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10mar08
Procesan a los marinos por la masacre del 72
Son los cinco que estaban detenidos. A tres de ellos se los acusa de ser los ejecutores del fusilamiento de los 19 militantes de organizaciones armadas. Cuatro serán trasladados a la cárcel de Marcos Paz, donde están presos otros represores.
El juez federal de Rawson Hugo Sastre dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cinco ex marinos imputados por la denominada "Masacre de Trelew". Sastre dio a conocer ayer su decisión en un extenso escrito donde relata puntillosamente los hechos y la responsabilidad que tuvo cada uno de los marinos detenidos. Por otro lado, dispuso que cuatro de ellos cumplan arresto en la cárcel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, donde actualmente están detenidos varios ex represores. Además el juez dispuso un embargo de bienes para los procesados de entre 2.500.000 y 3.000.000 de pesos.
Sastre procesó a los ex capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real y al ex cabo Carlos Marandino como los ejecutores del fusilamiento de 19 integrantes de organizaciones armadas que estaban detenidos en la Base Almirante Zar de Trelew tras un intento fallido de fuga. Y a los ex capitanes de navío Horacio Mayorga y Rubén Paccagnini como cómplices necesarios.
Delitos
Todos están sospechados de haber cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio doblemente agravado por alevosía, tentativa de homicidio y torturas. Para Sastre los mencionados cometieron un delito de lesa humanidad y por eso pese a que pasaron más de 35 años, la causa no prescribe.
Los nombrados fueron notificados ayer al mediodía en el Juzgado Federal de Rawson. Pero no todos juntos: Sastre dispuso que el ex cabo Marandino se notifique en la sala de reuniones del juzgado. En tanto, los demás lo hicieron en la Mesa de Entradas acompañados de sus abogados quienes anticiparon la apelación de la medida.
Marandino fue el único de los 5 que reconoció ante el juez que hubo un fusilamiento. Los demás ex marinos ratificaron la versión que en el momento de los hechos dio el gobierno de facto que conducía Alejandro Agustín Lanusse: que se trató de un nuevo intento de fuga, que Sosa fue herido y desarmado por el guerrillero Mariano Pujadas y que entonces hubo un tiroteo.
Al desmontar la versión oficial de la matanza, Sastre escribió que el episodio "no fue motivado en circunstancias del momento ni originado en una acción escapista de los detenidos. Ni siquiera en un incidente entre Mariano Pujadas y el capitán Luis Emilio Sosa". Tal como vienen reclamando los familiares querellantes y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, el juez dice que los fusilamientos "respondieron a un plan previo y a una decisión tomada en conjunto por las más altas autoridades militares a cargo de los destinos de la Nación por aquellos años".
Faltó colaboración
En su resolución, el juez puso de manifiesto "las dificultades halladas en el camino para lograr la reconstrucción de los sucesos que han marcado la sociedad de Trelew". Sastre subrayó especialmente "la falta de colaboración y disposición a la que el Tribunal se ha visto sometido por parte de la Armada Argentina durante los pasos de esta difícil investigación". En este sentido indica que esa fuerza no le brindó adecuadamente la documentación solicitada, o directamente no le suministró datos.
En el procesamiento, Sastre coloca a la cabeza de las decisiones al fallecido ex presidente de facto Lanusse, en especial por dictar el decreto que tras la fuga del penal de Rawson declaró zona de emergencia a los departamentos de Viedma, Gaiman y Rawson. Y dice que designar a un comandante en la zona (el general de Brigada Eduardo Betti) "reflejó una organización dispuesta por la máxima autoridad de la República, claramente vertical, en la cual todas las decisiones adoptadas quedaron bajo el conocimiento y la responsabilidad de la cadena de mando que dispuso Lanusse".
Todos sabían
"Todas las decisiones adoptadas estaban en conocimiento de todos los integrantes de la cadena de mando –agregó-. La muerte de las 16 personas detenidas y las lesiones de los tres sobrevivientes que salvaron su vida por circunstancias ajenas a la conducta de los ejecutores son el resultado de una acción deliberada del gobierno de facto argentino, que dispuso la eliminación de aquellos jóvenes militantes de agrupaciones armadas".
Pese a la expectativa de la prensa en Rawson, el juez Sastre solo habló a través de su sentencia. Y ayer, el único ex marino que opinó antes de subir al patrullero fue Horacio Mayorga: "Todavía no leí bien pero me sorprenden los argumentos que han dado", dijo, y se fue.
[Fuente: Diario La Jornada, Trelew, Arg, 10mar08]
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