Equipo Nizkor - El Cártel Ferrufino-Arebayo intenta la toma de la sede social de la APG Itika Guasu.

[Información actualizada a las 07h00min BOT - 13h00min CEST / 05Oct15]

En una acción urgente preparada en torno a las 22h00 hora local de Bolivia y que reproducimos más abajo, informábamos que a las 18:15 del 02 de octubre de 2015 una serie de personas integrantes del grupo conocido por sus actividades ilegales en contra de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) ha intentado ocupar la Sede de la APG IG en Entre Ríos (Provincia O'Connor, Departamento de Tarija).

Durante buena parte del sábado 03oct15 la Policía continuó con su inacción en ejecución de lo que, según la información de que disponemos, fue la instrucción del Ministerio de Gobierno, de conformidad con la cual NO había que proteger a la APG IG ni a sus integrantes.

El grupo de civiles organizado para la toma se retiró el sábado 3 de octubre a las 16:51 hora local (22:51 CEST), después de recibir una orden telefónica. No obstante, amenazaron con volver el día lunes 05oct15.

La orden fue emitida por el Ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz, responsable de la planificación del operativo de toma de la sede guaraní y de su ejecución a través del Subgobernador Walter Ferrufino, quien coordinaba todas estas acciones desde su despacho en la Subgobernación, situado a una distancia de menos de 600 metros de la sede social guaraní.

Mientras tanto, Mburuvichas (capitanes comunales) de 30 comunidades se hicieron presentes en la sede social a efectos de ratificar las medidas adoptadas por el Directorio y analizar la situación.

El domingo 04oct15 se realizó una asamblea informativa con la presencia de más de 300 comunarios, aunque aún hay una cantidad no determinada en camino a la sede social y se espera que al menos 500 asistan a la asamblea convocada.

Walter Ferrufino

Abraham Espinoza

Hugo Arebayo

René Arebayo

Los integrantes del Cártel Ferrufino-Arebayo amenazaron incluso con armas de fuego y agredieron a varias personas. La presencia policial impidió actos de violencia generalizada a pesar de que nunca recibieron la orden de desalojar a quienes desde la vía pública no permitían el acceso de personas a la sede e incluso intentaron impedir la entrada de comida para los más de 150 guaraníes que en ese momento estaban dentro del edificio.

Se desconoce si la Fiscal de Entre Ríos ha procedido de alguna forma a partir de la denuncia presentada por el Departamento Jurídico de la APG IG el viernes 02 de octubre, poco después del inicio de los hechos, aunque su inacción hasta que los integrantes del cártel se retiraron tras recibir la orden telefónica fue evidente.

En realidad era y es una estrategia que convertía en rehenes a las autoridades de la APG IG. No obstante, la actuación de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Tarija, consistente en el envío de personal de seguridad y camionetas, permitió dar protección a algunos dirigentes de la APG IG que eran buscados en ese momento por las calles de Entre Ríos y a los cuales se había amenazado de muerte.

El 03oct15 el Presidente de la APG IG, Never Barrientos, dio una conferencia de prensa en la ciudad de Tarija que fue ampliamente recogida por los medios televisivos locales, en la cual se agradeció la actuación de la Gobernación de Tarija al brindar seguridad a estos dirigentes y aclaró los aspectos oportunos que puedan ser objeto de campañas de desinformación. En la misma informó también de las determinaciones adoptadas por el Directorio de la APG IG ante la sostenida y grave situación de acoso y hostigamiento a la organización y sus dirigentes.

[Información actualizada a las 08h52min BOT - 14h52min CEST / 03Oct15]

Cuando ya han transcurrido casi 15 horas, la situación en Entre Ríos continúa siendo muy tensa y tememos una agravación de la misma debido a la inacción policial, cuyos efectivos se limitan a no dejar entrar ni salir a nadie de la sede y mantienen como rehenes de facto a quienes se encuentran en el interior amenazados por el grupo de individuos que actúan como esbirros del Subgobernador.

Hasta el momento, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía, que reciben instrucciones de las autoridades centrales, no han adoptado medida alguna para restablecer a los guaraníes de la APG IG en sus libertades civiles y derechos más básicos, como son el derecho a la libertad y seguridad personales, a la integridad física y psicológica, el derecho a la libre circulación y la libertad de reunión y de asociación, todos ellos reconocidos en los artículos 21 y 23 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).

Se vulnera asimismo el artículo 30 de la CPE, que dispone:

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: [...]

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

La intencionalidad última al coartar estas libertades es la de subvertir las legítimas formas de representación indígena y alterar el funcionamiento de sus instituciones, con lo que las autoridades implicadas por acción u omisión están incursas asimismo en una vulneración de los siguientes artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos 46 artículos fueron elevados a rango de ley mediante la Ley Nº 3897 de 26 de junio de 2008 (por la que se modificó el art. único de la Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007):

Artículo 18 ("Los pueblos indígenas tienen derecho... a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones")

Artículo 20 ("Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo")

Artículo 23 ("Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones")

Artículo 34 ("Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos")

Por otra parte, dadas las versiones sobre el mal uso de fondos o posibilidadd de fraude que afectarían a dirigentes de la APG IG, debemos reiterar que estas versiones son falsas de pura falsedad. La APG IG lleva su contabilidad al día, sus balances han sido auditados a 31 de diciembre de 2014 y declarados en el Sistema Nacional fiscal; además se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos.

Así pues, el Gobierno nacional, el Ministerio Fiscal o cualquier otra autoridad con mandato legal puede CERTIFICAR los balances de la APG IG desde el año 2010 hasta 31 de diciembre de 2014 y comprobar mediante una revisión contable experta la concordancia de los datos contables y la falsedad de la alegación de cualquier uso indiscriminado de fondos.

La APG IG tiene reglamentada en su Estatuto Orgánico, registrado ante la Gobernación de Tarija en concordancia con el Código Civil vigente en Bolivia, la estructura de poderes y también las obligaciones contables con un estándar contable y financiero superior al que se exige en Bolivia a una sociedad anónima.

Por lo tanto, reiteramos que toda información sobre uso fraudulento de fondos es FALSA DE PURA FALSEDAD.

Asimismo, la ilegal actuación al pretender tomar la sede no puede verse como un enfrentamiento entre guaranís, como sin duda quisieran transmitir las instancias locales y estatales implicadas, sino como un operativo que aúna en una misma asociación delictuosa, para seguir la terminología del Código Penal boliviano, a funcionarios gubernamentales, principalmente del Ministerio de Hidrocarburos, al Subgobernador de O'Connor y a una serie de individuos guaranís y no guaranís, entre quienes se encuentran "karais" o no guaranís condenados por narcotráfico, como es el caso de Esteban Barrios, quien suma a sus antecedentes el intento de asesinato del Mburuvicha y Capitán Grande Fabián Cayo en agosto de 2010.

La confluencia de este tipo de elementos otorga a la situación una especial gravedad y por eso solicitamos el apoyo nacional e internacional a la APG Itika Guasu y su Presidente Never Barrientos.

Tenemos razones para pensar que el Ministerio de Gobierno, cuyo titular es el Ministro Carlos Romero, ha instruído a las fuerzas de seguridad en el sentido de NO proteger a la APG IG ni a sus integrantes.

[Información actualizada a las 00h13min BOT - 06h13min CEST / 03Oct15]

El cartel Ferrufino-Arebayo lleva varias horas provocando una grave situación de tensión, en lo que constituye un paso más en la escalada en contra de la Nación Guaraní que ya hemos denunciado oportunamente.

Estamos ante una campaña racista que pretende el desmantelamiento de todas las organizaciones guaranís y especialmente de la APG IG, toda vez que se ha convertido en un símbolo de la autonomía indígena guaraní.

A continuacián reproducimos los textos de la acción urgente y de la denuncia presentada el día 02 de octubre de 2015 ante la Fiscalía de la ciudad Entre Ríos, Provincia de O'Connor, Departamento de Tarija.

Para más información sobre este conflicto pueden dirigirse a los teléfonos que transcribimos a continuación:

Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG)
Tels.: +591.71863349 / +591.78222866 / +591.75129889

Equipo Nizkor, Bélgica [ENG/FRA/SPA]
Tel.: +32.71.798634

Equipo Nizkor, 03oct14

ACCIÓN URGENTE:

A las 18:15 hora local de Bolivia de este 2 de octubre de 2015 una serie de personas integrantes del grupo conocido por sus actividades ilegales en contra de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) ha intentado ocupar la Sede de la APG IG en Entre Ríos (Provincia O'Connor, Departamento de Tarija).

Efectivos de la Policía Nacional de Bolivia se encuentran intentando el desalojo de estas personas que se niegan a retirarse, ante lo cual la APG IG se ha visto en la obligación de formalizar la denuncia ante la policía y ante la fiscalia en contra de los responsables de las conductas ilícitas, entre quienes se encuentran:

Eloy Novillo, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en la Comunidad Saladito de Ñaurenda de la Provincia O'Connor.

Santos Arebayo, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Ñaurenda de la Provincia O'Connor.

Manuel Cata, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Yukimbia de la Provincia O'Connor

Lorgio Busto, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Tentaguasu de la Provincia O'Connor

Eduardo Segundo, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Saladito de Ñaurenda de la Provincia O'Connor.

Valentina Corimango, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Ñaurenda de la Provincia O'Connor.

Nativa Corimango, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en Ñaurenda de la Provincia O'Connorr.

Martina Padilla, quien es mayor de edad, boliviano, con domicilio en la Ñaurenda de la Provincia O'Connor.

Estos hechos se producen en el contexto de intento de desmantelamiento de la organización indígena que, de manera intensa desde hace casi dos años, está llevando a cabo el Subgobernador de la Provincia de O'Connor, Walter Ferrufino Gaite, con el apoyo del Ministerio de Hidrocarburos.

Tiene lugar asimismo después de que la APG IG denunciara la presencia de un camión en el pueblo que contenía diversas cabezas de ganado vacuno de las que cuatro fueron identificadas por guaraníes de la organización como pertenecientes a las seis que los Arebayo, al servicio del Subgobernador de O'Connor, habían sustraído por la fuerza a comunarios de Ñaurenda, una de las 36 comunidades de la TCO Itika Guasu. El incidente no tuvo consecuencia sancionadora ni correctora alguna sobre la ilegal actuación de presunto robo y transporte ilegal de ganado.

La serie de ataques de que está siendo objetivo la APG IG pretende reemplazar la legítima y legal representación de este pueblo para, en todo caso, acceder a sus tierras y recursos.

Cualquier acción que se pueda realizar ante el Gobierno boliviano para que actúe a efectos de paralizar la violencia que están desatando es necesaria.

Especialmente importante sería cualquier acción diplomática, o de otra naturaleza, dado que se vive una situación de violencia contenida y de amenazas e intimidaciones graves.

Antecedentes y contexto:

Hay que recordar que el entonces Ejecutivo Seccional y ahora subgobernador de la Provincia de O'Connor, Walter Ferrufino Gaite, mantiene un grupo de unas 20 personas contratadas desde hace al menos dos años, que tiene como finalidad el acoso de las organizaciones guaranís con métodos claramente mafiosos, tales como: acusaciones falsas, amenazas, intimidación, extorsión y cooptación forzosa. Para conseguir su ilegal finalidad instrumentan todo tipo de documentos falsos con los que, mediante el apoyo legal de abogados del propio grupo, pretenden usurpar la personalidad jurídica de las organizaciones y de sus dirigentes.

Este grupo de kapangas organizado por el protervo subgobernador Walter Ferrufino, perteneciente a la ultraderecha de corte reacionaria y racista en la que el Gobierno boliviano se apoya en esta zona, tiene su cabeza visible en los guaranís Hugo Arebayo Corimayo, su hermano René Arebayo Corimayo y su tío Anastacio Arebayo. Estos dos últimos en 2014 fungían como funcionarios públicos y los tres tienen sanciones por usos y costumbres impuestas por la APG IG y que datan de octubre de 2012, fecha en la que ya se les había formalmente expulsado de las comunidades y prohibido que ocuparan cargos de representación, tanto a nivel interno como frente a terceros, en nombre de la APG IG.

Tanto es así que localmente se empieza a hablar del "cártel Ferrufino-Arebayos", aludiendo con ello al dudoso origen de las ingentes sumas de dinero que esta asociación de individuos maneja.

La APG IG está haciendo frente a incriminaciones falsas y simulación de casos penales, a lo que se suman el ingreso en las comunidades para amenazar a los comunarios, infundir falsos rumores y realizar sobornos de parte de este grupo organizado que tiene como finalidad aniquilar la organización.

La compra de voluntades, con dinero también de dudosa procedencia, forma parte de la estrategia del Ministerio de Hidrocarburos de cara a suplantar las autoridades legítimas y legales de la APG IG, y no sólo de la APG IG, sino también de otros pueblos guaraní, tanto del Departamento de Tarija, como en Chuquisaca y Santa Cruz. Todo ello permite pensar que existe una estrategia de acoso y derribo de los guaranís de Bolivia.

Sirva de ejemplo el asalto que los miembros de esta asociación ilícita hicieron a la sede del Consejo de Capitanes guaraní de Tarija en octubre de 2014. Esa toma estuvo liderada por el supuesto nuevo presidente electo, Abraham Espinoza Montoya, no guaraní, y quien el 31 de marzo de 2015 ingresara en prisión en La Paz acusado de extorsión, amenazas y otros delitos conexos en contra del Diputado guaraní Jacinto Vega Rivero y de otros dirigentes guaranís, todos del Departamento de Tarija. Cabe decir que esta detención fue posible, a pesar de la protección de que este individuo goza, debido a que fue sorprendido en flagrante delito.

Tambié recientemente, el 18 de agosto de 2015, los guaraníes de la TCO Takovo Mora fueron reprimidos con brutalidad policial como forma de romper el bloqueo de ruta de mantenían en protesta por la violación de su derecho a consulta en un caso de exploraciones hidrocarburíferas que la estatal YPFB lleva a cabo en su territorio. En ese momento y como consecuencia del operativo dirigido por el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, fueron detenidos más de veinte indígenas, cuatro de ellos menores. La finalidad última, según testimonios directos, era la detención de los dirigentes indígenas, como pone de relieve el hecho de que efectivos policiales ingresaran en las viviendas de la comunidad de Yateirenda, hecho registrado después de que los policías lograron desbloquear la ruta.

Los indígenas de Takovo Mora pedían también al Gobierno la derogación de al menos tres decretos que autorizan la exploración en tierras indígenas sin observar el derecho a consulta contemplado en la Constitución Política del Estado y en las leyes.

Se trata de 3 decretos que el Presidente Evo Morales firmó en menos de 60 días y que atacan los derechos indígenas y la CPE. Son el decreto 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas y además sin garantías medioambientales; el 2195, relacionado con la compensación financiera en relación con la actividad hidrocarburífera en tierras indígenas y campesinas; y el 2298, que de hecho, a pesar de ser un decreto y estar por debajo de la ley en la jerarquía normativa, viene a modificar la ley de Consulta previa a pueblos indígenas en proyectos de explotación de hidrocarburos.

La cuestión de fondo es una vez más la de la propiedad indígena sobre las tierras que ocupan ancestralmente.

Equipo Nizkor, Guaye (Entre Ríos) y Madrid, 02oct14

Más información:

Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG)
Tels.: +591.71863349 / +591.78222866 / +591.75129889

Equipo Nizkor, Bélgica [ENG/FRA/SPA]
Tel.: +32.71.798634

Listado de autoridades:

Sr. Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Tel/Fax: +591.2.2202331
correo@presidencia.gob.bo

Álvaro Marcelo García Linera
Vicepresidente
Vicepresidencia del Estado Plurinacional
de Bolivia
Tel.: +591.2.2142000

Carlos Gustavo Romero
Ministro de Gobierno
Av. Arce esq. Belisario Salinas Nº 2409
La Paz - Bolivia
Tel.: +591.2.2440466 / 2120002 / 2120003
Fax: +591.2.2440466 mail@mingobierno.gob.bo

Luis Alberto Sánchez Fernández
Ministro de Hidrocarburos y Energía
Avenida Mariscal Santa Cruz
Edif. Centro de Comunicaciones, Piso 12
La Paz
Tel.: +591.2.2374050 / 2374051 2374052 / 2374053
Fax: +591.2.2141307

Virginia Velasco Condori
Ministra de Justicia
Estado Plurinacional de Bolivia
Tel.: +591.2.2158900 / 2158901 / 2158902 / 2313838
ministerio@justicia.gob.bo

Sr. René Martínez Callahuanca
Viceministro de Justicia Indígena Originario Campesino
Telf.: +591.2.2158900 / 2158901 / 2158902 / 2313838 Int 4041
ministerio@justicia.gob.bo

Sr. Marko Marcelo Machicao Bankovic
Ministro de Culturas y Turismo
Estado Plurinacional de Bolivia
"Palacio Chico", Calle Ayacucho, Casilla 7846
Tel: +591.2.2200910 / +591.2.2200946
Fax: +591.2.2202628
despacho@minculturas.gob.bo

Félix Cárdenas Aguilar
Viceministro de Descolonización
Ministro de Culturas y Turismo
"Palacio Chico", Calle Ayacucho, Casilla 7846
Tel.: +591.2.2200910 / 2200946
Fax: +591.2.2202628
despacho@minculturas.gob.bo

Cesar Hugo Cocarico Yana
Ministro de Desarrollo Rural y Tierras
Estado Plurinacional de Bolivia
Tel.: +591.2.2200919 / 2200885 / 2111103
Fax-Despacho: +591.2.2111067
contacto@agrobolivia.gob.bo

Comando Departamental - Policía Boliviana
Zona Tarija
Dirección: Calle Potosí
Tel./Fax: +591.6.645599 - 6645775

Policía de Entre Ríos
Tel.: +591.4.6544062
Sr. L. Quintanilla
Jefe 2º
Tel: +591.751.22045

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