El plan económico puesto en marcha durante este gobierno, lelos de mejorar la situación de los sectores marginados, ha pauperizado aun más a quienes se encuentran por debajo del limite de pobreza. Las estadísticas revelan que el mayor numero de desempleados SB encuentra entre los sectores de menores recursos. La grandes ciudades aparecen como la posibilidad de superar la crisis económica, por lo que miles de familias dejan sus lugares de origen para formar Juanillos de pobreza" que rodean a los principales centros urbanos.

La discriminación que sufren por parte de los habitantes de esas ciudades, a través de actitudes de recelo, sospecha, miedo o rechazo, se evidencia en la creciente necesidad de vecinos" de "defended sus áreas de los pobres reinstalados en la cercanía, ya que el hecho de su condición económica los condena como potenciales "ladrones". La implementación del ajuste estructural llevada a cabo por el actual gobierno, ha originado nuevas pautas culturales que se traducen en una gran fragmentación entre los sectores populares. Cada vez más, se está afianzando una cultura individualista en donde desaparece la idea de que hay ciertos bienes que deben ser públicos, y se terminan fundamentando estrategias individuales de sobre vivencia. Estas son justamente las que afloran cuando se discute si un grupo social debe o no estar dentro de determinada zona.

El discurso proveniente de los ámbitos of aciales propicia el preconcepto de identificar a los pobres como delincuentes, sobre los que se debe aplicar el rigor de la ley, aun a riesgo de combatir la "ilegalidad" con ilegalidad por parte del Estado. Es en este contexto que el presidente Carlos Saúl Menem declaré en julio de 1993, en relación a la ocupación de predios desocupados por parte de grupos de personas carenciadas, que había impartido directivas "terminantes" al jefe de la Policía Federal, Jorge Passero, para desalojar compulsivamente"', sin esperar el pronunciamiento de la justicia", los inmuebles ocupados ilegalmente en la Capital Federal. según declaraciones publicadas por el diario "Página 12" en su edición del 13/7/93.

Entre agosto de 1992 y enero de 1993, la provincia del Chaco puso en marcha un plan de erradicación de personas de bajos recursos, a través del envío de un contingente de casi tres mil desocupados a la provincia de Santa Fe. De acuerdo a las denuncias del gobernador de esta provincia, Carlos Reutemann, y de varios intendentes de las poblaciones en las que se asentaron los chaqueños, el ingreso a Santa Fe se habría producido por medio de pasajes ferroviarios que varias intendencias chaqueñas hablan repartido con la excusa de que los trabajadores encontrarían empleo en la cosecha de frutillas.

La llegada de los chaqueños, y su asentamiento en forma ilegal en terrenos que pertenecen al fisco provincial, produjo problemas entre éstos y los vecinos de los lugares donde se iban asentando. Esta situación llevó al intendente de Santa Fe, Jorge Obied, a presentar una denuncia ante el Ministerio del Interior, puntualizando que los chaqueños llegaron con pasajes pagos por la gobernación y algunas Intendencias del Chaco. La mayoría de ese contingente de pobres desalojados de su provincia, vive hoy aún más marginal, a la que se suma el rechazo de los pobladores del lugar. La situación de discriminación que viven los sectores de menores recursos, se ve fomentada desde el gobierno, ya que éste se limita a "identificar a los pobres", a fin de luego implementar para ellos algún tipo de política especial que evite el estallido de conflictos sociales, con lo que lo único que se garantiza, es perpetuar su Condición de pobres y marginales.