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30jun10


Ex Viceministro de Evo acusa al Gobierno de mentiroso y de violar derechos indígenas


Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, llamó este miércoles calumniador al gobierno de Evo Morales y lo acusó de violar la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de arremeter contra los pueblos indígenas de tierras bajas que marchan con destino a la ciudad de La Paz para hacer escuchar sus demandas.

"Esperemos que ante las demandas legítimas de la huelga de hambre de los diputados indígenas y ahora la marcha de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), el gobierno no siga respondiendo con la calumnia, como lo hizo al acusar a la movilización de ser financiada por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y, más bien, tome la oportunidad para reflexionar y rectificar de manera inmediata", manifestó Almaraz en una entrevista telefónica con la Red Erbol.

Aseveró, a su vez, que el gobierno está haciendo las mismas cosas de las que acusa a los indígenas, es decir, socavar su base normativa y de legitimidad, que es la Constitución Política del Estado, aprobada hace casi dos años por la mayoría masista en la disuelta Asamblea Constituyente y vigente desde febrero de 2009.

"Hizo (el gobierno) exactamente aquello de lo que acusa ahora a los indígenas de hacer, es decir, apartarse de la Constitución, ir contra ella, con el agravante de que estamos hablando de los poderes públicos, el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (la Asamblea Legislativa Plurinacional), en lo relacionado a la elaboración de las leyes del Estado, que por estos instrumentos tiene la especial obligación de recoger la realidad social pluriétnica, pluricultural y plurinacional", puntualizó la ex autoridad al lamentar que pese a tener clara esta obligación, Morales y su administración hacen lo contrario.

Declaró, asimismo, que esta situación conlleva a la violación de los derechos constitucionales de los indígenas originarios y que, por lo tanto, el gobierno ha desoído e incumplido el mandato, pese a los reclamos justos de las organizaciones y de los diputados originarios.

"Lo peor es que esto puede constituirse en un precedente nefasto para el proceso de cambio que atravesamos y da cuenta de una actitud muy peligrosa que asume el gobierno de desoír el mandata de la Constitución en el sentido de lo que plantea la ley", expresó.

Almaraz aseguró que su aseveración está respaldada por la Ley del Régimen Electoral, donde se estipula que se establecerá una circunscripción especial indígena en todos los departamentos en que las naciones o pueblos indígenas constituyan una minoría poblacional (1.000 personas), "lo dice así literalmente la Constitución".

Sobre la elección de los delegados a estas circunscripciones indígenas según usos y costumbres, indicó que "sería lo más aconsejable en función de preservar las formas de organización social y políticas de estos pueblos, pero en este caso hay una disposición constitucional que obliga a que estas autoridades sean electas por voto universal directo".

No obstante, según el político, la Carta Magna manifiesta también que todos los departamentos donde los pueblos indígenas constituyan minoría poblacional deben tener una circunscripción, como ocurre en Chuquisaca, con la particularidad que las comunidades guaraníes representan uno de los sector más necesitados de apoyo y reivindicación social y cultural.

"Los guaraníes son los más necesitadas de reconocimiento y protección del Estado, requieren de integración política porque son las comunidades que más largamente sufrieron los daños del proceso colonial, que estuvieron por largos años cautivas y sujetas a abusos de servidumbre y esclavitud, como se conoce hasta hace poco", precisó.

Es más, afirmó Almaraz, que en este tema, la cantidad de siete circunscripciones que se les designó es mezquina y nada precisa para representar a más de una treintena de pueblos indígenas que tiene esta condición de minorías étnicas.

Sobre la acusación del financiamiento que reciben organizaciones indígenas por parte Organizaciones no Gubernamentales (OGNs), en especial USAID, para obrar en contra del gobierno, manifestó que esas acusaciones son totalmente falsas.

"De cierto no hay nada, absolutamente nada, es una mentira", declaró al expresar su sorpresa de que Carlos Romero, ministro de Autonomías, profundo conocedor de las sociedades indígenas quien anteriormente trabajó a su lado, indicara tal situación.

"Como puede pensarse que ante la violación de sus derechos los indígenas no van a reaccionar, son sectores que con sus marchas posibilitaron en el 2002 que la sociedad boliviana asuma la reivindicación de la Asamblea Constituyente", manifestó.

A criterio de Almaraz si los indígenas tuvieron en el pasado la capacidad de organizarse, la afirmación del Ejecutivo no es creíble, "ahora vamos a pensar que necesitan de USAID para movilizarse, es ridículo e insultante y peor si se lo hace con la ligereza de mostrar como prueba documentan de tal apoyo un librito editado con el auspicio de USAID, como si no supiéramos que el gobierno también tiene financiamiento de esta entidad".

Prefirió no mencionar si participará activamente en la marcha, a pesar de que anunció un apoyo moral a la misma. "Estoy plenamente solidarizado con la marcha y hago voto para que su fuerza y su capacidad de presión sirva para que el gobierno haga un alto en esa peligrosísima carrera autodestructiva".

[Fuente: Erbol, La Paz, 30jun10]

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