Equipo Nizkor - La ética política del protervo Walter Ferrufino y la carretera Entre Ríos

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13abr14

La ética política del protervo Walter Ferrufino y la carretera Entre Ríos - Palos Blancos

Se han llenado las páginas de periódicos, las pantallas de televisión y las páginas web, de noticias, comentarios y opiniones referidos a la denuncia por parte de la oposición de la existencia de favoritismo hacia la familia del Vicepresidente Álvaro García Linera en relación con la empresa estatal de aviación BOA.

Walter Ferrufino

Roberto Ruiz
Bass Werner

Lo que podría haber significado una hecatombe para los políticos del MAS, tuvo un giro inesperado ante la respuesta firme del Vicepresidente de rescindir contrato con los implicados a pesar de tratarse de la hermana de su cuñada, es decir, un grado de parentesco no directo.
La explicación simple y concreta: ‧l contrato puede ser legal pero no es ético!.
En el departamento de Tarija son muchos los que desearían que tal determinación fuera política de estado y que actuaran en consecuencia todos los operadores políticos del MASismo.
Un claro ejemplo al que esta determinación del Vicepresidente debiera aplicarse es a las actuaciones del Ejecutivo Seccional de la Provincia O'Connor, el protervo Walter Ferrufino, que, entre otras cosas, ha importado de la Argentina caballos de raza y contratado un vareador profesional; no conforme con ello, ha construido lujosas caballerizas dignas de un jeque de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, famosos por su ostentación en caballos pura sangre. Estas caballerizas simulan una vivienda..., pero no es así, es la casa de los caballos del Ejecutivo Seccional de la provincia con mayor índice de pobreza del país.
No bastándole tal ostentación, y ya en el terreno puro y duro del nepotismo, una de sus hermanas trabaja en una dependencia de la Seccional O'Connor, y otra funge de Directora de Medio Ambiente en la Gobernación de D. Lino Condori y, en la ciudad de Tarija, construye su vivienda que en realidad es una mansión de tres cuerpos.
Ojalá fuera sólo eso; se sabe de casas compradas en Tarija e incluso de una "casanga" comprada por el Ejecutivo a una de sus queridas.
Quién podría pensar que un individuo que al ser electo debía la pensión donde comía, el alquiler del cuarto donde vivía y que no tenía ni para pagar el periódico, tenga hoy semejante capital financiero e inmobiliario. Según fuentes consultadas en Entre Ríos, tal capital sería producto de los ingresos ilegales del protervo Walter Ferrufino.
Eso explicaría tanto los costos disparatados de las carreteras que nunca se han terminado, pero cuyo precio por kilómetro es escandalosamente desproporcionado, y la auténtica guerra política desatada por el control de Sedeca, pero también la utilización de los fondos de Prosol, e incluso, versiones fundadas apuntan a su conexión con el narcotráfico, concretamente con un núcleo importante de transporte entre Palos Blancos y Entre Ríos.
Walter Ferrufino, al momento de ser electo, compartía vivienda con el Fiscal de Entre Ríos en aquel entonces, Juan Carlos Ferrufino, y un oficial de policía.
Estos amigos incondicionales del protervo Walter Ferrufino terminaron como residentes forzosos del sistema carcelario, en ambos casos con relación directa con él.
En agosto de 2010, un ex reo acusado de narcotráfico contrató dos personas y cometió un intento de asesinato contra el Capitán Grande Fabián Cayo. El Fiscal que atendió el caso, Juan Carlos Ferrufino, ha estado preso 2 años y ahora tiene prisión domiciliaria por hechos de corrupción.
El policía que atendió el caso ha cumplido condena por intento de asesinato contra un narco al que le descargó el cargador de su pistola reglamentaria en una carretera cercana a Entre Ríos y al que robó 50.000 dólares. El sujeto no murió y declaró ante el juez.
Éste ha sido el destino del primer equipo que contrató Walter Ferrufino para enfrentar a la APG IG.
Por si fuera poco, este Seccional tiene parentesco con el Secretario de la Gobernación,el señor Ruiz Bass Werner, conocido por su ideología cercana al nacionalsocialismo y racista declarado, quien es su tío político. Según denuncias del Presidente Evo Morales en el Gran Chaco, en el Prosol figuran puras familias "Wasberner". Alguien le debe haber ocultado al Presidente Evo Morales la relación directa entre éste y Walter Ferrufino.
Historia de la carretera:
El 18 de diciembre de 2013 la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicaba en la base de datos SICOES el llamado a concurso público de la obra "Asfaltado de la carretera Entre Ríos - Palos Blancos". Con esta formalidad administrativa la empresa ha dado comienzo al trámite de contratación de una obra cuyo presupuesto es de 536.218.755 Bolivianos (aproximadamente 77.600.400 USD), cumpliendo así con los plazos anunciados en la conferencia de prensa realizada en la sede de la ABC en Tarija el 14 de noviembre de 2013 y en la que participaron, entre otros, el presidente de ABC, Licenciado Antonio Mullisaca Díaz, y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu, Never Barrientos.
SEDECA y la Gobernación habían ocultado que la carretera pasaba por territorio de propiedad indígena y para ello afirmaban en el Documento Base de Contratación cosas tan mendaces como que por donde pasaba la carretera no existía población indígena y agregaban una lista de personas que tendrían el derecho propietario. Información ésta que era manifiestamente falsa.
La intervención de la APG IG provocó una violenta reacción del protervo Walter Ferrufino y de Roberto Ruiz Bass Werner, la cual encontró difusión en un artículo publicado por el diario racista "El País" el 1 de mayo de 2013 que mereció una respuesta conjunta por parte del Directorio de la APG IG y del Equipo Nizkor desmintiendo a ambos funcionarios públicos y al propio periódico, dado que ninguna de las afirmaciones que se realizaban eran ciertas y tenían una clara intencionalidad racista. En las mismas se acusaba a ambas organizaciones de bloquear el proyecto y de exigir sumas millonarias como compensación.
El protervo Walter Ferrufino afirmaba "La ONG Nizkor, que tiene intereses transnacionales, siempre oponiéndose a cualquier emprendimiento que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente y el desarrollo del departamento, está poniendo trabas y está poniendo como excusa y derecho legítimo que tienen los pueblos, como es el de la consulta, pero esto orientado netamente a direccionar en un sentido de beneficio de un sector y de enriquecimiento a la ONG",
El origen de tal reacción es que tanto Walter Ferrufino como Bass Werner tenían conocimiento de que ABC había tomado la resolución de anular el llamado a licitación preparado por la Gobernación y SEDECA, y ello con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 2003/2010 - R, ya que en caso de no proceder de esta manera hubieran cometido el mismo delito por el que está imputado penalmente Walter Ferrufino.
Estas vicisitudes fueron explicadas a viva voz por el presidente de ABC, Licenciado Antonio Mullisaca Díaz, durante la reunión de validez de acuerdos realizada en la sede social de la APG IG en Guaye el 13 de noviembre de 2013. Estas declaraciones fueron reproducidas ampliamente por la televisión y la radio de Guaye para general conocimiento de la población que, por primera vez, tenía información veraz sobre la negociación y las circunstancias de la misma.
La prensa de Tarija ocultó esta información en forma deliberada. A la fecha de este artículo no han informado del acuerdo conseguido y que deja en evidencia que la información de todos ellos sobre esta cuestión era manifiestamente falsa.
Consulta previa y Sentencia Constitucional
La reclamación de la APG IG tiene que ver con el derecho propietario indígena y con el derecho a consulta que establece la Constitución. Sin embargo, la realidad es que la Gobernación de Tarija y el Seccional Local de O'Connor nunca han dado cumplimiento a la misma y han manifestado pública y privadamente que nunca lo van a hacer.
Este hecho es de fácil constatación si se analizan todos los programas de cualquier naturaleza de la Gobernación dirigida por Lino Condori, ya sean éstos educativos, sanitarios, médicos o de desarrollo. En ningún caso han tenido en cuenta el cumplimiento del derecho a consulta de los pueblos indígenas originarios de Tarija.
En el caso concreto de la APG IG, aprobó ésta en asamblea en 2008 un plan de estrategia jurídica que les ha permitido hacer frente, por primera vez, a este tipo de comportamientos de marcada segregación racial que son connaturales a la clase dirigente política de cualquier signo.
Para ello la APG IG llegó a un acuerdo con el Equipo Nizkor, que desde entonces asesora a la APG IG en la gestión de los conflictos jurídicos y organizacionales en las áreas de producción, salud y atención jurídica, así como de formación de los dirigentes que, según usos y costumbres, representan a las 36 comunidades guaranís asentadas en la Tierra Comunitaria de Origen Itika Guasu.
Volviendo a la etapa de negociación, luego del intercambio de cartas se estableció una reunión que se celebró el día 30 de julio de 2013 en la sede social de la APG IG en Guaye y en la que, según consta en el acta notarial correspondiente, se establecieron las condiciones de la consulta previa. Dicha acta fue firmada por el Gerente Regional de ABC, por Benildo Vaca como responsable de Recursos Naturales de la APG IG y por algunos de los presentes en la reunión, como fueron Teófilo Murilllo, concejal guaraní en la Municipalidad de Entre Ríos, Jazmine Romero, abogada de ABC, Ernesto Loza, Coordinador de Movimientos Sociales de ABC y el Ingeniero Javier Romero, Coordinador con Movimientos Sociales de la Regional Tarija de ABC.
Las condiciones principales fueron que la ABC se comprometió a enviar toda la documentación técnica en formato físico y digital a la APG IG antes del 14 de agosto de 2013; que la APG IG realizaría el análisis técnico en los quince días posteriores a partir de la recepción de la documentación, y, que en la reunión técnica posterior se fijaría la fecha para la firma del convenio que ratifique y valide todos los acuerdos del proceso de consulta.
Después de diversas reuniones y ampliaciones de información, el técnico encargado por la APG IG de estas tareas, Henrry Guardia, realizó su informe final a las autoridades de la organización por usos y costumbres y dicho resultado se comunicó a la empresa ABC, dando lugar a su vez a varias reuniones que se llevaron a cabo en la Sede de ABC en Tarija con la presencia de personal técnico y jurídico, tanto de la Regional Tarija como de la Dirección Nacional, llegándose a un acuerdo por consenso.
Finalmente, y a solicitud del Presidente Ejecutivo de ABC, se llevó a cabo la mencionada reunión de validación de los acuerdos de la consulta previa, libre e informada en la Sede social de la APG IG en Guaye el día 13 de noviembre de 2013. En dicha reunión participaron las autoridades de la ABC, los miembros del Directorio de la APG IG, la práctica totalidad de los Mburuvichas comunales, miembros del Consejo de Sabios y personal técnico y jurídico de la organización indígena.
También participaron como observadores y testigos el Alcalde de Guaye, Teodoro Suruguay, y Teófilo Murillo, concejal guaraní, dado la existencia del "Convenio Interinstitucional sobre el derecho de consulta" firmado el 22 de marzo de 2012 entre el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos y la APG IG.
La reunión de validación aprobó por unanimidad los acuerdos que fueron presentados en detalle por el presidente de ABC, Licenciado Antonio Mullisaca Díaz, y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu, Never Barrientos.
Del Convenio de validación de acuerdos en el proceso de consulta previa del "Asfaltado de la Carretera Entre Ríos - Palos Blancos" se realizó acta notarial levantada por el Notario de Fe Pública de Entre Ríos, Jose Luis Sandoval, la cual fue suscrita por Never Barrientos como Presidente y Benildo Vaca como responsables del Departamento de Proyectos, por parte de la APG IG, y, por el Licenciado Antonio Mullisaca Díaz, Presidente Ejecutivo y Marcelo Sosa Castellanos, Gerente Regional Tarija, por parte de la ABC.
Principales acuerdos alcanzados
El punto principal del acuerdo alcanzado es el reconocimiento del derecho de propiedad de la APG IG sobre la TCO IG. Esto es consecuencia directa de dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, gracias a lo cual la organización indígena originaria APG IG dio el consentimiento para el proyecto.
El presidente de ABC, Licenciado Antonio Mullisaca Díaz, explicó estos extremos en forma amplia y convincente, aclarando el porqué de la anulación de la licitación preparada por la Gobernación y SEDECA y el hecho de que en este nuevo proceso de licitación no participaban más que la ABC y la APG IG. El Licenciado Antonio Mullisaca Díaz pidió perdón por no haber cumplido la sentencia desde el primer momento y dejó muy claro que, como funcionario público, no podía dejar de cumplir la misma y más aún cuando son normas fijadas por el máximo tribunal del Estado plurinacional, cual es la Corte Constitucional.
La solución jurídica propuesta por la APG IG es conceder, mediante un contrato, el usufruto del terreno necesario para la carretera con los mismos criterios aplicados en la denominada variante del Chaco que fueron aceptados por la prefectura de Tarija en su momento. El borrador de dicho contrato figura como anexo a los acuerdos y se establece como período de duración del mismo 100 años, siendo el precio para perfeccionar el contrato el de 1 (un) boliviano por año del mismo, o sea, de cien bolivianos a valor de 2014.
La ABC y la APG IG conformarán un equipo para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuedos alcanzados, el cual estará compuesto a partes iguales.
Por último, como parte de la mitigación de los daños ambientales pendientes de determinación, se incluirá en el Pliego la construcción de un complejo multifuncional con el propósito de precautelar la seguridad vial. Dicho complejo tendrá como finalidad la atención de los usuarios de la carretera y contará con áreas de descanso, esparcimiento, alimentación e higiene personal, así como la previsión del manejo de residuos sólidos que permitan el descargue en dicha zona.
Este complejo pasará a propiedad de la APG IG, siendo el primero de ese tipo que se construirá en Bolivia.
Todo ello se verá complementado con otras instalaciones auxiliares que, por ser competencia de autoridades distintas a la ABC, serán objeto de tramitación conjuntamente con la APG IG ante la autoridad correspondiente, como ser: balanza electrónica para tara de camiones y otros vehículos, unidad de control de alcoholemia y una gasolinera. Todo ello cumpliendo con las condiciones de legalidad necesarias.
Además el acuerdo prevé un sistema de comunicaciones en tiempo real para la coordinación del tráfico durante todo el período de obras, así como el sistema de señalamiento provisional y definitivo de la carretera.
Conclusión
Según las autoridades de la ABC, este acuerdo les servirá de modelo para el tratamiento de la problemática de la propiedad indígena y del derecho a consulta, especialmente en el caso de las Tierras Comunitarias de Origen.
Para la APG IG significa el reconocimiento por parte de una empresa estatal del derecho de propiedad indígena y de que las carreteras de cualquier tipo dentro de la TCO IG son parte de la propiedad que se detenta y deben respetar los principios de intangibilidad de la propiedad comunitaria.
Deja perfectamente establecido que la finalidad de la APG IG es perfectamente compatible con la defensa de sus derechos legítimos y legales, que no tenía ninguna finalidad espúrea y que, además, su principal reclamación es el respecto a la legalidad constitucional y al derecho indígena.
Por contraste, deja en evidencia que la campaña desarrollada tanto por la Gobernación como por el Ejecutivo Seccional Local, y reproducida masivamente por los medios de prensa y comunicación de Tarija, tenía y tiene una motivación racista que incita a la violación de la legalidad constitucional y que los supuestos de dicha campaña eran falsos.
[Fuente: Por Irandey Tupapire, corresponsal de Radio Nizkor en Guaye, 13abr14]

DDHH en Bolivia
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