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11nov14
Sobre falsarios y falsedades
El diario "El País" de Tarija, reconocido por su racismo antropológico, hizo pública una información que afecta a la APG IG y a todas las comunidades indígenas del Departamento de Tarija.
El artículo hagiográfico sobre la actuación de los kapangas de Walter Ferrufino versa sobre un acuerdo que falsifica una "consulta previa" que afecta a Repsol Bolivia SA, YPFB y los indígenas de la TCO Itika Guasu.
Se basa, dicho artículo, en algunas falsedades fácticas, legales y conceptuales que dicho medio oculta como mecánica para crear una noticia que tiene como finalidad un ataque contra los indígenas y una defensa de la "traición" como elemento glorificador del kapanga, como paradigma del indígena colonizado.
Las más importante de las falsedades fácticas es no decir, y por tanto ocultar, que la reunión de la que salió ese acuerdo fue promovida, auspiciada e impuesta por Xavier Barriga, Director General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el que llegó a Entre Ríos acompañado por una cohorte de técnicos y asesores como Iris Trinidad Guzmán, Patricia Ormachea, Gabriela Quispe, María Durán, Carlos Daniel Soruco Cardozo, Ebert Ayreyu, Alvaro Tapia (Abogado Tributarista en Petrobras Bolivia S.A.), Bisckmar Soliz, Eduardo de los Ríos Colodro y Miguel Ponce Justiniano.
De esta lista los que son funcionarios públicos tienen la obligación constitucional de defender y hacer defender la ley. Lo que hicieron al promover una consulta falsa, con representantes indígenas falsos, con un diputado indígena condenado por usos y costumbres, no sólo implica una violación grave a este principio, sino que los coloca en la categoría de colaboradores necesarios en una acción ilegal corrupta. Porque es obvio que promover un acto falso es quizá la máxima expresión de la corrupción de un funcionario público, ya que conlleva una acción arbitraria y una decisión injusta, ambas condiciones necesarias para calificar un acto de corrupción.
Las condiciones de la falsedad fáctica son muy simples y están explicadas claramente por el Departamento Jurídico de la APG IG (la real y no la trucha) en un comunicado con fecha 10 de noviembre de 2014.
Hugo Arebayo
Walter FerrufinoLa directiva trucha encabezada por Hugo Arebayo no tiene la representación por usos y costumbres y no la tiene porque han sido condenados en 2012 por la jurisdicción indígena originaria de la TCO Itika Guasu. Esta resolución tiene el mismo valor que una sentencia en la jurisdicción ordinaria, porque así lo fija la Ley de Deslinde Jurisdiccional y, para desgracia de los funcionarios públicos de cualquier naturaleza incursos en la organización de estos actos falsos, el artículo 12 de la mencionada ley establece que:
I. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades.
II. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas.
Es un principio constitucional en Bolivia y un principio tan viejo como el derecho romano que los actos falsos convierten en nulo cualquier acuerdo y sus consecuencias son también nulas.
El 12 de mayo de 2014 Radio Nizkor publicó un largo artículo titulado "Don Justino Zambrana y la falsificación de la representación indígena originaria" donde se explicaban en detalle las causas por las que la elección de tan indigno representante indígena estaban viciadas de nulidad. Su lectura es necesaria para comprender la situación de tan indigno representante.
Más aún, el 11 de julio de 2014 todas las organizaciones indígenas de Tarija hicieron pública una resolución que tiene el valor de una sentencia en la jurisdicción ordinaria, en la que disponían: "5) Recomendamos a todas las organizaciones guaranís tomar las medidas necesarias para que el mencionado señor Justino Zambrana Cachari no continúe con sus actividades en representación de nuestro pueblo y se impida su actuación".
Con lo cual queda claro que lo que sostiene la APG IG (la real, no la trucha) es totalmente cierto cuando afirma que "Por lo tanto el presunto acuerdo firmado por el señor Zambrana y/o Hugo Arebayo es nulo de pura nulidad".
Estos argumentos son suficientes para comprender lo que ocultó el diario "El País", lo que ocultaron los funcionarios públicos y el porqué del título de este artículo, ya que entre tanto falsario las consecuencias no pueden ser más que falsedades.
Eso sí, con un denominador común la actuación racista sistemática y planificada.
[Fuente: Por Irandey Tupapire, Corresponsal de Radio Nizkor para cuestiones indígenas, Tarija, 11nov14]
 | This document has been published on 12Nov14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |