En la Argentina, si bien no hay cifras oficiales, se estima que hay más de dos millones de Inmigrantes provenientes de países limítrofes, de los que al menos la mitad, se encuentra en condiciones de residencia ilegal. La situación de estos extranjeros en el país, se ve agravada por la creciente xenofobia que se ha desatado contra ellos durante los últimos dos años, fundamentalmente por la falta de trabajo en el mercado laboral argentino.

Las encuestas revelan que el índice de desempleo absoluto del 12, 2% es el factor que más incide en las opiniones negativas y discriminatorias de la gente respecto de los inmigrantes, ya que consideran que éstos "perjudican al trabajador argentino". No obstante la inexistencia de estadísticas que demuestren que los inmigrantes le quiten puestos de trabajo a los argentinos, la vinculación de estos dos fenómenos, fue alentada desde el gobierno a través de declaraciones de funcionarios, como las de Carlos Ruckauf, cuando aún era Ministro del Interior, que ayudaron a crear un clima de apoyo a la expulsión de los extranjeros indocumentados y al cierre de fronteras.

Las primeras expresiones xenófobas desde el gobierno, se hicieron oír en julio de 1993 de parte del subsecretario general de la Presidencia, Luis Prol, quien culpó a los extranjeros de los países limítrofes de ser los principales ocupantes ilegales de viviendas en Buenos Aires. Por su parte, el titular de la Secretaria de Población, Aldo Carreras, declaraba que "lo fundamental es saber qué población se quiere para un país básicamente despoblado".

En enero de este año, al darse a conocer los últimos Indices oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) sobre desempleo, el presidente Carlos Menem, descalificó esas cifras como incorrectas, por incluir a personas que en realidad trabajan "en negro" los empleadores no hacen los aportes de cargas sociales, y que en esa situación se encuentran buena parte de los extranjeros indocumentados.

Sin embargo, la hipótesis oficial de que el aumento continuado del desempleo es culpa de los inmigrantes de los países vecinos, perdió asidero con la reciente difusión de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Según la muestra, su incidencia en el incremento del indice de desempleo apenas llega al 0, 2% del total de desempleados absolutos que hay en el país. Por su parte, una comisión parlamentaria señaló recientemente en un Informe que, en realidad los inmigrantes de países limítrofes realizan los trabajos que los propios argentinos no quieren hacer.

Para "atacar;" el problema de los inmigrantes sin residencia legal en el país, el gobierno argentino puso en marcha una campaña para detectar Ilegales", a través de operativos policiales de detención de indocumentados semiesclavizados. Fueron frecuentes en los últimos meses, las noticias periodísticas sobre allanamientos a establecimientos fabriles o agrícolas donde los trabajadores extranjeros recibían salarios miseros y trabajaban en condiciones infrahumanas. Si bien se les aplicaron sanciones económicas a los empleadores responsables de tal explotación, los que quedaron en una situación de aun mayor desamparo legal y económico, fueron los propios inmigrantes.

Según información oficial publicada por el diario Página 12, el bimestre anterior a octubre de 1994, fueron deportados más de 700 extranjeros indocumentados. El efecto indirecto de los operativos es el traslado de los trabajadores a Buenos Aires para conseguir su documentación (que consiste en más de 30 trámites, difíciles y prolongados) donde se ven obligados a alojarse en hoteles o en viviendas desocupadas, en ambos casos en condiciones ilegales, expuestos a allanamientos y detenciones.

A este cuadro de situación, hay que agregar una campaña de carteles contra los trabajadores extranjeros realizada por Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), durante 1994, que fue utilizada para estimular el chovinismo contra los inmigrantes. La contratación de extranjeros en condiciones de trabajo subhumanas, con salarios indignos y "en negro", que representa una competencia desleal para los trabajadores argentinos, no es culpa de los inmigrantes que llegan al país movidos por la necesidad económica, sino de los empleadores que los contratan.

Asimismo, las expresiones oficiales tienden a identificar a los inmigrantes pobres de países limítrofes como delincuentes, en otro intento de mover a la opinión pública en contra de éstos, exacerbando el sentimiento de temor y xenofobia en la comunidad argentina. El jefe de la Policía Federal ha expresado en varias oportunidades: "los inmigrantes de países vecinos constituyen en la actualidad la principal amenaza a la seguridad ciudadana". Sin embargo, en una muestra de los casos con sentencia de los Tribunales Orales de la Capital Federal desde febrero de 1993 a noviembre de 1994, publicada por el diario Clarín el 15/12/94, se pudo observar que el 88% de los condenados son de nacionalidad argentina. En el mismo articulo se afirma que no son los extranjeros los que cometen los delitos más graves. Dentro de las criticas a las declaraciones oficiales sobre los inmigrantes, se destaca la del padre Osvaldo Musto, responsable de la Pastoral del Trabajo, quien tras recordar que la inmigración es un valor consagrado en la Constitución Nacional, se preguntó si "las declaraciones del subsecretario Prol hacia gente de países limítrofes las habría producido si éstos hablasen español o italiano, y no quechua o guaraní (en referencia a las lenguas habladas por los bolivianos y los Paraguayos).

El racismo y la xenofobia no prosperan en la gente sin tendencias oficiales que los acompañen o estimulen. No abrir conciencia sobre las razones por las cuales miles de migrantes circulan por nuestro país, y hacer creer que la presencia de trabajadores inmigrantes agrava problemas sociales como la falta de vivienda, educación y salud publica, es estimular la creencia en la comunidad de que su ausencia, ilusoriamente los resolvería. El gobierno debe asumir la responsabilidad de los mensajes que dirige a la población.