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02feb16
Presentan denuncia penal contra el juez Richar Ayza Salas por decisiones arbitrarias e ilegales en contra de guaranís de la TCO Itika Guasu
En rueda de prensa celebrada el 2 de febrero en la Plaza principal de Tarija, la abogada de La Paz, Dra. Vásquez Brölen y el ex Magistrado del Tribunal Constitucional y abogado ejerciente en Sucre, Marco Antonio Baldivieso Jinés, anunciaron que son ellos quienes se encargarán de la defensa de la APG Itika Guasu y de los dirigentes Never Barrientos, Florentino Zeballos y Santiago Barrientos ante la audiencia promovida por el juez Richar Ayza Salas en la localidad de Entre Ríos.
La facción dirigida por el subgobernador Walter Ferrufino pretende suplantar por esta vía a las autoridades por usos y costumbres y legales de la APG IG.
Para ello han presentado ante el juez una serie de documentos fraudulentos, como informó en su comunicado del 01feb16 el Departamento Jurídico de la organización.
Por su parte, Never Barrientos y la dirigiente de la APG Nacional, Lourdes Miranda, explicaron que lo que pretenden es hacerse con el control de los fondos de la organización de forma ilegal, especialmente del Fondo de Inversión Itika Guasu, constituido inicialmente con los recursos generados por el acuerdo con la empresa Repsol Bolivia SA.
Dichos fondos se han dedicado a la siembra de maíz, con lo que se ha generado una reserva para aliviar la situación alimentaria de los 6.000 guaranís que habitan la TCO Itika Guasu; para educación, donde se ha financiado la alimentación de varios internados, y un plan de asistencia médica que ha atendido a unos 7.000 guaranís y que cubre las enfermedades graves y el suministro de medicamentos.
El fondo, explicó Never Barrientos, está administrado financieramente por el Banco de Brasil desde el principio del acuerdo y la organización indígena retira dinero en función de sus necesidades presupuestarias. El saldo del fondo es variable y al mes de diciembre de 2014 contaba con un saldo aproximado de 14 millones de dólares.
Denuncia contra el juez
Los abogados explicaron además que se presentó ante la fiscalía de Tarija una denuncia penal en contra el juez Richar Ayza Salas por los delitos cometidos en su actuación.
La denuncia se basa en el artículo 153 del Código Penal (Incumplimiento de deberes) y, especialmente, por entender que ha emitido "resoluciones contrarias a la constitución y las leyes".
El juez, dice la denuncia, no tuvo en cuenta la estructura legal de la organización, la cual no sólo se adecúa a los usos y costumbres guaranís, sino que además cumple con lo previsto por el Código Civil en cuanto a la constitución de asociaciones y, por lo tanto, las actuaciones válidas legalmente son exclusivamente las que sean concordantes con el Estatuto orgánico.
La facción financiada por Walter Ferrufino actúa como si el Estatuto orgánico no existiera y desconoce además las resoluciones adoptadas dentro de la jurisdicción indígena guaraní, las cuales impiden al tal Hugo Arebayo ejercer tener cargos de representación de cualquier tipo en organizaciones guaranís. Estas resoluciones, la primera de las cuales fue adoptada por la APG IG en 2012, fueron ratificadas por las organizaciones guaranís del Departamento de Tarija y por la APG Nacional, pese a lo cual el juez decidió ignorarlas.
También explicaron que son 30 las comunidades de la APG IG que están presentes en Entre Ríos para expresar su apoyo a la organización presidida por Never Barrientos y que harán pública una carta pública dando a conocer su opinión.
[Fuente: Por Irandey Tupapire de Radio Nizkor, Tarija, 02feb16]
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