La instauración de gobiernos constitucionales a partir de diciembre de 1983 supuso para la actividad periodística un cambio profundamente positivo, que posibilitó el regreso de periodistas exiliados, la liberación de los trabajadores de prensa que aun permanecían encarcelados, la reapertura de los medios de prensa cerrados por la dictadura y, en general, una mayor libertad de expresión. Pero en los último años hubo una ofensiva contra la prensa que se resume en querellas judiciales (la mayoría de las veces iniciadas por funcionarios), agresiones a periodistas (la mayoría por parte de agentes de seguridad) y amenazas anónimas o abiertas.

El cumplimiento del derecho a la información y la libertad de expresión e información, está muy lejos de tener vigencia en la Argentina. A pesar de que el propio avance tecnológico que favorece la aparición de medios radiofónicos o televisivos nuevos y plurales, la credibilidad que a nivel mundial han ganado los medios en detrimento de otras Instituciones, y el rol que está asumiendo la prensa en el seno de estas complejas sociedades modernas, pareciera indicar que existe una mayor libertad de prensa, esto es relativo, y en todo caso se da por la fuerza de los hechos y no por la acción del gobierno, que más bien trata de acallar a los periodistas comprometidos con la verdad y con el desarrollo social de la humanidad.

En agosto de 1993, se desató una verdadera campaña contra los periodistas, ubicándolos como "la verdadera oposición a la gestión de gobierno". En esa fecha, en la inauguración de la Exposición de la Sociedad Rural con la presencia del Presidente de la Nación, un ostensible aparato de intimidación y agresión cobré a varios periodistas, enviados al lugar para cubrir el acto, como víctimas. A partir de esa fecha, cientos de periodistas fueron amenazados en todo el país. Los dos casos más notorios fueron las violentas agresiones físicas a los periodistas Marcelo Bonelli, de radio Mitre y diario Clarín, y Hernán López Echague, de Página/12, este último en dos oportunidades, así como el estallido de un artefacto explosivo en la radio FM La Tribu.

Durante varios meses Alberto Carlos Vila Ortiz, jefe de redacción del diario La Capital, de Rosario, Provincia de Santa Fe, fue objeto de amenazas contra él y su familia, y secuestrado en un automóvil durante unas horas, a plena luz del día.

El 11 de noviembre de ese año, Mario Bonino desapareció en el trayecto entre su domicilio a la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde se realizaba un seminario de la Utpba [Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires]. Cuatro días después su cadáver apareció flotando en el Riachuelo.

Estos casos así como los más de 500 de agresiones y amenazas (Agresiones: de la Policía federal a periodistas de ATC, en una marcha pidiendo trabajo; al sereno de la Utpba. Miguel Gavilán; a periodistas de diversos medios en la inauguración de la Exposición de la Sociedad Rural con la presencia del Presidente de la Nación. Amenazas: a periodistas del diario Página 12; al noticiero de Canal 13; a periodistas porteños que cubrieron el caso del asesinato del conscripto Carrasco; a dirigentes de la Utpba; y de parte del dirigente sindical Armando Cavallieri, amenaza de muerte contra periodistas de la revista Noticias), nunca fueron resueltos, a pesar de todas las denuncias hechas en tiempo y forma y de que el gobierno argentino designó un procurador fiscal -González Warcalde, de actuación lamentable- especialmente dedicado a estos hechos.

En materia judicial y legislativa, el gobierno ha iniciado querellas a decenas de periodistas y medios, en especial a aquellos que critican o apenas informan sobre actos de gobierno, muchas veces caracterizados de corrupción. Se condenó a los periodistas Marcelo Helfgot y Alberto Ferrari a pagar 25.000 dólares de multa por un artículo periodístico considerado injurioso por una Juez. El fallo está en apelación ante la Suprema Corte de Justicia.

En mayo de 1993, luego de una acción de la Utpba y otras entidades (se había llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la presión Internacional se derogó el delito de desacato del Código Penal, por el cual se había abusado en querellas a la prensa.

El Gobierno argentino enfoca al periodismo independiente como su principal adversario y a partir de allí desarrolla una política deliberada para acallar su voz.

Parte de ella es otro hecho reciente. El Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso de la Nación, el 2 de enero de 1995, dos proyectos de ley que buscan restringir indebidamente este derecho. Uno de ellos modifica el Código Penal en el título referido a los delitos contra el honor; el otro establece la obligación de contratación de seguros para las empresas periodísticas de cualquier tipo, para garantizar los daños que eventualmente éstas pudieran causar al honor de las personas.

En el primer caso, por lo desproporcionado de las penas referidas a delitos cometidos a través de la prensa, nos hallamos ante una paradójica situación en la que la calumnia se transforma en uno de los delitos más severamente castigados en nuestra normativa penal. Seis años por calumnia no se compadecen con el mismo máximo para el homicidio emocional y el preterintencional; tres años por injurias no guardan relación con el mismo máximo para el homicidio culposo; la calumnia tendría igual pena que las lesiones mutilantes. Con estas desproporcionadas penas, el ser periodista se volvería a convertir en una Profesión de riesgo en nuestro país.

Por medio de la obligación de contratar un seguro se logra acallar la critica o el comentario desde la oposición: cualquier medio de comunicación que tenga como política editorial la denuncia de actos de corrupción deberá pagar una suma mensual altísima, pues las compañías aseguradoras fijarán una prima que cubra eventuales casos en los que la denuncia de corrupción no pueda ser debidamente demostrada en sede penal.

Al mismo tiempo, cualquier pequeña publicación independiente deberá dejar de circular o pasar a la ilegalidad, puesto que el pago de un monto anual (cuyo mínimo sería de U$S 25.000) significará -para todo pequeño grupo de personas con interés de hacer circular libremente sus ideas a través de una publicación alternativa- un gasto que no podrá afrontar. De este modo, también, a través de la obligación de contratar este seguro, el Gobierno intenta acallar la crítica de la oposición y terminar con la circulación de publicaciones de índole no comercial

Por otro lado, es menester destacar que una ley que establece penas crueles y confiscatorias para delitos de prensa, ejerce una amenaza grave desde su vigencia, aun en el caso de que no se llegara a poner en práctica, de modo que su simple sanción altera la comunicación pública.

Este proyecto de ley que extiende el concepto de calumnias a conductas no determinadas; que impone una pena igual a la del homicidio emocional y lesiones mutilantes; que somete a multas que equivalen al valor de cinco propiedades habitación; que incorpora una indemnización como pena no prevista para ningún otro delito; que impone una pena de prisión que no tiene antecedentes en el derecho comparado; que se inspira en un proyecto de casi cuarenta años -parcialmente recogido en reformas dictatoriales, aunque éste aun más represivo-; que quiere sancionarse en plena campaña electoral; que es impulsado por un gobierno cuestionado por episodios de corrupción; que impone un seguro obligatorio que no existe para ningún otro delito por grave que sea; que tiene como antecedente otros proyectos que se Impulsaron silenciosamente a partir de la desincriminación del desacato, deja pocas dudas acerca de la intencionalidad violatoria de derechos humanos y del claro sentido autoritario que lo orienta.