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10jun16
Piden un Jury para el juez y el fiscal por la niña wichi
Uno de los jueces de la Corte salteña, Abel Cornejo, pidió la apertura de un procedimiento de remoción contra el juez Héctor Mariscal y el fiscal Armando Cazón por las actuaciones seguidas tras la violación que sufrió A.S., la niña de 12 años de la comunidad wichi de Alto La Sierra, el 28 de noviembre de 2015.
En un escrito de diez carillas, que se conoció en el mediodía de ayer, Cornejo señaló que "la falta de individualización y aprehensión de los presuntos responsables" del ultrajante abuso "podrían configurar la causal de mal desempeño, retardo de justicia y falta de cumplimiento de los deberes" en la actuación del juez de Garantías 2 de Tartagal y del fiscal penal de ese distrito.
Ahora el presidente de la Corte de Justicia y titular del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo Catalano, deberá convocar a una reunión de ese cuerpo para analizar la admisibilidad de la acusación en contra del juez y el fiscal.
El Jurado de Enjuiciamiento (Jury) es el órgano que evalúa la conducta de los magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público para su eventual destitución por diferentes causales que prevén la Constitución de Salta y la Ley provincial 7.138.
Integran actualmente el Jury otro juez de la Corte, Guillermo Posadas; la fiscal de Estado Mónica Lionetto, representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el foro de abogados.
En el pedido que elevó a Catalano, su par Cornejo cuestionó que los imputados sigan en libertad casi siete meses después de la vejación. "La pena mínima que le corresponde a un hecho aberrante de esas características es de ocho años, con un máximo de veinte", indicó el juez de Corte que formuló la acusación, para sostener que "bajo ningún concepto corresponde que los supuestos responsables se encuentren en libertad durante el proceso".
Cornejo remarcó que al momento del hecho la víctima del brutal ultraje tenía 12 años, pero una edad madurativa correspondiente a la de una niña de seis, y que probablemente como consecuencia de los abusos múltiples habría quedado embarazada.
En esos términos, el juez de Corte dejó abierta la posibilidad de que se confirme que la nena haya sufrido un abuso anterior, como dejaron entrever la certificación médica que firmó el legista Luis Flores cuatro días después del hecho investigado y el informe médico que salió del Hospital Público Materno Infantil de Salta el pasado 2 de junio.
Ese día, tras una derivación de emergencia, la niña, que había sobrellevado un crítico embarazo sin ninguna asistencia, fue sometida a una cirugía con la que se interrumpió la gestación de una beba anencefálica, de 34 semanas, que murió poco después de la intervención.
La estimación de los facultativos marcaría el posible inicio del embarazo a mediados de octubre y no a fines de noviembre, cuando ocurrió la violación investigada en la causa, lo que lejos de favorecer a los imputados agravaría su situación procesal. Esto fue marcado por Cornejo, quien advirtió que "casi siete meses después de la comisión del hecho aberrante por una banda de inadaptados, todavía ni el juez ni el fiscal cuentan con pruebas de material genético para inculpar a los responsables".
"El juez, invocando jurisprudencia que nada tiene que ver con el asunto que se trata, recién a partir del 3 de junio del corriente comenzó a movilizar de manera paquidérmica y con preocupante incuria la maquinaria judicial", expresa el escrito elevado al Jurado de Enjuiciamiento en uno de sus párrafos más duros.
Con respecto a la actuación del fiscal, Cornejo cuestionó que recién el 7 de junio requirió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que se realice el estudio para establecer la paternidad de la criatura que había sido concebida como fruto de un abuso.
"Las medidas judiciales tomadas durante el procedimiento penal no fueron oportunas ni eficaces ni conducentes para el esclarecimiento del hecho", consideró Cornejo, tras afirmar que en la persona de la niña de Alto La Sierra se violaron elementales derechos consagrados por tratados y convenciones internacionales que tienen rango constitucional en el país desde la reforma de 1994.
Por el cúmulo de violaciones y atropellos que resume el caso, los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos adeudan explicaciones, auditorías y ajustes de abordajes en un sistema de asistencia y contención que en Alto La Sierra, como en otros lugares de Salta, sigue haciendo agua con niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos víctimas de toda clase de abusos y de violencia.
La Comisión de Derechos Humanos de Diputados expuso lapidarias conclusiones el pasado martes. También en el Senado se espera la contestación a un pedido de informes girado a la Jefatura de Gabinete, para que los ministerios competentes aclaren cuándo tomaron conocimiento de la denuncia de abuso sexual.
Los acusados
El pasado lunes, tras reiteradas citaciones, otra niña wichi de Alto La Sierra, de 14 años, reconoció en cámara Gesell a los ocho implicados en el salvaje abuso que padeció su amiga de 12. Ese día también declararon una testigo mayor de edad de la misma comunidad y un policía que asistió a la nena luego de la brutal vejación.
[Fuente: Por Antonio Oieni, El Tribuno, Salta, 10jun16]
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