 | Este documento ha sido publicado el 08sep04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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30ago04
Declaración Conjunta de los Pueblos originarios y campesinos.
Declaración Conjunta de los Pueblos originarios y campesinos criollos con conflictos por la propiedad de la Tierra en los Departamentos de la Diócesis de la nueva Orán, (Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya), de la Provincia de Salta
Hoy, lunes 30 de agosto de 2004, nos hemos reunido representantes de las comunidades de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur, Río Blanco Banda Norte y Banda Sur, Embarcación, Pichanal, Tinkunaku (Río Blanquito, San Andrés, El Angosto del Paraní), Consejo de Organizaciones Wichís de la zona Bermejo, Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Federación Agraria Argentina) en un encuentro organizado por la Iglesia de la Diócesis de la Nueva Orán.
Hemos aprovechado este espacio para conocernos mejor e intercambiar información acerca de las situaciones que nos afligen, y que constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios, derechos que no inventamos nosotros sino que han sido reconocidos por casi todos los pueblos de la tierra, más aún en los países con forma democrática de gobierno, como es el caso de la República Argentina (Constitución Nacional, artículos 14, 18, 75 inc. 17 y 22, art. 15 de la Constitución de la Provincia de Salta, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por ley 24071). Grandes empresas privadas, particulares que dicen ser “nuevos dueños” y el Estado como propietario de las tierras fiscales desconocen nuestros derechos y dan rienda suelta a su ambición de ganancias por encima de nuestra necesidad de tierra para sobrevivir. Ellos desconocen lo que es para el nativo cuidar el medio ambiente, defender el monte, los ríos, los animales (art. 42 de la Constitución Nacional).
Los que más tienen, más quieren tener por la fuerza, a costa de los que menos tenemos ó apenas tenemos para sobrevivir. En estas luchas las empresas utilizan métodos intimidatorios, propician detenciones ilegales por la fuerza pública y, en algunos casos extremos, reclutan grupos armados integrados en muchos casos por personas pobres enfrentándolas a otros pobres, para destruir con topadoras los bienes y las cosechas, para quitar poder a los líderes de las comunidades, y aún para deshacerse de algunas personas.
En muchos casos, la Justicia no actúa o bien es demasiado lenta en esclarecer la verdad o ha caído en el error de dar la razón por adelantado a quienes tienen más poder, sin una exhaustiva investigación. Cuando dicta sentencia a nuestro favor, la ejecución no llega nunca, y no sabemos cuándo los títulos de propiedad llegarán a nuestras manos. Los gobiernos - nacional, provincial y municipal - miran para otro lado, no garantizan nuestros derechos, prometen cosas de palabra que luego no cumplen ..., actitudes que nos resultan sospechosas de favorecer a los pretendidos dueños de nuestras tierras, tan poderosos económicamente y quizá también judicial y políticamente.
Las circunstancias mencionadas en esta declaración, debido a su gravedad adquirieron gran repercusión a nivel local, provincial y nacional, y han llegado a ser de público conocimiento.
Esta reunión nos ha permitido compartir nuestras preocupaciones y sufrimientos y unirnos solidariamente para reclamar que se nos otorguen los títulos de propiedad de nuestras tierras.
Por todo esto, solicitamos a la opinión pública y a los medios de comunicación la solidaridad con nuestro reclamo, lo más explícitamente posible.
Con el deseo de que todos comprendan que la situación que vivimos compromete también la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo argentino, firmamos la presente declaración...
Orán, Salta, Arg, 30 de agosto de 2004
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