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12may23
La CIDH admitió 21 casos de violación a los DDHH ocurridas en la gestión del MAS
Son 21 casos de violación de derechos humanos en Bolivia que fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos procesos fueron aceptados en el lapso de los últimos tres años; aunque las demandas pertenecen a años anteriores, la mayoría durante la gestión de Evo Morales.
"Se presenta la petición y la Comisión manda una carta y acusa recepción de la misma; después comunica que la misma ingresa a fase de análisis o fase preliminar, de ahí puede haber una espera de 3 a 5 años, aproximadamente, o lo que ellos (la CIDH) considere. Si consideran que se ha cumplido con todos los requisitos y que puede haber violaciones a la Convención, entonces emiten informe de admisibilidad, luego hay otra fase para el informe de fondo", explicó el abogado Gerardo Prado, quien junto con Caroline Dwyer presentó una petición en contra del Estado boliviano por la muerte del ciudadano Michael Dwyer, ocurrida en septiembre de 2009 durante el ataque al hotel Las Américas.
EL DEBER ingresó al portal de la CIDH en la que están registrados todos los casos que pasaron a la fase de admisibilidad. Se constató que en 2021 admitieron 10 casos; en 2022 fueron nueve casos y en este año dos casos. Los peticionarios enumeran una serie de violaciones y en su informe la CIDH establece qué peticiones fueron admitidas y cuáles serán rechazadas. (Ver recuadro en la página 3)
De acuerdo con la rendición de cuentas de la Procuraduría General del Estado, en la CIDH hay un total de 49 casos de violación a los derechos humanos en fase de admisibilidad. EL DEBER tomó los casos de los últimos tres años, un poco más de la gestión de Luis Arce, los mismos que suman 21.
Andrés Zúñiga, abogado que patrocinó al súbdito colombiano Pacho Cortez, explicó que todas las demandas sobre violación de derechos humanos contemplan una indemnización económica que hace conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando emite un fallo sobre cualquier caso.
Los detalles
Las exmagistradas Ligia Mónica Velásquez Castaños y Rosario Chánez Chiré, además del exmagistrado Gualberto Cusi Mamani, presentaron su petición en julio de 2015 denunciando un juicio de responsabilidades plagado de irregularidades y describieron cada una de las mismas ante la CIDH, ese caso fue admitido en septiembre de 2022.
La exmagistrada Ligia Velásquez informó que Bolivia, a través de la Procuraduría General del Estado, hizo conocer a la CIDH su intención de alcanzar una solución amistosa y no esperar el informe de fondo, pero hasta el momento el ente multilateral no se pronunció respecto de ese pedido del Estado boliviano.
"El año 2014 dictamos un auto de admisión de una acción inconstitucionalidad abstracta y se dictaron medidas cautelares que ponían en suspenso la Ley del Notariado, esta ley no se encontraba en vigencia por mandato de la propia ley porque en el numeral 6 del artículo transitorio establecía que a objeto de que entre en vigencia la ley se debería reglamentar la misma y se daba un plazo al Ministerio de Justicia para su reglamentación, para no crear un caos jurídico se dijo que se suspendía su vigencia, por eso nos iniciaron el juicio", recordó la exmagistrada.
Producto de ese proceso, ella decidió renunciar a su cargo por razones de salud y que no fueron entendidas por la Asamblea. Lo mismo sucedió con Gualberto Cusi y la única que culminó el juicio fue Chánez, que finalmente fue destituida.
Ex prefecto de Pando
Otro de los demandantes fue el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, que presentó su petición en febrero de 2009 luego de los sucesos de Porvenir. Planteó su caso contra el Estado. Su hija, Pamela Fernández, confirmó que en agosto de 2022 fueron notificados formalmente, así como también el Gobierno boliviano, pero desde entonces se produjo un silencio en las autoridades nacionales.
El caso fue expuesto en 31 puntos que detallaron su aprehensión y reclusión, además de la negación de justicia en razón de salud. Leopoldo Fernández relató cómo fue encarcelado, ignorando recursos judiciales que lo favorecían y la forma cómo lo trajeron a La Paz y enjuiciado lejos de su tierra.
El Estado, a través de la Procuraduría, dijo que el acusado no agotó los recursos internos de la justicia boliviana y, por lo tanto, solicitó a la CIDH que no admitiera esta petición. "Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 7, 8, 23 y 25 de la Convención Americana en concordancia con sus artículos 1.1 y 2", respondió la resolución publicada por el ente de DDHH en su página oficial el 24 de agosto de 2022.
Los 21 casos publicados en el portal de la CIDH pasaron a la fase de admisibilidad y empezó las reuniones con el Estado y las partes demandantes para recibir las pruebas y descargos de la denuncia. La Dirección de Defensa de Derechos Humanos y Medioambiente de la Procuraduría está a cargo de representar al Estado en todos los procesos.
Los demandantes que fueron consultados por este medio de comunicación, informaron que el Gobierno envió, en varios casos, el pedido de una solución amistosa que usualmente se habilita cuando se emite el informe de fondo y que lleva recomendaciones para el Estado demandado.
LOS CASOS
GESTIÓN 2021
El ex prefecto de Tarija Mario Cossio presentó su caso en noviembre de 2010, aduciendo que el Gobierno lo despojó del cargo.
MGAB Y FAMILIA
Es la segunda demanda que tiene resolución de admitida y se trata de la violación a una menor de edad por su padre.
TERRORISMO
Juan Carlos Santistevan López es el tercer caso que figura como admitido. Es uno de los acusados del caso terrorismo.
JUEGOS
El cuarto caso es la demanda de José María Peñaranda Aramayo, acusado por casas de juego y persecución política.
LA CALANCHA
Erick Fajardo y Horacio Poppe presentaron una demanda por la muerte de Gonzalo Durán y dos personas en La Calancha.
TERRORISMO
Alejandro Gelafio Santistevan Stroebel, es otro de los acusados del caso terrorismo que logró que su caso sea admitido.
TERCERO
Ronald Castedo Allerding, otro de los acusados del caso terrorismo también acudió a la CIDH y su caso está admitido.
ABUSOS
Asencio Cruz Nina, es un boliviano que fue acusado y luego liberado, pero el Estado nunca reconoció el error y no lo reparó.
BOMBÓN
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, procesa al Estado por los sucesos de 2010 en esa ciudad.
SANTA BÁRBARA
La ex alcaldesa de La Paz Gaby Candia también enjuicia al Estado que la procesó por la compra del cerro Santa Bárbara.
2022
El primer caso es el de Ligia Velásquez Castaños, Rosario Chánez Chiré y Gualberto Cusi Mamani por su juico de responsabilidades.
BRANKO
El excívico Branko Goran Marinkovic Jovicevic enjuicia al Estado por el caso terrorismo y denuncia persecución política.
TERRORISMO
Hugo Paz Lavadenz es otro de los acusados del caso terrorismo que llevó a Bolivia ante los estrados de la CIDH.
CÓNDORES
La muerte de Grover Beto Poma Guanto en la Escuela de Cóndores en Sanandita, también está admitida en la CIDH.
RACISMO
Abelardo Arévalo Choque es uno de los campesinos que fue torturado el 24 de mayo de 2008; denuncia que no hubo reparación.
PORVENIR
El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández acusó al Gobierno por su caso y las irregularidades en el juicio que le siguieron desde 2009.
MINISTRA
La exministra del TSJ Rosario Canedo acusó al Estado por su destitución irregular y el juicio que le siguieron luego.
POLICÍA
La coronela Zaida Mariaca Rada fue oficial de la Policía y denunció la manipulación del reglamento para no dejarla ascender a general.
TERRORISMO
El actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, procesó al Estado por el caso terrorismo.
2023
Ana Victoria Camacho Moro es la madre de un menor que falleció producto de las golpizas de sus compañeros de curso.
GÉNERO
David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán son las dos personas que demandaron al Estado por no poder garantizarles la unión libre con documentos.
[Fuente: Por Marco Antonio Chuquimia, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 12may23]
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