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29jun11


APG-IG: “no hemos emitido opinión en contra de la Carretera Bioceánica”


A tres semanas de haberse paralizado la construcción de los tramos que forman parte del Corredor Bioceánico, San Simón – Serranía Tapecua – Zapaterambia – Itaguazuti- La Central, hasta llegar a Villamontes, la Asamblea del Pueblo Guaraní-Itika Guazú (APG-ITK) emitió un comunicado indicando que, como sector indígena, nunca emitieron opinión en contra de esa obra.

De esa forma, la APG desmiente las aseveraciones del secretario ejecutivo, Roberto Ruiz y del director del Servicio Departamental de Caminos (APG), Alberto Benítez, quienes aseguraron que las obras se paralizaron porque supuestamente existía la oposición del sector indígena y campesino que habita en las zonas aledañas a las mencionadas rutas.

El documento firmado por toda la directiva de la APG-IG, dirigida por Never Barrientos, hace referencia a que los tramos que forman parte de la carretera Bioceánica “se encuentra dentro de la Tierra Comunitaria de Origen Itika Guasu de la cual somos los únicos y exclusivos propietarios en términos jurídicos e históricos”.

Por ello indican que cualquier decisión “de la Gobernación de Tarija, de cualquier naturaleza, ya sea administrativa, social, cultural, económica, financiera, que afecten a la TCO, a alguna de las 36 comunidades que la componen o cualquier integrante de la Asamblea, deberán pasar por el proceso de consulta previa, desde el momento que se inicie el proyecto”.

Cabe recordar que tanto Benítez como Ruiz aseguraron que el ejecutivo seccional de la provincia ÓConnor, Walter Ferrufino, entregó una resolución donde supuestamente las comunidades Guaraníes rechazaban la continuidad de los tramos del Corredor Bioceánico.

Sin embargo, en el comunicado, la APG-IG indica que “el informe denominado “Postura de las Comunidades Guaraníes y Campesinas de la Provincia ÓConnor respecto a la construcción de los tramos llave en mano de la ruta paralela al Chaco”, es nulo, por no haber realizado una consulta a las 36 comunidades guaraníes que componen a la APG”.

En ese sentido, recalcan que la decisión de la Gobernación, Ejecutivo Seccional de ÓConnor y el Sedeca, se hizo sin tomar en cuenta la existencia de la TCO Itika Guazú. Negando así el derecho a la consulta a los pueblos indígenas.

“Por todo lo expuesto, no hemos emitido opinión alguna en contra de la Carretera Bioceánica tal cual se encuentra en ejecución y menos aún del proyecto alternativo del que desconocemos sus condiciones de legalidad y/o de viabilidad técnica en la medida que nunca hemos sido informados fehacientemente”, dice de manera textual el documento firmado por Never Barrientos, Florentino Zeballos, Benildo Vaca, Fernando Cuellar y Zacarías Cuellar, directorio de la APG-IG.

Al final del comunicado, los dirigentes indígenas advierten que usarán “todos los recursos legales a nuestro alcance para que la Constitución Política del Estado (CPE) y la legalidad sean cumplidas sin cortapisa alguna en defensa de nuestros derechos indígenas, de nuestros derechos civiles e incluso de la transparencia en los actos legislativos y administrativos necesarios en un estado de derecho”

Es la primera vez que los pueblos indígenas se pronuncian formalmente sobre la paralización de Corredor Bioceánico. Sin embargo, el 8 de junio de 2011 un grupo de dirigentes guaraníes confirmaron a EL NACIONAL que la APG nunca se opuso a dicho proyecto. Al contrario recordaron que existía un convenio firmado con el ex gobernador, Mario Cossío, el mismo que exigen sea cumplido por las actuales autoridades.

“El 16 de marzo hubo una reunión aquí, donde participó el gobernador Lino Condori. Ese día él vino y nos dijo que la obra se iba a paralizar porque había recursos mal invertidos. Él vino a decirnos “hemos decidido”, pero en ningún momento nosotros hemos pedido esa situación o se nos preguntó qué opinábamos. Esa es la verdad sobre ese tema”, dijo un capitán grande guaraní de Entre Ríos.

La Gobernación ya no habló sobre el tema y recalcó que en 10 días, el Sedeca y el Ejecutivo departamental tomarán la decisión de paralizar o no la construcción de los tramos carreteros, donde existe un avance del 40 por ciento y ya se hizo una inversión de 17 millones de dólares.

[Fuente: El Nacional, Tarija, 29jun11]

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