionado a los ajustes al Ministerio de Economía; y otro, al sistema judicial, en el que se inscribe, por ejemplo, el proyecto de ley contra ganancias ilícitas. “En el caso de la Policía, el Gobierno - basado en la experiencia de 2019- está cuidando que exista obediencia a las autoridades electas”, afirmó.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 25sep21]
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