El 25mar95 el Jefe del Ejército reconoció la responsabilidad del arma que dirige, admitiendo que las Fuerzas Armadas torturaron, hicieron desaparecer y asesinaron, y subvirtieron el orden constitucional Calificó de delincuentes a quienes vulneran la Constitución Nacional y a quienes imparten y cumplen órdenes inmorales, diciendo ". . . Quien lo hiciera incurre en una inconducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera".

El 3may95 el Jefe de la Armada reconoció que hubo métodos equivocados que permitieron horrores inaceptables, aun en el contexto de crueldad propio de la guerra, y los rechazó y excluyó como posibilidad ante cualquier acción futura. (Adjuntamos texto completo del documento que emitieran los Jefes del Ejército y de la Armada).

El 3may95 el jefe de la Fuerza Aérea brigadier general Juan Daniel Paulik admitió que se cometieron "graves errores de procedimientos y también horrores" en la lucha contra el terrorismo, horrores que fueron "patrimonio de ambas partes" ". . . no es mi intención justificar lo injustificable, pero también es cierto que no resulta equitativo enjuiciar nuevamente a un solo actor sin vincularlo con el contexto en el cual estaba inmerso"... deseo enfatizar "el total convencimiento de los integrantes de la Fuerza Aérea que el instrumento militar debe estar sujeto a los limites que marca el gobierno nacional, bajo el amparo de la Constitución y las leyes", Pero un día después de su mensaje autocrático el almirante Molina Pico defendió a los capitanes de fragata Carlos Rolón y Antonio Pernías acusados de cometer algunos de los "horrores inaceptables" que reconociera en su mensaje, haciendo una evaluación de sus antecedentes no sólo legales sino personales y encontrando que estos dos marinos reunían las condiciones para ser propuestos para el ascenso. Asimismo un di a más tarde opino que Alfredo Astiz "tiene todas las condiciones morales para ser oficial de la Marina" y su ascenso seria considerado en el futuro ya que se trata de "un oficial juzgado en tribunales argentinos y absuelto".

El 29may95 el jefe del Ejército, general Martín Balza, expresó -en una respuesta a los militares retirados que luego de la autocrítica de Balza del 25 de abril justificaron la represión ilegal de la subversión y los métodos utilizados por las Fuerzas Armadas- "...no busca aceptar responsabilidades fuera del contexto histórico sino aceptar las que nos caben y extraer una gran enseñanza para las generaciones futuras: al terrorismo, por más vandálico y criminal que sea, se lo debe combatir con toda la fuerza que emerge del orden jurídico".

El 8jun95 Balza, envió un radiograma a todas las unidades de la fuerza en el que invitó a sus subordinados a aportar datos sobre la suerte de los desaparecidos. El radiograma precisa que "se comunica a toda la fuerza que el personal de la misma que posea algún tipo de información relacionada con personas eventualmente detenidas-desaparecidas y que, individual y voluntariamente deseen aportar dicha información, podrán hacerlo ante la Secretaría General del Ejército, asegurando absoluta reserva a quien lo hiciera". Una encuesta nacional -sobre 1325 casos- realizada entre el 28abr95 y el 1may1995, revela que el 64% de los consultados piensa que es más positivo para el país que se sepa y haga publico lo sucedido durante la represión y el destino de los desaparecidos, y que cada sector de la sociedad asuma sus responsabilidades.

De todo lo expuesto se desprende claramente que las preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la impunidad y la continuación de las investigaciones acerca del destino de los detenidos-desaparecidos no han sido tenidas en cuenta por los integrantes del Poder Ejecutivo ni de la mayoría de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta al Poder Judicial, incluimos una reseña en otro capítulo de este informe.

Los organismos de Derechos Humanos hemos presentado una solicitud ante el Parlamento para que se forme una Comisión Investigadora que permita el procesamiento de la documentación existente y la investigación y recepción de denuncias e informes para llegar a conocer la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. Confiamos en que esta Comisión se forme a la brevedad, de lo que los mantendremos informados. Asimismo hemos informado a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado del contenido de los Comentarios acerca del Informe de ese Comité, que no conocían, y los hemos interesado en su participación en la confección de futuros Informes al Comité. Al respecto han solicitado reuniones con las Subsecretarias de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores. El desconocimiento de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado del Informe del Estado Argentino y de las respuestas del Comité es sólo una muestra de la falta de difusión de este material.

También hemos solicitado al Poder Ejecutivo la remoción de sus puestos de todos aquellos a quienes se ha acusado con pruebas suficientes de la violación de derechos humanos. Estamos confeccionando una primera lista de quienes están en actividad para hacer un pedido concreto al respecto.