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15jul11
Piden datos a la Anses y proponen testigos
A pesar del letargo invernal en que está entrando la Justicia, dado que hoy es el último día hábil antes del comienzo de la feria judicial de mitad de año, dos fiscales federales pidieron nuevas medidas de prueba en las causas en que se investigan los convenios suscriptos por el gobierno nacional, los locales y la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
El fiscal federal Jorge Di Lello le solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que le pidiera a la Anses que de inmediato le informe a cuánto asciende la deuda por cargas sociales que tiene la Fundación Madres de Plaza de Mayo con los 5000 obreros que emplea en sus obras. También quiere saber si les adeuda los depósitos de los seguros de empleo, mediante los cuales los albañiles siguen cobrando, entre el final de una obra y el comienzo de la siguiente.
Di Lello también le pidió al juez que citara a declarar como testigos a dos empleados de la fundación que aparecieron por televisión denunciando irregularidades con los aportes. Se trata de Fernando Sánchez y Alfonso Zarza. Oyarbide investiga al ex apoderado de las Madres Sergio Schoklender y a su hermano Pablo por fraude y lavado de dinero, junto con medio centenar de empresarios que aparecen vinculados con operaciones financieras.
Por otro lado, el fiscal federal Miguel Angel Osorio, que en una causa paralela investiga los contratos de la fundación, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que intimara a Mauricio Macri para que le enviara antecedentes de los convenios firmados con Madres para construir viviendas sociales en la ciudad de Buenos Aires.
Según la fiscalía, el gobierno porteño envió escasa información para el avance de la causa. El fiscal quiere contar con documentación del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), encargado de llevar los contratos para la construcción de las 800 casas presupuestadas con la ciudad y de controlar los aportes previsionales de los trabajadores.
El IVC había remitido información, pero al fiscal le resultó "escasa", por lo que resolvió intimar al gobierno porteño, informaron los voceros.
El organismo de la ciudad está obligado por ley a llevar una administración contable de las obras, por lo que ésa es la información que requiere la Justicia.
[Fuente: La Nación, Bs As, 15jul11]
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